CÓMO DESPRESTIGIAR LA ORDEN DE CARLOS III: CORBACHO Y AÍDO INTEGRANTES DE LA MISMA.

Corría el año 1771 cuando el rey Carlos III de Borbón creó la Real y Distinguida Orden que de entonces en adelante llevaría su nombre. Con ello pretendía disponer de un titulo honorífico especial que ofrecer u otorgar a aquellas personas que se habían distinguido o caracterizado con sus esfuerzos por un especial servicio al país, no en vano la leyenda de la orden es virtuti e merito.  El reinado de Carlos III se había caracterizado por un triunfo de la nobleza de méritos sobre la aristocracia titulada, algo que tuvo su plasmación en el campo político cuando don José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca y líder del partido “golilla”, típico exponente de la nueva aristocracia de mérito, triunfaba sobre don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda, cabeza indiscutible del “partido aragonés” que agrupaba a la aristocracia tradicional. El lector que conozca la magnífica obra de Antonio Buero Vallejo Un soñador para un pueblo, o mejor aún, el cinéfilo que haya visto la adaptación de dicha obra a la gran pantalla en la película Esquilache, habrán podido observar el conflicto latente entre la nobleza de méritos y la nobleza titulada, a quienes encarnan respectivamente en los personajes de Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache (interpretado por Fernando Fernán Gómez) y el duque de Villasanta (Alberto Closas), sobre todo en la conversación que ambos mantienen en el comedor real cuando Villasanta solicita una recomendación para el “hijo del capataz de su finca de extremadura”, empleado público que se había quedado sin empleo tras una reducción en las plantillas de personal; cuando Esquilache se niega, Villasanta le responde que tenga cuidado, porque “se está ganando la enemistad de la antigua nobleza española“, aquélla que, según el marqués, “les veía como unos advenedizos“.

Viene esta digresión histórico-literario-cinéfila por el hecho de que ayer día 6 de noviembre de 2010 el Boletín Oficial del Estado publicaba seis Reales Decretos que concedían la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III a María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos, Celestino Corbacho, Elena Espinosa, Beatriz Corredor y Bibiana Aido. Desde el punto de vista jurídico la concesión tendría su acomodo en el Real Decreto 1051/2002 de 11 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, en concreto en su artículo 5.3 que, al describir los grados de la orden, dispone: “Como culminación de relevantes servicios al Estado y, en su caso, de acuerdo con los méritos señalados en el presente Reglamento, podrá ser concedido el ingreso en la Orden con la categoría de Gran Cruz a los que fueran o hubieran sido Presidentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Ministros del Gobierno y otras altas autoridades del Estado, así como los que tengan concedida otra Gran Cruz civil o militar española, con más de tres años de antigüedad”. Ahora bien, la concesión de dicha orden a quien haya desempeñado alguno de los cargos o empleos enumerados en dicho precepto no es automática. Desgranemos el precepto paso a paso.

El artículo en cuestión se inicia con una expresión muy significativa: “Como culminación de relevantes servicios al Estado”. Ello es coherente con otros dos preceptos del Decreto. En concreto, con el primer artículo, que, tras indicar que la Orden de Carlos III es la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas, indica que “Tiene por objeto recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación”. Servicios eminentes y extraordinarios a la Nación (con mayúsculas), que constituyen el presupuesto o requisito indispensable para la concesión de la orden. A ello debe añadirse que el artículo 7.1, que muy significativamente lleva por título “restricción de las concesiones” establece, y citamos textualmente: “Con el objeto de prestigiar las concesiones de esta Orden, de manera que el ingreso y promoción en la misma constituya una ocasión extraordinaria que premie los méritos indicados en el artículo 1, la Cancillería de la Orden velará para que cada una de aquéllas esté debidamente justificada.”. En otras palabras, que el texto normativo establece de manera clara, rotunda y expresa que en la Orden no puede entrar cualquiera, y que es el organismo encargado de tramitar las propuestas, la Cancillería de la Orden, a quien se le impone la facultad de velar por que cada proposición esté justificada; todo ello con el objeto de “prestigiar las concesiones”, dado que no en vano estamos ante la más alta distinción honorífica. En otras palabras, que el ostentar alguno de los cargos enumerados en el artículo 7.1 no es el único requisito ni mucho menos para la concesión de la Orden, ni tan siquiera el más importante de los mismos.

Las seis concesiones publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 6 de noviembre de 2010 en nada contribuyen a prestigiar a los distinguidos y sí y mucho desprestigiar a la antaño venerable Orden de Carlos III. Porque, me pregunto ¿Qué servicios relevantes a la Nación han prestado los señores Celestino Corbacho o Bibiana Aido? Espero sinceramente que alguien me ofrezca una respuesta, y confieso que me devora la curiosidad y que quien esto suscribe daría lo que fuera para que se le permitiera ojear los expedientes administrativos de concesión de la orden y los méritos esgrimidos para la concesión a los meritados ciudadanos.

¡Si el buen rey Carlos III levantara la cabeza seguro que se replantearía la creación de la antaño prestigiosa Orden que llevara su nombre!

