SOBRE LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA NUEVA LEY DE LO CONTENCIOSO

El Boletín Oficial del Estado de ayer martes día 11 de octubre de 2011 publicaba tres normas absolutamente decisivas: la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, y que entrará en vigor dentro de dos meses; la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, cuya entrada en vigor se demora única y exclusivamente veinte días; y, por último, la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, y que entrará en vigor el día 1 de enero de 2011. Sin duda tanto los estudiantes como los juristas que hayan adquirido la última edición actualizada a septiembre de 2011 de alguna de las leyes procesales se tirará de los pelos por el hecho de que en menos de dos semanas de su adquisición el código ya ha sido reformado. Precisamente, en la página 414 del número 185 (mayo-agosto de 2011) de la Revista de Administración Pública, a la hora de realizar la valoración de la última edición (de este año 2011) de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se lamenta Alejandro Nieto: “Comentar las leyes administrativas recuerda la aporía de Aquiles y la tortuga, pues no hay modo de alcanzarlas. Mi siquiera nuestro autor. Aún está fresca la tinta de una nueva ley y ya está libro de González Pérez en las librerías; pero antes de que termine la distribución de la obra ya se ha metido un nuevo proyecto (a veces de contrabando) en el telar parlamentario y un legislador hiperactivo y desnortado modifica sin descanso, y sin dejar descansar a nadie, los artículos de la ley desde los ángulos más inesperados. Nuestro autor sigue sin desmayo su pieza pero, al igual que Aquiles a la tortuga, nunca podrá alcanzarla”.

Pues bien, hoy mis reflexiones van por otro lado. Y van, precisamente, dirigidas a la necesidad de elaborar una nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Toda la legislación procesal ha sido profundamente renovada o está en vías de serlo. El proceso civil tuvo su gran reforma en el año 2000 que rompe con los esquemas de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881; el proceso laboral fue reformado en 1995 y acaba de verse afectado por la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social; el proceso penal está en vías de una profundísima reforma que aborda el tema desde unos principios reguladores radicalmente distintos de la aún vigente norma procesal de 1882. Sin embargo, el proceso contencioso-administrativo continúa con los principios y esquemas de 1956 si bien bajo el pudorosísimo ropaje de la Ley 29/1998. Esta norma, que pretendía, según su exposición de motivos, ser a la vez continuista y renovadora, tiene el noventa por ciento de lo primero y el diez por ciento del segundo, dado que aún permanecen principios, instituciones y regulaciones que únicamente se justifican por la inercia legislativa, que no por la actual situación histórica. Es por ello que, una nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa bien pudiera eliminar esas reminiscencias de un decimonónico pasado aún no muy lejano en la bienintencionada mente del legislador contencioso de 1956. He aquí las razones por las que creo debe elaborarse una nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa:

I.- Armonizar definitivamente el texto contencioso con el proceso civil. Téngase en cuenta que la Ley 29/1998 se publica en el mes de julio de dicho año, estableciendo la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en aquellos momentos, era la de 1881. Ahora bien, año y medio más tarde se aprueba la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, muchos de cuyos principios chocan con una normativa contenciosa elaborada al albur de la anterior regulación. Es menester, por tanto, un nuevo texto que armonice y concorde ambas regulaciones.

II.- Se elabore un procedimiento ejecutivo digno de tal nombre, lo que conlleva reducir el plazo de dos meses (tres en el caso de entrega de cantidad líquida) al ordinario de veinte días existente en la ley de enjuiciamiento civil; y que se ponga fin al mal llamado “incidente de ejecución de sentencias”, donde la Administración conserva todavía el enorme privilegio de no verse ejecutada de forma automática como en el orden civil, sino que se le otorga el plazo de diez días “para alegar lo que a su derecho convenga” (ya me dirán que va a alegar un ente público para justificar un impago). Y no se me diga que la Administración tiene unos trámites internos, porque al beneficiario de la sentencia eso le trae al pairo, todo ello sin dejar de lado que estamos en la era de las tecnologías, de internet y de la comunicación global, por lo que quien no cumple voluntariamente una sentencia (sea Administración o particular) en veinte días hábiles es porque no tiene intención de hacerlo.

III.- En los casos en que la Administración no ejecute sus actos firmes, entiendo que no se ha de obligar al interesado a acudir a un procedimiento declarativo para que el órgano judicial reconozca que el demandante tiene derecho a algo que nadie discute, sino que han de arbitrarse mecanismos que le permitan acudir directamente a un proceso ejecutivo. Lo mismo que en el caso de impagos por parte de la Administración, donde la reforma debiera permitir al acreedor de los entes públicos a interponer un monitorio contra la Administración deudora.

IV.- Se realice un replanteamiento del tema de las costas, derecho éste al que entiendo la Administración nunca puede ser beneficiaria. En efecto, según es reiterada doctrina las costas tienen por objeto que la parte vencedora en el pleito se vea resarcida por los gastos que el pleito le deriva. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la Administración está exenta de tasas y depósitos para recurrir; si tenemos en cuenta que los encargados de la defensa de la Administración son funcionarios públicos a quienes no sólo el particular está retribuyendo ya indirectamente vía impuestos, sino que, además, aquéllos no tienen la obligación legal de estar colegiados ni, por ende, tienen las obligaciones legales inherentes quien sí está sometido al régimen de colegiación obligatoria, amén de no tener que satisfacer gastos de alquiler de local, suministros y material, tarea que realizan en las propias dependencias administrativas. No se puede pretender tener todas las ventajas de una situación y ninguno de los inconvenientes, que es lo que hoy en día posee la Administración respecto de sus defensores en pleitos.

 Estas son, a vuela pluma, algunos de los motivos que, en mi humilde opinión, aconsejan la elaboración de un nuevo texto de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

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5 comentarios el “SOBRE LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA NUEVA LEY DE LO CONTENCIOSO

  1. LA LJCA, EL DLFCE Y EL EBEP NO HAN SERVIDO PARA REHABILITAR E INDEMNIZAR A LOS SEPARADOS DEL SERVICIO 1931-2011 DE LA LISTA-CENSO "MOLL-GARZON-FANJUL"

    LA LJCA, EL DLFCE, Y EL EBEP NO HAN SERVIDO PARA REHABILITAR E INDEMNIZAR A LOS SEPARADOS DEL SERVICIO 1931-2011 DE LA LISTA-CENSO “MOLL-GARZON-FANJUL”

    http://www.elnortedecastilla.es/v/20110714/valladolid/persecucion-maestros-funcionarios-20110714.html

    75 AÑOS DE PERSECUCION PERPETUA DE MAESTROS Y FUNCIONARIOS PUCELANOS (de Vallladolid) Y DEL RESTO DE ESPAÑA POR EL DLFCE, LA LJCA, LA LPA,LA LRJAE, LEC,LECRIM

    ver reciente noticia aquí recensionada ,de ENRIQUE BERZAL en El Norte de Castilla 14.07.11 – 00:48 –

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    PROFESORES Y CATEDRATICOS DE CONOCIDO PRESTIGIO FUERON SANCIONADOS O SEPARADOS DE LA DOCENCIA POR NO AJUSTARSE A LOS IDEALES DE LOS VENCEDORES

    75 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GUERRA CIVIL EN VALLADOLID (PUCELA)

    CAPÍTULO XIV

    El cuerpo docente de la enseñanza sufrió con dureza las secuelas de la represión en los primeros años de la guerra. Las nuevas autoridades, apoyadas por la Iglesia y por los sectores sociales conservadores, se esforzaron en erradicar hasta el último vestigio de los elementos característicos de la educación republicana, como eran la coeducación, la pedagogía activa, la gratuidad, el laicismo, etc. (???)

    Su objeto no era otro que sustituirlos por un modelo de enseñanza adecuado a los valores defendidos por la Iglesia católica y orientados hacia la recristianización de la sociedad, nuevos valores acordes con el Estado confesional, jerárquico y autoritario que se estaba fraguando. (???)

    Para ello, ya durante la contienda, especialmente en aquellas zonas donde el golpe triunfó rápidamente, las nuevas autoridades procedieron a depurar-adaptar el profesorado a los nuevos postulados educativos.(???)

    Solamente en el área urbana de Valladolid fueron apartados y sustituidos de sus plazas 22 maestros nacionales y clausuradas siete escuelas privadas de otros tantos maestros vallisoletanos. 27 sufrieron penas derivadas de su proceso de depuración. (???)

    En la provincia, como es de prever, el cúmulo de sanciones fue mucho mayor: afectaron a un total de 133 maestros, 38 de ellos separados definitivamente del empleo, cifra que Ignacio Martín Jiménez eleva a 47 en virtud de lo preceptuado por la orden de la Junta de Defensa Nacional de 19 de agosto de 1936.(???)

    El restringido espacio de una página de periódico obliga a mencionar algunos de los casos más relevantes.

    PROFESORES DESTACADOS

    En la Enseñanza Secundaria, profesores y catedráticos de enorme relevancia sufrieron penas diversas. Entre ellos podríamos destacar a Enrique PONS Irureta, catedrático numerario de Historia Natural y Fisiología é Higiene del instituto Zorrilla, que había sido concejal y presidente del Partido Radical Socialista; su colega de centro, el eminente escritor Narciso ALONSO Cortés, afiliado durante la República al Partido Republicano Radical; o a los profesores del instituto Núñez de Arce Juan Manuel de las Heras Garrido, Ramón GOMEZ Ribot, Teodoro AZAUISTRE Urbán, Hilario DUCAY Hidalgo, Jesús GARCIA Tolsá y el pintor y militante del Partido Socialista, Aurelio GARCIA Lesmes. Salvo De las Heras, el resto fue SEPARADO DEL CARGO.

    Otros miembros del personal docente de las Escuelas de Comercio, Trabajo y Magisterio de la Universidad de Valladolid fueron DESTITUIDOS por su afinidad ideológica a la República: el asesinado Florentín QUEMADA, vinculado a la Escuela de Comercio; Eugenio CANO Martín, profesor de la Escuela de Trabajo, o el detenido exalcalde socialista Federico LANDROVE Moiño, profesor de la Escuela Normal de Magisterio. En ésta resultaron separados del empleo Teófilo SAN JUAN Bartolomé, profesor de Psicología y director del centro en 1931, así como su colega de Ciencias Amadeo ARIAS Herrero, que además era vocal de la Asociación Provincial de Trabajadores de la Enseñanza.

    Por su parte, José María VILLACIAN, docente muy reputado en la ciudad, resultó SUSPENDIDO temporalmente de empleo y sueldo por su militancia en Acción Republicana, y misma suerte corrieron Antonio MAFFEI Carballo, profesor de la Escuela de Comercio y su colega de la Normal, Julia MENDEZ Conde. El socialista Mariano DE LOS COBOS Mateo, profesor de la Escuela Profesional de Comercio, resultó depurado en 1939 con resultado desfavorable: fue SEPARADO DEL SERVICIO.

