LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA LLEGA AL TRIBUNAL SUPREMO.

La reforma sanitaria aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a instancias del presidente norteamericano Barack Obama inicia su periplo en el Tribunal Supremo. Han sido varias las instancias inferiores que se han pronunciado sobre la misma, en unos casos avalando la constitucionalidad de la norma y en otros anulando por ser contrarios a la norma fundamental preceptos enteros de la ley, cuando no todo el texto de la misma. Han sido ya seis los pleitos que han llegado al Tribunal Supremo, de los cuales cinco ya han sido distribuidos entre los distintos jueces para ver si aceptan conocer el mismo.

Hemos de apuntar, para quien no esté familiarizado con el funcionamiento del supremo órgano judicial estadounidense, un levísimo esquema de los trámites procesales a seguir. Un asunto llega a dicho órgano judicial vía writ of certiorari (que en nuestro idioma suele traducirse como auto de advocación), bien derivado de un Tribunal de Apelación (órgano integrado en la judicatura federal; es decir, que se trata de poder judicial federal) o bien emanado de alguno de los Tribunales Supremos de los distintos estados, si bien en este último caso únicamente es posible acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos invocando la vulneración de preceptos constitucionales o de derecho federal . A diferencia de la apelación ordinaria (appeal), en el certiorari el Tribunal Supremo es libre de decidir sin ningún tipo de cortapisa o límite si decide o no conocer el asunto; para que un asunto supere la primera fase, han de ser cuatro de los nueve jueces de la institución decidan si el asunto tiene o no la suficiente trascendencia jurídica o si existen motivos (como, por ejemplo, pronunciamientos contradictorios entre diferentes Tribunales de Apelación) que justifiquen la intervención del supremo organismo judicial norteamericano. Si el Supremo decide conocer el asunto, se fija una fecha para que los letrados de las partes comparezcan ante la Sala y en la fase conocida como oral argument (vista oral), donde cada letrado tiene un plazo de treinta minutos para exponer sus razonamientos, aunque en dicho plazo puede ser (como de ordinario sucede) sometido a una batería de preguntas, repreguntas, consideraciones o simples reflexiones por parte de ocho de los magistrados (decimos ocho porque en los últimos cuatro años el juez Clarence Thomas no ha formulado ni una sola pregunta). Una vez concluidos los oral argument, el asunto pasa a decidirse por los magistrados en la fase que se denomina conference (y que suele tener lugar los viernes), donde en una votación preliminar cada magistrado toma una posición acerca del resultado del asunto: si el chief justice está en la mayoría, es él quien decide qué magistrado de los que forman dicha mayoría redacta la sentencia; si, por el contrario, el presidente está en minoría, es el magistrado más antiguo de quienes forman la mayoría quien tiene la potestad de decidir quién será el redactor material de la sentencia. No es infrecuente que a la hora de elaborar una sentencia existan mutaciones de criterio que devienen en cambios de mayoría (por ejemplo, en Planned Parenthood v. Casey, caso del año 1992, una mayoría inicial favorable a restringir los efectos prácticos del caso Roe v. Wade mutó gracias a las maniobras de David Souter, quien logró convencer a Sandra Day O´Connor y al católico Anthony Kennedy para suavizar el borrador inicial de la sentencia que había elaborado el propio chief justice Rehnquist).

Después de este largo excurso, retomamos el tema inicial, cual es la llegada de varios pleitos que tienen como objeto procesal la constitucionalidad o no de la Patient Protection and Affordable Care Act. Cinco de ellos ya han sido distribuidos entre los magistrados, quienes el próximo jueves día 10 de noviembre decidirán si aceptan conocer o no tales procedimientos. En concreto, esos cinco pleitos podemos, a su vez, clasificarlos en dos tipos de asuntos en función de quién es el recurrente:

I.- En cuatro de los cinco pleitos son instituciones privadas o autoridades estatales quienes cuestionan la adecuación de la ley a la distribución de competencias federación-estados establecida en la Constitución de los Estados Unidos. Estos cuatro pleitos en cuestión son Thomas More Law Center v. Obama; National Federation of Independent Bussines et al. v. Sebelius; Florida et al v. H.H.S.;  y Liberty University et al. V. Geitner et al. En todos ellos se cuestiona si el Congreso de los Estados Unidos ostenta la competencia para establecer este tipo de obligaciones, es decir, si la normativa aprobada, que se ampara en la Commerce Clause, tiene anclaje en la misma o si, por el contrario, excede de las previsiones que dicha institución protege.

II.- En el pleito restante, en concreto el US. Department of Health and Human Services et al v. Florida et al., es precisamente la Administración federal quien impugna pronunciamientos adversos en defensa de la norma.

Parece evidente que, si no todos, si que alguno de los asuntos será admitido por el Tribunal Supremo al objeto de zanjar jurídicamente el asunto. Es evidente que, se esté a favor o en contra de la reforma, los magistrados tendrán en cuenta que dadas las discrepancias existentes entre los distintos Tribunales de Apelación, es más que justificado que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad o no de la reforma sanitaria. Es más que previsible que, como en tantas otras ocasiones, sea Anthony Kennedy quien, dada su privilegiada posición de magistrado clave, tenga en sus manos el futuro de la reforma.

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Un comentario el “LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA LLEGA AL TRIBUNAL SUPREMO.