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

6 comentarios el “CÓMO DESPRESTIGIAR LA ORDEN DE CARLOS III: CORBACHO Y AÍDO INTEGRANTES DE LA MISMA.

  1. Estas condecoraciones estan ratificadas por el Rey de España, entonces el Rey podria negarlas.
    Todo esto que estas criticando es contra la corona Española y el Rey no contra el partido de turno que nos gobierna.
    Solo quiero entender con esta exposición que nuestro Rey según tu es un pelele en manos del gobierno ¿NO?

    Antonio (Marbella)

  2. Creo que en el post no se menciona para nada ni al rey ni a la Corona española, entre otras cosas porque estoy casi seguro de que este despropósito se perpetró en las covachuelas de La Moncloa, y no en las secretarías de la Zarzuela.
    No obstante, le informo que la consulta a cualquier manual sencillo de derecho constitucional podría aclararle que la sanción regia a las leyes y la expedición de los Reales Decretos es hoy en día una mera formalidad, es decir, que el rey (de hecho, ningún titular de la Corona en los paises que mantienen como forma de Estado la monarquía) no puede negarse a firmar una norma aprobada por las Cortes o un Real Decreto aprobado por el Gobierno. Le remito, por ejemplo, a las páginas 109-110 del clásico manual debido a Ignacio de Otto y Pardo “Derecho Constitucional: sistema de fuentes” (cito por la segunda reimpresión de la segunda edición): “El Rey mantiene formalmente la potestad legislativa y pr ello es precisa su sanción para que exista la ley, pero se trata de una titularidad meramente formal en el sentido de que no contiene ningún poder decisorio porque el rey no puede negar la sanción, que se convierte así en expresión de la titularidad de una potestad vacía de contenido”. Tales cnsideraciones son aplicables de igual modo a la expedición de los Reales Decretos, que el monarca no puede negarse a firmar.
    En cuanto a la última frase de su intervención, realmente es un modo algo crudo de expresar una realidad evidente: que con el texto constitucional el monarca carece de poder decisorio alguno.

  3. Impresionante. Recordaba haber oído en la radio, de refilón, algo sobre su concesión a Bibiana Aído, pero no le di importancia al no volver a escuchar nada al respecto… y no tenía ni idea de que fueron los 6!!!!

    Me alegro de haberme topado con tu entrada, aunque sea dos meses después. Buena entrada, buen blog… y hoy me acuesto un poco más indignado, que las reuniones familiares y de amigos me estaban poniendo de buen humor.

    Saludos

  4. Verdaderamente estamos “sufriendo”unos tiempos imprevisibles por cuanto respecta a abordajes y encaramamientos a cargos, títulos, prebendas, sinecuras, privilegios, distinciones, y beneficios de toda índole, sin tener los méritos reconocibles que, para acceder a cada uno y todos de los mentados, son lógicamente exigibles y no prescindibles en cada una de las personas beneficiadas.

    Lo de Bibiana Aido, traspasa ya las fronteras de la normalidad. Ménos mal que para compensar su personal estímulo para MATAR a SERES HUMANOS YA VIVIENTES, está la INMACULADA CONCEPCION en el centro mismo de su pecho si es que es capaz de colgarse la condecoración otorgada de forma gratuita: La Gran Cruz de Carlos III.

  5. ¡Jesús, que cruz!.

