SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL APROBADO POR EL GOBIERNO.


El Ministerio de Justicia publica hoy en su página web una nota de prensa de cuarenta y un páginas que, bajo el título “El gobierno aprueba el proceso penal de la democracia” se hace eco de la aprobación por el Consejo de Ministros de dos anteproyectos: el de Ley Enjuiciamiento Criminal (que vendría, una vez aprobado, a sustituir al texto vigente, cuya redacción –con las evidentes reformas- data de 1882) y el de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal. Por de pronto, el título ya es de por sí extraño al manifestar que se aprueba “el proceso penal de la democracia”, mas la perplejidad va en aumento cuando vemos que en el contenido de la nota se dice textualmente “Nuestro sistema penal se homologa al existente en otras democracias avanzadas”, y que al aprobar el anteproyecto “el Gobierno también cumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. En otras palabras, que nuestro gobierno parece considerar que el actual sistema de enjuiciamiento criminal no es democrático, es tercermundista y, lo que es más preocupante, que no cumple la normativa en materia de derechos humanos (con las inevitables consecuencias que ello conllevaría, tanto a nivel político como jurídico-constitucional en forma de avalancha de recursos de amparo que, con base en estas manifestaciones, se planteen ante el Tribunal Constitucional sobre la base de que el actual sistema de enjuiciamiento criminal no es respetuoso con los derechos humanos ni con el sistema democrático).

Sin duda la novedad más radical consiste en desapoderar al juez de la instrucción de los procesos penales, que se depositará en manos del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que la misma esté bajo supervisión del denominado “juez de garantías”; de igual manera, se establece un plazo máximo para las labores de investigación (el ordinario es de doce meses y en el caso de la Audiencia Nacional o fiscalías especiales hasta dieciocho, aunque puede ser prorrogada con expresa autorización judicial previa audiencia de las partes). Si el Ministerio Público considera, una vez finalizada la instrucción que existen motivos para sostener la acusación, elevará la misma ante el denominado “juez de la audiencia preliminar” ante el cual tendrá lugar lo que se denominará “juicio de acusación” donde el juez, a la vista de las pruebas que tiene ante sí, decidirá si las mismas son insuficientes para sostener la acusación o si, por el contrario, tienen la entidad suficiente para procesar, en cuyo caso se iniciará el proceso ante un tercer juez. Esta novedad se justifica, cómo no, acudiendo al tan manido argumento de “los países de nuestro entorno”, aunque en esta ocasión se va más allá al justificar la medida en el hecho que “Como ocurre en la práctica totalidad de los Estados democráticos, la investigación del delito se encomienda al Ministerio Fiscal, del que dependerá la policía judicial”.

Quien esté familiarizado con el enjuiciamiento criminal estadounidense aunque sea a través de películas y series de televisión (recuérdese la célebre apertura de la excelente Ley & orden: “En el sistema de justicia criminal, el pueblo esta representado por dos grupos separados pero igualmente importantes: la policía que investiga el delito y los fiscales que procesan a los delincuentes. Estas son sus historias“) podrá comprobar que se “americaniza” el proceso penal español. En efecto, en los Estados Unidos son los integrantes de la oficina del district attorney quienes asumen la investigación de los delitos, estando siempre bajo la atenta supervisión de los jueces. Ahora bien, es menester señalar (y he aquí el potencial peligro del caso español) la diferente configuración del ministerio público en los Estados Unidos y en España. Veamos algunos ejemplos concretos:

  1. Es cierto que el attorney general es elegido por el Presidente de los Estados Unidos e incluso forma parte del gobierno, pero los district attorneys no son funcionarios de carrera, sino personas que son elegidas mediante sufragio universal durante un periodo determinado de tiempo, y de ahí que a la hora de desarrollar su labor tengan más en cuenta los intereses de la colectividad por la que son elegidos que las posibles órdenes que pueda recibir de un teórico superior jerárquico; esto pudo comprobarse en el caso McDonald v. Chicago, donde los fiscales de los distintos estados (que teóricamente debían oponerse a que se extendiese a éstos la aplicación de la segunda enmienda constitucional) actuaron más como representantes o defensores de los ciudadanos (ante quienes responderían electoralmente) que ante los intereses del propio estado. En nuestro país, donde los distintos fiscales jefes son elegidos a dedo y no responden más que ante su superior jerárquico ¿Cómo se espera que desarrollen su actuación si reciben una orden (escrita o no escrita) de la superioridad?
  2. En los Estados Unidos todo prosecutor tiene garantizada la inmunidad para prevenirle de posibles acciones de responsabilidad civil que puedan exigirle personas que se hayan visto envueltas en una investigación criminal, ahora bien, en el supuesto de que se demuestre que el fiscal ha incurrido en un exceso, esa inmunidad decae y es posible reclamarle personalmente daños y perjuicios (y, si no, que se lo digan a John Ascroft, quien se vio obligado a soportar un via crucis procesal al imputársele que en su condición de attorney general fomentó una política de detenciones masivas utilizando la legislación antiterrorista como justificación). En nuestro país un integrante del ministerio público tiene sobre el papel tres tipos de responsabilidad (civil, penal y disciplinaria) aunque en la práctica gozan de la impunidad más absoluta (y, en todo caso, la responsabilidad civil es inexistente porque, de exigirse, pagará “papá Estado” a través del instituto de la responsabilidad patrimonial, sin que ni tan siquiera se plantee como hipótesis que éste repercuta sobre el funcionario).
  3. En el sistema penal norteamericano, los integrantes de la oficina del district attorney responden, en el caso de infracciones deontológicas, ante el mismo organismo que vigila el correcto comportamiento de los letrados particulares; es más, incluso pueden ser apartados del cargo (disbarred). En España los integrantes del Ministerio Público gozan de facto de una absoluta inmunidad frente a cualquier comportamiento, y agradecería sobremanera que alguien me pudiese indicar un supuesto, tan solo uno, donde un miembro de la fiscalía haya sido no ya expulsado de su cargo, sino objeto de un simple expediente sancionador.

