EL (JURÍDICAMENTE) LAMENTABLE AUTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO DE GIJÓN SOBRE LA SEMANA NEGRA DE 2011.

Una de las ventajas de que el Ayuntamiento de Gijón haya decidido colgar en su página web todas las resoluciones judiciales en los que dicha Administración pública sea parte es que el potencial lector de las mismas podrá comprobar por sí mismo qué clase de justicia administrativa imparte el Juzgado de lo Contencioso radicado en dicha ciudad; es más, estoy convencido de que a más de uno se le pondrán los pelos como escarpias únicamente con una somera lectura a las resoluciones judiciales de dicho organismo. Viene esto a cuento de uno de sus pronunciamientos más recientes y polémicos, dado que el pasado día 6 de julio de 2011 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dicta en el seno del Procedimiento Ordinario 109/2011 un Auto resolviendo la pieza separada de medidas cautelares, (que extraemos de la propia web del Ayuntamiento de Gijón) en virtud del cual rechaza la adopción de la medida cautelar solicitada por la Universidad de Oviedo, consistente en que por el Juzgado se impidiese la celebración de la Semana Negra en el campus universitario de Viesques. La verdad es que sorprender no sorprende nada el resultado, y quien frecuente habitualmente por motivos profesionales dicho órgano jurisdiccional sabe que de esto último tiene bastante poco, pues más bien parece que su actividad cotidiana esté más orientada a avalar cualquier conducta administrativa (por muy irregular que sea) que a ejercer un efectivo control de legalidad. Es más, y dado que nuestro post anterior estaba dedicado a la magnífica película “Vencedores o vencidos” cabría preguntarse si las frases que pronuncia Ernst Janning a la hora de referirse a su actuación en el caso Feldestein-Hoffman (“Ya tenía decidido mi veredicto antes de entrar en la sala para juzgarle. Le hubiera condenado aunque se hubiese demostrado su inocencia. Aquello no fue un juicio, aquello fue un ritual en el que el judío Feldestein fue la víctima propiciatoria”) no trasciende de la gran pantalla a la realidad cotidiana. Pero en fin, olvidemos las disgresiones cinéfilas y vayamos a lo que nos ocupa, que es el auto de medidas cautelares.

Ya de inicio, debería hacerse una objeción formal a dicha resolución judicial, y es que está pésimamente redactada y su ordenación sistemática deja bastante que desear. Así, en sus dos primeros fundamentos jurídicos hace un resumen jurisprudencial sobre el tema, para “saltar” en el tercero a una síntesis sobre las pretensiones de las partes en conflicto (que en puridad debieran constar en los antecedentes de hecho), y finalmente en el cuarto aplicar la doctrina general al caso concreto. Lamentable coherencia sistemática que, no obstante, pasaremos por alto. Centrémonos en los argumentos jurídicos esgrimidos por ambas partes:

I.- La Universidad de Oviedo alega, en síntesis, que la parcela es de su propiedad (hecho éste no discutido por la propia Administración gijonesa), y que en dichos terrenos, calificados en el planeamiento vigente como de equipamiento educativo, no caben usos incompatibles con dicha actividad educativa. Se ampara jurídicamente en el periculum in mora, fumus boni iuris y en que la debida ponderación que el juzgador ha de realizar permitiría concluir que en nada perjudicaría tal medida cautelar de suspensión, dado que el evento puede celebrarse en otra ubicación distinta.

