“VENCEDORES O VENCIDOS?”: LOS JUICIOS DE NÜREMBERG VISTOS POR STANLEY KRAMER

Stanley Kramer dirigió en 1961 la extraordinaria película Judgment at Nuremberg, que en nuestro país se estrenó con el equívoco título de Vencedores o vencidos. Contó para ello con un elenco de lujo encabezado por Spencer Tracy, Richard Widmark (Tracy y Widmark ya habían coincidido en el rodaje de Flecha rota), Burt Lancaster, Maximilian Schell (que fue premiado con el oscar al mejor actor en dicho año), Marlene Dietrich, Montgomery Cliff y Judy Garland, contando además con la aparición de un jovencísimo William Shatner. Como dato anecdótico, el actor Werner Klemperer (que posteriormente se haría famoso interpretando al inepto pero divertido coronel Wilhem Klink en la parodia bélica Los héroes de Hogan), hijo del director de orquesta alemán Otto Klemperer y que se vió obligado a huir de Alemania cuando Hitler accedió al poder, interpreta en esta película a un duro fiscal nazi, Emil Hahn.

La película comienza con una imagen de un emblemático edificio nazi de la ciudad de Berlín con la esvástica del tercer reich mientras de fondo suena la animada marcha militar germana Wenn wir marcieren, al final de cuya interpretación y coincidente con el fin de los títulos de crédito una bomba aliada destruye el símbolo del imperio alemán. A través de una ciudad en ruinas un vehículo militar conduce al juez estadounidense Dan Heywood, encargado de juzgar a varios cuatro jueces alemanes por delitos contra la humanidad. El fiscal militar Ted Lawson se ampara en criterios e imperativos morales y metajurídicos mientras que el abogado defensor, Hans Rolfe, sostiene que los jueces no hicieron más que cumplir con su deber, que consistía en aplicar la ley sin más consideraciones. Sin embargo, el magistrado estadounidense se encuentra con un panorama que intenta, en visitas privadas por la ciudad de la mano de la señora Berthold (Marlene Dietrich), viuda de un oficial alemán condenado a muerte y ahorcado por los alidados, clarificar o, cuando menos, entender: cual fue realmente el conocimiento de la población alemana acerca de los horrores cometidos por Hitler y sus acólitos y, de no ser así, cómo permitieron que la situación llegase a donde llegó. Y ello porque intenta comprender cómo pudo ocurrir lo que ocurrió, algo que se pregunta en una de las escenas iniciales cuando glosa la figura de Ernst Janning, un jurista alemán de prestigio internacional que, pese a haber contribuido a redactar la Constitución de Weimar en 1919 y haber dedicado su vida al concepto de justicia, acabó apoyando a Hitler. Poco a poco el fiscal, quizá consciente de lo etéreo de sus reflexiones iusnaturalistas, desciende a dos casos concretos: la esterilización de incapaces y el caso Feldestein-Hoffman, donde un judío había sido condenado y ejecutado al imputársele relaciones con una alemana.

La película cuenta con momentos cinematográficamente muy logrados. Cuando el juez Haywood recorre las calles de Nuremberg, unas veces solo y otras acompañado por la señora Berthold mientras de fondo suena la célebre canción Lily Marlene en la inconfundible voz de la Dietrich (otra actriz germana que emigró de Alemania tras el advenimiento del Reich). Las apasionadas defensas y disputas jurídicas entre Lawson y Rolfe, que llegan a un momento culminante cuando el jurista alemán cita como autoridad que defendía la esterilización de los incapaces nada más y nada menos que a Oliver Wendell Holmes jr., uno de los grandes jueces de la historia americana. Aunque quizá la escena más impactante de todas es aquella en el que Ernst Janning, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo sin intentar defenderse, se alza cuando su abogado defensor acorrala a Irene Hoffman y simplemente le dice “¿Es que vamos a empezar de nuevo?”. El largo parlamento de Janning en el que explica la situación de Alemania antes (“Una fiebre se apoderó de la nación. Una fiebre de miedo, de indignidad, de infamia. Teníamos una democracia, sí, pero corrompida por elementos que la componían”) y durante el tercer reich (“Lo que iba a ser una fase pasajera, de pronto se convirtió en un modo de vivir”) así como la durísima condena a todo el estamento (“¿Estabamos ciegos? ¿Sordos? ¿Mudos?”) es toda una lección de historia que debería enseñarse en las universidades.

No comparto sin embargo la interpretación convencional que se realiza habitualmente, al contraponer la dignidad y honestidad de Heywood con la figura de Janning, y que queda patente en la última escena del film, donde el personaje interpretado por Tracy parece agrandarse a ojos del espectador frente a la figura de Janning que, aún respetada, parece quedar sin remisión. Para nada estoy de acuerdo. Haywood es un juez prevaricador, aunque trate de minimizarse tal aserto; en una breve frase pronunciada ante sus colegas, aunque de puntillas él mismo reconoce sin tapujos que “Cuando me eligieron juez me di cuenta que había personas a quienes no podría tocar”, y lo dice en tono simpático, como quitándole importancia y sin mostrar arrepentimiento. Janning cometió un error, un solo error, y a lo largo de toda la película queda patente su pesar y su íntimo sufrimiento por su actuar, negándose incluso a defenderse e incluso rechazando facilitar la tarea de su defensor como medio expiatorio.

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3 comentarios el ““VENCEDORES O VENCIDOS?”: LOS JUICIOS DE NÜREMBERG VISTOS POR STANLEY KRAMER

  1. "CONVENCEDORES Y CONVENCIDOS" DE LAS ATROCES INIQUIDADES 1975-2011 DE LOS 4 PODERES DEL ESTADO POR APLICAR EN FALSO LAS LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS 1931-2011...

    “CONVENCEDORES Y CONVENCIDOS” DE LAS ATROCES INIQUIDADES 1975-2011 DE LOS 4 PODERES DEL ESTADO POR APLICAR EN FALSO LAS LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS 1931-2011 PROHIBIDAS POR LAS STC 4/1981 y 37/2002 Y CUESTIONADAS POR LAS LISTAS “GARZÓN” DE SEPARADOS, FUSILADOS…

    ¡¡¡EUREKA!!!! EL DICTAMEN INTERPRETATIVO DE LA FISCALIA DE CATALUÑA 29-7-1996 “CAMPOY-MENA-J.VILLAREJO-GRANADOS” SOBRE LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS CONTAMINA COMO INSTRUCTORES Y JUZGADORES DE LAS 3 CAUSAS E INCIDENTES EN SALA 2ª Y DEL 61 DEL TS Y EN CGPJ CONTRA EL JUEZ GARZON, AL FGE Y MTS GRANADOS Y RESTO DE MAGISTRADOS, FISCALES Y ABOGADOS DEL ESTADO DEL TS,TC,TCU, TTSSJJ,A.NAL POR APLICARLAS Y NO CUESTIONARLAS SALVO EL JUEZ GARZON PROCESADO POR ELLO MEDIANTE LISTAS DE SEPARADOS,FUSILADOS…… ,Y FULMINA TODAS LAS SENTENCIAS 1978-2011 DE LOS TTSSJJ, A.NAL, TS Y TC A FAVOR DE LAS MISMAS QUE NIEGAN LA REHABILITACION DE LOS SEPARADOS DEL SERVICIO E INSUMISOS SALVO SI SON JUECES O FISCALES

    Transcribimos recensionado en mayúsculas con interrogantes y sanas críticas entre paréntesis, dicho Dictamen de la Fiscalía de Cataluña de 29-7-1996, suscrito por el Fiscal Pedro Campoy, siendo Fiscal Jefe desde el 29-6-1996 José Mª Mena, Fiscal Jefe Anticorrupcion Carlos Jimenez Villarejo y Fiscal General del Estado Carlos Granados cesado el 6-9-1996, clave para la Memoria Histórica y el archivo inmediato de los procesos contra el Juez Garzón por revisar las leyes y reglamentos franquistas (como el Academico de 1954,el DLFCE 1964, el de los Fiscales de 1969) 1936-2011 de muerte civil de separados, insumisos, desaparecidos que obliga al Estado y a sus 4 Poderes a pedir perdón por violar DDFF al no legislar o legislar mal impidiendo o disuadiendo a los jueces y fiscales cuestionarlas, y al TC autocuestionarselas, y obliga a revisar toda la doctrina y jurisprudencia de los TTSSJJ, Audiencia Nacional, TS, TC y TCU sobre sanciones y penas perpetuas de separación del servicio, despido, inhabilitación, pérdida de empleo, cesantía, exilio, represión y muerte civil de insumisos civiles y militares, y sobre requisitos esenciales franquistas de Honorabilidad, Mérito, Capacidad, Probidad, Idoneidad, Oposiciones, Concursos, Tribunales de Selección, de Honor, Temarios, Academias de Preparación, Subvenciones a Preparadores, Premios y Castigos a Juristas, Sanciones, Pensiones, Tomas de Posesión, Nombramientos, Ceses, Renuncias, Rehabilitaciones, por los que se sigue acosando y excluyendo a perpetuidad de todo empleo público a personas honorables sin tacha mediante el juramento de fidelidad al Caudillo de

    “no haber sido separado del servicio jamás por nadie en todo el mundo”

    ///////////////////////////////////

    TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

    SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (SECCION SEGUNDA)
    NUM. DE RECURSO 424/95
    NUM. DE FISCALIA 53/95 (43/96)

    A LA SALA

    EL FISCAL, EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL MARGEN REFERENCIADO, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE D.XXX

