TURNER v. ROGERS: NO EXISTE UN DERECHO CONSTITUCIONAL A LA JUSTICIA GRATUITA EN CASOS CIVILES.

El pasado día 20 de junio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos daba a luz su sentencia Turner v. Rogers, interesantísimo no sólo por su doctrina en cuanto al fondo del asunto (si la due process clause de la Constitución garantiza a un demandado carente de recursos el derecho a la asistencia letrada en un proceso civil que puede acarrear un encarcelamiento), sino por la interesantísima vía de contraste con la situación existente en nuestro país. La sentencia tiene dos peculiaridades dignas de mención: la primera, el hecho de que, pese a intentar elaborar una doctrina general, la sentencia parece apegarse a las circunstancias del caso concreto a enjuiciar; la segunda, el redactor de la sentencia (Stephen Breyer) y los magistrados integrantes de la mayoría (Anthony Kennedy, Ruth Bader Gisburn, Sonia Sotomayor y Elena Kagan), es decir, el ala liberal del Tribunal Supremo estadounidense.

Nos encontramos ante un caso de derecho de familia. La legislación de Carolina del Sur establece que, en caso de impago de alimentos a hijos menores por el cónyuge no custodio, el Tribunal que dictó la sentencia estableciendo tal obligación convocará a las partes a una vista civil en la cual el cónyuge obligado a satisfacer la cantidad en cuestión ha de acreditar las razones por las cuales no ha de ser considerado en desacato; en caso de no ofrecer razón justificada alguna, en el seno de la propia vista civil, el cónyuge puede ser encarcelado hasta que salde la deuda que tiene con el cónyuge custodio. En el caso enjuiciado, Michael Turner había sido objeto de varios encarcelamientos por sucesivos impagos, y en marzo de 2006 es requerido nuevamente por el Secretario del Tribunal para su comparecencia en una vista a fin de que acreditase las razones por las cuales Turner no debiera ser encarcelado por un nuevo incumplimiento. Tanto Turner como su exmujer comparecieron a la vista sin asistencia letrada. La declaración de Turner (transcrita en la sentencia) trata de justificar los impagos en su adicción a las drogas y, reconociendo los impagos, manifiesta que su adicción, de la cual ya se encontraba rehabilitado, era la culpable de su situación. El juez no estima justificados los motivos y ordena su ingreso en prisión, de la cual podrá salir (tal y como dispone la normativa) cuando abone todas las cantidades debidas al menor. Mientras se encontraba en prisión, Turner instó la nulidad del procedimiento con base en la infracción del derecho a ser asistido por un abogado (alegaba, en concreto, su carencia de medios para litigar y, por tanto, ser titular del derecho de asistencia jurídica gratuita), algo que fue rechazado por el Tribunal Supremo de Carolina del Sur, sobre la base jurídica de que el derecho constitucional a un abogado gratuito es indiscutible en los asuntos penales, mas no en los civiles. Dado que se invoca una infracción de un derecho garantizado en la Constitución (en concreto, en la due process clause), el asunto tiene abierta la vía al Tribunal Supremo, que aceptó conocer del asunto.

Y el Tribunal Supremo confirma la decisión del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, si bien con ciertas matizaciones. Tras un pequeño incidente de tipo procesal (la posible pérdida del objeto –que el Supremo rechaza-, dado que en el momento de resolverse el asunto Rogers ya había salido de prisión) el Tribunal Supremo pone su acento en un hecho crucial, cual es que el derecho a la asistencia de un abogado de oficio, consagrado en la sexta enmienda constitucional, es aplicable únicamente a los procesos penales, pero no se aplica a los procesos de carácter civil, y ello porque un tribunal no puede, en el seno de un proceso civil, imponer pena alguna “cuando al condenado le es imposible cumplir los términos del fallo”, todo ello a salvo de que, a diferencia de lo que ocurre en los juicios penales, basta que el condenado cumpla con su obligación para que la pena accesoria inmediatamente quede sin efecto. El Tribunal Supremo manifiesta de forma textual que: “En consecuencia, este Tribunal ha dejado claro (en un caso no relacionado con el derecho a la asistencia letrada) que en los procedimientos civiles la cláusula del debido proceso legal permite a los estados unas garantías procedimentales más flexibles que en casos criminales”. En definitiva, algo parecido a la doctrina del Tribunal Constitucional español sobre la doble instancia (que únicamente es garantizada constitucionalmente en la jurisdicción penal, siendo de configuración legal en las restantes). Tras reiterar la doctrina expuesta sobre la inexistencia de un derecho constitucional al abogado de oficio en casos civiles, el Tribunal Supremo, por medio de Stephen Breyer, rechaza la argumentación de Turner con base en tres motivos:

1)      El primero (por utilizar términos jurídicos más accesibles al lector español) está relacionado con la misma titularidad del derecho (en este caso, el derecho a la asistencia jurídica gratuita). Mas el Tribunal recuerda que esta cuestión ha de ser acreditada por el interesado previamente a que le sea nombrado un abogado, y no después, incluso en supuestos de pleitos de naturaleza penal (“Federal law, for example, requieres a criminal defendant to provide information showing that he is indigent, and therefore entitled to state-funded counsel, before he can receive that assistance”).

2)      Porque en estos supuestos, normalmente la contraparte (el cónyuge custodio) suele acudir igualmente no asistido de letrado, lo cual implicaría, de admitir las tesis de Turner, que se introduciría una desigualdad procesal entre las partes cuando una de ellas comparece sin asistencia letrada.

3)      En este tipo de vistas suelen introducirse mayores garantías procedimentales tendentes, precisamente, a evitar que la comparecencia sin la asistencia letrada merme los derechos de defensa de las partes.

No me cabe la menor duda que a los letrados españoles esta situación les tiene que chocar enormemente. No sólo se limita la asistencia letrada obligatoria y la asistencia jurídica gratuita al orden jurisdiccional penal (no siendo necesaria en el resto de los órdenes jurisdiccionales), sino que es el propio solicitante de abogado de oficio quien tiene que acreditar que carece de medios para litigar previamente a que le sea facilitado un profesional encargado de su defensa. En España tenemos la situación opuesta.

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