EL PROYECTO DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES Y SU INCIDENCIA EN EL CONTENCIOSO.

Actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley 121/000122 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Dicho proyecto, según su Exposición de Motivos, tiene por objeto incorporar al ordenamiento español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, pero va más allá al dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 15/2005 que modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Se trata con ello de dar cobertura legal a determinadas situaciones, sobre todo en los efectos procesales de los acuerdos de mediación, donde la legislación autonómica no puede entrar al ser la legislación procesal de competencia exclusiva estatal. Pensemos que, por ejemplo, el artículo 17.2 de la Ley del Principado de Asturias 3/2007 de 23 de marzo de Mediación Familiar establece que “Los acuerdos alcanzados mediante la mediación familiar podrán ser elevados a la autoridad judicial para su ratificación y aprobación en los términos que, en su caso, resulten de la legislación estatal”.

Mas este proyecto de ley despliega sus efectos en el ámbito contencioso-administrativo. Así, la Disposición Final Tercera modifica el artículo 77 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precepto que, de aprobarse el proyecto, pasaría a tener la siguiente redacción (en negrita y cursiva se reflejan las modificaciones introducidas por el nuevo texto legal):

1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, someterá a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad. En este supuesto el juez o Tribunal podrá imponer a las partes el sometimiento a las normas de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles relativas a los principios de la misma, el estatuto del mediador y el procedimiento.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.

2. El intento de conciliación o mediación, siempre que se sujete al procedimiento previsto en la ley o, en su caso, cuando todas las partes personadas lo soliciten suspenderá el curso de las actuaciones, a cuya terminación las partes informarán al tribunal del resultado del procedimiento que hubieren seguido. Aunque se reanude el proceso, el tribunal admitirá el acuerdo que se alcance posteriormente siempre que tenga lugar en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.»

Las principales diferencias son, en principio, las siguientes:

1.- En la redacción actual, la posibilidad de someter a la consideración de las partes el acuerdo es facultativa (“podrá someter”), algo que el nuevo texto convierte en imperativo (“someterá”). La última frase adicionada en el párrafo primero del artículo 77 no hace más que explicitar que el procedimiento a seguir en estos casos será el establecido en la ley de mediación.

2.- Con el texto actual, el intento de conciliación no suspende las actuaciones salvo que todas las partes estén de acuerdo en ello. La situación se modifica, dado que el acuerdo de las partes de someterse a la mediación implica de manera automática la suspensión del curso de las actuaciones, imponiendo a las partes la obligación de comunicar al Tribunal el resultado del proceso de mediación.

Parece evidente que en determinados supuestos, la mediación podrá suponer un alivio para los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo. Ahora bien, ello dependerá de la voluntad de la Administración de acudir a este nuevo tipo de procedimientos de mediación, algo que no parece muy probable.

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