FISCALES NORTEAMERICANOS Y “CONSTITUCIONALISMO POPULAR”

La prestigia Harvard Law Review ha publicado una breve pero interesante reflexión de Joseph Blocher bajo el título Popular constitutionalism and the State Attorneys General. En el trata de aproximarse al tema clave de la influencia que el pueblo tiene en la interpretación de los preceptos constitucionales y el papel clave que en la materia desempeñan los Attorney General de los distintos estados. El análisis, que se realiza a la vista de la actuación que los distintos State Attorney General han desempeñado en los dos casos en los que el Tribunal Supremo ha interpretado la segunda enmienda constitucional (léase District of Columbia v. Heller y McDonald v. Chicago), llega a la conclusión de que la intervención de dichos profesionales en ambos asuntos estuvo más influida por el “popular constitutionalism” que por los intereses de los estados. Quizá la tesis fundamental de esta breve pero lúcida e indispensable reflexión en voz alta lo contenga la siguiente afirmación “Después de todo, los attorney general de los estados son elegidos por votación popular en cuarenta y tres estados, y muchos continúan en busca de otro puesto a cubrir por elección, por lo que tienen poderosos motivos para que sean considerados como representantes de la voluntad del pueblo”. En efecto, la elección directa de dichos cargos determina que su responsabilidad (accountability) trascienda del ámbito meramente disciplinario y pase a residenciarse igualmente ante el cuerpo electoral. Por ello, en caso de conflicto del estado con sus ciudadanos, el attorney se lo pensará muy mucho antes de seguir ciegamente los mandatos de la élite dirigente: al igual que ellos, responderá ante el cuerpo electoral y, por ello, la imagen que de la institución ofrezca será muy tenida en cuenta.

Lo cierto es que el panorama en el continente europeo es radicalmente distinto. En nuestro país se ha pretendido crear una fiscalía teóricamente independiente a través de la creación de un cuerpo al que se accede por una oposición que teóricamente refleja o acredita los méritos y conocimientos del aspirante. Eso es bien cierto, pero no olvidemos que ello únicamente se predica del último escalón, es decir, de los fiscales de base. El Fiscal General del Estado es nombrado a dedo por el Gobierno, y la experiencia de dicha institución en esta nuestra nación no es precisamente muy feliz (incluso se llegó a producir en 1994 una Sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el nombramiento de un Fiscal General del Estado al haber sido nombrado para el cargo una persona que no reunía los requisitos mínimos para el mismo-); la rígida ordenación de este peculiar cuerpo de funcionarios, basada en criterios estrictamente jerárquicos, hace que los ascensos y los puestos clave estén absolutamente mediatizados, y ahí están las batallas por los nombramientos de fiscales en los altos órganos jurisdiccionales del país. Si un fiscal es incómodo (supuesto harto difícil, pero siempre es posible encontrar algún ejemplo) pues se le traslada hábilmente y fin del problema.

Dos soluciones, dos modelos, dos criterios diferentes de enfrentarse al mundo de la justicia. ¿Cuál es el más acertado? Quien suscribe tiene su opinión, claro está, pero rehúsa imponerla a nadie. Que cada lector se forme libremente su propio criterio.

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