DAVIS v UNITED STATES:REGLA DE EXCLUSIÓN, EXCEPCIÓN DE BUENA FE Y MUTACIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.

En Estados Unidos, al igual que en el resto de los países, la policía, a la hora de obtener y recopilar pruebas que permitan el enjuiciamiento de los detenidos, ha de obrar dentro del máximo respeto a las garantías del ciudadano. Por tanto, esas pruebas (las “evidence”) han de ser constitucionalmente admisibles o, en otras palabras, superar el test o criterio de la cuarta enmienda constitucional que, recordemos, establece que no podrá ser vulnerado el derecho de los ciudadanos a la seguridad personal, del domicilio, papeles y efectos por medio de búsquedas y registros no razonables, así como que no se emitirá ninguna orden excepto en supuestos de causa probable sustentada por juramento o declaración, y particularmente indicando el lugar donde ha de realizarse el registro y las personas o cosas objeto de búsqueda. Así, frente a pruebas materiales obtenidas mediante vulneración de preceptos constitucionales la jurisprudencia norteamericana elaboró la tesis de la exclusionary rule, es decir, el rechazo de todas las pruebas obtenidas de manera irregular. Dicho principio fue aplicado por vez primera en el caso Weeks v. United States (un viejo asunto de 1914 decidido en la época del chief justice Edward D. White), donde la policía de Missouri había procedido a realizar dos registros domiciliarios sin orden judicial que lo amparase. Dado que las diez primeras enmiendas que constituyen el Bill of Rights no fueron concebidas inicialmente para ser aplicadas a los estados, sino al gobierno federal, las distintas autoridades estatales no estaban vinculadas por el caso Weeks hasta que en 1961, en la era Warren, el Tribunal Supremo extendió en el caso Mapp v. Ohio la aplicación de dicho principio a los estados y a los municipios, al igual que ocurrió con todos los derechos fundamentales reconocidos en las diez primeras enmiendas. No obstante, en 1984, el último año de la era Burger, el Tribunal Supremo relajó un poco la aplicación pura y dura de la exclusionary rule. En efecto, no toda prueba obtenida ilegalmente puede ser excluida, dado que cabe la posibilidad de que el agente que obtiene las pruebas tenga la creencia razonable de que actúa bajo amparo de la ley. Se trata de la good faith exception, introducida en el caso United States v. Leon.

Pues bien, el pasado lunes 21 de marzo de 2011 en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvieron lugar los oral argument del caso Davis v. United States, donde se estudia precisamente el tema de la exclusionary rule, pero desde otra perspectiva algo más novedosa. Echemos un vistazo a los supuestos fácticos del caso. En abril de 2007 la policía de Alabama detiene un vehículo y somete al conductor a un control de alcoholemia, siendo arrestado tras dar positivo en el mismo. La policía se percata que el pasajero, Davis, tenía igualmente síntomas de embriaguez, por lo que solicita su identificación, a lo que el interesado contesta dando un nombre falso, algo que es puesto de manifiesto a los agentes de policía por uno de los ciudadanos que contemplaban la escena y que conocía a Davis. Notando que éste se encontraba nervioso y llevaba la mano al bolsillo de su cazadora, el agente le indica que se detuviese, a lo que Davis responde cerrándose la cremallera del bolsillo e introduciendo rápidamente la cazadora en el vehículo. Davis es detenido por dar una identificación falsa a un agente de la autoridad, mas posteriormente otro agente de policía vuelve al lugar de los hechos a efectuar un registro en el vehículo, donde encuentra un arma de fuego en el bolsillo de la cazadora. La acusación contra Davis pasa de un delito menor (identificación falsa a la policía) a uno más grave (posesión ilícita de arma de fuego). En primera instancia la defensa de Davis sostuvo que la prueba clave del caso, el arma de fuego, había sido obtenida ilegalmente, y, por tanto, la exclusionary rule desplegaría todos sus efectos; no obstante el juzgado rechazó tal pretensión amparándose en la doctrina del caso New York v. Belton, donde el Tribunal Supremo sostuvo que una vez los agentes detuviesen un vehículo, estaban autorizados al registro no sólo del conductor, sino del pasajero. No obstante existía un problema jurídico: en el momento de resolverse el caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaba pendiente de resolver el caso Arizona v. Gant, que abordaba precisamente la interpretación del caso Belton, pero que no se decidió sino con posterioridad a la condena de Davis. Apelada esta resolución, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Cirtuito confirmó la condena, argumentando que, en efecto, con arreglo a la nueva doctrina Gant, la prueba de cargo contra Davis habría sido obtenida ilegalmente pero que, y esto es lo importante, en el momento de dictar la sentencia el juez de instancia había realizado una interpretación correcta de la jurisprudencia en ese momento en vigor, aún no afectada por el caso Gant. En otras palabras, que los agentes encargados de la búsqueda y registro de la prueba habrían superado el test de la good faith exception.

¿Cuál es, por tanto, la relación entre la exclusionary rule, la good faith exception y la mutación de criterios interpretativos por los Tribunales? Eso es precisamente lo que tendrá que decidir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este caso David v. United States: si la good faith exception se aplica a un registro amparado en una interpretación jurisprudencial vigente al momento de la búsqueda pero que ulteriormente dicha interpretación es declarada inconstitucional.

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