ANTONIO ROYO VILLANOVA Y ALCALÁ-ZAMORA CONTRA EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

No es ningún secreto que el responsable de este blog no siente ninguna simpatía por el Tribunal Constitucional, órgano que debería ser suprimido con carácter inmediato porque los perjuicios que ocasiona (innumerables) no compensan ni de lejos los teóricos beneficios (más bien escasos, por no decir nulos) que presenta. No obstante, estos días pude comprobar que a la hora de instaurar el Tribunal de Garantías Constitucionales, antecedente inmediato del actual máximo intérprete de la Constitución, hubo autorizadísimas voces que clamaron contra dicho órgano.

En efecto, el autor de estas líneas se encontraba sumergido en la lectura del libro Juristas en la Segunda República: los iuspublicistas (Marcial Pons, Madrid, 2009) , magnífico ensayo debido al catedrático de derecho administrativo y eurodiputado Francisco Sosa Wagner cuya lectura recomendamos encarecidamente a todo jurista patrio. En dicha obra, tras ofrecer un amplio fresco del período republicano centrándose no sólo en los aspectos políticos, sino en las principales áreas de acción gubernamental (un resumen, por cierto, muy objetivo y bastante alejado de los tintes rosáceos que suelen actualmente acompañan a todo acercamiento al periodo), se centra en apuntes biográficos y bibliográficos de los principales juristas de la época. Pues bien, en este sentido, ha sido un profundo consuelo para quien esto suscribe comprobar las opiniones de don Antonio Royo Villanova en relación al Tribunal de Garantías Constitucionales. Nada mejor que transcribir íntegro el párrafo que el profesor Sosa Wagner (con citas literales de la obra de Royo Villanova) dedica al tema y que ocupan las páginas 128-130 de su libro, donde expone lo motivos por los que Royo se opone a dicha institución, amparándose fundamentalmente en razones de técnica jurídica y en ser dicho organismo contrario a la tradición jurídica española:

A Royo le gustó muy poco la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. A su juicio, “esto de la inconstitucionalidad de la ley no ha existido nunca en España y aquí lo verdaderamente liberal, lo democrático, es que un juez cualquiera es dueño y soberano para establecer la relación entre una constitución y la ley” porque se trata simplemente de una cuestión de técnica jurídica y los jueces están acostumbrados a resolver estos problemas: “en un caso determinado, en que se litigue entre aragoneses y catalanes si ha de aplicarse el Estatuto catalán o la ley aragonesa o el Código Civil, es más difícil que establecer la relación entre una ley y la Constitución; y como este es un problema de técnica jurídica, lo resolverán mejor los jueces que ningún tribunal constitucional”. Y para concluir: “el sistema democrático exige que el Gobierno esté enteramente emparedado entre un Parlamento soberano y una justicia independiente, sin tinglados intermedios: de un lado el juez, de otro la ley, y el Gobierno en medio, como garantía del ciudadano para que, cuando el Gobierno se salga de la ley, residenciarle. Esto es lo democrático, lo justo y lo español. La tradición jurídica española es contraria a todas estas cosas que nos ha traído la Comisión, traducidas de Kelsen y de Austria y de otros países”.

El Tribunal de Garantías es, pues, un “tinglado austríaco” inventado por Kelsen y su teoría de la jerarquía normativa, que él explica en clase “porque es mi obligación enterarme de lo que pasa por el mundo, pero siempre reconociendo que todo eso es contrario a la tradición española”. Para él “la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley es un problema jurisdiccional de técnica jurídica que en la Constitución no puede corresponder más que al poder judicial”. Así ocurre en los Éstados Unidos con su Tribunal Supremo.