    (??? Omite la calidad de la victima demandante de “SEPARADO DEL SERVICIO Y EXCLUIDO A PERPETUIDAD DE TODO EMPLEO PUBLICO SALVO LOS DE JUEZ Y FISCAL” que le legitima para cuestionar las leyes franquistas sustantivas y procesales que le aplicaron en falso),

    EVACUANDO EL TRASLADO QUE LE HA SIDO CONFERIDO EN LA CUESTIÓN PREVIA DE INCONSTITUCIONALIDAD,

    DICE:

    ANTECEDENTES

    LA SALA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35.2 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, INICIA EL TRÁMITE, OYENDO AL MINISTERIO FISCAL Y A LAS PARTES

    (??? error pues no se llamó ni se oyó al Abogado del Estado, ni a Letrados de Cortes, Parlamentos, Consejo de Estado, TC y AAPP civiles y militares víctimas y victimarios de dichas leyes franquistas militaristas agravadas por el art.604 CP “BELLOCH” de muerte civil de insumisos)

    CON VISTAS A UN EVENTUAL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN PREVIA DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE LA POSIBLE INADECUACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 33 LETRA E DE LA LEY 17/85, DE 23 DE JULIO DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

    (??? Omite ampliar la cuestión a todas las leyes estatales, autonómicas, locales e institucionales de Funcionarios idénticas o similares al ser la ley 17/85 FP.GENCAT “PUJOL” una variante del art.30.1.e DLFCE 315/1964 que confunde el “no haber sido, o no estar, o no hallarse separado, despedido, inhabilitado …con o sin sentencia firme” , afectando a Jueces y Fiscales, LOPJ, EOMF y sus Reglamentos franquistas de 1969 que no se han cambiado, y a las penas de muerte civil de insumisos del art.604 CP “BELLOCH” )

    EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 14, 23.2 Y 25.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.(???)

    (??? Omite que la exclusión infame, inicua y perpetua del separado, insumiso,…….. sin rehabilitación es una “MUERTE CIVIL” que afectra no sólo a una ley, sino a una cadena de leyes estatales y autonómicas, civiles y militares de FP, de Derechos Fundamentales y Ordinarios de rango constitucional de tutela judicial y proceso debido, de aplicación de leyes de Tribunales de Honor, de honor, producción científica, técnica, de reunión, asociación, derechos sindicales echándose en falta el preceptivo JUICIO DE RELEVANCIA que oriente al Fiscal y a las Partes afectadas personadas y por personar sobre los derechos violados por la ley 17/1985FPGencat “PUJOL” y conexas como el art.604 y otros del CP “BELLOCH” de insumisos, sin tener que hacer conjeturas, suposiciones ni acertijos interpretativos )

    FUNDAMENTOS JURIDICOS

    ASÍ PUES, UNA VEZ CENTRADA LA CUESTIÓN DEBATIDA (???) PASAMOS AL EXAMEN DE LA MISMA.

    EL ART.33, LETRA E) DE LA LEY 17/85 CUESTIONADO, EN SU REDACCIÓN ORIGINARIA, DISPONÍA:

    “PARA PODER SER ADMITIDO A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS SE PRECISARÁ:…NO HALLARSE INHABILITADO POR SENTENCIA FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS NI HALLARSE SEPARADO, MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ALGUNA….”

    (???? no denuncia que es una variante ilícita del anticonstitucional sobrevenido art.30.1.e DLFCE 315/1964
    “CARRERO”, conexo al art.604 CP “BELLOCH” de muerte civil de insumisos, y que no se exige en los art.303 LOPJ,44 EOMF,28 EPSO, y derivados del EMPESS, Estatuto Personal de Cortes,…,que obliga a darles audiencia como partes afectadas por dicha cuestión de leyes conexas, debiendo llamar a sus Letrados respectivos, pues no cabe que una ley inferior autonómica se cuestione y se omita cuestionar otras básicas idénticas o conexas, en las que se confunde el “no haber sido” con el “no hallarse” o el “no estar separado….”,o en las que se exija, o no, tutela judicial con o sin “sentencia firme” que no se exije en el DLFCE preconstitucional)

    DICHO PRECEPTO FUE REFORMADO

    (??? razón de más para cuestionarlo desde 1978 e indemnizar a las victimas excluidas a perpetuidad)

    POR LA LEY CATALANA 9/1994, DE 29 DE JUNIO, DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, CONCRETAMENTE SU ARTÍCULO 16 DIO NUEVO REDACTADO A LA LETRA E) DEL ARTÍCULO 33, QUE ESTUDIAMOS, Y CUYO CONTENIDO ACTUALMENTE VIGENTE

    (???? yerra porque por STC 37/2002 posterior tramitada desde 1991 en el TC, esa ley 9/1994 no podía en 1996 estar vigente si se oponía a una falsa ley básica preconstitucional como el DLFCE 315/1964,fulminada 41 años después por el frustrado EBFP-1999 “RAJOY” pese al favorable Dictamen 1489/1998 Consejo de Estado “LAVILLA”, y 9 años después agravada por otra falsa ley básica postconstitucional carente de Dictamen del Consejo de Estado sustituido en falso por un Borrador de una Comisión de Expertos, como es el EBEP 7/2007 “SEVILLA”)

    ES EL SIGUIENTE:

    “….NO ESTAR INHABILITADO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS

    (???? Yerra al no exigir sentencia firme)

    NI ESTAR

    (??? decir “ni estar” no es igual que decir “ni haber sido”)

    SEPARADO, MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO,

    (???? yerra al excluir por mero expediente, sin tutela judicial y sin exigir sentencia firme)

    DEL SERVICIO DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

    (??? o sea de cualquier gobierno o pais del mundo negando toda suerte de rehabilitación, indulto, amnistía prescripción)

    POR SU PARTE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE, EN SUS ARTÍCULOS:

    *14: “LOS ESPAÑOLES SON IGUALES ANTE LA LEY, SIN QUE PUEDA PREVALECER DISCRIMINACIÓN ALGUNA…” (???)

    *23.2: “LOS CIUDADANOS…. ASIMISMO, TIENEN DERECHO A ACCEDER EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS, CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LAS LEYES.”(???)

    *25.2: “LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD (???) ESTARÁN ORIENTADAS HACIA LA REEDUCACIÓN (???) Y REINSERCIÓN SOCIAL (???), Y NO PODRÁN CONSISTIR EN TRABAJOS FORZADOS. EL CONDENADO A PENA DE PRISIÓN QUE ESTUVIERE CUMPLIENDO LA MISMA GOZARÁ DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ESTE CAPÍTULO, A EXCEPCIÓN DE LOS QUE SE VEAN EXPRESAMENTE LIMITADOS POR EL CONTENIDO DEL FALLO CONDENATORIO, EL SENTIDO DE LA PENA Y LA LEY PENITENCIARIA. EN TODO CASO TENDRÁ DERECHO A UN TRABAJO REMUNERADO (???) Y A LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (???), ASÍ COMO AL ACCESO A LA CULTURA (???) Y AL DESARROLLO INTEGRAL DE SU PERSONALIDAD (???).”

    DEL ESTUDIO SISTEMATIZADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ANTERIORES PRECEPTOS (???), NO OBSTANTE LA PARQUEDAD (???) DE LA PROVIDENCIA MEDIANTE LA QUE LA SALA INICIA EL TRÁMITE, LO CUAL DIFICULTA PRECISAR (???), TANTO EL JUICIO DE RELEVANCIA (???), CUANTO EL COLEGIR (???) EN QUÉ MEDIDA LA DECISIÓN DEL PROCESO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA CUESTIONADA

    (??? olvida que es evidente que la rehabilitación del separado y excluido a perpetuidad depende de que se declare inválido e inaplicable el DLFCE y sus leyes derivadas autonomicas como la ley 17/1985 que consagran en falso dichos efectos legales, contra el separado, de exclusión perpetua de todo acceso a empleo publico)

    ,TAL COMO EXIGE EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA JURISPRUDENCIA DE DICHO ALTO ORGANO,SE DEDUCE (????) QUE NINGUNA CONFRONTACIÓN (???) PUEDE ATISBARSE ENTRE LA NORMA (????), CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE DUDA, Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

    (??? el informe ignora la evidente iniquidad entre aspirantes consigo mismos y entre sí según estén separados del servicio, despedidos, inhabilitados, insumisos…. al ser excluidos a perpetuidad o por el tiempo de condena penal, de alguno, de algunos o de todos los escalafones a los que pertenezcan como los de docentes, abogados del estado… y resto de funcionarios civiles y militares excepto de los escalafones de jueces, fiscales, letrados de cortes, eurofuncionarios en los que no se exige ese requisito de exclusión de separados,…que además siempre gozan de rehabilitación; y además silencia la conexión de las leyes sancionadoras y penales de separados y de insumisos como el art.604 CP “BELLOCH”, y silencia que en el TC pendían en 1996 cuestiones acumulables de la misma Sala del TSJC contra otras sanciones no perpetuas de dicha ley 17/85 y del LBRL condenadas en OBITER DICTA de la STC 37/2002)

    CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23.2, COMO CONCRECIÓN EN ESTA MATERIA DEL ARTÍCULO 14, AMBOS DE LA CARTA MAGNA .(????)

