VOPA v JAMES W. STEWART III: AGENCIA ESTATAL DEMANDANDO A EMPLEADOS PÚBLICOS ESTATALES

El pasado día 19 de abril de 2011 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública una interesantísima sentencia, en concreto la Virginia Office for Protection and Advocacy v. James W. Stewart III, Commissioner, Virginia Department of Behavioral Health and Developmental Services y donde se planteaba como cuestión jurídica a dilucidar por el alto tribunal si es jurídicamente posible que funcionarios estatales sean demandados ante un juzgado federal por una agencia administrativa dependiente del mismo estado. La sentencia, de la cual fue ponente Antonin Scalia, contó con el voto favorable de otros seis magistrados, y únicamente el chief justice John Roberts formuló un voto particular discrepando del resultado (voto particular al que se adhirió Samuel Alito). El caso es realmente novedoso, y los propios demandados manifestaban (y el Tribunal Supremo acepta) que no es frecuente el hecho de que empleados públicos de un estado sean objeto de una demanda interpuesta por otro ente del mismo estado ante un Tribunal federal.

Antes que nada, conviene exponer los antecedentes legislativos y fácticos del caso.

I.- Antecedentes legislativos. Al amparo de dos normas aprobadas en el año 2000, los estados pueden acogerse a la obtención de subvenciones federales destinadas a la mejora de la prestación de servicios médicos y formación laboral a personas con discapacidades, siempre y cuando el estado solicitante de la misma cuente con un sistema de protección y defensa para garantizar los derechos de tales personas. Para gestionar el desarrollo de tales actuaciones administrativas, los estados pueden bien designar a una entidad privada sin ánimo de lucro o bien crear una agencia administrativa estatal, aunque en ambos supuestos ha de garantizarse que la entidad gestora posea independencia funcional respecto a las autoridades estatales. En el caso del estado de Virginia, se optó por establecer una agencia administrativa, la Virginia Office for Protection and Advocacy, con potestad para acudir a los tribunales sin necesidad de supervisión alguna por los distintos poderes del estado, e incluso al contar con un cuerpo propio de letrados encargados de la representación, defensa y ejercicio de acciones en nombre de la propia agencia, se encuentra libre de toda supervisión incluso del attorney general de Virginia.

II.- Antecedentes fácticos. Después de que dos personas fallecieran y una tercera resultase herida en una institución mental del estado de Virginia, la agencia anteriormente mencionada, la Virginia Office for Protection and Advocacy, decidió abrir una investigación y solicitó de los funcionarios responsables de dicha institución todos los informes relativos a las personas fallecidas, a lo que los empleados públicos se negaron argumentando que tales documentos se encontraban protegidos por el privilegio estatal que impedía su acceso por terceros. Ante ello, la agencia interpuso una acción judicial ante el Tribunal del Distrito, que la rechazó pese a sostener que la agencia estaba autorizada para ejercitar dicha pretensión con base en la doctrina consagrada en Ex parte Young, en base a la cual se admite que los tribunales federales conozcan de pretensiones ejercitadas frente a empleados públicos estatales derivadas de la violación de derecho federal. No obstante, impugnada judicialmente tal sentencia el Tribunal de Apelaciones revocó tal sentencia al entender que en el supuesto concreto enjuiciado la doctrina Young no era de aplicación.

El Tribunal Supremo casa y revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones. En su primer párrafo indica el concepto de inmunidad soberana, para recordar que los diferentes estados integrados en la federación penetraron en la misma con sus facultades intactas, de tal manera que los tribunales federales no pueden conocer de las acciones que un particular ejercite frente al estado salvo en dos supuestos excepcionales: que el propio estado renuncie a su inmunidad o que el poder federal, legislativamente, pueda establecer limitaciones a esa inmunidad judicial, hecho éste que el propio Tribunal Supremo ha admitido. En este supuesto, el hecho de que una entidad estatal y no un particular ejercite una acción frente a otra sobre la base de la violación de un derecho federal no entra en contradicción con la doctrina Young, sin que el hecho de que el demandante sea un organismo público y no un sujeto privado varíe un ápice la conclusión. Los funcionarios demandados argumentaron que el prestigio del estado de Virginia se vería notablemente afectado por el hecho de que un tribunal federal (y no uno estatal) estuviera encargado de resolver las disputas entre dos partes vinculadas en cierta manera al mismo estado. El Tribunal Supremo, por boca de Antonin Scalia, rechaza de plano tal argumentación con un razonamiento lapidario: “As an initial matter, we do not understand how a State´s stature could be diminished to any greater degree when its own agency polices its officer´s compliance with their federal obligations, than when a private person hales those officers into federal court for that same purpose –something everyone agrees is proper”. Pero la sentencia va más allá: incluso en el supuesto de no aplicarse el razonamiento anterior, y siendo cierto que la denegación de la inmunidad soberana “ofende” la dignidad del estado, “not every offense to the dignity of a State constitutes a denial of sovereign immunity”.

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