ESTADO DE ALARMA Y CONTROLADORES AÉREOS.

Corría el día 12 de agosto de 1836, cuando regía los destinos de España la regente doña María Cristina de Borbón en nombre de su hija menor de edad la reina Isabel II, y ostentaba la presidencia del gobierno Francisco Javier Istúriz. Esa noche, cuando la regente y su hija se encontraban en el palacio de La Granja, la guarnición del real sitio, con extraña unanimidad, sintió el irresistible impulso de acudir a una representación operística. Tal situación fue aprovechada por un grupo de sargentos que presionaron a la regente para que pusiera fin al sistema político del Estatuto Real y procediese a restaurar la Constitución de 1812. El golpe o motín de La Granja puso en marcha un proceso constituyente que finalizó con la aprobación del texto constitucional de 1837. Lo importante no es el resultado, sino el medio: toda la guarnición del real sitio había sido sobornada por Mendizábal (así lo cuenta Carlos Seco Serrano en su Historia del conservadurismo español) para dejar a la más alta institución del Estado en una situación de indefensión que la hiciera más proclive a aceptar la “sugerencia” de finiquitar la experiencia política inaugurada en 1834.

Estos últimos días hemos vivido en nuestro país una situación en la que el espacio aéreo español se encontró totalmente cerrado a consecuencia de una huelga encubierta de los controladores aéreos, algo que estos niegan argumentando que lo que se trata en realidad es de una serie de bajas laborales. Para empezar, es sumamente extraña la coincidencia temporal de un gran número de bajas que afectan única y exclusivamente a un colectivo, lo que pudiera llevar a alguien mal pensado a barruntar que estamos ante una especie de pandemia selectiva que ataca exclusivamente a los trabajadores de un único sector. Pero lo cierto es que no es la primera vez que los controladores escogen una fecha muy señalada y propicia para los desplazamientos masivos, provocando el caos en todo el territorio nacional. La reacción del gobierno ha sido esta vez de mano firme: la declaración del estado de alarma que se publicó en una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado del día 4 de diciembre de 2010 en el que se publica el Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. Es la primera vez en la historia de nuestra reciente democracia que se llevan a cabo las medidas contempladas en el artículo 116 de la Constitución.

La cuestión que se plantea es ¿Ha acertado el ejecutivo a la hora de declarar el estado de alarma? Como siempre, existen dos respuestas en función del plano o criterio que se escoja para enjuiciar la medida.

1)      Desde el plano estrictamente jurídico, debemos acudir a la normativa aplicable, que en este caso está contenida fundamentalmente en dos preceptos. El primero, el artículo 116.2 de la Constitución , cuyo tenor literal establece que “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”. Dicho precepto constitucional ha sido desarrollado a nivel legislativo por los artículos 4 a 12 de la Ley Orgánica 4/1981 reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, cuyo artículo 4 establece los supuestos en los que procedería la declaración del estado de alarma: “a) catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; b) crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; c) paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo; d) situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.  Parece bien claro que en el supuesto de la huelga encubierta de los controladores única y exclusivamente sería de aplicación la letra c) del artículo 4, pero nos encontramos con un pequeño problema legal: no sólo se exige la paralización de los servicios esenciales, sino que, cumulativamente (se utiliza la conjunción “y”) ha de concurrir alguna otra de las circunstancias contenidas en el artículo 4; en otras palabras, que esa paralización de los servicios esenciales de la comunidad ha de traer como consecuencia alguna de las situaciones previstas en las letras a) b) y d), cosa que en el caso de la huelga de los controladores no ocurre. Sin embargo, un análisis jurídico más profundo debería llevarnos a analizar el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981: “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el Estado de Excepción”. En este supuesto bastaría la mera acreditación de que el normal funcionamiento del servicio esencial se habría visto gravemente alterado (cosa evidente, pública y notoria) y que las potestades ordinarias son insuficientes para restablecerlo y mantenerlo. En resumen, que el supuesto concreto tiene más fácil encaje como presupuesto para la declaración del estado de excepción que el de alarma. ¿Por qué razón, pues, el gobierno ha optado por declarar  éste y no aquél? Posiblemente la razón más lógica sea que la declaración del estado de alarma es competencia exclusiva del Gobierno reunido en Consejo de Ministros, sin más trámite que el de dar cuenta al Congreso (artículo 116.1 de la Constitución y 6 de la Ley Orgánica 4/1981) mientras que el papel del gobierno en la declaración del estado de excepción se limita a una mera propuesta que deberá dirigir al Congreso de los Diputados, organismo competente para su adopción previo debate sobre la propuesta (artículo 13.3 de la Ley Orgánica 4/1981); y es eso precisamente lo que el ejecutivo menos desea, un debate parlamentario sobre la materia donde presumiblemente todos los grupos parlamentarios le sacarían los colores. Al fin y al cabo, lo único que queda a los afectados es impugnar por vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1673/2010 para que sea el poder judicial quien determine si el ejecutivo se ha atenido a los límites constitucionales y legales a la hora de decretar el estado de alarma y, a la vista de los presupuestos y antecedentes fácticos, la declaración estaba fundada en derecho, algo que el gobierno puede digerir muchísimo mejor que un debate parlamentario, dado que al fin y a la postre éste debería ser inminente e inmediato, mientras que en el caso de que el Real Decreto sea objeto de impugnación judicial y el Tribunal Supremo, al cabo de no menos de un lustro, eventualmente anule tal Disposición General, los responsables de tal norma ya habrán fenecido políticamente y, en el peor de los casos, el asunto ya se habrá relegado al olvido por ser algo “del pasado”.

2)      Desde el punto de vista moral, creo que el gobierno ha cometido un error de bulto. Cierto que la medida era necesaria y efectiva, pero no es menos cierto que este país ha sufrido situaciones tanto o más graves que la presente y mucho más fáciles de englobar en los supuestos del estado de alarma y, unas veces por desidia, otras por temor y otras por bastardos intereses políticos, el gobierno no ha sabido o no ha querido hacer uso de esta posibilidad que ahora se saca de la manga. Mucho me temo que se ha roto un tabú y que, siendo esta la primera vez, no será la última. Quizá un conflicto personal entre el ministro de fomento y los controladores (en los que, por cierto, siendo éstos los grandes responsables de la situación, no son ni mucho menos los únicos, ostentando gran parte de culpa el titular del ramo) haya servido de excusa al ejecutivo para dar un aviso a la población. Mano de hierro en guante de seda (o, como dijo en su día Napoleón a Talleyrand, “sois una media de seda llena de mierda” –sic-)

De lo que no cabe la menor duda es que en este asunto los controladores aéreos (no entro en si son víctimas, verdugos o ambas cosas a la vez) se han comportado como la guarnición de La Granja en 1836, sin saberlo o sin querer saberlo.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

Un comentario el “ESTADO DE ALARMA Y CONTROLADORES AÉREOS.

  1. La tenebrosa operación del Gobierno contra la libertad civil de unos contratantes privados, preparada previamente para causar la reacción mecánica de los controladores y la indignación sentimental de los perjudicados, constituye un acto inédito de uso de la fuerza militar en beneficio de intereses privados, no amparado por los requisitos constitucionales del estado de alarma. Ese acto no tiene la naturaleza de golpe de Estado, pues no modifica la relación de poder constitutiva de su Régimen Partitocrático, pero define un verdadero golpe de fuerza militar, que trata de procurar al PSOE una imagen pública de firmeza y de carácter, que su repetida actitud de cobardía ante los grandes acontecimientos (Sahara, Marruecos, reformas estructurales) desmiente.

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