    EN EFECTO,(???) LO QUE LA NORMA CUESTIONADA HACE NO ES OTRA COSA (????), QUE PROCURAR (????) QUE QUIENES ACCEDAN A LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN ESTE SUPUESTO LA DEPENDIENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REÚNAN, AL TIEMPO DE SU ACCESO (???), LAS CONDICIONES DE PROBIDAD (????) E IDONEIDAD CÍVICAS (????), EXIGIBLES

    (??? yerra porque no dice por qué no se se exigen a jueces y fiscales esas condiciones de probidad e idoneidad cívicas de “no haber sido separado….”)

    EN CUALQUIER SOCIEDAD (???) DONDE LA MORAL PÚBLICA (????) SEA ESTIMADA COMO UN VALOR NECESARIO

    (??? que nada tiene que ver con el haber sido o estar separado del servicio a perpetuidad por Tribunal de Honor o asimilado franquista si ese requisito de valor necesario de moral publica exigido a docentes, policías, militares…. no se exige a jueces y fiscales).

    EN ESTA LÍNEA LA NORMA NO SÓLO NO ES CONTRARIA A LA CE,

    (????, entonces si la norma no es contraria a la CE por qué no se exige esa norma a eurofuncionarios, Jueces y Fiscales,…..y se exige a docentes, policias…abogados del estado )

    SINO AL REVÉS, (???) ES RESPETUOSA CON EL ARTÍCULO 103.3 DE DICHA LEY FUNDAMENTAL CUANDO DISPONE:
    “LA LEY REGULARÁ EL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD…”. (???)

    UNA FORMA DE ACREDITAR TALES REQUISITOS DE PROBIDAD E IDONEIDAD (???)

    (??? es una forma impropia y nada fiable utilizada en los regímenes totalitarios caudillistas)

    ,ES ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE SANCIONES EN EL DESEMPEÑO DE UNA ANTERIOR FUNCIÓN PÚBLICA.(???)

    (??? Esa inexistencia de sanciones no es requisito necesario ni suficiente para garantizar esa probidad e idoneidad, pues si las faltas, delitos, sanciones y penas prescriben, los antecedentes disciplinarios y penales también deben prescribir y poderse cancelar, en aras a la reinserción, sin que los efectos de la separación, despido, inhabilitación, muerte civil puedan ser infamantes a perpetuidad para nadie, y sin que la no exclusión perpetua y la rehabilitación puedan ser privilegios inicuos de inhabilitados respecto de separados y despedidos y de insumisos; ni de jueces, fiscales, eurofuncionarios respecto de otros funcionarios, según STC 114/1996 y 203/1996 en que el Tribunal de Selección, el CGPJ, y el TS excluyeron del acceso a magistrado del 4º turno a un abogado con antecedentes penales cancelados, y el TC lo admitió)

    MÁS DISCUTIBLE PUDIERA SER SIN EMBARGO, LA ADECUACIÓN DE LA NORMA CUESTIONADA AL ARTÍCULO 25.2 DE LA CE, EN ESTE PRECEPTO, DESPUÉS DE ESTABLECER EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LA CONSTITUCIÓN CONSAGRA EL FIN REHABILITADOR DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD, Y AUNQUE NADA SE DICE DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA, LO EXTIENDEN A ELLA POR ANALOGÍA IN BONAM PARTEM.(???)

    (???? por ello no cabe privilegiar con la rehabilitación sólo para inhabilitados según Reglamento Disciplinario 1998 “RAJOY” olvidando rehabilitar a los separados, que fueron rehabilitados por el frustrado art.27.2 EBFP “RAJOY”, y olvidando rehabilitar a los insumisos victimas del denostado art.604 CP “BELLOCH” de muerte civil que nadie se atrevió a cuestionar y a incumplir, y tampoco vale rehabilitar a los separados sólo si son aspirantes a jueces, fiscales, letrados de Cortes, sanitarios, eurofuncionarios )

    CIERTAMENTE, EL PRECEPTO QUE EXAMINAMOS AISLADAMENTE CONSIDERADO, AL ESTABLECER UNA ESPECIE DE INHABILITACIÓN PERPETUA (????), SIN POSIBILIDADES DE REHABILITACIÓN (????), PARA EL SEPARADO (????) O INHABILITADO (????), PODRÍA (???) CONCULCAR EL FIN REHABILITADOR QUE LATE EN EL ARTICULO 25.2. POR ELLO ES PRECISO PONERLO EN RELACIÓN (????) CON OTROS ARTÍCULOS DE LA PROPIA LEY, ASÍ EL 74.2, 99 Y CONCORDANTES, QUE ESTABLECEN UN RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN (???), SEGUIDA DE UNA ESPECIE DE CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES (???) QUE DE INTERPRETARSE (????) CON UN EFECTO REHABILITADOR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD, PROPORCIONARÍAN (???) ESA ADECUACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PRECEPTO CUESTIONADO, QUE DE OTRO MODO (???)

    (???? Sorprendente alerta interpretativa del Fiscal a la Generalitat y resto de AAPP navegantes para que no cumplan la norma franquista “atada y bien atada” que les obliga a excluir de oposiciones a perpetuidad al separado y a no rehabilitarlo, a base de interpretarlas en sentido contrario para no violar DDFF)

    CONCULCARÍA (???) SIN LUGAR A DUDAS (???) LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 25.2 DE LA SUPREMA NORMA.(???)

    (??? por lo cual la norma y sus actos derivados como oposiciones, listas, temarios, nombramientos, ascensos, honores y sentencias derivadas del TC, TS, TCU, TTSSJ, Aª.NAL…son anticonstitucionales)

    POR TANTO A LA VISTA DE TODO LO EXPUESTO (???) EL FISCAL ESTIMA (???)

    (??? omisiva e incongruentermente)

    QUE NO ES PERTINENTE (????) EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LOS TÉRMINOS UT SUPRA EXPRESADOS (???).

    BARCELONA, A 29 DE JULIO DE 1996

    PEDRO CAMPOY

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    OBSERVACIONES:

    1-No se entiende que el Fiscal omita toda referencia al conexo art.604 CP “BELLOCH” de muerte civil de insumisos, separados de servicio y excluidos de todo empleo a perpetuidad, y yerre absurdamente el Dictamen que razona y declara SIN LUGAR A DUDAS la pertinencia de la cuestión, para luego finalmente declarar impertinente invocando una suerte de”MUTATIO LIBELIS INTERPRETATIVA” consistente en hacer que lo manifiestamente anticonstitucional se reinterprete al contrario, es decir que las leyes franquistas de sanciones perpetuas inequívocas sin rehabilitación que son inequivocamente anticonstitucionales SEAN INTERPRETADAS EQUIVOCAMENTE COMO TEMPORALES CON REHABILITACION, para que sean consideradas como constitucionales, lo cual provoca un conflicto monumental de imputaciones penales de los que rehabiliten y den empleo publico al separado o al insumiso incumpliendo la ley perversa reinterpretada, y los que no rehabiliten y no den empleo al separado o al insumiso cumpliendo la ley perversa sin reinterpretarla

    2- El Dictamen, al probar que el franquismo sancionador perpetuo sigue aplicandose después de 1978, es esencial para archivar los procesos contra el juez Garzón ante la Sala 2ª TS por revisar las leyes franquistas para indemnizar separados,desaparecidos,exiliados, insumisos victimas del DLFCE 1964 y del art.604 CP.

    3-Si la incongruente conclusión de impertinencia de la cuestión fue ordenada por la superioridad, cabe recordar que los Fiscales están obligados a discrepar por el art.27 EOMF que PROTEGE LA INDEMNIDAD DEL FISCAL PARA DICTAMINAR EN CONCIENCIA DISCREPANDO DE SUS SUPERIORES Y DEL FGE RECURRIENDO A LA JUNTA DE FISCALIA O AL CONSEJO FISCAL

    4-El Informe del Fiscal Campoy que se niega a cuestionar las leyes franquistas, contamina a sus superiores y sucesores de la Fiscalia General del Estado nombrados por gobiernos de UCD, PSOE, PP desde 1978 a 2011 que se negaron a revisarlas,para instruir y juzgar como Magistrados de la Sala 2ª,3ª,4ª,5ª,1ª y Sala del 61 TS al juez Garzón por haberlas cuestionado

    Transcribimos el art.27 EOMF-1981

    ///////////////////////////////////////

    Artículo 27.

    1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas,PLANTEARÁ la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala
    .
    2. Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera

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  2. ¡¡¡¡EUREKA!!!! CINCOMILLONES DE PTAS-1996 POR STS 1732/1996 SALA TERCERA ....PARA INDEMNIZAR EXCLUIDOS EN FALSO...

    ¡¡¡¡EUREKA!!!! CINCOMILLONES DE PTAS-1996 POR STS 1732/1996 SALA TERCERA ES LA POSIBLE BASE DE CALCULO MINIMA ORIENTADORA PARA INDEMNIZAR A LOS EXCLUIDOS EN FALSO A PERPETUIDAD 1978-2011 SEGUN LA LISTA-CENSO “GARZON-2008” DE SEPARADOS POR FUNCIONAMIENTO ANTICONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y SUS 4 PODERES AL APLICAR EN FALSO LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS DEROGADAS

    En 1968 las Cortes de Procuradores franquistas encargaron a la Comisión “FANJUL” la lista-censo de funcionarios separados del servicio, inhabilitados, y asimilados desde 1936 para estimar su indemnización al haber sido excluidos de todo empleo público a perpetuidad por art.30.1.e DLFCE 315/1964 “CARRERO” sin posibilidad de rehabilitación, indulto o amnistía.