[…] Por tanto, “qué necesidad tenemos de buscar en Austria ni en ninguna parte, ni de copiar cosas exóticas si, en relación con nuestro derecho, esas instituciones son fundamentalmente contrarias a nuestra tradición jurídica y a las autoridades de nuestros jurisconsultos más eminentes? ¿Es que los jueces no son garantía muy superior –más que este Tribunal de Garantías- para decidir si una ley se aplica o no?” Y continúa: “un Tribunal que inventáis o que traducís, y que sólo por estar traducido me molesta en mi espíritu español, pues ya comprenderéis que mi patriotismo no es un tópico para molestar a los catalanes”. En cuanto a su configuración, es claro que deja ver su carácter de organismo político, lo cual es un “vicio de origen

Palabras que, aún pronunciadas en plenas Cortes Constituyentes de 1931, podrían trasladarse perfectamente a 2011 sin alterar una coma. Es curioso que Niceto Alcalá Zamora, otro eminente jurista que además ostentó la presidencia del Gobierno provisional de la República y ulteriormente la Presidencia de la misma, se mostrase igual de crítico con dicho Tribunal de Garantías Constitucionales. Si damos un salto de ciento veinte páginas en el libro del profesor Sosa Wagner, nos encontraremos con este ilustrativo párrafo obrante en las páginas 227-228:

Más en caliente había opinado quien ostentó la condición de Presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, en su libro que conocemos Los defectos de la Constitución de 1931. Fue el presidente muy crítico con el Tribunal: su tesis era que un país rico podía tener Senado, Tribunal Supremo y Tribunal de Garantías. Sin embargo, “en una organización más meditada, eficaz y sobria, el Senado, por una parte, el Tribunal Supremo, por otra, y quizás, la combinación entre estas dos altas instituciones, evitarían con ventaja y facilidad la subsistencia del nuevo y complicado organismo

Acerca de la jurisprudencia de amparo producida, Alcalá Zamora es contundente: “susceptible la materia de ir con ventaja a la jurisdicción ordinaria, no valdría la pena de conservar una institución que, prácticamente, apenas ha servido para otra cosa que para alzar o condonar multas con evidente protección de la libertad ciudadana, muchas veces con debilitación indudable de los resortes de autoridad para el mantenimiento del orden público”. Y añade: “el recurso por inconstitucionalidad de las leyes nacionales probablemente no tendría razón de ser establecido el Senado y subsistiendo el veto. En todo caso, cabría confiarlo al organismo que hubiera de fallar sobre la responsabilidad penal del Jefe de Estado y del Gobierno”. Y en cuanto a la ilegalidad de las leyes regionales: “parece garantía suficiente el Senado o el Tribunal Supremo en pleno”.

Un tribunal para olvidar

 Pues ese tribunal para olvidar es el que se restablece en 1978, con los nefastos resultados que los treinta años de funcionamiento de la institución ha puesto de manifiesto. Un órgano teóricamente excluido del poder judicial se ha convertido de facto en una última instancia jurisdiccional a través del recurso de amparo, cuya última regulación deja, además, al ciudadano desarmado frente a eventuales vulneraciones de sus derechos fundamentales, que únicamente podrán ser remendadas en amparo si el asunto presenta “relevancia constitucional”, viaje para el que no se necesitaban tantas alforjas.

En resumen, un organismo el Tribunal Constitucional que como su antecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales, son perfectamente prescindibles. Sus funciones puede asumirlas perfectamente el Tribunal Supremo.

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6 comentarios en “ANTONIO ROYO VILLANOVA Y ALCALÁ-ZAMORA CONTRA EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

  1. ANTICONSTITUCIONALIDAD DEL TC Y RESTO DEL ESTADO POR INCUMPLIR SUS PROPIAS STC 4/1981 Y 37/2002....Y APLICAR LAS LEYES FRANQUISTAS QUE EXCLUYEN AL SEPARADO....

    ALERTA DE ANTICONSTITUCIONALIDAD DEL TC,TS Y RESTO DEL ESTADO POR INCUMPLIR SUS PROPIAS STC 4/1981 Y 37/2002 AL NO AUTOCUESTIONARSE Y APLICAR EN FALSO LAS LEYES FRANQUISTAS QUE EXCLUYEN AL SEPARADO DEL SERVICIO PARA SER CONSERJE O LETRADO DEL TC Y LE ADMITEN COMO JUEZ O FISCAL

    Monsieur de Villefort apoyándose en Royo Vilanova, propone suprimir el TC al entender que sus funciones debe y puede asumirlas mucho mejor el TS, lo cual no está nada claro , toda vez que ambos Tribunales están aqui cuestionados por mantener y aplicar desde 1978 a 2011 las leyes franquistas inicuas que excluyen al separado para todo empleo publico salvo los de juez o fiscal, y lo que es peor, no saber reconocer su error pese a condenarlo en las STC 37/2002 y 4/1981, y hacer caso omiso de todas las alertas de las victimas de dichas leyes, como la adjunta que reproducimos íntegra.

    vid.

    http://www.ciccp.es/ImgWeb/Sede Nacional/sector 1/Juan_jose_moll.pdf.
    .

