A VUELTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA SANITARIA ESTADOUNIDENSE.

Como ya hemos informado en este blog, la reforma sanitaria auspiciada por el presidente Barack Obama y que había constituido una de sus grandes bazas electorales (otra de ellas fue el cierre de Guantánamo), ha recibido ya dos sonoros varapalos judiciales en sendos juzgados de Florida y Virginia, donde el texto normativo ha sido declarado inconstitucional. No obstante, el debate sobre la adecuación o no de la ley al texto constitucional no ocupa sólo a los tribunales, sino que ha saltado a los foros académicos. En este sentido, es muy interesante el artículo The taxing power, the Affordable Care Act, and the limits of Constitutional compromise, que Brian Galle ha publicado en el Yale Law Journal, y en el que defiende la constitucionalidad de la ley con base en el denominado taxing power, expresión que aquí podríamos traducir como poder tributario.

Recapitulemos para quien no esté al tanto. La reforma sanitaria auspiciada por la Casa Blanca y finalmente aprobada por el Congreso obliga, una vez entre en vigor, a que todos los ciudadanos contraten un seguro sanitario con determinadas coberturas mínimas predeterminadas por la ley; quien no cumpla con esa obligación legal deberá abonar una determinada cantidad de dinero al estado. El núcleo de la polémica radica en la naturaleza jurídica de esa cantidad de dinero a abonar por quien no pueda o no desee contar con ese seguro sanitario. ¿Estamos ante una multa coercitiva o, por el contrario, estamos ante una figura subsumible en un tributo? La respuesta no es baladí, porque de ello depende la capacidad del Congreso de los Estados Unidos para aprobar la norma o no. Téngase en cuenta que el Congreso de los Estados Unidos tiene unas competencias legislativas limitadas, dado que únicamente podrá elaborar normas si éstas abordan algunas de las materias estipuladas en el artículo primero de la Constitución, pues de lo contrario la potestad legislativa correspondería a los legislativos de los distintos estados. Pues bien, en el artículo anteriormente citado Brian Galle aboga claramente por la constitucionalidad de la norma con base en el taxing power, al defender que la ley ha pretendido crear una figura de naturaleza claramente tributaria aunque la norma no la designe expresamente con esa denominación. Con ello el autor pretende refutar las tesis de quienes, como por ejemplo, Randy E. Barnett, sostenían la teoría diametralmente opuesta, es decir, que ni aún echando mano del poder fiscal federal se podría salvar la constitucionalidad de la ley. Evidentemente, hay una cuestión muy clara: la visión que se tenga sobre el fondo del asunto afecta claramente a la hora de valorar las cuestiones formales. Quienes crean en las bondades de la norma tratarán de justificar la misma aún a costa de sacrificar aspectos puramente formales, mientras que quienes se opongan a las medidas que la ley establece no se detendrán en cuestiones meramente formales.

Ayer mismo quien esto suscribe iniciaba el visionado de la serie norteamericana John Adams, producto televisivo de excelente factura que adapta a la pantalla la biografía que del segundo presidente norteamericano elaboró David McCullough. Pues bien, en el primero de los capítulos, contra el parecer de todos sus amigos y familiares, Adams decidía encargarse de la defensa del capitán británico Preston, a quien se acusaba junto con varios de sus oficiales de abrir fuego contra una multitud indefensa en lo que posteriormente se conocería como “matanza de Boston” (pese a que los muertos de esa “matanza” fueron únicamente cinco personas). Adams manifestaba que con su intervención en el juicio trataba de demostrar que se encontraban en un territorio regido por las leyes, y que cuando enjuiciaban a los soldados encausados el jurado debía abstenerse de toda consideración política subyacente (en referencia a las ya difíciles relaciones entre los colonos y los británicos), sino que la decisión debía basarse única y exclusivamente en las pruebas aportadas ante el Tribunal. Adams ganó el caso y el capitán Preston y los oficiales fueron absueltos, hecho éste al que Adams se refirió tres años después con las siguientes palabras “As the evidence was, the verdict of the jury was exactly right”. Al igual que con el juicio del capitán Preston, a la hora de enjuiciar la constitucionalidad o no de la Affordable Care Act no debemos permitir que nuestras preferencias u opiniones sobre la bondad o no de las medidas que la ley contiene nublen nuestro discernimiento a la hora de dilucidar si el Congreso tiene o no autoridad legal para aprobar dicho texto.

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2 comentarios el “A VUELTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA SANITARIA ESTADOUNIDENSE.

  1. Está bien tanta hojarasca leguleya, pero vayamos a los hechos. Millones de americanos se han arruinado por padecer una enfermedad como la diabetes o el trastorno bipolar. Y así, ciudadanos con un buen trabajo y sueldo, terminan viviendo en campings o caravanas.

    Te recomiendo “Sicko” de mi demagogo favorito Michael Moore. El único que de verdad revela lo que pasa en la realidad, además de ser más patriota que toda esa gentuza de los seguros.

    Un cordial saludo.

  2. Estimado amigo alegret:
    No se trata de hojarasca leguleya, sino de una argumentación estrictamente jurídica, o, por utilizar las palabras de uno de los jueces que afrontó el asunto, del propio nervio del sistema federal. Si el legislativo no tiene competencias para aprobar dicha norma no las tiene, y punto. Por muy loable que sea el objetivo último de la reforma no puede uno saltarse el ordenamiento para imponer un resultado sobre la maquiavélica base de que el fin justifica los medios. Porque si se acepta esa máxima, se acepta con todas las consecuencias y no sólo para este tema.
    Sí coincido contigo en que las compañías aseguradoras tienen unos comportamientos que en muchos casos claman al cielo. Y, por cierto, más que el inefable Moore (por quien no siento ninguna simpatía) prefiero la visión crítica que sobre este tema realizó hace ya casi tres lustros John Grisham en su novela “The rainmaker” (aquí pésimamente traducida como “Legítima defensa”) que dió lugar a una película del mismo título protagonizada por Matt Damon y Danny de Vito, donde se ponía el acento en el delictivo proceder de las aseguradoras en esta materia.
    Pero, insisto, si se pretende reformar este asunto, hágase correctamente, y no a las bravas. Para eso está el derecho.

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