    En 1969 Franco dicta una ley de Olvido de crímenes de la guerra civil en favor de los victimarios vencedores olvidando indemnizar a las victimas vencidas depuradas y derogar las leyes depuradoras que seguían excluyéndolas de todo empleo público a perpetuidad a las mismas y a las nuevas generaciones excepto de los de juez y fiscal

    En 1976 y 1977 el Gobierno de Suarez dicta unos decretos leyes de Amnistía, olvidando indemnizar a las victimas vencidas depuradas y derogar las leyes depuradoras que seguían excluyendo de todo empleo público a perpetuidad a las mismas y a las nuevas generaciones , excepto de los de juez y fiscal

    Desde 1978 hasta 2011 todas las oposiciones convocadas excepto las de juez y fiscal han seguido aplicando las leyes depuradoras franquistas pese a estar prohibidas por Constitución y han seguido excluyendo en falso a las viejas y a las nuevas generaciones de “separados del servicio , inhabilitados y asimilados” sin que ninguno de los 4 Poderes del Estado les haya indemnizado ni rehabilitado ni reaccionado a las denuncias de funcionamiento inicuo, anómalo y anticonstitucional al excluirles de todas y cada una de las oposiciones excepto las de juez y fiscal, por el art.56.1.c.d EBEP 7/2007 incompatible con los art.303 LOPJ y 44 EOMF.

    En 2007 se promulga la LEY DE MEMORIA HISTORICA, que olvida indemnizar y rehabilitar a los separados del servicio , inhabilitados y asimilados que siguen siendo excluidos a perpetuidad por DLFCE 315/1964 “CARRERO” que no es jurista sino marino ,y EBEP 7/2007 “SEVILLA VELAZQUEZ” que no son juristas sino economistas, y que carece de Dictamen del Consejo de Estado.

    En 2008 el Juez Garzón requiere a la Vicepresidenta de Gobierno y a todos los registros oficiales la LISTA-CENSO de separados del servicio, desaparecidos, exiliados….desde 1931 a 2011 para rehabilitarlos e indemnizarlos en via penal, al no haberlo hecho nadie en via administrativa ni contenciosa, según Providencia 25-9-2008 del JCI 5 Aª.NAL clave para procesarlo y suspenderlo como juez por revisar y cuestionar las leyes franquistas, de olvido y amnistia y memoria, lo cual contamina la imparcialida y legitimidad a todos los Magistrados y Fiscales y Abogados del Estado del TS, TSJM, TTSSJJ, Aª.NAL Y PROVINCIALES, TC y TCU que no las cuestionaron jamás, para juzgar e intruir las 3 Causas e Incidentes de Abstencion Recusacion ante la Sala 2ª y del 61 del TS contra el Juez Garzón

    BASE DE CALCULO ORIENTADORA

    Como base de calculo mínima orientadora de la indemnización que el Estado debe pagar a un aspirante que es injustamente excluido por funcionamiento anormal y aberrante de la Administración al aplicar leyes derogadas ,transcribimos recensionada la STS 1732/1996 Sala 3ª PONENTE: TRILLO TORRES, que cifra en 5 MILLONES DE PTAS-1996 LA RESPONSABIL IDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR HABER EXCLUIDO EN FALSO A UN ASPIRANTE EN LAS OPOSICIONES A JURIDICO MILITAR POR ERROR DEL TRIBUNAL MEDICO, EN BASE AL TIEMPO DEDICADO A PREPARALAS EN QUE NO PUDO EJERCER DE ABOGADO, resultando un fuerte varapalo para el Tribunal Medico, el Ministro de Defensa y el TSJ de Madrid que desestimaron en falso todo error y toda indemnización.

    http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3155988&links=%22%22RAMON%20TRILLO%20TORRES%22%22&optimize=20030912

    Centro de Documentación Judicial Roj: STS 1732/1996 Id Cendoj: 28079130071996100162 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 7 Nº de Recurso: 855/1990 Nº de Resolución: Procedimiento: APELACION Ponente: RAMON TRILLO TORRES Tipo de Resolución: Sentencia

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    SENTENCIA

    En la Villa de Madrid, a veinte de Marzo de mil novecientos noventa y seis.

    VISTO por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Señores anotados al margen, el recurso de apelación que con el número 855 de 1990, ante la misma pende de resolución interpuesto por D. Jesús María , contra la sentencia de fecha 8 de septiembre de 1989, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el pleito seguido ante la misma con el número 911/89, contra RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE EXCLUSIÓN POR ENFERMEDAD DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO JURÍDICO MILITAR. (???) Siendo parte apelada el Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración del Estado.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    PRIMERO.- La sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: “Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña María Pardillo Landeta, en nombre y representación de D. Jesús María , contra la desestimación presunta, por silencio del recurso de alzada interpuesto el 20 de octubre de 1987 ante el Sr. Ministro de Defensa, cuya resolución confirmamos por ser conforme a Derecho; sin especial declaración sobre costas” (???).

    SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de D. Jesús María , se interpuso recurso de apelación (???) que fue admitido en ambos efectos por providencia en la que también se acordó remitir las actuaciones y expediente al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.

    TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas las partes, se dio traslado para trámite de alegaciones a la Procuradora doña María Pardillo Landeta, que evacuó por medio de escrito en el que después de alegar cuanto consideró procedente a su derecho, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia revocando la apelada. (???)

    Dado traslado para el mismo trámite al Abogado del Estado, éste evacuó el mismo en escrito, en el que alegó lo pertinente a su derecho, suplicando a la Sala dicte sentencia confirmando la apelada.(???)

    CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 de Diciembre de 1995, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El recurrente se presentó al concurso oposición para ingreso en EL CUERPO JURÍDICO DEL EJÉRCITO convocado por Orden 361/90044/83 de 27 de enero. (???)

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    http://www.boe.es/boe/dias/1983/02/09/pdfs/A03561-03569.pdf

    adjuntamos un resumen de los requisitos

    Instrucciones por las que ha de regirse la Convocatoria de ingreso en la Escuela de Estudios Jurídicos

    1. Disposiciones generales

    1.1. El ingreso en la Escuela de Estudios Juridico del Ejercito se hará por Concurso-Oposición entre los aspirantes VARONES (????) que reúnan además de la APTITUD FISICA NECESARIA (????), las siguientes condiciones:

    1.1.1. Nacionalidad : Española.

    1.1.2. Edad: No haber cumplido el 31 de diciembre del año en que se celebren las1 pruebas, las edades que se expresan a continuación:
    – Treinta y un años con carácter general.
    – Treinta y cinco años para el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Nacional, cualquiera que sea su categoría.
    – Cuarenta años para el personal mllitar y funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar que tengan un mínimo de diez años de servicio efectivos.

    1.1.3 Título facultativo: El de Licenciado en Derecho.

    1.1.4 Estado civil: Los aspirantes podrán tener cualquier estado civil. Pero en el supuesto de estar casados, si la esposa es extranjera, deberán cumplir lo dispuesto en el posterior apartado
    2.1.3.3.

    1.1.5 CARECER DE ANTECEDENTES PENALES Y JUSTIFICAR UNA INTACHABLE CONDUCTA MORAL Y CÍVICA.(???)
    1.2 Las condiciones 1.1.3 y 1.1.5. referidas a la fecha en que expire el plazo señalado para la presentación de instancias

    5. Reconocimiento médico
    Tendrá lugar en la Academia de Sanidad Militar el día y hora
    prefijados, bajo las siguientes reglas:

    5.1 Se verificará con luz natural, en local apropiado y con
    el material necesario…….. Tribunal Médico constituido
    al efecto.Entre otras generales exploraciones se harán. las de análisis de orina recientemente emitida y laa de radioscopia y radiografia y fotoradioscopia de tórax.

    5.2 El cuadro médico de exclusiones, anexo número 2 del
    Reglamento de la Ley General del Servicio Militar aprobado por
    Decreto 3086/1969 (???). de 6 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado número 295), con la’ modificación aprobada por Decreto
    2075/1971(???) de 23 de julio (.Boletín Oficial del Estado número
    224), se aplicará en toda su extensión con las variaciones que
    a continuación se expresan:

    5.2.1 Se modifica el número 1 de la letra H del grupo…….por la exploración completa del asplrante..

    //////////////////////

    Dicho concurso-oposición constaba de un reconocimiento médico y una prueba de aptitud física con carácter previo a la realización de los ejercicios de que constaba la fase de la oposición.

    Una vez practicado el reconocimiento médico de los aspirantes, se publicó el resultado del mismo en el tablón de anuncios de la Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército, haciendo constar únicamente el resultado de “apto” o “no apto”. Como quiera que D. Jesús María FIGURABA COMO “NO APTO”, pero no existía constancia alguna de las razones de su exclusión, (???) dirigió un escrito al Director de la Escuela, solicitando la notificación en forma del texto íntegro del acto administrativo por el que se le había declarado no apto, con su correspondiente motivación.

    Esta pretensión le fue denegada en vía administrativa,(???) por lo que recurrió ala vía contencioso-administrativa, recayendo sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid (posteriormente confirmada en apelación por el Tribunal Supremo) con fecha 22 de octubre de 1985, por la que se estimaba el recurso,(???) CONDENANDO A LA ADMINISTRACIÓN MILITAR A QUE SE LE NOTIFICARA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL MÉDICO QUE DETERMINÓ SU EXCLUSIÓN DEL PROCESO SELECTIVO, CON SU CORRESPONDIENTE MOTIVACIÓN.(???)

    Una vez notificado dicho Acuerdo, presentó el interesado contra el mismo recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa, sobre el que no recayó resolución expresa, (???) por lo que una vez transcurrido el plazo para resolver, y entendiendo presuntamente desestimado su recurso de alzada, interpuso recurso contenciosoadministrativo.(???)

