REFORMAS CONSTITUCIONALES Y REFORMA CONSTITUCIONAL: LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 135.

El jacobino y prorrevolucionario Thomas Jefferson era partidario de que cada cuarto de siglo, el equivalente a una generación, se procediese a una revisión del texto constitucional; de esta forma, cada relevo generacional adecuaría la constitución a sus propias necesidades (“El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana“) . La historia no ha transcurrido por los vericuetos pensados por el tercer mandatario norteamericano, dado que las reformas de los textos constitucionales suelen obeceder, en los casos que no vengan propiciadas por un cambio de régimen, a circunstancias excepcionales cuando no a exigencias supranacionales. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, donde la última reforma constitucional, la operada por la Constitutional Reform Act de 2005 vino impuesta por exigencias de la Unión Europea, y donde se privó a la Cámara de los Lores de sus facultades judiciales, depositando éstas en un Tribunal Supremo del Reino Unido creado ex profeso en dicho texto legal; en las sucesivas reformas operadas en el texto constitucional estadounidense, motivadas por circunstancias extraordinarias que revelan a veces insuficiencias de la propia norma fundamental (el empate a voto compromisario entre Jefferson y Burr en 1800 y la subsiguiente crisis político-institucional motivó la adopción de la duodécima enmienda; los cambios político-sociales operados tras la guerra civil, y sobre todo tras la aprobación por Lincoln en 1863 de la Emancipacion Proclamation Act dieron lugar, tras la paz de Appomatox, a las denominadas “enmiendas de la reconstrucción”); la reforma que en 1991 se operó en el articulado de la constitución belga tuvo lugar cuando el monarca, en el ejercicio de las prerrogativas que le otorgaba el texto constitucional, se negó a sancionar una ley que permitía la interrupción del embarazo .

Nuestra historia constitucional no abunda en reformas constitucionales, sino más bien en sustituciones in toto de normas fundamentales. Pensemos en la Constitución de Cádiz de 1812 (que liquida política y socialmente al antiguo régimen), a cuya vigencia puso fin Fernando VII en dos ocasiones (en 1814 con la exclusiva ayuda del pueblo español y en 1823 al amparo de las bayonetas francesas comandadas por el duque de Angulema) y que, restaurada mediante un chusco golpe militar (la sargentada ocurrida en La Granja el mes de agosto de 1836)  fue sustituido íntegramente por la Constitución de 1837, la única cuya reforma dio lugar al texto constitucional de 1845 que, presentándose formalmente como reforma del texto vigente, suponía en realidad sustituir un texto de carácter transaccional pactado entre moderados y progresista por un texto de principios claramente conservadores. Las Constituciones de 1869, 1876 y 1931 no fueron objeto de reforma alguna y, en cuanto a la última de las citadas, indicar que la crisis final de la II República se originó con unas elecciones, las de febrero de 1936, en cuya convocatoria pesó y no poco el temor a que la CEDA operase, tras el periodo de “congelación” constitucional (el párrafo segundo del artículo 125 de la Constitución de 1931 exigía para la reforma constitucional una mayoría de 2/3 durante los primeros cuatro años, transcurridos los cuales bastaría para la reforma la mayoría absoluta de los diputados) una reforma del texto constitucional orientándola hacia postulados de carácter orgánico y corporativo acorde con unas teorías ciertamente en boga por aquéllos tiempos.

La Constitución de 1978, elaborada durante la transición política y en medio de un clima de consenso entre todas las fuerzas políticas, estableció unos requisitos para su modificación que hacen prácticamente imposible ésta sin el acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas. No obstante, una primera modificación constitucional, que pasó casi inadvertida, tuvo lugar el 27 de agosto de 1992 para introducir en el párrafo segundo del artículo 13 la expresión “y pasivo”, tendente a permitir que ciudadanos de la Unión Europea fuesen titulares del derecho de sufragio pasivo y no sólo activo. No obstante, cuando en agosto de 2011 las dos principales fuerzas políticas anuncian la reforma constitucional para incluir en el texto el principio de estabilidad presupuestaria, los partidos minoritarios y determinados colectivos se han manifestado rotundamente en contra. ¿A qué obedece, pues, ese rechazo? ¿En qué términos se modifica la Carta Magna?