    Entre los maestros ASESINADOS destacaron Claudio Renedo Beltrán (12 de agosto de 1936), Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard, que llegó a ser directora de la Escuela Normal (25 de agosto de 1936), María Ruiz Doyagüe (12 de septiembre de 1936), el maestro de Villalón Ángel Arturo Rojo Mogardi (24 de octubre de 1936), y su colega de Olmedo, Julio Valdeón Díaz, asesinado el 11 de diciembre de 1936.

    En la Universidad, la purga se cebó, principalmente, en la Facultad de Medicina: fueron SEPARADOS DEL CARGO Isaac COSTERO Tudanca (catedrático de Anatomía Patológica), Francisco SUAREZ López (profesor auxiliar), Ángel PAYERPAJj Gredilla (ayudante interino), Rodrigo ESTEBAN Cebrián (profesor auxiliar), Rafael ARGUELLES (ex vicerrector), Julián GARCIA Álvarez (médico de guardia) y Luis FERNANDEZ Bravo, mientras sus compañeros A. RODRIGUEZ Calleja, Vicente BAENA Baena (auxiliar temporal) y Manuel BLANCO Sarmiento (ayudante de clases prácticas) eran INHABILITADOS DURANTE 5 AÑOS.

    En Derecho sufrieron pena máxima (SEPARACION DEL CARGO) Tomás GOMEZ Piñán (catedrático de Historia del Derecho), Blas RAMOS Sobrino (catedrático de Filosofía del Derecho nacido en Tiedra y muerto en el exilio en 1955), Emilio GOMEZ ORBANEJA (catedrático de Derecho Procesal, fue reintegrado en 1941 pero sancionado con el traslado a la Universidad de Salamanca) y Justo VILLANUEVA Gómez -este último, catedrático de Derecho Político, había militado en el Partido Republicano Radical en dos legislaturas, y no fue reintegrado en el servicio activo hasta febrero de 1952-; y en Filosofía y Letras, el ex rector Andrés TORRE Ruiz.

    Un caso curioso es el del catedrático de Derecho Civil VICENTE GUILARTE GONZALEZ, que si bien logró superar la primera fase depuradora siendo confirmado en el cargo, resultó, sin embargo, sancionado con la INHABILITACION para desempeñar cargos directivos y de confianza por haber presidido, durante la República, el Partido Republicano Conservador. Lo mismo le ocurrió a su colega en Medicina, Evelio SALAZAR García. Otros, como Arturo PEREZ Martín, catedrático de Física Teórica y Experimental, vicerrector de la Universidad y militante, durante la República, del Partido Republicano Radical Demócrata, corrieron peor suerte y fueron FUSILADOS.

    No menos importante para la consolidación del Nuevo Estado era el cuerpo de funcionarios. Aunque la depuración masiva de los empleados públicos se llevó a cabo en los primeros años de la posguerra, toda la normativa legal de la misma se fijó durante el período bélico. Ya en 1936 se realizaron, por orden de la autoridad municipal, 503 informes de empleados municipales de Valladolid, resultando expedientados un total de 128, esto es, un 25%. Ahondando aún más, entre aquel año y 1940 fueron 184 los funcionarios municipales sancionados, un 37% de la plantilla. El archivo documental del Gobierno Civil arroja, para el periodo bélico, un total de 141 funcionarios municipales sancionados previo proceso depurador. La mayor parte de los mismos sufrió baja en el escalafón (110), mientras que 16 resultaron suspendidos de empleo y sueldo, de los que 4 lo fueron de manera total y el resto, entre 2 años y 5 días. Además, hasta mayo de 1937, el libro de Actas del Ayuntamiento arroja la cifra de 58 funcionarios destituidos y 12 suspendidos temporalmente de empleo y sueldo.(???)

    //////////////////////////////////////////

    Esta noticia de actualidad de Valladolid acredita la importancia de la imprescriptible LISTA-CENSO “MOLL-GARZON-FANJUL” de separados del servicio, fusilados, desaparecidos, exiliados….1931-2011 exigida por vía penal de la Providencia 25-9-2008 del JCI nº5 de la Audiencia Nacional dentro de su competencia a todos los registros oficiales del Estado a través de la Vicepresidencia de Gobierno, que es a su vez prueba clave documental y testifical de DESCARGO para archivar y declarar la nulidad radical de los los 3 procesos coligados de la Sala 2ª TS contra el Juez Garzón formada por Magistrados y Fiscales y Abogados del Estado contaminados como altos cargos del gobierno de la Transición Intransitiva 1978-2011 por no haber cuestionado jamás y haber aplicado y/o consentido aplicar las leyes sancionadoras perpetuas franquistas antes y después de 1978 haciendo caso omiso de las STC 4/1981 y 37/2002 que lo prohibían como la pena de muerte, y que tarde mejor que nunca fueron cumplimentadas por el Juez Garzón al cuestionar las leyes de Olvido, Amnistia, Memoria….con dicha LISTA-CENSO.

    Mas información

    http://www.elnortedecastilla.es/v/20110709/valladolid/guardianes-republica-20110709.html

    El antecesor de García Quintana en el Ayuntamiento, el profesor de Matemáticas FEDERICO LANDROVE MOIÑO, primer alcalde de la República en la ciudad, había sido delegado de los Servicios Hidráulicos en la Cuenca del Duero, director general de Primera Enseñanza y diputado nacional antes de estallar la guerra. A los pocos días de producirse la sublevación lo detuvieron junto a su hijo, el abogado del Estado y diputado a Cortes en 1936, FEDERICO LANDROVE LOPEZ, en el paseo de Zorrilla; el padre fue ENCARCELADO y el hijo, FUSILADO. Landrove Moiño moriría en el Hospital Penitenciario de Segovia en junio de 1938.

    http://www.elnortedecastilla.es/v/20110708/valladolid/nombres-propios-sublevacion-valladolid-20110708.html

    http://www.elnortedecastilla.es/v/20110707/valladolid/militares-poder-20110707.html

    http://www.elnortedecastilla.es/v/20110706/valladolid/pacos-tejados-anarquistas-escondidos-20110706.html

    y resto de 14 capitulos

    • ¡¡¡¡MAS EUREKA" LA STC y VOTO PARTICULAR 204/1988 "LANDROVE" (PENSION A VIUDA DE ABOGADO DEL ESTADO-DIPUTADO-SEPARADO-FUSILADO POR ROJO

      ¡¡¡MÁS EUREKA” LA STC Y EL VOTO PARTICULAR 204/1988 “LANDROVE” (PENSION A VIUDA DE ABOGADO DEL ESTADO DIPUTADO -SEPARADO-FUSILADO POR ROJO AMPLIANDO LEYES INICUAS DE FALSA AMNISTIA QUE SE LA NIEGAN ) DESCALIFICA LA FALSA TRANSICION EN TODAS LAS AAPP, TRIBUNALES, FISCALIAS Y ABOGACIAS DEL ESTADO DDT QUE LAS HAN APLICADO EN FALSO ESTANDOI DEROGADAS DESDE 1978 A 2011 IGNORANDO O TERGIVERSANDO LAS STC 4/1981,204/1988… 37/2002 Y LAS LISTAS CENSOS ” MOLL-GARZON-FANJUL” DE SEPARADOS-FUSILADOS CLAVES DE LOS PROCESOS”GARZON” ANTE EL TS, TC Y TEDH

      vid.

      http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ESPANA/TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL/TRIBUNAL_SUPREMO/GUERRA_CIVIL_ESPANOLA/Tribunal/Constitucional/equipara/derecho/pension/extraordinaria/fusilados/Guerra/Civil/elpepisoc/19881118elpepisoc_8/Tes

      Las 3 STC 4/1981,204/1988,37/2002 son 3 opertunidades de oro despilfarradas por el TC para autocuestionar y abolir retroactivamente toda la maraña de leyes inicuas civiles y militares de sanciones y penas de infamia perpetua de funcionarios por separación del servicio, perdida de empleo,
      inhabilitación, pena de muerte, despido, postergación, exilio, sin posibilidad de recurso, defensa, indulto, amnistia, cambio de legislación ni de rehabilitación, para todo empleo, cargo sufragio publico discriminandolos respecto a jueces y fiscales escalafonados , sustitutos o aspirantes.

      Extracto:

      1. La legislación de clases pasivas, desde la Ley de 24 de diciembre de 1964, (???) reconoce la imprescriptibilidad de las pensiones, incluso (???) las concedidas por disposiciones vigentes anteriores (???), imprescriptibilidad que reafirman las leyes posteriores (???) sobre la materia, incluída la vigente de 1987, (???) arts. 6 y 7. Con arreglo a estas disposiciones la solicitud de la pensión fuera de plazo (???) sólo producirá el efecto de que no se hará efectiva más que a partir de la fecha de dicha solicitud.

      Preámbulo:

      La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Gloria Begué Cantón, Presidenta, don Angel Latorre Segura, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Jesús Leguina Vila y don
      Luis López Guerra, Magistrados (??? en cuestión por ser catedraticos y/o magistrados y/o fiscales en cuestión por no cuestionar dichas leyes inicuas), ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA

      En el recurso de amparo núm. 468/86, interpuesto por doña H…….., representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Ogando Cañizares y asistida del Letrado don Gonzalo Sainz Esteban, contra resoluciones del Ministerio de Defensa (????), confirmadas por Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo (????), DENEGATORIAS DE PENSION EXTRAORDINARIA POR FALLECIMIENTO CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL. Ha comparecido el Ministerio Fiscal (???) y el Abogado del Estado (????), y ha sido Ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura,(???) quien expresa el parecer de la Sala.

      Antecedentes:

      I. Antecedentes

      1. El 5 de mayo de 1986 tuvo entrada en este Tribunal escrito del Procurador de los Tribunales don Manuel Ogando Cañizares, en nombre y representación de doña H….., por el que se interpone recurso de amparo contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de junio de 1984 y de 19 de octubre del mismo año (???) y contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1986.(???) En dicho escrito se dice, en sustancia, lo siguiente:

      A) El esposo de la recurrente, don F….., falleció en Valladolid el 15 de agosto de 1936 por ejecución de pena de muerte (???) impuesta en causa seguida por rebelión militar (???). El señor L………… era Abogado del Estado,(???) en situación de excedencia forzosa por haber sido elegido Diputado a Cortes (???) y no había completado el tiempo establecido en la Ley de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926 (???) para tener derecho a pensión(???). A la viuda, ahora recurrente, le fue concedida una pensión temporal, abonada el 1 de diciembre de 1965 (???) hasta el 30 de noviembre de 1970 (???). Posteriormente le fue concedida y disfruta en la actualidad la pensión mínima (???)establecida por la Ley 5/1979 (???), de 18 de septiembre, a favor de las víctimas de la guerra, (???) compatible con las que pudieran disfrutarse en concepto de clases pasivas.(???)

