ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA O CÓMO RECORTAR DERECHOS CIUDADANOS.

Hace poco menos de un mes, tanto en este foro como en la imprescincible bitácora de derecho público de Sevach nos hacíamos eco del Anteproyecto de Ley modificativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pues bien, hoy ya podemos acceder al texto definitivo del Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal.

La Exposición de Motivos no tiene desperdicio. Comienza reiterando la eterna perorata de que el aumento de la litigiosidad “es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia”. No será por la alta calificación que la Justicia recibe en las encuestas, y en cuanto al orden contencioso-administrativo ya hace más de una década que el profesor González Pérez indica que el aumento del volumen de contencioso-administrativos responde en no poca medida a la prepotencia y abuso cada vez mayor con que actúan las distintas Administraciones. Pero sigue impasible el ademán el Anteproyecto y manifiesta que su objetivo es continuar “la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable”. ¿Sin merma de las garantías del justiciable, cuando sólo una página más adelante se indica, respecto al ámbito civil que “Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía y en aquellos procesos cuyas sentencias, por disposición legal, carezcan de efecto de cosa juzgada.”?

Pero centrémonos en las modificaciones que en la Ley 29/1998 introduce el artículo segundo de este anteproyecto.

1)      Se modifica el artículo 14.1 regla segunda para ampliar objetivamente los supuestos en los que cabe el fuero electivo. A las materias de personal, propiedades especiales y sanciones se añade ahora la responsabilidad patrimonial.

2)      Se modifica el artículo 60 eliminando la dualidad de plazos de proposición y práctica de prueba. La prueba a partir de ahora no sólo ha de solicitarse por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación, sino que en dicho otrosí han de proponerse ya los medios de prueba de los que intenten valerse las partes. Así, una vez contestada la demanda se continuará con la fase de práctica de prueba.

3)      Se añade un tercer párrafo al artículo 78 estableciendo la posibilidad de que en el procedimiento abreviado el mismo se falle sin necesidad de prueba ni de vista y la Administración demandada no se opusiere, en cuyo caso deberá contestar por escrito a la demanda en el plazo de veinte días. Léase, un “ordinario” sin prueba ni vista, posibilidad que ya contemplaba el artículo 57.1 de la Ley.

4)      Se eleva la cuantía para acceder a la apelación de 18.000 a 50.000 euros, mientras que la casación pasa de 150.000 a 800.000.

5)      Se modifica el artículo 135 de la Ley estableciendo que en los supuestos en que los interesados aleguen circunstancias de especial urgencia en cuanto a la adopción de medidas cautelares, el juez deberá resolver en dos días mediante auto, bien apreciando tal circunstancia (en cuyo caso denegará o concederá la medida, y otorgará un plazo de tres días a la parte contraria para que alegue lo que estime conveniente o en su defecto convocará a las partes a una comparecencia a celebrar dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida, tras lo cual el juez dictará auto ratificando, modificando o alzando la medida) o bien no apreciando la misma.

6)      Y ojo a la nueva redacción del artículo 139.1 de la Ley 29/1998 que trata del espinoso tema de las costas procesales, dado que pasaría, de aprobarse el proyecto, a tener la siguiente redacción “En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. Con lo cual, o bien los magistrados del contencioso hacen una interpretación amplia del precepto y entiendan siempre que el caso presenta serias dudas o el contencioso se convertirá en una merienda de negros para el ciudadano, sobre todo en juzgados como el de Gijón, donde determinadas materias –personal- el índice de desestimaciones es superior al noventa y cinco por ciento.

¿A quien beneficia esta reforma? ¿Puede decirse sinceramente, como presume la exposición de motivos, de que pretende agilizar la justicia “sin merma de las garantías del ciudadano”? Opino que no.

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Un comentario el “ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA O CÓMO RECORTAR DERECHOS CIUDADANOS.

  1. Perplejo es poco, patidifuso me quedo. Cada vez que nuestro legislador (ese oscuro/a señor/a, que debido realizar un Master acelerado en el la Universidad de Wisconsin, por un decir) habla de “reformar la justicia, de tomar medidas para agilizarla y bla… bla…”, se me ponen los pelos como escarpias.

    Pero esto es el summun de la desfachatez, el acrecentamiento de la (in)seguridad jurídica, la proliferación de los reyezuelos taifales elevados a la categoría de justicia, y en fin otra patada en el c… de los ciudadanos ( y van… n), que osan reclamar para sí esa cualidad (inherente al Estado de Derecho) cuando jamás pasaron de súbditos tocapelotas.

    Cuando la política y la economía entran por la puerta, la justicia y el derecho salen, arrojados sin paracaídas, por la ventana. Pais.

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