    La sentencia de primera instancia (????) DESESTIMÓ EL RECURSO, SEÑALANDO QUE LOS TRIBUNALES MÉDICOS
    MILITARES GOZAN DE UNA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD EN SUS ACUERDOS, QUE NO HA SIDO DESVIRTUADA EN ESTE CASO Y PUNTUALIZANDO QUE EL HECHO DE OTRAS ACTUACIONES MÉDICAS HAYAN LLEGADO A CONCLUSIONES DIFERENTES NO ALTERA LA CORRECCIÓN DE AQUEL ACUERDO. (???’) A MAYOR ABUNDAMIENTO, SEÑALA LA SENTENCIA QUE CON EL OBJETO DE VALORAR LA INTERPRETACIÓN PATOGÉNICA DE LA MICROHEMATURIA (????) QUE SE LE HABÍA DIAGNOSTICADO, SE CONVOCÓ AL INTERESADO DURANTE EL AÑO 1988 EN DOS OCASIONES ANTE EL TRIBUNAL MÉDICO SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS, RESULTANDO QUE AQUÉL NO COMPARECIÓ A NINGUNA DE ELLAS.(???)

    SEGUNDO.- Para una adecuada fijación de los términos del debate, derivado del ejercicio de una pretensión de nulidad e indemnizatoria, (???) fundada en un funcionamiento anormal de la Administración (???) , al controlar la aptitud física (???) del demandante para acceder al Cuerpo Jurídico del Ejército, debemos establecer los presupuestos jurídicos y de hecho existentes en el proceso y que resultan relevantes para nuestro pronunciamiento sobre el contenido de la sentencia apelada y de la actuación administrativa que aquélla consideró ajustada a derecho.

    En este sentido son de destacar las siguientes circunstancias:

    primera, que en la convocatoria del concurso- oposición se establecía que fuesen considerados inútiles los que padeciesen afecciones renales en evolución o susceptibles de remisión, cuyo fallo no pueda ser decidido en el momento de la selección, previa observación; (???)

    segunda, que sobre la base del estudio de tres muestras de orina fresca, el Tribunal Médico diagnosticó, en mayo de 1983, la existencia en el apelante de una microhematuria cierta y persistente, cuya interpretación patogénica no era posible realizarla sin proceder a exploraciones completas, que supondría ingreso para observación, pruebas clínicas diversas, urografías y eventualmente biopsia renal, pero indicando que, en cualquier caso, verificadas éstas, existía un porcentaje de posibilidad de no aclarar la patogenia, no obstante lo cual afirmaba que la situación clínica expuesta suponía la inclusión en el supuesto de inutilidad antes descrito;(???)

    tercera, que siendo también aplicable el mismo supuesto de inutilidad, no obstante el interesado fue calificado apto en el reconocimiento médico fechado en el mes de junio del mismo año y realizado para acreditar su aptitud para participar en las pruebas de ingreso al Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire;(???)

    cuarta, que en el propio mes de mayo de 1983, el recurrente acudió espontáneamente al Servicio de Nefrología del Hospital del Ejército del Aire,(???) donde se emitió informe médico, diciendo que tenía una función renal global normal, indicándose en un informe complementario, emitido a petición de la propia Administración en trámite de recurso de alzada, que la situación de microhematuria aislada y ocasional puede suponer o no un dato de daño real, activo y progresivo y que solamente con pruebas diagnósticas, algunas de ellas invasivas, es posible resolver, en muchos casos, la trascendencia clínica del caso, aunque no siempre puede llegarse a conclusiones válidas.(???)

    TERCERO.- Sobre la base de estos antecedentes, todos ellos provinientes de órganos de la propia Administración, aunque no todos originados en el mismo procedimiento administrativo de selección, hay que rechazar la alegación del recurrente de que el Tribunal Médico debió de proceder a aplicar lo dispuesto en el punto 5.3 de la convocatoria, según el cual “si el aspirante presentase enfermedad o defecto físico no comprendido taxativamente en el referido cuadro de exclusiones, pero que, a juicio del Tribunal Médico, deba excluirlo para ingreso en la Escuela, lo expondrá al Tribunal en razonado escrito,(???) que elevará al Director del Centro para la resolución que proceda”.

    Decimos que no era ésta la norma aplicable, porque aquél en ningún momento expresó la idea de que la enfermedad que apreciaba en el interesado fuese de las no comprendidas de manera expresa y terminante en el Cuadro de Inutilidades, sino que consideró el caso incluido en el supuesto descrito en la letra J, nº 1, grupo 2º, por lo que, desde su punto de vista, no mediaba razón alguna para acudir al especial expediente mencionado, sólo extensible a diagnósticos no calificables con arreglo a alguno de los supuestos descritos en el cuadro pero que según el criterio técnico del Tribunal Médico, pudiera originar una inutilidad para la función pública a que se pretendía acceder.

    En realidad, la verdadera anomalía en la emisión del dictamen médico que determinó la exclusión de las pruebas del apelante se encuentra en no haber atendido a las consecuencias de su propio criterio de que para establecer la naturaleza de la posible enfermedad del Sr. Jesús María era necesario proceder a “unas exploraciones completas, que supondría ingreso para observación”, siendo así que no solamente el propio Cuadro de Exclusiones prevé expresamente esta circunstancia, sino que, además, el apartado 5-2-5 de la convocatoria regula ampliamente la cuestión, al establecer que “sólo quedarán pendientes de observación aquellos casos dudosos en los que el Tribunal, único a quien compete decidir, entienda deba realizarse, lo que notificará al interesado para su inmediata conformidad o renuncia y al Director de la Escuela correspondiente para su conocimiento y efectos. La observación será practicada en el Hospital Militar Central Gómez Ulla y por el Jefe de Clínica que corresponda, según la enfermedad a observar, corriendo los gastos de estancia por cuenta del interesado. El período de observación comenzará inmediatamente después de su concesión por el Director de la Academia, debiendo terminar la misma con la antelación necesaria que permita al aspirante realizar los diferentes ejercicios antes de que termine la oposición…. El Tribunal Médico de reconocimiento, a la vista del informe médico extendido por el Jefe de Clínica del Hospital Militar que realice la observación, autorizaría a los opositores, si su estado de salud lo permite, a que realicen los ejercicios de las restantes pruebas de la convocatoria, en las fechas y plazos que le hayan correspondido, en la inteligencia de que la aprobación definitiva para ingreso quedará subordinada a la declaración de utilidad en el reconocimiento facultativo final como efecto de la primera prueba pendiente”.(???)

    La minuciosidad de esta regulación acredita la intención de la normativa contenida en la convocatoria de que se atendiera con plenitud a la necesidad de que NADIE QUEDASE A PRIORI EXCLUIDO DE VINCULARSE PROFESIONALMENTE A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LAS FUERZAS ARMADAS COMO CONSECUENCIA DE UNA DECISIÓN MÉDICA NO SUFICIENTEMENTE FUNDADA, OFRECIENDO AL INTERESADO LA OPORTUNIDAD DE EXTREMAR EN LO RAZONABLE Y MÉDICAMENTE ACEPTABLE SU EXPLORACIÓN Y OBSERVACIÓN, SIEMPRE QUE LO ACEPTE VOLUNTARIAMENTE Y A SU COSTA.(???)

    En este sentido cabe observar que si bien el acuerdo del Tribunal Médico quizás no mereciese reproche alguno en el caso de reclutamiento para el servicio militar, sin embargo no es de recibo cuando media una previsión específica de observación como la que hemos reseñado, sin duda justificada por el fin de evitar al máximo errores de diagnóstico que priven injustificadamente a los partícipes en las pruebas de la oportunidad de alcanzar el medio de vida profesional al que aspiran, situación obviamente mucho más grave que la de declarar de forma no plenamente comprobada la inutilidad para el servicio militar.(???)

    Por otra parte, no constituye objeción que el tema entre dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica reservada al Tribunal Médico, porque es este mismo el que, con un criterio avalado también por otros dictámenes médicos, manifestó que para alcanzar una posible certidumbre en la interpretación patogénica de la microhematuria, se precisaba el ingreso para observación. Por eso, al constar técnicamente este presupuesto de hecho, constituye una valoración susceptible de ser revisada jurisdiccionalmente la de fijar si, a partir del mismo, concurría el deber jurídico de ofrecer al interesado la ocasión de que se aclarase su estado de salud, acogiéndose al derecho a ser observado en los términos previstos en la convocatoria.(???)

    Finalmente, tampoco tiene trascendencia decisiva que CINCO AÑOS DESPUÉS DE HABER SIDO DECLARADO NO APTO NO CONCURRIESE AL LLAMAMIENTO DEL TRIBUNAL MÉDICO PARA SER EXAMINADO DE NUEVO: LAS CIRCUNSTANCIAS NO SOLAMENTE HABÍAN VARIADO ENTONCES, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO COMO DE LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS, SINO QUE ADEMÁS LO DETERMINANTE DEL ILEGAL COMPORTAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN FUE EL DE IMPEDIR, EN PERJUICIO DEL ADMINISTRADO, QUE FUESE ACLARADA UNA SITUACIÓN QUE ELLA MISMA CONSIDERABA DUDOSA Y PARA LA QUE HABÍA PREVISTO UN ESPECÍFICO PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN.(???)

    CUARTO.- Procede que nos detengamos ahora en CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE.(???)