      B) La recurrente solicitó el 1 de septiembre de 1983(???) la aplicación de la Ley de 11 de julio de 1941(???), que reconoció a las viudas (y otros familiares) de funcionarios
      civiles del Estado (???)el derecho a pensión extraordinaria en la cuantía del sueldo entero(???) de los fallecidos en diversos supuestos,(???) entre ellos el haber sido detenido(???) y ejecutado(???) por los «rojos»(???). La solicitud invocaba el art. 14 de la Constitución(???) y su Disposición derogatoria tercera(???). La instancia, dirigida al Departamento del que dependía(???) el causante, fue cursada al Ministerio de Defensa, al que corresponde la competencia para resolver los asuntos relacionados con la citada Ley de 1941(???)

      C) El Ministerio de Defensa(???), por Resolución de junio de 1984 (???)(sin indicación precisa de la fecha), denegó(???) la solicitud por entender(???) que el art. 14 de la
      Constitución es «una declaración de principio»(???), no aplicable (???) sin desarrollo legal posterior.(???)Formulado el recurso de reposición, fue desestimado(???) por
      Resolución de 19 de octubre de 1984.(???) Interpuesto recurso contencioso- administrativo ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo(???) fue asimismo desestimado(???) con el Voto particular en contra(???) de uno de los Magistrados de la Sala.(???)

      D) Entiende la recurrente que tanto las resoluciones administrativas citadas (???) como la Sentencia del Tribunal Supremo (???) vulneran el art. 14 de la Constitución al
      estimar que la Ley de 11 de julio de 1941(???) -cuya vigencia global no se discute- (???) sólo es aplicable(???) a los familiares de los funcionarios muertos por su adhesión a uno de los bandos contendientes en la Guerra Civil (???) o combatiendo en él.
      Se infringe también, según la recurrente, la Disposición derogatoria tercera de la Constitución (???) por cuanto, establecida una discriminación (???) por razones políticas
      abocada a producir distintos efectos en situaciones idénticas, (???)la vulneración del art. 14 implica la derogación parcial de la Ley de 1941, (???) por obligada supresión de todos los particulares, extremos o condiciones de la misma que
      consagren una injustificada desigualdad de trato(???)

      Analiza a continuación la recurrente los intentos de justificación que se encuentran en las resoluciones
      administrativas y en la Sentencia impugnadas considerándolos desprovistos de fundamento, (???)así como el Voto particular antes citado, con el que se muestra
      conforme.(???)

      E) Concluye la demanda solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas y de la Sentencia impugnada y que se reconozca el derecho de la recurrente a pensión extraordinaria en la cuantía del sueldo entero que disfrutaba su esposo al ocurrir su fallecimiento, con efectos desde el 29 de diciembre de 1978(???) o, en su defecto y con iguales efectos, se reconozca el derecho de la recurrente a que su fallecido esposo sea declarado muerto en
      campaña (???) y a que el expediente sea devuelto con esta declaración al Ministerio de Hacienda,(???) para que resuelva acerca de la pensión que deba corresponderle.(???)

      2. Por providencia de 14 de mayo de 1986 la Sección Cuarta (Sala Segunda) de este Tribunal Constitucional acordó solicitar de la recurrente que acreditase la fecha de la notificación de la Sentencia impugnada. Cumplimentada esta petición, la citada Sección, por providencia de 30 de julio de 1986 acordó la admisión a trámite del recurso, así como recurrir al Ministerio de Defensa y al Tribunal Supremo para que remitan testimonio del expediente administrativo y de las
      actuaciones judiciales correspondientes, e interesar del Tribunal Supremo el emplazamiento de los que fueron parte en el recurso (???) para que puedan personarse ante este Tribunal.

      Recibidos los testimonios solicitados y comparecido el Abogado del Estado(???), por providencia de 9 de enero de 1987, la Sección acordó conceder un plazo de veinte
      días al Fiscal, al Letrado del Estado y a la solicitante del amparo para formular las alegaciones pertinentes.

      3. El Fiscal (???) comienza sus alegaciones con una síntesis de los hechos que fundamentan la demanda. A continuación examina la legislación invocada con relación al caso constituida por la Ley de 11 de julio de 1941, (???)el Real
      Decreto-ley de 16 de noviembre de 1978(???) y la Ley 5/1979, (???)de 18 de septiembre.

      Señala el distinto campo de aplicación de la primera de estas disposiciones, que se refiere sólo (???) a los funcionarios civiles, de las dos últimas, que afectan a todos los españoles sean funcionarios o no(???). De ello se deduce, según el Fiscal,(???) QUE DESDE 1941 HASTA HOY SE HA MANTENIDO UN TRATO DESIGUAL PARA FAMILIARES DE FUNCIONARIOS FALLECIDOS A CONSECUENCIA DE LA GUERRA CIVIL (???).

      Considera seguidamente si existe una causa que justifique esta discriminación, (???)y hace referencia a las SSTC 28/1982, de 26 de mayo; 63/1983, de 20 de julio, y 67/1982, de 15 de noviembre.

      Afirma que la Ley de 1941,(???) COMO EL RESTO DEL ORDENAMIENTO PRECONSTITUCIONAL(???), HA DE SER VISTO BAJO EL PRISMA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL (???), en consecuencia, entiende que el recurso HA DE SER ESTIMADO(???), con independencia de
      las cuestiones relativas al límite temporal señalado en el art. 4 de la Ley de 1941 (???)y a la compatibilidad (???) de pensiones que, por su naturaleza, escapa a la jurisdicción de este Tribunal en materia de amparo.(???)

      4. El Abogado del Estado, (???) en sus alegaciones, señala, en primer término, que la supuesta discriminación (???) sólo puede referirse a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de 1941 (???) y sólo en cuanto diferencia los bandos de la contienda civil,(???) no en cuanto exige la concurrencia de determinadas circunstancias.(???) Dado que ni se acredita ni se alega que concurrieran esas circunstancias (???) es irrelevante (???) la discriminación denunciada para la concesión de la pensión solicitada,(???) por lo que
      debe desestimarse el amparo(???). A la misma conclusión podría llegarse, según el Abogado del Estado(???), desde el punto de vista de la doctrina del Tribunal Constitucional en cuestiones conceptualmente próximas, (???) como son la
      irretroactividad de la Constitución (???) y las características de la legislación de AMNISTIA(???).

      Bajo esta perspectiva examina las SSTC 9/1981(???), 28/1982 y 63/1983. Se refiere finalmente a la STC 22/1981, (???) relativa al principio de igualdad, y entiende que la finalidad (???) de la Ley de 1941 era precisamente favorecer a uno (???) de los bandos contendientes, finalidad lógica(???) en aquel momento(???) y circunstancias (???)y que difícilmente se podría hoy considerar valorable a la luz de la Constitución, (???)que se asienta sobre supuestos absolutamente distintos. (???)

      La solución sólo puede darse por el legislador,(???) como efectivamente lo ha hecho con la Ley 5/1979.(???) Por
      todo ello, el Abogado del Estado solicita que se declare no haber lugar al amparo.(???)

      5. La representación del recurrente da por reproducido el contenido de la demanda y reitera la solicitud de amparo.

      6. Por providencia de 21 de julio de 1988 la Sala Segunda de este Tribunal acordó señalar el día 10 de octubre del mismo año para deliberación y fallo, concluyendo la deliberación el día 7 del presente mes de noviembre.

      Fundamentos:(???)

      II. Fundamentos jurídicos

      1. El examen de las cuestiones suscitadas en el presente recurso debe partir del hecho de que es éste un recurso de amparo cuya finalidad es determinar si uno o varios actos de poderes públicos (???) vulneran un derecho fundamental de la solicitante del amparo. En este caso, el derecho que se pretende vulnerado es el derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 de la Constitución.(???) Las tesis de la recurrente, que comparte el Ministerio Fiscal(???) , pero a la que se opone el Abogado del Estado(???), es que esa vulneración existe y ha sido provocada por las Resoluciones del Ministerio de Defensa, confirmadas por el Tribunal Supremo, que
      le deniegan el derecho a percibir la pensión extraordinaria concedida por la Ley de 11 de julio de 1941 a las viudas de los funcionarios civiles muertos en determinadas circunstancias como consecuencia de su adhesión al Alzamiento Militar de julio de 1936. (???)

      Esta Ley extendía a las viudas y otros causahabientes
      de funcionarios civiles los beneficios concedidos a los causahabientes de personal militar por el Decreto de 18 de abril de 1938 y la Ley de 13 de diciembre de 1940. (???)

      La recurrente estima discriminatorio (???) que los mismos
      beneficios no se extiendan, desde la entrada en vigor de la Constitución, a las viudas de los funcionarios civiles que se encontrasen en las mismas circunstancias cuando la muerte del esposo hubiese sido provocada por su adhesión al Gobierno republicano.(???)

      2. El primer problema a dilucidar es, por tanto, si existe o no en la actualidad una situación discriminatoria causada por actos de los poderes públicos.(???) Ello supone determinar si existe una desigualdad, y si esta desigualdad tiene o no una justificación constitucionalmente relevante y si está o no causada por poderes públicos. (???)En cuanto a la primera cuestión, hay que verificar ante todo si se ofrece un término de comparación que permita apreciar la concurrencia de un trato desigual a personas que se encuentran en una
      situación sustancialmente igual. Para ello, y puesto que la recurrente se compara en forma expresa con los familiares de las víctimas a que se refiere la Ley de 1941, procede examinar cada uno de los supuestos especificados en esta
      Ley para ver con cuál o cuáles de ellos puede establecerse la comparación. La Ley citada recoge tres supuestos.

      El primero se refiere a las viudas de los funcionarios «muertos en campaña» (art. 1). Este supuesto debe descartarse como
      término de comparación, no sólo porque no se alegó ni en la vía administrativa ni en el recurso contenciosoadministrativo, sino porque la Ley exige de manera taxativa que los afectados hayan sido calificados expresamente como tales
      muertos en campaña, declaración que corresponde efectuar al Ministerio del Ejército (hoy de Defensa), según el art. 6 de la Ley; y no corresponde a este Tribunal hacer calificaciones de hecho, como lo es si una persona ha muerto o no en campaña. (???)