  1. REQUIEM FRANCISCO VILLAR, médico y alto cargo de SANIDAD,AAPP Y DEPORTE ,abolicionista de las normas franquistas de sanciones perpetuas de funcionarios, deportistas y profesionales

    http://www.farodevigo.es/galicia/2011/10/27/fallece-francisco-villar-mano-derecha-mariano-rajoy-anos-gobierno/592128.html

    http://www.larazon.es/noticia/342-fallece-francisco-villar-estrecho-colaborador-de-rajoy

    http://www.elconfidencial.com/espana/2011/10/26/muere-francisco-villar-amigo-y-estrecho-colaborador-de-rajoy-86637/

    Los funcionarios, deportistas y profesionales pueden ser victimas de normas sancionadoras de premios y castigos DESPROPORCIONADAS ( objetiva y/o subjetivamente al analizarse el premio,el castigo y el sujeto premiado o castigado); INJUSTAS ( si el sujeto premiado o castigado carece de méritos o culpas para ser premiado o castigado) ; PERPETUAS (sin posibilidad de recurso, prescripción, indulto, rectificación, revisión, amnistía , cambio de normativa, rehabilitación, indemnización, resocialización, reinserción); PERVERSAS (si los méritos se juzgan como demeritos y viceversa, premiando los deméritos con ascensos, medallas, honores, primas, bonus, pensiones…..y castigando los méritos con acosos, mobbing, persecuciones, difamaciones, expedientes,suspensiones, ostracismos, muertes civiles……); INICUAS (si su graduación varía irracionalmente por cualquier circunstancia del sujeto) las cuales afectan a los ius puniendi y ius honorandi del Estado en cuestión graduando su nivel de totalitarismo.

    Francisco Villar participó como Secretario de Estado del MAAPP en el II Congreso de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Funcionarios de 1998 enterándose del desaguisado anticonstitucional de la legislación sancionadora y penal de la Transición destapado en sus Conclusiones y comprometiéndose a abolir las NORMAS SANCIONADORAS DESPROPORCIONADAS, INJUSTAS, PERPETUAS, PERVERSAS E INICUAS DE PREMIOS Y CASTIGOS A FUNCIONARIOS, DEPORTISTAS Y PROFESIONALES heredadas del franquismo como LA SEPARACION DEL SERVICIO cuestionada por el Faro de Vigo, La Nueva España, Levante, La Provincia, La Opinión de Zamora…..

    Paco Villar hizo lo que pudo y más como “mano derecha ” e “izquierda” de Rajoy.

    Concretamente el art.27 del Anteproyecto de Estatuto Basico de Función Publica EBFP “RAJOY” que preveía sólo la REHABILITACION DE LOS FUNCIONARIOS INHABILITADOS A LOS EFECTOS DE QUE PUDIESEN ACCEDER O RECUPERAR EMPLEOS PUBLICOS TRAS CUMPLIR LA PENA JUDICIAL , fué corregido añadiendo el art.27.2 que ampliaba esa rehabilitación inicua, a los SEPARADOS DEL SERVICIO, que sólo tenían los Jueces, Fiscales, Personal Judicial, del Movimiento, ……,pero no tenían los Abogados del Estado, TACE……………..fulminando ese privilegio y todas las normas sancionadoras perpetuas similares franquistas depuradoras de funcionarios, deportistas y profesionales , con tardío Dictamen favorable del Consejo de Estado 1489/1998 tras 20 años de vigencia de la Constitución, afectando al Anteproyecto de Estatuto Basico de la Funcion Docente -2000 “DEL CASTILLO” que fulminaba el draconiano REGLAMENTO DE DISCIPLINA ACADEMICA-1954 “RUIZ GIMENEZ”, DLFCE 315/1964 “CARRERO”, Ley 30/1984 MURFP “MOSCOSO” (pese a declararse abolicionista vid.

    http://fiscalizacion.es/2009/01/06/separacion-del-servicio/comment-page-1/#comment-2056

    ) de sanciones perpetuas aún vigentes en 2011, a diferencia de el EMPESS-2003 “ANA PASTOR” que limitaba la separación del servicio a 6 años por rehabilitación automatica del sanitario (médicos como Villar y Pastor ) que fuese separado, que forzaron al Grupo Popular a votar en contra del EBEP-2007 “SEVILLA” que consagró ne falso la exclusión perpetua de separados, despedidos sin posibilidad de rehabilitación a diferencia de los inhabilitados, y que debe ser abolido por el gobierno que salga del 20-N.

    Sorprende que las ideas abolicionistas de las sanciones perpetuas en todas las AAPP de RAJOY (cuyo abuelo fue biseparado del servicio como Docente y Abogado Colegiado), VILLAR, MARHUENDA (Jefe de Gabinete, años después Director de LA RAZON que apoyó dicha abolición

    vid.

    http://fiscalizacion.es/2009/01/06/separacion-del-servicio/comment-page-1/#comment-2055

    http://fiscalizacion.es/2009/01/06/separacion-del-servicio/comment-page-1/#comment-2057

    ), RODRIGUEZ ARANA (Subsecretario y Presidente IMAP), compartidas en el MAAPP con otros subsecretarios de AAPP como CAMPS (luego Presidente de la CA Valenciana) , COSPEDAL (abogado del Estado, Secretaria General del PP, y actual Presidente de la CA Castilla La Mancha), GONZALEZ (vicepresidente de la CA Madrid con Esperanza Aguirre, TACE), no se mantuviesen en las leyes de FP de estas Comunidades que resultan anticonstitucionales por excluir de empleos publicos al separado del servicio y al despedido desde los 16 años de edad, a perpetuidad, y por contra sí se mantengan publicamente a la hora de defender incondicionalmente a deportistas de élite del ciclismo, atletismo, futbol, baloncesto, automovilismo, tenis
    …..políticos, profesionales de bancos y cajas ,personal judicial, sanitario y eurofuncionario, ….en cuestión.

    vid. comentarios conexos en

    https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/05/04/sobre-la-seleccion-de-los-jueces-juez-funcionario-v-juez-responsable-ante-el-cuerpo-electoral/

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