¿Es imaginable nuestro país que los Fiscales Jefe de las distintas ciudades fuesen elegidos por sufragio universal directo por los vecinos de las mismas en elecciones donde pudiese ser elegible persona (bueno, restrinjamos algo el sufragio pasivo y limitémoslo a cualquier persona que tenga la licenciatura en derecho)? ¿Qué fuese un mismo organismo quien controlase disciplinariamente a abogados y fiscales? En principio esto último sería posible hacerlo tras la entrada en vigor de la popularmente conocida como Ley de Acceso a la Abogacía (donde quienes pretendan ejercer profesionalmente como tales también habrán superado un examen público e incluso realizado prácticas profesionales –algo que en las oposiciones a fiscalía no se exige-). Pero mucho me temo que nuestro Ministerio Público preferirá escudarse en esta ocasión en sus arcaicas e injustificadas prerrogativas argumentando que están enraizadas en la tradición patria. Y, si no, el tiempo.

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2 comentarios el “SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL APROBADO POR EL GOBIERNO.

  1. razón tienes y dartela mereces. Permiteme decir que la reforma que pretenden, persigue someter el p judicial al ejecutivo. Parafraseando a un conocido, ahora su que han destrozado la capa de Montesquieu: el ejecutivo pretende y persigue con esta norma en control del p judicial pues de facto ya tiene el del p legislativo: estoy por cambiar de pais

  2. 4 REQUISITOS-PERLA PARA SER FISCAL EN EL ANTEPROYECTO EOMF “LOPEZ AGUILAR-2006” EN CUESTIÓN AL NO EXIGIRSE PARA SER JUEZ EN OPOSICIONES CONJUNTAS O SEPARADAS DE JUECES Y FISCALES INCOMPATIBLES

    http://www.juecesdemocracia.es/LegislacionActual/Anteproyecto_MF_2006_12_10.pdf

    Veintisiete. Se modifica el artículo 44, que queda redactado de la siguiente forma:

    “Artículo 44.

    Están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales:

    1º. Los que no tengan la necesaria aptitud física o intelectual.(?)

    2º. Los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Fiscal General del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años.(?)

    3º. Los concursados no rehabilitados.(?)

    4º. Los que pierdan la nacionalidad española.(?)”

    todo ellos derivados de los requisitos del EOMF-1969 franquista

    vid.

    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/d437-1969.t2.html

    Artículo 11.

    Para ser nombrado funcionario del Ministerio Fiscal se requiere:

    Ser español, mayor de edad, de estado seglar.(??)

    No hallarse comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad.(??)

    Esta capacidad general es independiente de la requerida en cada caso para el desempeño de determinados cargos.(??)

    Artículo 12.

    No podrán ejercer funciones fiscales:

    Los que no tengan aptitud física o intelectual.(??)

    Los que se hallaren procesados por cualquier delito, en tanto no recaiga sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. (??)

    Los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido la rehabilitación.(??)

    Los quebrados no rehabilitados.(??)

    Los concursados, mientras no sean declarados inculpables.(??)

    Los que tengan vicios vergonzosos.(??)

    Los que hayan cometido actos u omisiones que, aunque no penables, les hagan desmerecer en el concepto público.(??)

    MÁS OBSERVACIONES RESPECTO LOS ART.44 EOMF-1981,303 LOPJ Y CC.DEL EOMF-1969 YA COMENTADOS

    1-Siguen admitiendo capacidad al aspirante a Fiscal y al Fiscal escalafonado que “esté o haya sido separado del servicio” incluso por delito doloso o culposo por sentencia firme permitiendo al Fiscal General rehabilitar y cambiar la sanción de perdida de la carrera por 3 meses de suspensión

    2-añade el requisito de no haber perdido la nacionalidad española que no se exige a los jueces en el art.303 LOPJ ni a los funcionarios en el art.56.1.d EBEP 7/2007

    3- sorprende que las asociaciones judiciales y fiscales y colegios de abogados no se hayan pronunciado jamás sobre este desaguisado de requisitos-perla juramentados incompatibles franquistas para ser juez y/o fiscal y/o funcionario estatal, y/o autonomico y/o local que vician de nulidad radical insubsanable desde 1978 a 2011 las bases, oposiciones memorísticas, temarios, tribunales, apuntes de academias de preparación, manuales, nombramientos, tomas de posesión , actuaciones, ascensos, honores y condecoraciones, articulos, premios, libros homenaje, docencias, catedras, méritos…

    4-mientras no se sepan los requisitos constitucionales para ser fiscal, juez, secretario judicial, jurado, policía,……. funcionario, la justicia seguirá dejando mucho que desear “no por falta de medios” sino por falta de voluntad politica de ruptura radical e inequívoca con el modelo de leyes sustantivas y procesales de la justicia franquista inquisitorial secular decimonónica,vigésima y vigésimaprimera que siguen vigentes a base de novaciones modificativas no extintivas y sin tabla de leyes derogadas al no ser cuestionadas por los jueces y fiscales ante el TC (ni autocuestionadas por éste) y el TJUE desde 1978 a 2011

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