ASHCROFT v. AL-KIDD: EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL ASUNTO SALVANDO A ASHCROFT.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito judicial y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos mantienen un abierto enfrentamiento casi comparable al que tienen en nuestro país las Salas de lo penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Ello ha quedado patente una vez más en la recentísima sentencia Ashcroft v. Al-Kidd, hecha pública el 31 de mayo de 2011, donde la máxima instancia judicial de los Estados Unidos ha revocado el pronunciamiento del noveno circuito al sostener que el antiguo attorney general obró dentro de los márgenes que la ley le permite. Y lo ha hecho con una inusual unanimidad, dado que los ocho magistrados (Elena Kagan no participó en las deliberaciones) han suscrito el fallo.

Al tema ya le hemos dedicado anteriormente varios post en este foro, y hemos indicado que el tema se centraba en el hecho de si John Ashcroft gozaba de inmunidad (cualificada o absoluta) frente a una reclamación por responsabilidad civil instada por un ciudadano norteamericano convertido al islam que se había visto privado de su libertad cuando le fue aplicada la ley federal de testigos materiales, que autoriza a los jueces federales a emitir órdenes de arresto de personas cuyo testimonio en un procedimiento penal sea relevante; Al Kidd sostenía en su demanda que Ashcroft se había valido de este instrumento legal para ejecutar una política de prisiones preventivas contra sospechosos de terrorismo y solicitar órdenes de arresto masivas, por lo que su inmunidad como fiscal decaería frente a una acción de responsabilidad civil dirigida personalmente frente a él en su calidad de attorney general, al amparo del caso Bivens, pretensión que fue acogida por un juzgado federal y confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito judicial. Sin embargo, el Tribunal Supremo revoca tales pronunciamientos en una sentencia redactada por Antonin Scalia y que han suscrito todos los magistrados del organismo. Recuerda el Tribunal Supremo que, en efecto, la cuarta enmienda constitucional protege el derecho de los ciudadanos norteamericanos a la inviolabilidad de sus personas, domicilios y documentos frente a registros practicados sin la correspondiente orden judicial, pero manifiesta que el test de razonabilidad a la hora de valorar una eventual violación de los requisitos de la cuarta enmienda es un test objetivo, es decir, que toda orden de detención de persona o de registro de domicilios y documentos ha de basarse en requisitos objetivos con independencia de las motivaciones subjetivas de la autoridad, de tal manera que si la orden autorizando dicha actuación aparece como objetivamente razonable carece de sentido toda posible motivación subjetiva sobre el mismo. Y dado que en el presente caso la orden judicial autorizando el arresto de Al-Kidd fue emitida por un magistrado neutral, todo indica que el detenido era una persona cuyo testimonio era relevante en la causa penal y, por ende, su detención era objetivamente razonable, ostentando por ello Ashcroft inmunidad frente a toda reclamación económica basada en el arresto.

Con independencia de que uno esté o no de acuerdo con el razonamiento del Tribunal, lo cierto es que se demuestra hasta qué punto el sistema funciona, y cómo una persona que ostentó el cargo de attorney general fue demandado como presunto responsable civil por daños ante un juzgado federal y ha tenido que llegar al Tribunal Supremo. Como en nuestro país, vamos.

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