SOBRE LA REVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN NUESTRO DERECHO PROCESAL.

Se avecinan nuevos tiempos en el derecho procesal. No sólo se agota un año judicial, sino una legislatura, dado que como ha manifestado públicamente el jefe del ejecutivo el próximo mes de septiembre las Cortes Generales serán disueltas para la convocatoria de elecciones generales, pero hasta entonces aún quedan varios meses para que varios proyectos de ley aprobados y otros que están en tramitación renueven los procedimientos que rigen los distintos órdenes jurisdiccionales. Recapitulemos para el lector los distintos textos normativos que verán a la luz los próximos meses:

1.- Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal. Ha sido ya aprobado y pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (no siendo descartable que dicha circunstancia se produzca en el mes de agosto). Introducirá importantes novedades en los procedimientos civiles y alguna que otra novedad importante en el contencioso.

2.- Proyecto de Ley de la Jurisdicción Social. Al igual que el anterior, ha sido ya aprobado por la Comisión de Justicia y está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

3.- Proyecto de Ley Orgánica por la que se  modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de los Tribunales de Instancia, iniciativa que ha entrado en el Congreso el día 22 de julio y calificada el día 27. Este polémico texto, que pese a las protestas ha sido avalado por el CGPJ, elimina en cada partido judicial los juzgados unipersonales de todos los órdenes para crear un Tribunal de Instancia con distintas secciones.

4.- Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de otra polémica iniciativa que rompe con la tradición del enjuiciamiento penal español, al eliminar la tradicional figura del juez instructor para depositar la instrucción en manos de la fiscalía, que será supervisada por un juez de garantías, y cuya instrucción deberá ponerse en conocimiento del juez de la audiencia preliminar, quien decidirá si existen evidencias o no para sostener la acusación y, en consecuencia, para iniciar el juicio oral.

A todo lo anterior hay que añadir otra novedad fundamental que, si bien fáctica y no normativa, sí que tendrá importantísimos y revolucionarios efectos en la Administración de Justicia: la implantación del expediente digital y la eliminación del papel en los juzgados que, si bien facilitará sobremanera la tarea de los letrados, mucho me temo que, a la larga, acabará dando la puntilla a la figura del procurador, de la que se prescinde ya en el orden jurisdiccional social y en los contencioso-administrativos ante órganos unipersonales.

Por cierto que ante esa revolución normativa en el derecho procesal, uno no puede menos que rememorar la nula formación recibida por quien suscribe a la hora de cursar dicha asignatura en la facultad de derecho. Quienes nos formamos académicamente en la Universidad de Oviedo podemos sentir un legítimo orgullo ante la labor docente y el merecidísimo prestigio de muchos profesores de las distintas áreas, pero dichos elogios no pueden extenderse en modo alguno a la cátedra de derecho procesal. Ignoro si la situación habrá cambiado algo en los casi tres lustros que han transcurrido desde que he finalizado mis estudios, mas lo cierto es que el redactor de estas líneas tuvo el dudoso privilegio de tener por docente al catedrático de la asignatura a la hora de cursar tanto derecho procesal penal como el homólogo civil, y ante ello únicamente puedo manifestar mis más expresivas gracias al responsable de que por fortuna el proceso contencioso-administrativo y el laboral se sustrajesen al conocimiento del área de derecho procesal y se incluyesen respectivamente en los programas de derecho administrativo y derecho del trabajo. Las clases de derecho procesal civil y penal no eran más que farragosas e inútiles docencias impartidas al más decimonónico estilo consistente en leer (y a veces omitiendo palabras esenciales en el texto leído) párrafos enteros del manual, oscureciendo más que aclarando la materia hasta el punto que el alumnado salía del aula con más dudas que las que entraba; el texto de consulta para la preparación de la asignatura (que únicamente forzando la imaginación hasta extremos de una generosidad innata podríamos calificar de manual universitario) era por una de esas casualidades de la vida el redactado por el catedrático de la asignatura (y publicado, por cierto, en una editorial cuyo nombre es idéntico a la que lanzó al mercado allá en los años ochenta una magnífica colección de clásicas novelas de aventuras, razón por la cual varios estudiantes nos referíamos animus iocandi al manual como “novela”) y ni su contenido ni su estilo -que incluía, por cierto, no infrecuentes errores de sintaxis- ayudaban a una mejor comprensión de la materia; el código que expresamente se recomendaba (publicado en la misma editorial responsable de la edición del manual y a la cual, según las malas lenguas, no era ajeno el propio catedrático) constituía una auténtica burla hasta para un inexperto universitario, dado que pese al elevadísimo coste del mismo el “código” consistía en una mera reproducción de los textos procesales sin concordancias de ningún tipo y sin una sola nota explicativa. Resumiendo, que uno hubo de buscar por su cuenta primero una formación teórica básica en derecho procesal que la cátedra de la meritada universidad le había negado de facto; y, segundo, una sólida base práctica en una pasantía de varios años en un despacho profesional, antes de lanzarme por mi cuenta al ejercicio de la abogacía por cuenta propia. Mi distinguido amigo “El Encarnado” (que, amén de gran amigo es compañero de promoción y jurista de primerísima fila), estoy seguro corroborará lo que digo.

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2 comentarios el “SOBRE LA REVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN NUESTRO DERECHO PROCESAL.

  1. Es curioso porque en la Facultad de Derecho de Valladolid -en la que estudié- la asignatura más hueso de toda la carrera era Derecho Procesal. Si a eso se añade que preparé 3 años la oposición de judicatura en la que la parte de Derecho Procesal era exhaustiva, resultó que cuando empecé a ejercer creo que sabía mucho derecho procesal.

    La paradoja era que aunque supiera mucha teoría, los Tribunales, con escasas excepciones, se pasaban las leyes adjetivas por el forro. Esto me tuvo cabreado mucho tiempo hasta que me di cuenta de que nada se podía hacer.

    Además por la misma contingencia y temporalidad de este tipo de leyes, la necesidad de un conocimiento exhaustivo es relativo. De que te sirve estudiar en profundidad una LEC como era la de 1984 (reforma) cuando fue modificada completamente en 2001. Lo mismo puede decirse de la LPA, LJCAPAC, Ley de Procedimiento Laboral y tantas otras, con la excepción de la LECR.

    Un saludo.

    Alegret.

    http://www.elderechodeinternet.com

  2. Que bien has “dibujado” aquel cada vez más lejano “paisaje” universitario y en concreto la impartición de derecho procesal que recibimos de un catedrático “de cuyo nombre no quiero acordarme”.

    Para muestra un botón: De sus “pedagógicas” clases y sus “documentados” manuales, salimos de la facultad sin distinguir un recurso de una demanda y la planta judicial tenía más misterios para nosotros que la fotosíntesis de su homónima. Por supuesto, la sentencia era una “entelequia” y para la redacción de escritos procesales nos remitia a uno de sus “didácticos” libros, cuyos formularios han servido, emulando a El Quijote, para encender muchas de las tradicionales cocinas de carbón.

    En definiva, que de aquel verano de los 90, salimos de la facultad, mas que “formados” diría “deformados” de una materia primordial para todo jurista que se precie que quiera desenvolverse adecuadamente en el “derecho vivo” y no en el que se enseña en las universidades.

    Un saludo

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