    En el escrito de demanda, que es el delimitador del contenido de la pretensión, LA PARTE VALORÓ EN DOS MILLONES DE PESETAS EL LUCRO CESANTE POR NO HABER PODIDO EJERCER LA ABOGACÍA DURANTE EL PERÍODO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS (???) Y EN DIEZ MILLONES EL DAÑO MORAL (???),
    ARTICULANDO SOBRE EL PARTICULAR LA PRUEBA DE QUE –EN EL CASO DE HABER INGRESADO EN LA OPOSICIÓN EN LA QUE FUE DECLARADO NO APTO POR RAZONES MÉDICAS– SUS HABERES POR EL MÍNIMO REGLAMENTARIO DE DIEZ AÑOS DE PERMANENCIA COMO OFICIAL DEL CUERPO JURÍDICO HUBIERAN ASCENDIDO A UN TOTAL SUPERIOR EN ALGO A LOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESETAS (???),
    SEÑALANDO, ADEMÁS, QUE VISTA SU FECHA DE NACIMIENTO –AÑO 1958– Y CUMPLIDOS, POR TANTO, LOS TREINTA Y UN AÑOS, HA PERDIDO DEFINITIVAMENTE SU OPORTUNIDAD LEGAL DE PRESENTARSE A DICHAS PRUEBAS.(???)

    Teniendo en cuenta estos elementos, CABE ACEPTAR COMO HECHO NOTORIO QUE LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN RESTRINGE HASTA EXTREMOS CASI IMPEDITIVOS EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA , SI BIEN VALORANDO QUE EL RECURRENTE INICIABA UNA ACTIVIDAD EN LA QUE SOLAMENTE LLEVABA DADO DE ALTA EN EL COLEGIO DESDE EL AÑO ANTERIOR A SER DECLARADO NO APTO, CONSIDERAMOS QUE POR ESTE CONCEPTO RESULTA PONDERADA LA SUMA DE UN MILLÓN DE PESETAS.(???)

    En cuanto al resto de los elementos, AUNQUE ES CIERTO QUE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DENUNCIADA LE PRIVÓ DE LA OPORTUNIDAD DE ACREDITAR SU NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APTITUD PARA SUPERAR LA CONCRETA PRUEBA SOBRE LA QUE HA VERSADO LA RECLAMACIÓN, SIN EMBARGO ES NECESARIO AFIRMAR TAMBIÉN QUE ENTONCES NO SE HABÍA EXTINGUIDO SU POSIBILIDAD JURÍDICA DE PARTICIPAR EN OTRAS POSTERIORES POR RAZÓN DE EDAD, QUE TUVO ABIERTA DURANTE AL MENOS CINCO AÑOS MÁS, LO QUE UNIDO A LA OCASIÓN DE EJERCER LA ABOGACÍA EN TÉRMINOS QUE HAN JUSTIFICADO LA PRIMERA PARTIDA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE AQUÍ ACORDAMOS, NOS LLEVA A VALORAR LOS DAÑOS MORALES EN LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES DE PESETAS.(???)

    QUINTO.- NO HA LUGAR A ESPECIAL DECLARACIÓN SOBRE COSTAS.(???)

    FALLAMOS

    PRIMERO, ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por Don Jesús María CONTRA LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN OCTAVA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1989, DICTADA EN EL RECURSO 911/89, QUE REVOCAMOS (???);

    SEGUNDO, ESTIMAMOS en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el mismo CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA, POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, DEL RECURSO DE ALZADA FORMULADO CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL MÉDICO MILITAR LO DECLARÓ NO APTO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE INGRESO EN EL CUERPO JURÍDICO MILITAR, CONVOCADAS POR ORDEN 361/90.044/1983, ACUERDO CUYA NULIDAD DECLARAMOS; (???)

    TERCERO, CONDENAMOS A LA ADMINISTRACIÓN A QUE EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ABONE AL RECURRENTE LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESETAS; (???)

    CUARTO,NO HACEMOS DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE LAS COSTAS.(???)

    Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos

    PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. RAMÓN TRILLO TORRES, MAGISTRADO PONENTE DE LA MISMA, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.

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    OBSERVACIONES:

    1-No se exige “no haber sido separado del servicio”, sino que se exige “carencia de antecedentes penales” que es erróneo pues no contempla el tenerlos cancelados, y además exige
    “justificación de intachable conducta civica y moral” que es erróneo al no decir la autoridad y documento que debe certificar esa intachabilidad y no indicar el cuadro de conductas civicas y morales tachables , como “no haber sido separado, inhabilitado, no ser homosexual, enemigo del regimen…….

    2- El cuadro de INUTILIDADES es de 1969, corregido en 1971, con modificaciones en la Orden de convocatoria, o sea preconstitucional franquista , que no admite mujeres militares, que no admite homosexuales….ni separados del servicio, lo cual debía haber sido cuestionado por el TSJM y el TS ante el TC

    3-Se admite aprobados sin plaza , si son familia de militares condecorados lo cual discrimina a favor de los vencedores franquistas y en contra de los vencidos antifranquistas

    4- Si el excluido en falso de una oposicion a una edad crítica para prepararlas merece 5 millones de ptas-1996, cuánto merecerá el excluido en falso a perpetuidad de todas las oposiciones impidiendole prepararlas toda su vida.

  3. VACIOS LEGISLATIVOS Y LIMBOS JURIDICOS EN FAVOR DE JUECES Y EN CONTRA DE FISCALES Y OTROS FUNCIONARIOS

    STS DE REHABILITACION PRIVILEGIADA DE JUECES CONDENADOS CON ANTECEDENTES NO CANCELADOS(POR “LIMBOS JURIDICOS ” Y “VACIOS LEGISLATIVOS” DEL ART.303 LOPJ) AL NEGARLA EXPRESAMENTE EL ART.44 EOMF A FISCALES CONDENADOS CON ANTECEDENTES NO CANCELADOS

    La STS Sala 3ª Seccion 8ª de 9-11-2011, que rehabilita en sus funciones como juez a un juez condenado en firme por delitos dolosos no cancelados porque el art.303 LOPJ sólo le incapacita para el ingreso al no indicar nada sobre no ejercer funciones, yerra por inicua porque privilegia a los jueces invocando lapsus del legislador o “limbo judicial” y porque discrimina a:

    1-los fiscales que estén condenados por delitos dolosos no cancelados, porque el art.44 EOMF les incapacita para ejercer funciones de fiscales, no para el ingreso, creando otro “limbo fiscal” por otro lapsus del legislador

    2-los abogados del estado,policias docentes, catedraticos, juridicos militares ….que estén condenados por delitos dolosos no cancelados , porque los art.30.1.e.DLFCE 315/1964 y 56.1.c.d EBEP 7/2007 les incapacita para todo empleo publico exigiendoles el juramento franquista de

    “no haber sido separados del servicio, ni despedidos, ni estar inhabilitados jamás por nadie en todo el mundo”

    debiendo los inhabilitados tener cancelados los antecedentes penales para obtener la rehabilitación (que es imposible para los separados del servicio por ser sancion perpetua sin posibilidad de cancelación), creando más “limbos, cielos e infiernos funcionariales”

    ABSTENCION DE MAGISTRADOS QUE SEAN ADEMAS FISCALES, DOCENTES, ABOGADOS DEL ESTADO, POLICIAS…

    La STS alude a la abstención del MTS MAURANDI, sin indicar el motivo legal de contaminación de su imparcialidad que afecta a los MTS rehabilitables que sean a la vez además abogados del estado (SIEIRA), letrados del TC(GONZALEZ RIVAS), Catedraticos (LUCAS)…no rehabilitables según lo expuesto

    Para más información leer

    https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/05/04/sobre-la-seleccion-de-los-jueces-juez-funcionario-v-juez-responsable-ante-el-cuerpo-electoral/#comment-586

    http://www.elderecho.com/actualidad/Supremo-reconoce-Urquia-readmitido-judicial_0_352500210.html

    El Supremo reconoce el derecho del juez Urquía a ser readmitido en la carrera judicial

    http://www.elderecho.com/administrativo/Tribunal-Supremo-Contencioso-Administrativo-Recurso-EDJ_EDEFIL20111229_0001.pdf

    http://politica.elpais.com/politica/2012/01/03/actualidad/1325631332_734381.html

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Urquia/vuelve/ser/juez/elpepiesp/20111229elpepinac_14/Tes

    http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Supremo/rehabilita/juez/Urquia/condena/pendiente/elpepiespand/20111229elpand_2/Tes

    http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Supremo/aplaza/fecha/revision/condena/juez/Urquia/elpepiespand/20111025elpand_9/Tes

    http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-supremo-reconoce-derecho-juez-urquia-ser-readmitido-carrera-judicial-20111228182219.html

    http://www.elpais.com/articulo/espana/despilfarro/supremo/Nauru/elpepiesp/20100524elpepinac_12/Tes

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Pisar/excelentisimos/callos/elpepiesp/20090601elpepinac_14/Tes

    http://www.elpais.com/articulo/espana/caza/elpepiesp/20100212elpepinac_3/Tes

    Recensión de STS DE REHABILITACION DE JUEZ CONDENADO EN FIRME SIN NECESIDAD DE CANCELAR ANTECEDENTES

    ///////////////////////////////////

    En la Villa de Madrid, a nueve de noviembre de dos mil once.
    Visto por la Sala Tercera (Sección Octava) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso contencioso-administrativo núm.171/2010 y acumulado núm. 173/2010, que pende ante ella de resolución,
    interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre y representación de D. Luis, contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de febrero de 2010, desestimatorio del recurso de alzada deducido frente al Acuerdo de 16 de junio de 2009 de la Comisión Permanente (recuso núm. 171/10) y contra el Acuerdo de 7 de julio de 2009 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -confirmada en alzada por silencio administrativo- (recurso núm. 173/10).

