PRIMERAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO NORTEAMERICANO EN EL AÑO JUDICIAL 2010-2011

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya ha publicado las dos primeras sentencias correspondientes al periodo o año judicial 2010-2011, ambas relacionadas con temas vinculados al derecho penal, si bien en uno de los casos con implicaciones constitucionales.

La primera de las sentencias de este año judicial es la dictada el 8 de noviembre de 2010 en el caso Wilson v. Corcoran. La resolución judicial es per curiam (es decir, que no aparece reflejado quien es el magistrado ponente o redactor material de la misma), consolidando así la costumbre de los cuatro últimos años en los que la primera de las sentencias que el Tribunal Supremo da a la luz pública tenga tal carácter. Esta brevísima sentencia judicial se limita a recordar la doctrina, perfectamente consolidada, de que los tribunales federales pueden emitir writs of habeas corpus frente a condenas dictadas por Tribunales estatales única y exclusivamente cuando en el procedimiento seguido ante los órganos judiciales estatales se hubiese vulnerado la constitución de los Estados Unidos o algún derecho consagrado en leyes federales, y nunca por vulneración de normativa del estado.

El segundo de los asuntos es el asunto Abbott v. United States, resuelto el día 15 de noviembre de 2010 por medio de sentencia redactada por Ruth Bader Gisburn sustentada por el resto de sus colegas (salvo por la debutante Elena Kagan, quien no participó en las deliberaciones). Esta importante resolución judicial interpreta una provisión legislativa que establece un tipo penal específico para quienes estén en uso o posesión de armas de fuego en la comisión de “un delito violento o de tráfico de drogas”, en cuyo caso se impondría al sujeto activo de dicho delito una pena mínima de cinco años de prisión que se añadiría a la impuesta al mismo sujeto por el delito principal. En el presente caso, los recurrentes Kevin Abbott y Carlos Rashad Gould fueron condenados por múltiples delitos relacionados con posesión de armas y tráfico de drogas, siéndoles impuesta además de la pena de estos últimos delitos la pena de cinco años establecida por el tipo independiente de posesión de armas de fuego, esgrimiendo en su defensa que no procedería la imposición de dicha pena en los casos (como el que les afectaba) en el que la pena por los delitos principales fuese superior a los cinco años establecidos para el tipo independiente. Tal pretensión fue rechazada por los tribunales inferiores, siendo tales resoluciones confirmadas por el Tribunal Supremo, quien rechaza la tesis de los recurrentes estableciendo que las condenas por ambos tipos (el del delito principal y el de la posesión de armas de fuego en conexión con éste) tienen carácter consecutivo, sin que la imposición de una condena mayor en el delito principal impida o elimine la condena por posesión de arma de fuego.

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