      Lo mismo puede decirse del segundo supuesto recogido en la Ley (art. 2), consistente en haber realizado la víctima en el cautiverio hechos gloriosos(???), realmente extraordinarios, (???) pues la verificación de esta circunstancia se produce
      por medio de un expediente informativo que, con toda evidencia, no corresponde hacer a este Tribunal.(???)

      3. El supuesto similar al alegado por la recurrente aparece en el art. 3 de la Ley que, a su vez, comprende tres hipótesis:

      una, la de los funcionarios civiles que «combatieron o se alzaron por el Movimiento(???) y fueron detenidos y ejecutados»;(???)otra, los que murieron combatiendo contra los «marxistas» (???), y la última, los que en forma ostensible e inequívoca se negaron a prestar sus servicios a los
      «rojos», siendo ejecutados o sacrificados como consecuencia directa de ello. (???)

      Dado que el esposo de la recurrente fue condenado y ejecutado por «rebelión militar» y con independencia de los supuestos de hecho que entonces eran así calificados, resulta claro que la equiparación debe hacerse con el primero de
      los supuestos citados, es decir, con el de los funcionarios civiles «que combatieron y se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados». (???) La «rebelión militar» comporta, en efecto, la imputación de una conducta activa
      frente a la situación en que se encuentran las víctimas, por lo que no cabe oponer, como hace el Abogado del Estado(???), al término de comparación que aquí se señala, el que la Ley de 1941 se refiere en este supuesto a una actitud positiva (combatir o alzarse) y que no esta probado que el esposo de la recurrente tuviese esa actitud. La prueba legal, a que este Tribunal ha de atenerse, es la calificación penal de su conducta, que consta de manera fidedigna en autos. (???)

      Tampoco se puede objetar a lo expuesto que la conducta de la víctima no fue adoptada en su condición de funcionario,(???) pues se encontraba excedente en el momento en que se produjeron los hechos que motivaron la condena y la ejecución, ya que esta vinculación de la conducta a la actividad como funcionario sólo se exige en el tercero de los supuestos señalados en el art. 3 (negarse a prestar servicios o los «rojos»).(???)

      4. Resueltas las cuestiones relativas a la identificación del término de comparación, ha de examinarse ahora si el trato desigual que, sin duda, recibe la recurrente frente a las viudas de los que fueron detenidos y ejecutados por su adhesión al Alzamiento Militar tiene o no justificación bastante, es decir,
      si esa desigualdad supone una discriminación que vulnere el art. 14 de la Constitución.(???)

      Para ello conviene considerar, en primer lugar, los argumentos que en contra de la existencia de esa discriminación contienen las resoluciones administrativas y la Sentencia del Tribunal Supremo. Respecto a las primeras,
      poco hay que decir. La Resolución del Ministerio de Defensa que deniega la petición de la recurrente se limita a manifestar que el art. 14 de la Constitución es sólo una «declaración de principios»; (???)lo que no requiere más comentarios, y a que es de aplicación al caso de la Ley 5/1979(???). La resolución
      que resuelve el recurso de reposición lo deniega, porque entiende que las alegaciones formuladas por la recurrente no desvirtúan las razones que sirvieron de base a la primera resolución(???).

      En cuanto a la Sentencia del Tribunal Supremo,(???) en ella se rechaza el recurso basándose en que existe una ley exactamente aplicable al punto controvertido, que es la Ley 5/1979,(???) y no puede pretenderse que esta ley no tenga efectividad porque exista otra anterior que contenga
      criterios de mayor justicia.(???)

      ADVIERTE TAMBIEN QUE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS NO PUEDEN CREAR NORMAS (???) O DECLARAR DEROGACIONES(???) DE LAS MISMAS (???)

      Insiste asimismo en que la cuestión planteada es una consecuencia de la Guerra Civil(???), QUE SÓLO AL LEGISLADOR COMPETE AFRONTAR (???), como ya lo hizo con el Real Decreto 35/1978(???) y con la Ley 5/1979 que lo sustituyó(???), y cita a este respecto la STC 28/ 1982.(???)

      Prescindiendo de la referencia a esta Sentencia, en la que se plantea un problema distinto,(???) cual es la validez y vigencia actual de normas dictadas por el Gobierno de la República durante la Guerra Civil,(???) no pueden aceptarse los argumentos expuestos en la Sentencia del Tribunal Supremo.(???)

      En primer término, no se trata de dilucidar el abstracto si cualquier desigualdad de situaciones actualmente existentes derivadas de la Guerra Civil supone una discriminación
      prohibida por el art. 14 de la Constitución, sino de decidir si la
      discriminación no se da en este caso concreto.(???)

      Por otra parte, si bien es cierto que corresponde sobre todo al legislador corregir en lo posible las desigualdades entre vencedores y vencidos provocadas por el desenlace de la
      contienda, no lo es menos que corresponde a este Tribunal, cuando ante él se interpone un recurso de amparo,comprobar si en el caso planteado se da o no esa discriminación y, en caso afirmativo, repararla por los medios jurídicos
      oportunos. (???)

      Es de advertir, al respecto, que ni la Constitución ni la LOTC
      exceptúan de su jurisdicción las vulneraciones de derechos fundamentales ocasionadas por la Guerra Civil, siempre que esas vulneraciones puedan servir de fundamento a un recurso de amparo o a cualquier otro tipo de proceso
      constitucional. (???)

      En cuanto al argumento basado en que la ley exactamente
      aplicable al punto controvertido es la Ley 5/1979, tampoco puede compartirse.(???)

      La Ley 5/1979 tiene carácter general: se aplica a todas las víctimas de la guerra, sean o no funcionarios. (???)

      La Ley de 1941 es una ley especial, que se refiere sólo
      a los funcionarios civiles y que, como tal ley especial, debe aplicarse con preferencia a la ley general, salvo que sea inaplicable por otras razones.(???)

      Se trata por consiguiente de una cuestión relativa a la selección de LA NORMA APLICABLE (???), lLO QUE ENTRA DE LLENO EN LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS (???) como entra, pese a la afirmación en contrario contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo(???), DECLARAR, EN SU CASO,LA DEROGACION POR LA CONSTITUCION DE NORMAS PRECONSTITUCIONALES SI ASI PROCEDIESE.(???)

      Al margen de esos argumentos formulados en las resoluciones administrativas y en la Sentencia del Tribunal Supremo, podría pensarse, que la desigualdad advertida es hoy una situación que, aun cuando tiene su origen en la guerra civil, carece de la relevancia jurídica necesaria para que este Tribunal pueda apreciar una vulneración del principio de igualdad. (???)

      En este sentido parece manifestarse el Abogado del Estado, (???) quien, además de negar que la recurrente se
      encuentre en la situación señalada en la Ley de 1941,(???) entiende que a la denegación del amparo puede llegarse también en virtud del principio de irretroactividad y de las características de la legislación de AMNISTIA. (???)

      Respecto a la primera alegación, no es necesario entrar en los complejos problemas que, como recuerda el mismo Abogado del Estado, entraña esta cuestión, porque lo que la recurrente pretende en su recurso no es una aplicación
      retroactiva del principio de igualdad, es decir, no solicita que se aplique este principio a actos de poderes públicos realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución. (???)

      Lo que afirma la recurrente es que a partir de la fecha de esa entrada en vigor debe producirse la desaparición de la situación discriminatoria originada por la aplicación en el presente, no por la aplicación en el pasado, de la Ley de 1941.(???)

      En cuanto a la segunda alegación no procede en este caso la aplicación de la doctrina sobre la amnistía establecida por este Tribunal(???), doctrina que fue formulada para situaciones creadas y agotadas jurídicamente (aunque continúen sus efectos de hecho) antes de la vigencia de la Constitución.(???)

      Por el contrario, la cuestión que ahora se plantea consiste, como se ha dicho, en determinar si actualmente se mantiene una desigualdad con relevancia jurídica, lo que supone que esa desigualdad sigue operando ahora a consecuencia de actos de poderes públicos. (???)

      Pues bien, éste en el caso. En primer término, se siguen
      abonando las pensiones causadas en virtud de la Ley de 1941 a los causahabientes de las víctimas sacrificadas por su adhesión al Alzamiento Militar,(???) pensiones que no perciben los causahabientes de quiénes fueron sacrificados por su adhesión al Gobierno de la República,(???) y es evidente que cada acto de abono de esas pensiones es un acto jurídico de poder público, lo que hace que la diferencia de trato deba considerarse jurídica y no simplemente de hecho.(???)

      En segundo lugar hay que tener en cuenta que la Ley de 1941,(???) ley válida (???)porque en su momento se promulgó con arreglo al sistema de producción normativa legalmente existente entonces(???), estaba vigente (???)cuando entró en vigor la Constitución(???) y sigue
      vigente (???) en la actualidad(???), SALVO EL EFECTO(???), al que más adelante aludiremos, QUE SOBRE ELLA PUEDE PRODUCIR LA CONSTITUCION MISMA (???).

      Ninguno de los comparecidos ni la Sentencia del Tribunal Supremo pone en duda su vigencia(???), ni ha sido derogada
      por una ley posterior(???) (art. 2.2 del Código Civil) y, como se acaba de señalar, sigue produciendo sus efectos.(???)

      A ello hay que añadir que, si bien la ley daba un plazo de seis meses para solicitar la pensión extraordinaria (art. 4) a contar
      desde la fecha de su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» o, en el caso de muertos en campaña, desde la fecha en que los recurrentes fueron declarados muertos en campaña, ello no quiere decir que fuera de ese plazo no puedan solicitarse dichas pensiones.(???)

      En efecto, según el art. 5 de la Ley de 1941 son aplicables a los beneficiarios de la misma las reglas establecidas respecto a cese y pérdidas definitiva de la pensión en la legislación de clases pasivas.(???)

      Ahora bien, esta legislación, desde la Ley de 24 de diciembre de 1964, (???) reconoce la imprescriptibilidad de las pensiones, incluso las concedidas por disposiciones vigentes anteriores, imprescriptibilidad que reafirman las leyes posteriores sobre la materia, incluida la vigente de 1987, (???)arts. 6 y 7. Con arreglo a estas disposiciones, la solicitud de la pensión fuera de plazo sólo producirá el efecto de que no se hará efectiva más que a partir de la fecha de dicha solicitud.(???)

      Incluso en el caso específico de las pensiones concedidas por la Ley 5/1979, ésta recoge la misma norma en su art. 5, último párrafo. Resulta, por tanto, que, al menos en teoría, pueden producirse en la actualidad declaraciones de pensiones de acuerdo con la Ley de 1941 para casos ajustados literalmente a sus previsiones, por lo que también en este aspecto debe reconocerse su vigencia y eficacia.(???)