    Ha sido parte demandada el Consejo General del Poder Judicial, representado (???) por el Abogado del Estado.(???)

    ANTECEDENTES DE HECHO (???)

    OCTAVO.- Mediante Auto de 17 de junio de 2010, se acordó declarar justificada la abstención en el presente recurso ordinario núm. 173/2010, comunicada por el Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
    Administrativo del Tribunal Supremo. (???)

    Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado,

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Es objeto del presente recurso, de un lado, en el recurso contenciosoadministrativo núm. 171/10, el Acuerdo de 25 de febrero de 2010 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, desestimatorio del recurso de alzada deducido contra el Acuerdo de 16 de junio de 2009 de la Comisión Permanente por el que se denegaba a D. Luis -Magistrado-, su solicitud de reingreso en el servicio activo tras el cumplimiento de la pena de suspensión de funciones impuesta por Sentencia de 23 de
    marzo de 2009 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y de otro, en el recurso contencioso-administrativo núm. 173/10, el Acuerdo de 7 de julio de 2009 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -confirmada en alzada
    por silencio administrativo contencioso-administrativo-, por el que se le declara en situación de excedencia.

    SEGUNDO.- En relación con el recurso núm. 171/2010, el recurrente funda su recurso en tres motivos de impugnación.

    En primer lugar se denuncia el “fraude de ley en la aplicación del art. 367 LOPJ en su actual redacción”, por cuanto entiende que “el Acuerdo impugnado incurre en fraude de ley, proscrito
    por el art. 6.4 del Código Civil, al llegar al mismo resultado que aquél que quiso suprimir el legislador; es decir, aplicando ya para el reingreso en el servicio activo las exigencias para el ingreso en la carrera judicial lo que no tenía sentido por no haberse perdido la Carrera y ha sido suprimido por la Ley Orgánica 19/2003, como
    destacan los informes), pero entender en cambio de aplicación las incapacidades para el ingreso en la Carrera previstas en el art. 303 de la LOPJ”.

    Para el recurrente la tesis sostenida en la resolución recurrida
    “supone un apartamiento total de las previsiones de la LOPJ sobre reingreso de los suspensos, previstas en los arts. 366 y 367 de la LOPJ, de los que se desprende con claridad la inmediata reintegración al servicio activo del suspenso, que tiene obligación de solicitarlo incluso. Y en cuanto a la declaración de aptitud, prevista en estos preceptos, es obvio que el “examen de antecedentes” que se prevé igualmente aquí tiene que ser apodípticamente relativo a los antecedentes existentes, fuera de la suspensión en sí misma y de sus consecuencias, como son los antecedentes penales generados por tal suspensión”.

    Para el recurrente la actuación recurrida aplica preferentemente una disposición reglamentaria, como es el artículo 219 del Reglamento de la Carrera Judicial, para imponer una situación de sanción o restrictiva de derechos no prevista en norma de
    rango legal.

    (????, no es cierto, está prevista en el art.44 EOMF)

    En la segunda alegación se denuncia la violación de la doctrina constitucional sobre el principio de tipicidad, pues según el recurrente “el Acuerdo impugnado supone construir una prolongación de una situación de suspensión que no tiene cobertura legal expresa como tal, a través de una construcción normativa que supone claramente una analogía in malam parte, incompatible con las exigencias del principio de tipicidad, aplicable a todo el derecho sancionador”, entendiendo que “el exigir un requisito no previsto para el reingreso en una relación funcionarial que no se ha perdido, viola claramente el principio de igualdad, ya que equipara indebidamente el acceso con el reingreso, constituyendo una modalidad sui generis de “acceso” no prevista en norma legal alguna”.

    (???, no es cierto ,está prevista en el art.44 EOMF para fiscales equiparados en todo lo disciplinario a jueces)

    En la tercera alegación formulada el recurrente denuncia la violación del artículo 25.1 de la Constitución, al considerar que la negativa al reingreso al servicio activo “supone una duplicación automática de la condena penal, que específicamente consistía en la suspensión de funciones”. Para el recurrente “toda pena de suspensión de funciones, al generar antecedentes penales ea ipsa, se duplica siempre a fortiori por obra de una construcción
    interpretativa que debe ser rechazada, al quebrantar las exigencias del art. 25.1 CE”, por ello entiende que esa nueva suspensión no tiene cobertura legal sancionadora alguna y por tanto quebranta el principio de legalidad y tipicidad del
    citado artículo 25 de la de la Constitución, manteniendo que “esa prolongación artificiosa de la suspensión, al suponer dos sanciones por la misma conducta, supondría también una violación del principio de non bis in idem, consagrado por la
    doctrina constitucional como parte del art. 25.1 CE”.

    (????, este razonamiento fulmina toda la jurisprudencia del TS 1978 a 2012 relativa a sanciones y exclusiones perpetuas de separacion del servicio sin rehabilitacion posible, para todos los funcionarios franquistas por relaciones especiales de sujecion,por DLFCE 315/1964 excepto para jueces y fiscales, con rehabilitacion por relaciones especiales de función,por DLROACAJ 11/1966 y DLROACJT 33/1966

    Por su parte la Administración recurrida reitera en su contestación a la demanda los fundamentos mantenidos por el Acuerdo que es objeto de impugnación, solicitando la
    desestimación del recurso.

    TERCERO.- En relación al recurso acumulado núm. 173/2010, el recurrente alega en su escrito de demanda la improcedencia de la aplicación analógica al caso del artículo 356 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se recogen las causas habilitantes de la excedencia voluntaria de Jueces y Magistrados y ello porque entiende que tal situación está sometida a las exigencias del principio de legalidad y solo pueden ser
    aplicadas a los casos expresamente dispuestos por el legislador al ser condiciones esenciales de la relación jurídico funcionarial, siendo que la situación del recurrente no tiene cabida en ninguno de los supuestos que contempla el referido artículo 356 de la
    Ley Orgánica y “sobre todo, porque no existe en modo alguno la “identidad de razón” exigida por el Código Civil y por la consolidada y rigurosa jurisprudencia que lo aplica, ya que la excedencia contemplada en la LOPJ es siempre voluntaria, y aquí se pretende imponer como obligada, desnaturalizando por completo la figura de esta situación, ya que no ha habido voluntad alguna del recurrente, en ninguno de los supuestos legales, para solicitar esta situación ni nada que la origine”(??)
    .
    El Abogado del Estado en su escrito de contestación considera que “la interpretación sistemática de las previsiones contendidas en la Ley Orgánica del Poder judicial, conduce necesariamente, a estimar aplicable al recurrente, por analogía, lo previsto en
    el artículo 366.2 de la LOPJ, en el sentido de entender que su situación administrativa resulta equiparable a aquélla en que se encuentra el Juez o Magistrado que, habiendo sido objeto de suspensión definitiva, no hubiera podido reingresar por no haberlo
    solicitado a tiempo. Si en ese supuesto, habida cuenta de que ha mediado una omisión del interesado determinante del no reingreso se declara al afectado en situación de excedencia voluntaria, en el supuesto que ahora es objeto de examen, y
    dado que no ha existido dicha omisión, procede declararlo en una situación equiparable en sus efectos, pero sin la nota de voluntariedad que la primera conlleva, teniendo en cuenta la identidad de los restantes presupuestos fácticos en ambos
    supuestos”. Por ello mantiene que “la situación de no reingreso en el servicio activo por falta de la imprescindible declaración de aptitud, tiene efectos coincidentes con la de la excedencia voluntaria, a la que en este aspecto puede ser asimilada”.

    CUARTO.- Pues bien, comenzando el examen de las impugnaciones por la referida al recurso núm. 171/2010, la misma ha de ser estimada por las razones que a continuación se exponen.

    Conviene señalar que la propia recurrida -como se indica por el recurrente y así consta en el expediente administrativo-, en un supuesto análogo al ahora enjuiciado llegó a una solución distinta (Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 8 de mayo de 2002), solución que en lo referente a su razonamiento se considera por esta Sala plenamente aplicable al presente recurso y que hace que la adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el Acuerdo de 16 de junio de 2009, ahora recurrido, se entienda que no es ajustada a Derecho.

    La cuestión principal que se plantea en el presente recurso es sí resulta legalmente posible que un miembro de la Carrera Judicial se encuentre en situación de servicio activo pese a contar con antecedentes penales no cancelados.(???)

    El examen de la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación sistemática de los preceptos que resultan de aplicación llevan a la respuesta afirmativa. (??)

    En primer lugar, el artículo 366.1 de la citada Ley Orgánica impone al juez o magistrado suspenso definitivamente -ya lo sea por sanción administrativa o por condena penal- la obligación de solicitar “el reingreso al servicio activo con un mes de
    antelación a la finalización del período de suspensión”. Por tanto, con independencia del criterio que haya podido mantenerse al respecto por la Sala Segunda de este Tribunal en el Auto en el que la Administración recurrida motiva la desestimación del
    recurso de alzada, parece que carece de lógica mantener que el legislador orgánico impusiera esa obligación a todos los suspendidos sin excepción, aun a sabiendas que para el caso de los suspensos por condena penal en ningún caso podrían pasar a la situación de servicio activo al tener antecedentes penales, pues al exigirse que la solicitud de reingreso lo fuera con un mes de antelación “a la finalización del periodo de suspensión” y no de cancelación de antecedentes penales, resulta evidente que
    nunca podrían reingresar ya que de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la cancelación procede cuando, una vez extinguidas en su totalidad las responsabilidades penal y civil impuestas en la
    correspondiente sentencia, hayan transcurrido sin delinquir los plazos que en ese precepto se indican. (???)