Vayamos a la fuente: el Expediente 100/000001 del Congreso de los Diputados, Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución, presentada por los grupos parlamentarios socialista y popular. La consulta de dicho instrumento permite realizar las siguientes consideraciones:

I.- La Exposición de motivos manifiesta, entre otras consideraciones, que “la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura d elos ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos. Para llegar hasta aquí, la salvaguardia de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo […] La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo”. El objetivo, pues, de la reforma es dotar de rango al principio de estabilidad presupuestaria, que, como bien dice la proposición, ya había sido consagrada a nivel legislativo en la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, vigente hasta el 1 de enero de 2008. Lo único que sorprende es que la fuerza política que más atacó los principios que inspiraban dicho instrumento legislativo haya sido quien ha promovido la iniciativa para elevar tales principios nada menos que al texto constitucional. En este sentido, y como bien establece José Ramón Chaves García en el post que en su blog dedica al tema de la reforma constitucional: “Establecer el principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución es una mera manipulación de rango del mismo, ya que una Ley anterior ya lo contemplaba (la vieja Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001). Diríase que como nadie hace caso al cartel de “prohibido el paso al déficit” ahora se quiere sustituir por un cartel mas “grande y de neón constitucional”, pero nada más.”

II.- La redacción actual del artículo 135 permanece casi inalterada (salvo retoques como la sustitución del término “gobierno” por “Estado y Comunidades Autónomas”, o la expresión “deuda pública del Estado” por “deuda pública de las Administraciones”) refundiéndose ambos párrafos en el actual párrafo tercero del artículo 135, al que se añade un párrafo adicional como límite infranqueable: “El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

III.- La clave de la reforma se contiene en los párrafos primero, segundo y cuarto de la nueva redacción dada al precepto en cuestión. Tras enunciar el principio general de estabilidad presupuestaria, al que han de adecuarse todas las Administraciones en su actuación, el apartado segundo establece que “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”, mientras que las Entidades Locales “deberán presentar equilibrio presupuestario”. No obstante, el propio constituyente excepciona ese límite máximo en circunstancias extraordinarias, que son las establecidas en el párrafo cuarto, y es aquí donde se abre la espita o la caja de pandora: “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”. En otras palabras, que es posible saltarse el límite de déficit en determinados supuestos cuya apreciación corresponde al Congreso por una simple mayoría absoluta; bien es cierto que el pronunciamiento de la Cámara Alta puede estar sujeto al control del Tribunal Constitucional para que éste verifique si concurren o no tales circunstancias (de manera análoga a lo que ocurre con las circunstancias “de extraordinaria y urgente necesidad” del artículo 86.1, presupuesto habilitante para la aprobación de un Real Decreto Ley –SSTC 182/1997 y 137/2003-), pero dado el lapso de tiempo que medie entre la interposición del recurso y la sentencia, cuando el remedio llegue el enfermo años ha que habrá fallecido. Y eso sin tener en cuenta que, como manifiesta Santiago Muñoz Machado en su monumental y formidable Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General en referencia al control constitucional de los presupuestos habilitantes del decreto ley, la jurisprudencia “muestra una gran flexibilidad y complacencia a la hora de valorar y aceptar los criterios que el gobierno utilice”; qué flexibilidad y complacencia no utilizará el “legislador negativo” si la determinación de la concurrencia de los presupuestos habilitantes la realiza el Congreso.

IV.- El constituyente de 2011 remite el desarrollo de los principios del artículo a una Ley Orgánica, cuyo contenido mínimo establece tanto el párrafo quinto como la Disposición Adicional Única de la proposición de ley. Ley Orgánica que, tal y como dispone el párrafo primero de la disposición final única, deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012. Y eso por no hablar de los límites de déficit estructural, cuya entrada en vigor se difiere al año 2020.

¿A qué obedecen, pues, las críticas a la reforma constitucional? No se está realizando una mutación política o institucional de gran calado (como la llevada a cabo en Gran Bretaña en la meritada Constitutional Reform Act de 2005, o las operadas en la reforma constitucional española de 1844 en el texto de 1837), sino a la introducción de un principio informador en una rama tan especial como es el derecho presupuestario. Reforma que, como bien indica Chaves en el post al que hemos hecho referencia, no es más que un maquillaje de cara a la galería que pretende en teoría constitucionalizar principios que ya existían anteriormente en la legislación (y que el actual partido gobernante, por cierto, demonizó en su día) y que, a mayor abundamiento, como hemos visto, pueden ser excepcionados por el propio legislativo únicamente con reconducir a una de las circunstancias que el nuevo artículo 135.4 establece para saltarse el principio a la torera.

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Un comentario el “REFORMAS CONSTITUCIONALES Y REFORMA CONSTITUCIONAL: LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 135.