      5. Si existe así actualmente una desigualdad con relevancia jurídica y no de mero hecho entre la situación de la recurrente y la de las viudas de quiénes en iguales circunstancias fueron víctimas de su adhesión al Alzamiento Militar, pocas dudas puede haber de que esa discriminación está prohibida por la
      Constitución, no sólo por la cláusula general del art. 14, sino por su referencia específica a la discriminación por razón de «opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal», (???) como es la de ser viuda de esposo ejecutado
      en una zona frente a las viudas de esposos ejecutados en la otra. (???)

      La consecuencia obligada es que este Tribunal en el presente recurso debe otorgar el amparo solicitado por vulneración del citado art.14,tal y como también pide el Ministerio Fiscal. (???)

      En cuanto a los términos de ese otorgamiento ha de tener
      en cuenta, en primer lugar, el petitum de la recurrente en su demanda. En ella solicita que se le reconozca su derecho a la pensión extraordinaria en la cuantía del sueldo entero que disfrutaba su esposo al ocurrir su fallecimiento con efectos de 29 de diciembre de 1978 (???) o, en su defecto, y con iguales efectos, se le reconozca el derecho a que su fallecido esposo sea declarado muerto en campaña. Esta última petición no puede ser atendida por las razones que en su momento se expusieron.(???)

      En cuanto a la primera y principal debe ser aceptada con
      algunas matizaciones.(???) La justificación de esa petición es, ciertamente, como se dice en la misma demanda, el art. 14 de la Constitución, pero la aplicación de la Ley de 11 de julio de 1941, art. 3, al supuesto de hecho en que se encuentra la demandante PLANTEA EL PROBLEMA, HASTA AHORA NO EXAMINADO, DE LA POSIBLE EXTENSION DE ESTA LEY A LAS VIUDAS DE VICTIMAS DE SU ADHESION AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA. (???)

      Según se ha indicado, esta ley no puede considerarse derogada de manera expresa por ninguna ley posterior (???)y sólo puede discutirse el influjo ejercido sobre ella por la cláusula general derogatoria de la Constitución (Disposición derogatoria tercera).(???) Pues bien, esta cláusula no puede suponer la derogación total de la Ley de 1941. (???)
      Nada se opone en la Constitución a que una ley anterior reconozca pensiones extraordinarias causadas por determinadas de víctimas de la Guerra civil, ni nadie solicita, ni tendría sentido entender, que los beneficiarios favorecidos por esa Ley no tienen derecho a cobrar las pensiones establecidas en ella.(???)

      La disconformidad con el art. 14 de la Constitución surge al no reconocerse que otras víctimas de la misma Guerra,
      muertas en análogas circunstancias, no causen también el mismo tipo de pensiones.(???)

      En cuanto, la Ley de 1941 ha de entenderse vigente y eficaz en la actualidad, el único efecto que en ella ha podido provocar la entrada en vigor de la Constitución es que sus beneficios sean también aplicables a los causahabientes
      de quiénes fueron víctimas de su adhesión al Gobierno de la República y murieron en las mismas circunstancias previstas en la ley para las víctimas de su adhesión al Alzamiento Militar.(???)

      No es tanto que la Constitución haya provocado una derogación parcial de la Ley de 1941 en la medida que su aplicación produce efectos discriminatorios como que la Constitución obligue a una interpretación de dicha ley conforme a ella que impida esos efectos discriminadores, de modo que, sin perder su eficacia respecto a quiénes son literalmente sus beneficiarios, SE EXTIENDAESA EFICACIA PARA EVITAR LA DISCRIMINACION PROHIBIDA POR EL ART.14 DE LA NORMA SUPREMA.

      Respecto a la fecha a partir de la cual ha de reconocerse el derecho a la pensión solicitada por la recurrente, y a la
      posible incompatibilidad con la que hoy tiene reconocida es preciso atenerse a la legislación de clases pasivas, sin que este Tribunal haya de pronunciarse sobre estos extremos por tratarse de cuestiones de mera legalidad ordinaria.(???)

      Fallo:

      FALLO
      En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
      Ha decidido

      1.º Declarar la nulidad de las Resoluciones del Ministerio de Defensa de junio de 1984 y 19 de octubre del mismo año por las que se denegó el derecho de la recurrente a pensión extraordinaria en la cuantía del sueldo íntegro que
      disfrutaba su esposo al ocurrir su fallecimiento, y de la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1986, que confirmó las anteriores Resoluciones.

      2.º Reconocer el derecho de la recurrente a no ser discriminada por razón de su condición o circunstancia personal de viuda de persona ejecutada por su adhesión
      al Gobierno de la República.(???)

      3.º Restablecer a la recurrente en la integridad de su derecho, para lo cual deberá reconocérsele el derecho a la mencionada pensión extraordinaria causada por su esposo.

      Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

      Dada en Madrid, a siete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.

      Voto:

      Voto particular discrepante que formulan los Magistrados don Fernando García-Mon y González-Regueral y don Carlos de la Vega Benayas, respecto de la Sentencia precedente, recaída en el recurso de amparo núm. 468/1986.

      1. Lamentamos discrepar del voto de la mayoría hasta el punto de propugnar, como sostuvimos en la deliberación, un fallo desestimatorio del recurso de amparo.(???)

      Esta disparidad de criterio, por supuesto, no tiene su origen en una opinión negativa en cuanto a la existencia de una situación discriminatoria de la recurrente en amparo con respecto a la de las viudas o padres pobres de funcionarios civiles, a los que la Ley de 1941 (dictada sólo para los «adictos» al bando vencedor en la Guerra Civil 1936-39) concedió la pensión que ahora la actora, viuda de víctima de ese bando, reclama al amparo de esa Ley de 1941, en
      aplicación del art. 14 de la C.E.(???)

      La discrepancia reside,en esencia, en que esa discriminación, por su alcance general (???)y por su trascendencia, (???) no puede ser eliminada más que por el poder legislativo, (???)aparte de las razones técnico-jurídicas que también le sirven de soporte. (???)

      Creemos, en este sentido, que la mayoría, llevada por un voluntarismo jurídico, (???) ha traspasado las fronteras de la interpretación jurisdiccional y pasado la línea en la que comienza la función legislativa o legiferante.(???)

      No ha hecho la mayoría, en efecto, una interpretación extensiva ni analógica, (???) lo que sería lícito,(???) sino llenar un vacío(???) o crear una norma(???), que en modo alguno puede considerarse como regla lógicamente nacida de un supuesto de hecho que radicalmente negaba la que es objeto de aplicación, es decir, la Ley de 1941, (???) que, y eso es obvio, (???) no podía ni indiciariamente prever o permitir por su propia esencia «partidaria», discriminatoria, la situación de hecho de las víctimas -y derechohabientes- causadas por los afines a quiénes dictaron dicha Ley. (???)

      Al aplicar esa Ley, entendiendo que produce desigualdad discriminatoria,(???) no hace sino reingresarla en el ordenamiento jurídico vigente(???), de donde había
      desaparecido,(???) no sólo por obra de su límite temporal(???) -como luego se verá-, sino por la eficacia derogatoria de la C.E., (???) con cuyo espíritu y letra choca frontalmente.

      Se ha revivido(???), pues, una norma derogada, (???)integrando en ella,(???) además, un supuesto de hecho antitético con su fin y objetivo(???).

      Esto, insistimos, sólo lo puede hacer el legislador. (???)

      Y es que, en esencia, esa Ley de 1941 no puede ya producir, tras la Constitución, efectos discriminatorios, (???) ya que, si se dan, es claro que no son producidas por ella(???), sino por la ausencia de previsión del legislador posconstitucional.(???)

      Este intentó, en efecto, paliar aquellas diferenciaciones con la promulgación del Real Decreto-ley de 16 de noviembre de 1978 (???)y de la Ley 5/1979,(???) de 18 de septiembre, de ámbito general, y en beneficio también de todas las personas no amparadas por la Ley de 1941.(???) Esta, como sabemos, se refería sólo a las víctimas que fueran funcionarios civiles, que dicha Ley equiparó a los militares, (???)concediendo a los causahabientes pensión de sueldo entero.(???)

      Lo que la recurrente en amparo pide, y lo que la Sentencia de la que disentimos concede, es incluirla en los efectos de esta Ley y eliminar la discriminación que, según la mayoría, subsiste por subsistir la Ley.(???)

      2. Pero además de la razón expuesta, esencial, existen otros argumentos de peso para fundar nuestra discrepancia.(???)

      Naturalmente que si se parte de la supervivencia y vigencia de la Ley de 1941, (???)la solución sería menos discutible, y decimos eso porque aun así quedaría en pie del encaje forzado que la mayoría realiza para subsumir (???) la situación del sacrificado por el bando llamado nacional en la situación prevista en el art. 3 de la Ley de 11 de julio de 1941 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), que se refiere a combatientes y a quiénes se negaron a prestar servicio a los
      «rojos», en tanto que el marido de la recurrente, si fue fusilado, lo fue única y exclusivamente por ser de ideología contraria al Movimiento o bando que se alzó contra el Gobierno legítimo de la República, de la cual era aquel Diputado.(???)

      Pero, aun salvado ese escollo, es claro que esa premisa, la de la vigencia, es la que no se da y por eso entendemos que la conclusión constituye una petición de principio, nacida de un argumento circular.(???)

      En efecto, estimamos que la Ley de 11 de julio de 1941, con base en la cual se otorga el presente recurso de amparo, agotó sus efectos, (???)en orden al reconocimiento de las pensiones extraordinarias que en ella se establecían, al
      transcurrir el plazo que para su solicitud fijaba el art. 4 en los siguientes términos:

      «Los comprendidos en los beneficios de esta Ley podrán solicitar en un plazo de seis meses, desde su inserción en el “Boletín Oficial del Estado”, o bien en igual período de tiempo, a contar desde la fecha en que los causantes sean
      calificados como muertos en campaña, la revisión de las pensiones otorgadas a su favor, con arreglo a los preceptos vigentes a la sazón.»(???)

      Por lo tanto, en el supuesto al que se contrae la Sentencia -el previsto en el inciso primero del art. 3-, publicada la Ley en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio de 1941, el plazo quedó agotado el 16 de enero de 1942 y desde esta fecha no podían solicitarse y, consiguientemente, otorgarse las pensiones extraordinarias establecidas en la misma.(???)