    La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, fundada por ese rey en 1771, ha tenido, como la propia España una historia agitada. Las condecoraciones que hoy otorga están reguladas por el Real Decreto 1051/2002, promovido por José María Aznar que modifica el anterior 2103/1983 de Felipe González. En esto, como en casi todo, Zapatero no pinta nada.
    Si mi información digital no falla, las he contado a dedo, Carlos III la concedió en 90 ocasiones, su sucesor 130, una vez Fernando VII y un par de veces José I antes de abolirla en 1809.
    Una docena de veces más fue concedida por los partidarios del rey secuestrado en Versalles.
    Restaurada en 1812, Isabel II entregó una veintena antes de que volviera a ser abolida en 1873 y vuelta a restaurar en 1874.
    Veintidós concedió Alfonso XII y cincuenta Alfonso XIII.
    Nuevamente suprimida por la República en 1931 y re, re… restaurada en 1942 por Franco, que la concedió a cinco personas. ¡En cuarenta años!.
    Luego dirán que los gallegos no son tacaños.
    Claro que Felipe González, andaluz desprendido, sólo entregó una. ¿Adivina a quién?.
    Treinta y cuatro condecorados se lo deben a Aznar y, a ver…, treinta y dos a Zetapero, pero Trapacero todavía tiene algunas por repartir. ¿Hacemos una porra?.
    Hay algunas curiosidades. Isabel II concedió la condecoración a media docena de artistas, casi todos pintores olvidados, algo que no se ha vuelto a repetir. Salvo la concedida en 2010 a Graciano García García, periodista e impulsor de la Fundación Príncipe de Asturias, todas han ido a parar a políticos nacionales y dirigentes extranjeros.
    Dije antes que Franco concedió cinco, pero la verdad es que la primera, en 1942, se la vendió al sultán de Marruecos, Jalifa Emir Muley Hasan Ben el Mehdi Ben Ismail, que soltó 20.000 pesetas (mas de un millón de euros de ahora) para los pobres de Madrid. ¡Este Paco!.
    También en 1942 recibió la condecoración Nicolás Horthy Nagybánya, regente de Hungría, un hombre injustamente denostado atrapado entre Stalin y Hitler, que compartía con El Caudillo un anticomunismo feroz y tal vez, en el caso de Horthy seguro, el convencimiento de que los aliados ganarían la guerra.
    El siguiente agasajado (1946) fue el Cardenal Federico Tedeschini, Nuncio apostólico en Madrid desde 1921 hasta 1936 y al que la República también había concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica.
    Bastante lógica es la condecoración que franco entregó a Américo Deus Rodrigues Thomaz, Presidente de la República Portuguesa, aliada de España y una de una de las pocas personalidades extranjeras que se atrevían a visitarnos.
    Por último Franco entregó la Gran Cruz y creo que con esto disfrutó, a…
    Juan Carlos de Borbón y Borbón, en 1961.
    Tras la muerte de Franco parece que nadie se volvió a acordar de la Orden. Además había un problema añadido: según los estatutos el responsable de proponer candidatos era el jefe del gobierno y el de aceptarlos el jefe del estado; pero ahora teníamos un jefe del estado y un presidente del gobierno, dos personas distintas.
    No parecía un problema grave; sin embargo Felipe González interrumpió sus vacaciones y las del rey para intentar solucionarlo. Con la disculpa de dar cabida a las Damas, como manda la Constitución, lo que hace es radicar la Cancillería de esta Real Orden en la Presidencia del Gobierno. Problema resuelto, ¿o no?.
    El caso es que Felipe sólo dio una Gran Cruz y se la dio a Felipe. A Felipe de Borbón y Grecia en 1987.
    Pero el problema parecía no haberse solucionado. El Gran Maestre, el rey, es el encargado de nombrar caballeros a aquellos a quienes proponga el Gran Canciller y, solamente si este los propone.
    Hacía falta un Gran Canciller y había que crearlo de la nada.
    Aznar se puso en mangas de camisa, hizo quinientas flexiones, un poco de dilatación y parió el Real Decreto 1051/2002:
    “DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. No incremento del gasto público.
    La aprobación de este nuevo Reglamento no supondrá incremento alguno del gasto público”. Hasta aquí perfecto.
    “Su Majestad el Rey es el Gran Maestre de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Todos los grados de esta Orden serán conferidos en Su nombre y los títulos correspondientes irán autorizados con Su firma”. Vamos bien.
    “El Presidente del Gobierno será el Gran Canciller de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Al tomar posesión de su cargo será investido con el grado de Caballero o Dama Gran Cruz de la Orden y con esta calidad actuará como Gran Canciller de la misma. Le corresponde elevar a la aprobación del Consejo de Ministros los proyectos de Reales Decretos de concesión de los grados de Collar y Gran Cruz. Todos los títulos de los diferentes grados de la Real Orden deberán llevar su firma“. No está mal.
    “A la Cancillería de la Orden, radicada en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, le corresponderá la tramitación de todas las propuestas de concesión de insignias de la referida Orden…”. Hasta aquí correcto.
    “…podrá ser concedido el ingreso en la Orden con la categoría de Gran Cruz a los que fueran o hubieran sido Presidentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Ministros del Gobierno y otras altas autoridades del Estado…”. El invento se ha jodido.
    No dice que se deba conceder, dice que “podrá ser concedido”; pero justamente en este punto, interviene la Ley de Murphi que dice que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Ya tenemos aquí Aido.
    Los políticos, al contrario que Groucho, siempre están dispuestos a pertenecer a cualquier club que los acepte como socios. Pese al olor a podrido.
    Por cierto, ¿me aceptó la porra?.
    Pues Zepotero todavía tiene que sacar una hornada. Doraditos y crujientes saldrán Chaves, Trini… y, ¡faltaría más!, su adorada Leire Pajín.
    No estoy seguro de que la expresión “este azote de intolerancia” que Vd. Emplea sea adecuado para la ministra ya que dos negaciones afirman. Si le parece podemos dejarlo en “zote de intolerancia”, con “Z” de Zetapé y si no le gusta que se lave con Zotal.

    PD: A partir del Real Decreto 1051/2002 todos los presidentes electos tienen la Gran Cruz, pero no los anteriores, Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. A Leopoldo Calvo-Sotelo le fue concedida en 2008 a título póstumo y de manera excepcional ya que los herederos de los poseedores de la Gran Cruz están obligados a devolverla tras el fallecimiento de estos.
    Un apunte más: Sarkozi la ha recibido dos veces. En 2009, por su mediación en el rescate de los españoles acusados de tráfico de menores en Chad y 2004, siendo primer ministro y Aznar presidente, por su colaboración contra ETA.
    Sarkozi, votez oui.

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