    En segundo lugar, la interpretación mantenida por la resolución recurrida en este caso estaría en plena contradicción con el tenor literal del citado artículo 366.1, que determina claramente que:

    “El reingreso producirá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria”.(???)

    Previsión que cobra pleno sentido con la exigencia de que el suspenso solicite el reingreso con la antelación que tal precepto exige, así como con lo dispuesto en el artículo 361.2 de la Ley Orgánica que limita la privación del ejercicio de sus funciones al juez o magistrado declarado suspenso únicamente “durante el tiempo que dure la suspensión”.(???)

    En tercer lugar, al limitar el artículo 379.1 de la Ley Orgánica, la perdida de la condición de juez o magistrado al supuesto de condena penal a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, y no siempre, en el caso de que la pena sea inferior
    a seis meses, resulta evidente igualmente que la propia Ley Orgánica admite la posibilidad de la existencia de miembros de la Carera Judicial en activo con antecedentes penales, por lo que no tendría sentido, como hace la Administración recurrida, vincular la existencia de antecedentes penales con la causa de incapacidad que para el ingreso en la carrera judicial establece el artículo 303 de la citada Ley Orgánica. No debe olvidarse que la suspensión de funciones es una situación administrativa en la que puede hallarse quien ya tiene la condición de juez o
    magistrado y por tanto está dentro de la Carrera Judicial, mientras que lo que trata de impedir el artículo 303 es el ingreso en la Carrera Judicial de condenados por delitos dolosos -nada se dice de los imprudentes- mientras no hayan obtenido la
    rehabilitación. (???)

    Es decir, lo que en definitiva se regula en los artículos 366 y 367 -al margen de la desafortunada referencia legislativa a la expresión “reingreso”- es un cambio de situación administrativa de suspenso en funciones a la de servicio activo.(???)

    No obstante, es cierto que la Ley Orgánica establece en el artículo 367.1 la exigencia de una previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial para el reingreso al servicio activo de los suspensos, pero también lo es que no regula la posibilidad de que esa declaración sea negativa ni los efectos que la misma conllevaría y que constituye el objeto de la segunda impugnación acumulada a la presente. Ahora bien, esta ausencia de regulación no permite que al amparo de la
    regulación reglamentaria y al margen de cual fuera su concreta finalidad, la Administración recurrida construya una solución jurídica que, como bien dice el recurrente, supondría de facto una segunda suspensión en la Carrera Judicial y la consiguiente
    infracción del principio del “non bis in idem” cuya vulneración se
    denuncia, y que se derivaría únicamente de la simple declaración negativa de aptitud del Consejo General del Poder Judicial, cuya resolución recurrida sostenía en el caso enjuiciado que “no podrá conocerse de nuevo de la petición que ahora se deniega hasta tanto se produzca el efecto extintivo por el cumplimiento de los plazos al efecto señalados en el artículo 136 del Código Penal”.

    (????)

    Por otra parte, resulta decisiva la modificación operada en la redacción original del artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que decía: “El reingreso de los excedentes voluntarios y suspensos exigirá declaración de aptitud por el Consejo General, que se ajustará a lo prevenido en esta Ley sobre condiciones que deben reunirse para el ingreso en la Carrera Judicial”.(???)

    Dicho precepto recibe nueva redacción por el artículo uno de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, quedando desde entonces con el siguiente contenido: “El reingreso en el servicio activo de los suspensos exigirá la previa declaración de aptitud
    por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará las actuaciones necesarias para su comprobación”.(???)

    En consecuencia, se suprime la exigencia de que el que solicita el reingreso desde la situación de suspenso haya de reunir los requisitos exigibles para el ingreso, como exigía el artículo 219 del Reglamento de la Carrera Judicial, que debe entenderse
    derogado por la citada modificación legislativa que desarrollaba.
    (???)

    En este sentido dicha exigencia tampoco se recoge en la actual redacción de dicho Reglamento aprobada por Acuerdo de 28 abril 2011, en su artículo 197.2.(???)

    QUINTO.- La estimación del primer recurso conlleva necesariamente la estimación del segundo, por cuanto anulándose el Acuerdo que deniega la solicitud de reingreso en el
    servicio activo, debe anularse igualmente el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el que se declaraba al recurrente en situación de excedencia.

    Ahora bien, se considera oportuno hacer las siguientes consideraciones. El hecho de que el legislador no haya previsto la situación administrativa de aquellos miembros de la carrera judicial en situación de suspenso en funciones que no sean reingresados al servicio activo -en el caso que nos ocupa por tener antecedentes penales-, no puede permitir que como quiera que la solución jurídica adoptada respecto del reingreso al
    servicio activo deja en una especie de LIMBO JURIDICO al recurrente, deba acudirse a una aplicación analógica de la situación de excedencia voluntaria, aunque sin la nota de
    voluntariedad como mantiene la propia Administración.(???)

    Es decir, ante el VACIO LEGISLATIVO SE LLEGA A LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAUSA en la que procede esa situación administrativa al margen de las recogidas en el artículo 356 de la Ley Orgánica 6/1985, declaración que, además, no resulta indiferente en cuanto a sus efectos en este caso concreto a la vista del orden de adjudicación de vacantes entre quienes deban reingresar al servicio activo que establece el artículo 368 de la citada Ley Orgánica, pues de seguir el criterio de la resolución recurrida, cuando el recurrente obtuviera la cancelación de antecedentes penales y solicitase nuevamente el reingreso en el servicio activo, lo haría desde la situación de excedente voluntario y no de la de suspenso, y por ello con peor derecho para la adjudicación de vacante no solo frente a los propios suspensos sino también frente a los rehabilitados.

    SEXTO.- En consecuencia, procede estimar el presente recurso contenciosoadministrativo núm. 171/2010 y el acumulado núm. 173/2010, al no ser conformes a Derecho los Acuerdos recurridos, sin que se aprecien en las partes circunstancias
    subjetivas de temeridad o mala fe que justifique una expresa imposición de las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

    FALLAMOS

    1º Que estimamos los recursos contencioso-administrativo núm. 171/2010 y acumulado núm. 173/2010, interpuestos por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre y representación de D. Luis, contra el
    Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de febrero de 2010, desestimatorio del recurso de alzada deducido frente al Acuerdo de 16 de junio de 2009 de la Comisión Permanente (recuso núm. 171/10) y contra el Acuerdo de 7 de julio de 2009 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial – confirmada en alzada por silencio administrativo- (recurso núm. 173/10), que anulamos
    por no ser conformes a Derecho.(???)

    2º Declarar el derecho de D. Luis, a reingresar al servicio activo con los efectos económicos y administrativos correspondientes, conforme establece el artículo 366.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.(???)

    3º Que no hacemos imposición de costas.(???)

    Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Manuel Sieira Míguez (??? en cuestion de incompatibilidad y parcialidad como Juez y Abogado del Estado por no cuestionar los requisitos).- Juan José González Rivas(idem como Letrado del TC).- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.(idem como Catredratico)- José Díaz Delgado.- Vicente Conde Martín de Hijas (idem como Magistrado TC).

    Publicación.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico

    OBSERVACIONES:

    1- La Sala debía haber planteado cuestión ante el TC o ante el TJUE contra el art.303 LOPJ y 44 EOMF, y contra los art.30.1.e DLFCE 315/1964, y 56.1.c.d EBEP 7/2007, que confunden los requisitos de acceso ,de funcion, suspension, separacion, inhabilitacion, excedencia, reingreso, exclusion de jueces, discriminando a los fiscales, y a otros funcionarios docentes, policias, militares…..con sanciones y penas perpetuas franquistas prohibidas por STC 4/1981 y 37/2002 que prohiben al juez hacer de legislador.

    2-El Abogado del Estado que por juramento franquista no es rehabilitable, y carece de acceso a empleo publico si es separado, no puede defender y representar al CGPJ que admite a separados como aspirantes a jueces, y que rehabilita a su personal separado sean jueces, secretarios, medicos forenses, personal auxiliar.,

    3- No cabe que los jueces condenados penalmente sean rehabilitados como Jueces, y que no puedan ser admitidos como docentes, militares, policias, guardias civiles

    4-El CGPJ y el TS en 1996 excluyeron de acceso a <magistrado del 4º turno a aspirante abogado con antecedentes penales cancelados, para luego el TC ampararle admitiendole STC 174/1996 (Mendizabal) omitiendo plantear AUTOCUESTION contra los requiistos franquistas de los art.303 LOPJ, 44 EOMF, 30.1.e DLFCE 315/1964, y 56.1.c.d EBEP 7/2007, que tras 34 años de Transicion siguen siendo aplicados en falso.

    5- Las Salas 3ª , 5ª y del 41 TS no admitieron en las recusaciones de la nieta de Negrin y de Asociaciones de Memoria Historica por seguir los Magistrados sometidos a Juramentos Franquistas , vacío legislativo alguno, ni contradiccion de requisitos de exclusion perpetua por sanciones y penas perpetuas para jueces, fiscales y otros funcionarios, lo cual se contradice con esta STS que reconoce vacio legislativo y limbos juridicos de jueces, respecto de fiscales y resto de funcionarios

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