      La Sentencia entiende que esto no es así, porque en virtud de la remisión que hace el art. 5 de la Ley de 1941 (???) al Estatuto de las Clases Pasivas del Estado (Real Decreto-ley de 22 de octubre de 1926), (???) la imprescriptibilidad de las
      pensiones establecida a partir de la Ley de 24 de diciembre de 1964,(???) reconocida incluso a las reguladas por disposiciones vigentes anteriores, producía el efecto de que las pensiones solicitadas fuera de plazo «no se harían efectivas más que a partir de la solicitud correspondiente». Y como esta norma sobre imprescriptibilidad de las pensiones se ha mantenido desde la Ley de 24 de diciembre de 1964 (???) en todas las disposiciones posteriores sobre la materia,
      incluso en el caso específico de las pensiones concedidas por la Ley 5/1979, (???) que recoge la misma regla en el último párrafo de su art. 5, y se reitera en los arts. 6 y 7 de la vigente Ley de Clases Pasivas de 1987, (???) resulta de ello -según
      la Sentencia «que, al menos en teoría, pueden producirse en la actualidad declaraciones de pensiones de acuerdo con la Ley de 1941 para casos ajustados literalmente a sus previsiones, por lo que también en este aspecto debe
      reconocerse su vigencia y eficacia».(???)

      Pero, como expusimos en la deliberación, seguimos sosteniendo que esa tesis no es valida:(???)

      a) En primer lugar, porque, como ya hemos dicho, el reconocimiento de las pensiones extraordinarias previsto en la Ley de 1941, se hallaba condicionado a los plazos establecidos en su art. 4. Agotado el plazo para el supuesto a que se contrae la Sentencia el 16 de enero de 1942, la remisión que hace el art. 5 de aquella Ley al Estatuto de Clases Pasivas, no alteraba el plazo específico de su
      art. 4. La remisión estaba referida exclusivamente «al orden del preferencia marcado en el art. 71» del Estatuto y a las reglas establecidas en el mismo respecto a «transmisión, incompatibilidad, cese y pérdida definitiva» de las pensiones. El reconocimiento de las pensiones extraordinarias, no estaba, pues, incluído en la remisión al Estatuto. La aplicación de éste a las pensiones de la Ley de 1941, presuponía que, a su amparo, se hubiera hecho el reconocimiento. Y no a la inversa. La «preferencia, transmisión, régimen de incompatibilidades, cese y pérdida definitiva de las pensiones», sólo puede predicarse, obviamente,
      de pensiones vigentes, reconocidas u otorgadas. Lo contrario significaría que un precepto de la Ley general dejara sin efecto el artículo específico de la Ley especial al que se condicionaba por ésta el otorgamiento de las pensiones
      extraordinarias.(???)

      b) Tampoco puede considerarse vigente la Ley de 1941 porque se sigan abonando en la actualidad las pensiones a los beneficiarios a quiénes fueron otorgadas durante la vigencia de la misma. Las situaciones creadas y agotadas
      jurídicamente en lo relativo a su reconocimiento, es independiente de los efectos que continúan produciéndose. Ciertamente que son estos efectos, discriminatorios y perjudiciales para la recurrente, los que sirven de base a la
      actora para la pretensión que postula en este recurso de amparo. Mas la corrección de la desigualdad denunciada y realmente existente, no puede obtenerse ni otorgarse por este Tribunal con base en una Ley que, además de haber agotado el plazo a que se condicionaba su aplicación, resulta, como
      seguidamente veremos, derogada por la Constitución de 1978.
      (???)

      c) Conforme al núm. 3 de la Disposición derogatoria de la Constitución «quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en ésta». Si la Ley de 11 de julio de 1941, mucho antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, no podía crear situaciones jurídicas nuevas, mucho menos podía hacerlo una vez promulgada ésta, al no estar vigente. De la simple lectura de la Ley de 1941, resulta su insalvable contradicción con los valores superiores de nuestro
      ordenamiento jurídico que se propugnan en el art. 1 de la Constitución.(???)

      De acuerdo con la STC 4/1981, de 2 de febrero, «la peculiaridad de las leyes preconstitucionales consiste… en que la Constitución es una Ley superior – criterio jerárquico- y posterior -criterio temporal- de donde se deduce que la
      coincidencia de este doble criterio da lugar -de una parte- a la
      inconstitucionalidad sobrevenida y, consiguientemente invalidez, de las que se opongan a la Constitución, y -de otra- a su pérdida de vigencia a partir de la misma para regular situaciones futuras a su derogación…». (???)

      Y en este mismo sentido, las SSTC 9/1981, de 31 de marzo, y 10/1981, de 6 de abril, que señalan que «si la derogación produce la pérdida de vigencia de una norma, de modo que
      no pueda ser aplicada para regular situaciones nuevas, no puede decirse lo mismo respecto de la regulación de aquellas situaciones que habiendo surgido con anterioridad a dicha derogación produzcan, sin embargo, efectos con posterioridad a la misma». De acuerdo con este criterio -añade la última Sentencia-, «los efectos de la derogación… impedirán la aplicación del precepto derogado a la regulación de situaciones surgidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución».(???)

      No puede sostenerse, pues, que sea la Ley de 1941 la que discrimina por razones ideológicas a los causahabientes de quiénes fallecieron por ser leales a la República, respecto de aquellos que traen causa de las víctimas del bando contrario, debido a que aquella Ley había agotado sus efectos, para el
      otorgamiento de las pensiones por ella reguladas, con mucha anterioridad a la Constitución de 1978 y porque, en todo caso, estaría derogada por ésta. (???)

      La discriminación producida se debe a la forma en que las normas posconstitucionales -el Real Decreto-ley de 16 de noviembre de 1978, primero, y la Ley de 18 de septiembre de 1919, después- han regulado con carácter general la materia relativa a las pensiones y asistencia social a los familiares de los fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil.(???)

      Al carácter general de la última Ley citada no cabe oponer el carácter especial de la Ley de 1941, no sólo porque ésta era ya inaplicable y se hallaba además derogada, sino también porque la finalidad de la nueva regulación era precisamente la de no establecer o mantener diferencias que resultarían
      contrarias al principio de igualdad que consagra el art. 14 de la Constitución. (???)

      Si el legislador, a quien correspondía y corresponde hacerlo, no llegó con la nueva norma posconstitucional -Ley 5/1979, de 18 de septiembre- a evitar situaciones de desigualdad, no puede este Tribunal, asumiendo competencias que no le corresponden, resucitar una ley no vigente para, rehaciendo su contenido desde la nueva perspectiva constitucional, reparar una situación de desigualdad que sólo con base en la legislación vigente o en su declaración de inconstitucionalidad, podría hacerse.(???)

      3. Finalmente, aunque sean argumentos añadidos, y en la hipótesis de admitir la tesis de una derogación sólo parcial de la Ley de 1941 por obra de la Constitución (Disposición derogatoria tercera), derogación que afectaría sólo al efecto discriminatorio de aquella, tampoco, decimos, sería correcta la solución de la mayoría.(???)

      Es claro que aquí se trata del ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, el de la igualdad (art. 14), es decir, fundamental, para lo que está previsto la vía del recurso de amparo. Ello presupone su ejercicio previo ante los poderes públicos, ejercicio, en conjunto, que ha de actuarse en tiempo. La primera solicitud de la recurrente lo fue en el día 1 de septiembre de 1983, instando la aplicación de la Ley de 1941. Se denegó por el Ministerio de Defensa en junio y en octubre de 1984, y se presentó la demanda de amparo en 5 de mayo de 1986, tras el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.(???)

      Hay que entender que la vulneración del derecho se produce desde la entrada en vigor de la Constitución (29 de diciembre de 1978). La demanda de amparo ha de ser presentada, en el plazo de veinte días previsto en el art. 44.2 de la LOTC.
      Los plazos corrieron a partir del 15 de julio de 1980, de conformidad con la Disposición transitoria segunda, 1, de la LOTC (Acuerdo del Pleno de este Tribunal de 14 de julio). La solicitud y la demanda de amparo judicial (ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo) lo fueron a partir de septiembre de 1983. (???)
      Evidentemente el plazo no ha sido respetado y, por ello, la demanda, inadmisible en su día, debió ser desestimada en la Sentencia de la que disentimos. Si así no lo ha sido es «tanto como admitir que las situaciones que, en virtud de la
      vigencia de la Constitución, pudieran merecer la calificación de vulneradoras de derechos fundamentales reconocidos en ella podrían ser impugnadas en amparo constitucional si así lo decidiera el recurrente en cualquier fecha posterior a
      dicha vigencia», según dijo la STC 35/1987.(???)

      Que la recurrente pudo ejercitar su derecho a partir de la vigencia de la Constitución y recurrir en amparo tras la fecha del 15 de julio de 1980 es evidente, pues nada se lo impedía.
      (???)

      En conclusión, la demanda debió ser desestimada.(???)

      Madrid, once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.

      //////////////////////////////////

      OBSERVACION:

      1- Ni la Sentencia estimatoria ni el Voto Particular desestimatorio que consideran la ley de 1941 inicua, y que invocan la STC 4/1981 (publicada el 24 F al dia siguiente del golpe de Estad que aterrorizó a todas las victimas discriminadas, a las AAPP y a los Tribunales para cuestionar las leyes preconstitucionales prorrogadas en falso y reclamar derechos) hacen referencia a la necesidad de elevar el amparo al Pleno del TC para que cuestione toda la maraña de leyes pre y post constitucionales inicuas de olvido, amnistia, y memoria, depuradoras y represoras de funcionarios y ciudadanos disidentes como el DLFCE 315/1964 derogado sólo para jueces y fiscales por leyes 11/1966 y 33/1966 , y LOPJ y EOMF, agravado por ley 30/84, y EBEP 7/2007 sobre SEPARADOS DE SERVICIO, DESAPARECIDOS, FUSILADOS, EXILIADOS….cuya lista censo ha sido reclamada por el Juez Garzón , y por ello ha sido procesado por la Sala 2ª TS.

      2-No se entiende que los Magistrados del TC de origen judicial , academico o funcionarial, no autocuestionen que sólo los primeros de origen judicial o fiscal tienen rehabilitación si son separados o inhabilitados, y los segundos y terceros sólo la tienen si son inhabilitados pero no si son separados por ser una sanciona de infamia perpetua aplicada y extendida a fusilados, despedidos, exiliados, desaparecidos
      excluyendoles de todo empleo publico por el DLFCE y EBEP

  2. ¡¡¡¡EUREKA!!!! EL RECTOR DE LA URV FULMINA EL "INFAMANTE" REQUISITO FRANQUISTA DEL ART.56 EBEP CUESTIONADO POR LA LISTA "GARZON" DE EXCLUSION PERPETUA DE "INFAMES" CESANTES,

    ¡¡¡¡EUREKA!!!! EL RECTOR DE LA URV FULMINA LAS LEYES DE INFAMIA PERPETUA FRANQUISTA DE FUNCIONARIOS CUESTIONADAS POR LA LISTA_CENSO “MOLL-GARZON-FANJUL” DE REHABILITACION DE “INFAMES” CESANTES,
    SEPARADOS,DESPEDIDOS…1931-2011.