II.- El Ayuntamiento de Gijón alega como argumento principal (y sorprendentemente el juez lo acepta acríticamente sin más) que no ha decidido aún la ubicación de la semana negra y que, por tanto, la medida cautelar es una medida precautoria para actos meramente potenciales. Con base en este argumento parece que alguien suspiró aliviado al ver la luz dado que la resolución judicial, tras indicar que “el interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar dicha suspensión debiendo de tratarse de perjuicios actuales y no futuros o hipotéticos” continúa en su mejor prosa que “En efecto, la resolución recurrida aunque desestima la petición formulada por la recurrente no decide la ubicación de la Semana Negra en la parcela litigiosa. La utilización por parte de la Asociación Semana Negra de suelo público exige previamente una resolución que lo autorice en la que se determina el lugar de instalación y las condicionales que han de respetarse durante el desarrollo del evento. Dicha resolución no se ha dictado hasta la fecha, argumentándose por la Administración que tal cuestión no se decidirá hasta la constitución de la nueva corporación”.

Analicemos jurídicamente este último párrafo, auténtico arco de bóveda de toda la resolución judicial, y apliquemos las reglas de la sana crítica:

1.- Si el redactor de la meritada resolución judicial se hubiese molestado en echar un vistazo al texto del artículo 281.4 de la Ley 1/2000 (“No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”) o la excelente obra “La prueba contencioso-administrativa: análisis dogmático y jurisprudencial” debida a su colega José Ramón Chaves García, podría comprobar que los hechos notorios están excusados de prueba. Pues bien, es un hecho público y notorio que desde hace más de medio año (y eso por ser absolutamente generoso, porque en realidad el tema colea desde hace más de un año) las autoridades municipales gijonesas, entre las que se encuentran la propia alcaldesa y varios concejales, han manifestado públicamente que la Semana Negra se celebrará en el campus de Viesques. Así, cualquier persona que tenga los pies en el suelo puede verificarlo simplemente consultando la prensa local y regional, por ejemplo, el diario El Comercio del día 19 de enero de 2011, donde la alcaldesa y los concejales señores Justo Vilabrille y José María Pérez indican que la celebración de dicho evento se realizará en el campus de Viesques haya o no acuerdo con la Universidad de Oviedo: «Les planteamos que en 2011 la Semana Negra tendrá lugar en ese espacio que se está acondicionando». Cita textual. Por si eso fuera poco, la propia página web del Ayuntamiento de Gijón da a entender sin tapujos que la celebración de la Semana Negra se hará en el campus de Viesques; compruébenlo en el enlace que aquí se les ofrece; incluso la página web de ocioasturias publica que se celebrará en dicho lugar. Ello nos lleva al siguiente punto, el relativo a la “inexistencia” de resolución administrativa al respecto.

2.- Un mero repaso al clásico manual de los profesores García de Enterría y Tomás Ramón Fernández (para no citar el más reciente y voluminoso Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General de Santiago Muñoz Machado, cuyo cuarto tomo se dedica a la actividad administrativa y en sus páginas iniciales desarrolla precisamente el tema de los actos administrativos) permitiría comprobar que junto a los actos administrativos expresos y los actos presuntos están los actos administrativos tácitos, que son aquellos donde, aún no existiendo resolución o acto expreso, la Administración ha manifestado clara e indubitadamente su posición (es más, si uno se molesta en navegar por internet encuentra incluso ejemplos prácticos de actos tácitos-). La alcaldesa y dos concejales han manifestado públicamente que la Semana Negra se celebrará en el campus de Viesques sí o sí.

A la vista de lo expuesto en los dos puntos anteriores ¿Puede sostenerse, pues con un mínimo de rigor jurídico que estamos ante un “hecho incierto (en el sentido de desconocido o no seguro)”? Obsérvese que con ello el juez ha evitado (se supone que por innecesaria a la vista del sesudo razonamiento anterior) hacer la necesaria ponderación de los intereses en conflicto y el análisis jurídico que lo más seguro le hubiese llevado necesariamente a la adopción de la medida cautelar (dado que el riesgo de la pérdida de finalidad del recurso en el supuesto de no adoptarla hubiese sido claro). De este modo, se ha preferido optar por el clásico see no evil, hear no evil, en su vertiente jurídica.

En definitiva, que dicho sea en estrictos términos jurídicos, la resolución me parece lamentable pero, por desgracia, en modo alguno sorprendente.

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