  1. DESESTABILIZACION CONTINUA DEL DEFICIT POR 33 AÑOS DE NULIDAD DE CONVOCATORIAS,TRIBUNALES Y REQUISITOS JURAMENTADOS FRANQUISTAS

    DESESTABILIZACION CONTINUA DEL DEFICIT POR 33 AÑOS DE NULIDAD DE CONVOCATORIAS,TRIBUNALES Y REQUISITOS JURAMENTADOS FRANQUISTAS

    (AL TENER EL ESTADO QUE REVISARLAS DE OFICIO E INDEMNIZAR A MILES DE EXCLUIDOS PERVERSAMENTE CADA DIA DE TODAS LAS AAPP A PERPETUIDAD COLAPSANDO SUS 4 PODERES)

    Sorprende que los Auditores, Interventores, Catedraticos, Inspectores de Hacienda, Letrados……garantes de la contención del deficit, provoquen daños perpetuos en sus convocatorias de empleo publico que generan deficit presupuestarios para indemnizar a las victimas excluidas de las mismas

    (veamos como muestra Convocatoria de 12 plazas de AUDITOR DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE ASTURIAS)

    http://www.astauris.es/bopa/2010/04/07/2010-07559.pdf

    http://www.sindicastur.es/upload/web/parrafos/00044/docs/RLisProTriExamen8391.pdf

    OBSERVACION 1:

    LA CONVOCATORIA NO APLICA NI CITA EL EBEP 7/2007 (???)

    “La presente convocatoria se regirá por estas bases; la Ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas; por la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento).” (???)

    OBSERVACION 2:

    REQUISITOS EN CUESTION AL APLICAR EN 2010 UNA VARIANTE JURAMENTADA DEL ART.30.1.d DLFCE 315/1964 FRANQUISTA PROHIBIDA POR STC 37/2002 y 4/1981 (???)

    Segunda.—Requisitos para concurrir:

    Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

    3. NO HABER SIDO SEPARADO DEL SERVICIO POR SANCIÓN DISCIPLINARIA EN CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NI HALLARSE INHABILITADO PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PÚBLICAS. (???)

    Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:
    Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por orden de puntuación y en número igual al de plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo y la elevará al Síndico mayor con propuesta de nombramiento.

    Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista en el tablón de anuncios de la Sindicatura, las personas propuestas presentarán en la Secretaría General de la Sindicatura de Cuentas los siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

    5. DECLARACIÓN JURADA O PROMESA DE NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ALGUNA, NI HALLARSE INHABILITADO PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. (???)

    LAS PERSONAS QUE NO TUVIERAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA PRESENTARÁN DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAÍS DE ORIGEN Y DEBIDAMENTE ADVERADA ACREDITATIVA DE QUE NO SE ENCUENTRAN SOMETIDAS A SANCIÓN DISCIPLINARIA O CONDENA PENAL QUE IMPIDA EN SU ESTADO EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.(???)

    OBSERVACION 3:

    TRIBUNAL DE LETRADOS DEL TCU, INSPECTORES DE HACIENDA, CATEDRATICOS…EN CUESTION POR ESTAR JURAMENTADOS Y SEGUIR EXIGIENDO ESE REQUISITO FRANQUISTA QUE PROVOCA LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA, EL TRIBUNAL, LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y NOMBRAMIENTOS QUE OBLIGA A REVISION DE OFICIO Y A INDEMNIZACION DEL ESTADO MAL LEGISLADOR A LAS VICTIMAS (???)

    Tercero.- Designar el siguiente Tribunal Calificador:

    Presidente: D. José Angel F., LETRADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (???), titular, y D. Carlos O., LETRADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (???).

    Vocales titulares: Dª Montserrat P., INSPECTORA DE HACIENDA DEL ESTADO (???), E INTERVENTORA Y AUDITORA DEL ESTADO (???); D. Tomás Alberto Q., CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN (???); D. Antonio L., CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (???); D. Asunción O. , AUDITORA DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA.(???)

    Vocales suplentes: Dª Isabel S., INTERVENTORA Y AUDITORA DEL ESTADO (???); Dª Eva M., PROFESORA TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO(???); Dª Mª Olga C., PROFESORA TITULAR DE CONTABILIDAD GENERAL Y ANALÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO(???);. D. Ignacio C. AUDITOR DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA.(???)

    Secretaria: Dª Isabel G., LETRADA DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (???), titular y Dª Isabel D., LETRADA DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (???), suplente.

    OBSERVACION 4:

    Esperamos que los nuevos Presidentes de la Comunidades Asturiana y Cántabra hagan caso a las alertas de LNE, La Razón, EL PAIS,…. y a los blogs de Fiscalizacion.es, contencioso.es, justiciaimparcial.es, y este blog , y resuciten el art.27.2 EBFP 1999 de

    “rehabilitación de separados del servicio e inhabilitados”

    aboliendo expresamente ese requisito-lacra franquista de

    “no haber sido separado del servicio….”

    del art.56.1.c.d EBEP 7/2007 y su antecedente art.30.1.e DLFCE 315/1964 que no se exige a aspirantes a jueces, fiscales y eurofuncionarios según art.303 LOPJ, 44 EOMF, 28 EPCEE-EPSO

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