    Gracias públicas a Sevach por haber descubierto con humor y amor en su última entrada esta convocatoria perla PROVIDENCIAL (PRO-VIDENCIA PARA VER MEJOR) que pasará a la historia de Cataluña y del resto de España y de la UE y de todas sus Universidades y AAPP porque el recto Rector Grau de esta Universidad Pública llamada Rovira i Virgili en honor perpetuo a un politico exiliado separado y excluido de todo cargo publico a perpetuidad, parece que ha hecho caso a Sevach y a Antonio Arias al leer sus alarmas contra el inicuo e infamante art.56 EBEP

    http://contencioso.es/2009/01/07/la-expulsion-para-la-eternidad-de-los-funcionarios-separados-del-servicio/

    http://fiscalizacion.es/2009/01/06/separacion-del-servicio/

    teniendo el valor pionero de fulminar en solitario ese requisito esencial totalitario franquista exigido en falso, inicua y aberrantemente desde 1978 a 2011 en todas las AAPP, Juzgados y Tribunales, TTSSJJ, A.Nal, TS, TC, TCU, CGPJ, CES, CE para poder acceder a cualquiera de sus empleos publicos, de

    “no haber sido separado de servicio, ni despedido ni estar inhabilitado jamás por nadie en todo el mundo sin posibilidad de rehabilitación ni de recurso ”

    y sus variantes, de los art,30.1.e DLFCE 315/1964, 56.1.c.d EBEP 7/2007, que están prohibidos por STC 4/1981 y 37/2002, y que son requisitos inicuos e incompatibles consigo mismos y entre sí pues no se exigen en las oposiciones de juecesy fiscales reguladas por los art.303 LOPJ y 44 EOMF y que en caso de ser separados, despedidos, suspendidos o inhabilitados siempre tienen posibilidad de rehabilitación.

    A ver si los jueces y fiscales y otros letrados docentes de las Universidades UC,UPM, UNED,UAM,UNIOVI…y resto de la CRUE, con esta convocatoria, convencen a sus Rectores y Superiores de la Fiscalia y Abogacia Generales del Estado y del TS, TC, TCU , SINDICASTUR,……para suprimir este requisito lacra franquista que vicia de nulidad a revisar de oficio por art.62 Ley 30/92 todas las convocatorias, bases, temarios,
    tribunales,tomas de posesión, nombramientos, ascensos, pensiones, actos de empleados publicos de todas las AAPP desde 1978 a 2011 como Catedraticos, Abogados del Estado, Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios….y resto de Juristas de Reconocido Prestigio, Doctores, Premios Pelayo… en cuestión y obliga a rehabilitar e indemnizar a las victimas excluidas a perpetuidad y a perseguir y cesar a los victimarios que las excluyeron desde 1978 a 2011

    http://contencioso.es/2011/10/08/el-procedimiento-selectivo-mas-dificil-del-mundo/#comment-15007

    http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15399.pdf

    http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5963/11251044.pdf

    Esta CONVOCATORIA QUE FULMINA EL “INFAMANTE” EBEP Y RESTO DEL ORDENAMIENTO FRANQUISTA PRORROGADO DESDE 1978 A 2011 CUESTIONADO POR LA LISTA CENSO “GARZON” DE “INFAMES” CESANTES, SEPARADOS,DESPEDIDOS DESAPARECIDOS, FUSILADOS…ES UNA PRUEBA ESENCIAL DE DESCARGO EN SUS 3 PROCESOS COLIGADOS Y ABIERTOS POR CUESTIONAR DICHAS LEYES INFAMANTES,Y CAUSA DE ABSTENCION-RECUSACION DE MAGISTRADOS, FISCALES Y ABOGADOS DEL ESTADO QUE LAS APLICARON Y NO LAS CUESTIONARON DESDE 1978 A 2011

  3. ¡¡¡¡¡EUREKA!!!!! EL RECTOR DE LA URV FULMINA EL EBEP Y RESTO DE LEYES FRANQUISTAS DE INFAMIA PERPETUA DE FUNCIONARIOS CUESTIONADAS POR LA LISTA-CENSO "MOLL-GARZON-FANJUL" DE "INFAMES" CESANTES,SEPARADOS,DESPEDIDOS...A REHABILITAR

    ¡¡¡¡¡EUREKA!!!!! EL RECTOR DE LA URV FULMINA EL EBEP Y RESTO DE LEYES FRANQUISTAS DE INFAMIA PERPETUA DE FUNCIONARIOS CUESTIONADAS POR LA LISTA-CENSO “MOLL-GARZON-FANJUL” DE “INFAMES” CESANTES,SEPARADOS,DESPEDIDOS…A REHABILITAR.

    Gracias públicas a Sevach por haber descubierto con humor y amor en su última entrada esta convocatoria perla PROVIDENCIAL (PRO-VIDENCIA PARA VER MEJOR)

    http://contencioso.es/2011/10/08/el-procedimiento-selectivo-mas-dificil-del-mundo/#comment-15007

    http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15399.pdf

    http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5963/11251044.pdf

    que pasará a la historia de Cataluña,Pais Valenciano, Asturias y del resto de España y de la UE y de todas sus Universidades y AAPP porque el recto Rector Grau de esta Universidad Pública llamada Rovira i Virgili en honor perpetuo a un politico exiliado separado y excluido de todo cargo publico a perpetuidad, parece que ha hecho caso a Sevach y a Antonio Arias al leer sus alarmas contra el inicuo e infamante art.56 EBEP

    http://contencioso.es/2009/01/07/la-expulsion-para-la-eternidad-de-los-funcionarios-separados-del-servicio/

    http://fiscalizacion.es/2009/01/06/separacion-del-servicio/

    teniendo el valor pionero de fulminar en solitario ese requisito esencial totalitario franquista exigido en falso, inicua y aberrantemente desde 1978 a 2011 en todas las AAPP, Juzgados y Tribunales, TTSSJJ, A.Nal, TS, TC, TCU, CGPJ, CES, CE para poder acceder a cualquiera de sus empleos publicos, de

    “no haber sido separado de servicio, ni despedido ni estar inhabilitado jamás por nadie en todo el mundo sin posibilidad de rehabilitación ni de recurso ”

    y sus variantes, de los art,30.1.e DLFCE 315/1964, 56.1.c.d EBEP 7/2007, que están prohibidos por STC 4/1981 y 37/2002, y que son requisitos inicuos e incompatibles consigo mismos y entre sí pues no se exigen en las oposiciones de juecesy fiscales reguladas por los art.303 LOPJ y 44 EOMF y que en caso de ser separados, despedidos, suspendidos o inhabilitados siempre tienen posibilidad de rehabilitación.

    A ver si los jueces y fiscales y otros letrados docentes de las Universidades Valencianas, UC,UPM, UNED,UAM,..UNIOVI y resto de la CRUE, con esta convocatoria, convencen a sus Rectores y Superiores de la Fiscalia y Abogacia Generales del Estado y del TS, TC, TCU para suprimir este requisito lacra franquista que vicia de nulidad a revisar de oficio por art.62 Ley 30/92 todas las convocatorias, bases, temarios,academias de preparacion,tribunales,tomas de posesión, nombramientos, ascensos, pensiones, actos de empleados publicos de todas las AAPP desde 1978 a 2011 como TACE, Catedraticos, Abogados del Estado, Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios….y resto de Juristas de Reconocido Prestigio, Doctores, Premios Pelayo… en cuestión y obliga a rehabilitar e indemnizar a las victimas infamadas y excluidas a perpetuidad y a perseguir y cesar a sus victimarios desde 1978 a 2011

    Esta CONVOCATORIA QUE FULMINA EL INFAMANTE EBEP Y RESTO DEL ORDENAMIENTO FRANQUISTA PRORROGADO DESDE 1978 A 2011 CUESTIONADO POR LA LISTA CENSO
    “MOLL-GARZON-FANJUL” DE “INFAMES” CESANTES, SEPARADOS,DESPEDIDOS DESAPARECIDOS, FUSILADOS…ES UNA PRUEBA ESENCIAL DE DESCARGO EN SUS 3 PROCESOS COLIGADOS Y ABIERTOS AL JUEZ GARZON POR CUESTIONAR DICHAS LEYES INFAMANTES,Y EN SU CASO ES CAUSA DE ABSTENCION-RECUSACION DE MAGISTRADOS, FISCALES Y ABOGADOS DEL ESTADO QUE LAS APLICARON Y NO LAS CUESTIONARON DESDE 1978 A 2011 AL NO PODER SER JUEZ Y PARTE DE DICHOS PROCESOS DEL ESTADO CONTRA SI MISMO NO PREVISTOS EN LAS LEYES PROCESALES Y SUSTANTIVAS

  4. ¡¡¡¡¡ALELUYA!!!! UN DICTAMEN DE LA FISCALIA DE CATALUÑA-1996 CUESTIONA LAS LEYES INFAMES DE SANCIONES Y PENAS PERPETUAS FRANQUISTAS DE DEPURACION DE FUNCIONARIOS Y FULMINA TODAS LAS SENTENCIAS 1978-2011...

