UN JUZGADO FEDERAL DE VIRGINIA DECLARA INCONSTITUCIONAL PARTE DE LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA

Uno de los grandes pilares sobre los que el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, basó su carrera hacia la Casa Blanca fue la reforma sanitaria. En el discurso que en su día pronunció ante el Congreso y en la que defendía el proyecto de ley elaborado por su Departamento de Salud, afirmó expresamente que no se trataba de introducir en los Estados Unidos un sistema de Seguridad Social universal, sino que se trataba de garantizar a todos los ciudadanos estadounidenses una cobertura mínima mediante la obligación de contratar un seguro sanitario con unas coberturas mínimas establecidas por la ley, previsiones cuya entrada en vigor se difería hasta 2014. Pues bien, hoy día 13 de diciembre de 2010 el juez federal Henry Hudson, del juzgado federal del distrito este de Virginia, ha declarado inconstitucional parte de dicha reforma, impugnada por el estado de Virginia, estado natal de Thomas Jefferson, uno de los líderes indiscutibles del Partido Republicano (cuyo heredero es el actual Partido Demócrata). No es la primera vez que la reforma sanitaria entra en un juzgado federal, pero sí es la primera en la que se obtiene una resolución sobre el fondo tras varias sentencias favorables al gabinete Obama, que hasta ahora ha salido judicialmente airoso por motivos puramente formales.

No obstante, este caso particular, cuya sentencia ofrecemos al lector, ha marcado un turning point: hablamos del supuesto que enfrentó por un lado a la Commonwealth of Virginia, representada y defendida por su Attorney General Kenneth T. Cuccinelli, como demandante y al Departamento de Salud como demandado. En Attorney General de Virginia impugnó la normativa en base a dos criterios: el primero, que el Congreso carece de autoridad para aprobar tal iniciativa bajo las previsiones constitucionales conocidas como commerce clause y general welfare clause; subsidiariamente, argumentaba que dicha normativa federal entraba en conflicto con la normativa sanitaria del Estado de Virginia. Razones todas ellas por las que dicho estado solicitaba no sólo la declaración de inconstitucionalidad de la normativa federal, sino que se prohibiese a la Administración federal la aplicación de dicha normativa dentro de las fronteras del Estado. La defensa del Departamento de Salud, aunque reconocía que en el asunto se entremezclaban cuestiones políticas y jurídicas, circunscribía su debate a las últimas, indicando que las potestades legislativas del Congreso se enmarcaban dentro de las atribuciones tradicionales que el artículo primero de la Constitución federal le atribuye. La cuestión debatida se limitó, pues, al campo estrictamente jurídico, como el propio magistrado hace notar en la resolución judicial. Respecto a la tesis del Departamento de Salud en el sentido de apoyar la normativa en la commerce clause, el juez se apoya en el caso Perez v. United States, un asunto resuelto por el Tribunal Supremo en 1971 y donde se delimitan las tres posibles vías o fundamentos para que el legislativo pueda aprobar normativa con base en dicha cláusula, argumentando que en el presente asunto únicamente podría justificarse en el supuesto de “actividades que afecten fundamentalmente al comercio interestatal”; en este punto, el debate se centra en la obligatoriedad por imposición legal de contratar un seguro sanitario, algo que el estado de Virginia rechazaba y que la Administración federal sostenía como válido al entender que la decisión de los individuos de no contratar un seguro médico es claramente una “actividad económica”.

El magistrado concluye, tras un largo análisis jurídico, que la normativa federal excede de los límites constitucionalmente atribuidos al Congreso de los Estados Unidos, razón por la cual declara parte de la normativa inconstitucional. El juez rechaza, sin embargo, la petición del estado de Virginia de excluir la aplicación de la normativa en las fronteras estatales, argumentando, entre otras cosas, que dado que en el más generoso de los supuestos las previsiones legislativas no entrarían en vigor hasta el año 2013, no se ocasionaría perjuicio alguno al ciudadano.

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