PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL: VARIACIONES RESPECTO AL ANTEPROYECTO.

El Congreso de los Diputados tramita actualmente el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal bajo el expediente de iniciativa 121/000117. Al anteproyecto ya le habíamos dedicado anteriormente un post en esta misma bitácora, pero sorprendentemente existen ciertas variaciones entre el texto que se dio en su día a conocer y el que fue remitido al Congreso. La primera de las novedades es que este proyecto aborda modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero centrándonos en la rama contencioso-administrativa. El artículo tercero de dicho proyecto aborda las modificaciones de la Ley 29/1998, existiendo igualmente dos pequeñas alteraciones respecto al anteproyecto original, siendo la más significativa, cómo no, la que afecta a las costas procesales.

El Proyecto, a la hora de modificar el artículo 81.a de la Ley 29/1998 eleva el límite de la cuantía para el acceso a la apelación a 35.000 euros que, aún suponiendo casi el duplicar los actuales 18.000, quedan bastante lejos de los 50.000 que se establecían en el anteproyecto. No obstante, la alteración más sustancial es la del artículo 139.1. Al texto del anteproyecto se añade un segundo párrafo nada baladí: “En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad”. Ello abre la posibilidad de que en los supuestos de estimación parcial (no alcanzo a entender cómo se puede “desestimar parcialmente” una pretensión) se impongan las costas a quien haya sostenido la acción con temeridad; ahora bien, si la estimación es parcial (lo cual supone que ambas partes, en principio, tienen algo de razón) ¿Cómo puede entenderse que se actúe con temeridad? Por cierto, nótese que se elimina de la ley el criterio de la pérdida de finalidad del recurso como criterio de imposición de costas, quizá porque en la práctica ello supuso un pequeño tragaluz por el que los ciudadanos podrían resarcirse en determinados asuntos de parte de los honorarios, y lógicamente la Administración no está por permitir que ello continúe. ¿Pagar costas un ente público? ¡Vade retro!

En el célebre musical The sound of music, fraulein Maria contaba a los siete infantes a su cargo que la madre abadesa solía decir que “Cuando se cierra una puerta, en otro lugar Dios abre una ventana”. En nuestro ordenamiento jurídico-administrativo las cosas son a la inversa: cuando los Tribunales abren un hueco la Administración tapa otros cuatro.

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Un comentario el “PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL: VARIACIONES RESPECTO AL ANTEPROYECTO.

  1. Hombre, no me parece raro la imposición de costas en el caso de estimación parcial de pretensiones. Imaginemos un caso en el que el actor impugna un acto administrativo basándose en tal o cual argumento, pero al mismo tiempo pide algo descabellado. La administración le dice que está de acuerdo en lo primero, pero no en lo segundo, pero el actor sigue empecinado en que no le vale sólo con la estimación de una de las dos pretensiones, sino que deben ser acogidas ambas. Ante ello no cabe sino imponer las costas, porque obliga a la tramitación de un proceso inútil sólo por cabezonería y sin un argumento jurídico mínimanente sólido. Un saludo

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