    ¡¡¡¡¡ALELUYA!!!! UN DICTAMEN DE LA FISCALIA DE CATALUÑA-1996 CUESTIONA LAS LEYES INFAMES DE SANCIONES Y PENAS PERPETUAS FRANQUISTAS DE DEPURACION DE FUNCIONARIOS Y FULMINA TODAS LAS SENTENCIAS 1978-2011 DE LOS TTSSJJ, A.NAL, TS Y TC A FAVOR DE LAS MISMAS QUE NIEGAN LA REHABILITACION DE LOS SEPARADOS DEL SERVICIO

    Transcribimos recensionado con interrogantes y sanas criticas entre parentesis,dicho Dictamen de la Fiscalia de Cataluña de 29-10-1996 que obliga al Estado a pedir perdón, yl a revisar toda la doctrina y jurisprudencia de los TTSSJJ, Audiencia Nacional,TS, TC y TCU sobre sanciones y penas perpetuas de separación del servicio, despido, inhabilitación , perdida de empleo, cesantía, civiles y militares, y sobre requisitos esenciales franquistas de Honorabilidad, Merito, Capacidad, Probidad, Idoneidad, Oposiciones,Concursos,Tribunales de Selección, de Honor, Temarios,Academias de Preparacion, Subvenciones a Preparadores,Premios y Castigos, Sanciones, Pensiones,
    Tomas de Posesion, y Nombramientos, Rehabilitaciones,
    en los que se sigue excluyendo a perpetuidad mediante el juramento de fidelidad al Caudillo de “no haber sido separado del servicio jamas porv nadie en tod el mundo”

    ///////////////////////////////////

    TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

    SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (SECCION SEGUNDA)
    NUM. DE RECURSO 424/95
    NUM. DE FISCALIA 53/95 (43/96)

    A LA SALA

    El Fiscal, en el recurso contencioso administrativo, al margen referenciado, interpuesto por la representación procesal de D.XXX

    (??? omite su calidad de SEPARADO DEL SERVICIO Y EXCLUIDO A PERPETUIDAD DE TODO EMPLEO PUBLICO SALVO LOS DE JUEZ Y FISCAL”),

    evacuando el traslado que le ha sido conferido en la cuestión
    previa de inconstitucionalidad,

    DICE:

    ANTECEDENTES

    La Sala, al amparo de lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, inicia el trámite, oyendo al Ministerio Fiscal y a las partes

    (??? error pues no se llamó al Abogado del Estado, ni a Letrados de Cortes, Parlamentos, TC y AAPP víctimas de dichas leyes)

    con vistas a un eventual planteamiento de la cuestión previa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sobre la posible inadecuación constitucional del articulo 33 letra e de la Ley 17/85, de 23 de julio de Función Pública de la Administración de la Generalidad de Cataluña

    (??? omite decir que es una variante del art.30.1.e DLFCE 315/1964 que confunde el “no haber sido, o no estar, o no hallarse separado…)

    en relación con los artículos 14, 23.2 y 25.2 de la Constitución Española.

    FUNDAMENTOS JURIDICOS

    Así pues, una vez centrada la cuestión debatida, pasamos al examen de la misma.

    El art.33, letra e) de la Ley 17/85 cuestionado, en su redacción originaria, disponía:

    “Para poder ser admitido a las pruebas de selección de funcionarios se precisará:…No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas ni hallarse separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de Administración pública alguna….”

    (???? no denuncia que es una variante ilicita del anticonstitucional sobrevenido art.30.1.e DLFCE 315/1964,y que no se exige en los art.303 LOPJ,44 EOMF,28 EPSO,y derivados del EMPESS, Estatuto Personal de Cortes,…,,que obliga a darles audiencia como partes afectadas por dicha cuestión de leyes conexas, debiendo llamar a sus Letrados respectivos, pues no cabe que una ley inferior autonomica se cuestione y se omita cuestionar otras básicas identicas o conexas,o que se confunda el “no haber sido” con el “no hallarse” o el “no estar separado
    ….”,o que se exija o no tutela judicial al exigir “sentencia firme” que no se exije en el DLFCE preconstitucional)

    Dicho precepto fue reformado

    (??? razón de más para cuestionarlo desde 1978 e indemnizar a las victimas excluidas a perpetuidad)

    por la Ley catalana 9/1994, de 29 de junio, de reforma de la Legislación relativa a la función pública de la Generalidad de Cataluña, concretamente su artículo 16 dio nuevo redactado a la letra e) del artículo 33, que estudiamos, y cuyo contenido actualmente vigente

    (???? yerra porque por STC 37/2002 no podía en 1996 estar vigente si se oponía a una falsa ley básica preconstitucional como el DLFCE 315/1964 del que 43 años después derivará otra falsa ley básica postconsticional carente de Dictamen del Consejo de Estado sustituido en falso por un Borrador de una Comisión de Expertos, como es el EBEP 7/2007)

    es el siguiente:

    “…No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas

    (???? no exige sentencia firme),

    ni estar

    (??? no dice “ni haber sido”)

    separado, mediante expediente disciplinario,

    (???? no exige sentencia firme)

    del servicio de cualquier administración pública

    (??? o sea de cualquier gobierno o pais del mundo negando toda suerte de rehabilitación,indulto,amnistía prescripcion).”

    Por su parte la Constitución establece, en sus artículos:

    *14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…”

    *23.2: “Los ciudadanos…. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.”

    *25.2: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

    Del estudio sistematizado de todos y cada uno de los anteriores preceptos,no obstante la parquedad
    (???)de la providencia mediante la que la Sala inicia el trámite, lo cual dificulta precisar(???),tanto el juicio de relevancia(???), cuanto el colegir (???)en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada

    (??? olvida que es evidente que la rehabilitación del separado y excluido a perpetuidad depende de quese declare invalido el DLFCE y sus derivadas autonomicas como la ley 17/1985 que consagran en falso dichos efectos legales, contra el separado,de exclusion perpetua de todo acceso a empleo publico)

    ,tal como exige el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia de dicho Alto Organo,se deduce(????)que ninguna confrontación (???)puede atisbarse entre la norma(????),cuya constitucionalidad se duda, y el principio de igualdad de acceso a la función pública

    (??? ignora la evidente iniquidad entre aspirantes consigo mismos
    y entre sí según estén separados del servicio,despedidos,
    inhabilitados, al ser excluidos a perpetuidad o por el tiempo de condena penal, de de alguno o de todos los escalafones a los que pertenezcan como los de docentes, abogados del estado
    .. y resto de funcionarios civiles y militares excepto en los escalafones de jueces y fiscales,letrados de cortes,
    eurofuncionarios en los que no se exige el requisito y siempre cabe su rehabilitación; y además silencia que en el TC pendían en 1996 cuestiones acumulables de la misma Sala del TSJC contra otras sanciones no perpetuas de dicha ley 17/85 y del LBRL condenadas en OBITER DICTA de la STC 37/2002)

    consagrado en el artículo 23.2, como concreción en esta materia del artículo 14, ambos de la Carta magna.(????)

    En efecto,(???) lo que la norma cuestionada hace no es otra cosa (????), que procurar (????) que quienes accedan a la función pública, en este supuesto la dependiente de la Generalidad de Cataluña, reúnan, al tiempo de su acceso (???), las condiciones de probidad (????) e idoneidad cívicas (????), exigibles (??? yerra porque no se exige a jueces y fiscales) en cualquier sociedad (???) donde la moral pública (????) sea estimada como un valor necesario (??? que nada tiene que ver con el haber sido o estar separado del servicio a perpetuidad por Tribuinal de Honor o asimilado franquista).

    En esta línea la norma no sólo no es contraria a la CE,

    (????, entonces si eso es así por qué no se exige para eurofuncionarios,Jueces y Fiscales,….. )

    sino al revés,(???) es respetuosa con el artículo 103.3 de dicha ley fundamental cuando dispone:

    “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad…”.

    Una forma de acreditar tales requisitos de probidad e idoneidad

    (??? es una forma impropia y nada fiable utilizada en los regimenes totalitarios caudillistas)

    ,es acreditar la inexistencia de sanciones en el desempeño de una anterior función pública.

    (??? si las faltas, delitos, sanciones y penas prescriben los antecedentes disciplinarios y penales también deben prescribir y poderse cancelar,en aras a la reinserción, sin que los efectos de la separación,despido, inhabilitación puedan ser infamantes a perpetuidad para nadie, y sin que la rehabilitación pueda ser ni privilegio inicuo de inhabilitados respecto de separados y despedidos, ni de jueces,fiscales, eurofuncionarios respecto de otros funcionarios, según STC 114/1996 y 203/1996)

    Más discutible pudiera ser sin embargo, la adecuación de la norma cuestionada al artículo 25.2 de la CE, en este precepto, después de establecer el principio de legalidad en el ámbito del derecho penal y administrativo sancionador
    , la Constitución consagra el fin rehabilitador de la pena privativa de libertad y de la medida de seguridad, y aunque nada se dice de la sanción administrativa, doctrina y jurisprudencia, lo extienden a ella por analogía in bonam partem.

    (???? por ello no cabe privilegiar con la rehabilitación sólo para inhabilitados olvidando a los separados, y tampoco vale rehabilitar a éstos separados si son aspirantes o jueces,fiscales,
    letrados de Cortes,sanitarios, eurofuncionarios)

    Ciertamente , el precepto que examinamos aisladamente considerado, al establecer una especie de inhabilitación perpetua(????), sin posibilidades de rehabilitación (????) , para el separado (????) o inhabilitado (????), podría (???) conculcar el fin rehabilitador que late en el articulo 25.2. Por ello es preciso ponerlo en relación (????) con otros artículos de la propia ley, así el 74.2, 99 y concordantes, que establecen un régimen de prescripción (???), seguida de una especie de cancelación de antecedentes (???) que de interpretarse (????) con un efecto rehabilitador por parte de la Administración de la Generalidad, proporcionarían (???) esa adecuación constitucional del precepto cuestionado, que de otro modo

    (???? como hacen todas las AAPP, TTSSJJ, TS, TC, TCU, Consejo de Estado, Universidades al no rehabilitar al separado)

    conculcaría (???)sin lugar a dudas(???) lo dispuesto en el artículo 25.2 de la suprema norma.

    Por tanto a la vista de todo lo expuesto (???) el Fiscal estima

    (??? omisiva e incongruentermente)

    que no es pertinente (????) el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en los términos ut supra expresados (????).

    Barcelona, a 29 de julio de 1996

    Pedro Campoy

    OBSERVACIONES:

    1-No se entiende que el Fiscal yerre absurdamente el Dictamen que razona y declara SIN LUGAR A DUDAS la pertinencia de la cuestión, para luego finalmente la declara impertinente
    invocando una suerte de “MUTATIO LIBELIS INTERPRETATIVA consistente en hacer que lo manifiestamente anticonstitucional se reinterprete al contrario, es decir que las leyes franquistas de sanciones perpetuas inequívocas sin rehabilitación que son inequivocamente anticonstitucionales SEAN INTERPRETADAS EQUIVOCAMENTE COMO TEMPORALES CON REHABILITACION, para que sean consideradas como constitucionales.

    2- El Dictamen, al probar que el franquismo sancionador perpetuo sigue aplicandose despuésde 1978, es esencial para archivar los procesos contra el juez Garzón ante la Sala 2ª TS por revisar las leyes franquistas para indemnizar separados,
    desaparecidos,exiliados..

    3-Si la incongruente conclusion de impertinencia de la cuestión fue ordenada por la superioridad, cabe recordar que los Fiscales están obligados a discrepar por el art.27 EOMF que PROTEGE LA INDEMNIDAD DEL FISCAL PARA DICTAMINAR EN CONCIENCIA DISCREPANDO DE SUS SUPERIORES Y DEL FGE RECURRIENDO A LA JUNTA DE FISCALIA O AL CONSEJO FISCAL

    Transcribimos el art.27 EOMF-1981

    Artículo 27.

    1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas,PLANTEARÁ la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala
    .
    2. Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera.

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