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    E-MAIL 03/03/2008 DE ALERTA AL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (CICCP)

    De: XXX (UN SEPARADO DEL SERVICIO EXCLUIDO POR EL TC EN LA CONVOCATORIA DE CONSERJES Y LETRADOS DEL TC, Y ADMITIDO EN LAS DE JUECES Y FISCALES)

    Para: PRESIDENTE,JUNTA Y COLEGIADOS ICCP

    ASUNTO: ELECCIONES CICCP 2008. MENSAJE DE Colegiado n°xxxx. Fundador del Foro-Grupo «AGUA CONSTITUCIONAL» Candidato a Consejero del CICCP por «Cataluña» y por
    «Administración Local y Entidades dependientes» admitido pese a «haber sido separado de servicio y excluído a perpetuidad de todo cargo público o parapúblico por art.30.1.e y 38.3 LFCE-1964 y vigente EBEP 7/2007 anticonstitucionales

    Queridos/as amigos/as colegas del CICCP:

    Gracias por haberme admitido como candidato, y no haber impugnado nadie mi candidatura por no cumplir el requisito-lacra-franquista anticonstitucional que pone patas arriba al Estado y a 3 millones de garantes desde 1978, de :

    «NO HABER SIDO SEPARADO DE SERVICIO NI DESPEDIDO»

    que descubre la gran noticia ocultada- como secreto-tabú de la Transición- por todos los sabios «que ni quitan ni ponen rey, pero ayudan a su señor» y que ha aflorado con los Estatutos Autonómicos ,cual es

    «LA EVIDENTE ANTICONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RESTO DEL ESTADO, AAPP, UNIVERSIDADES, COLEGIOS PROFESIONALES, AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS…… POR MANTENER VIGENTES Y APLICAR BAJO JURAMENTO LAS LEYES LACRA FRANQUISTAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERPETUA DE SEPARADOS DE SERVICIO, DESPEDIDOS, O SIMILARES DESDE 1978 AL PRESENTE 2008»

    Diréis ¿ y ésto qué tiene que ver con el Colegio, o con sus Colegiados/as, o con las Infraestructuras y la Sociedad ?

    Pues muchísimo, pues el Colegio y resto del Estado no pueden ser más que Constitucionales, Democráticos y Sociales de Derecho, SIN POSIBILIDAD DE SEGUIR JURAMENTADOS AL FRANQUISMO SANCIONADOR PERPETUO EXIGIENDO CERTIFICADOS DE «BUENA CONDUCTA» DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL JEFE DE FALANGE O GARANTÍAS SIMILARES COMO ANTES DE 1978.

    Os envío mi mensaje dentro de forma y plazo, intentando superar las dificultades inexplicables enquistadas en nuestro querido Colegio para que los/las colegiados/as(más de 20.000) participemos, fundemos Grupos, Foros, Coros, Blogs, Chats…… nos comuniquemos, digamos lo que pensamos libre y respetuosamente sobre Infraestructuras y Sociedad, nos conozcamos, nos abramos, nos solidaricemos, NOS PLANTEMOS FRENTE AL ABUSO DE PODER Y LE PLANTEMOS CARA CON GARANTÍAS DE INDEMNIDAD SIN SUFRIR REPRESALIA ALGUNA
    .
    Es muy triste que en pleno siglo XXI con el nuevo EBEP 7/2007 aún corramos el riesgo de ser víctimas y victimarlos, cómplices, encubridores y coautores, en su caso, por acción, comisión u omisión, de penas y sanciones capitales de muerte, ostracismo, infamia, exilio, vacío, excomunión, separación de servicio, postergación, cesantía, acoso moral o «mobbing», FORMANDO PARTE JURAMENTADA DE TRIBUNALES INQUISITORIALES DE HONOR, OPOSICIONES, ELECCIONES UNIVERSITARIAS, COLEGIALES, SINDICALES, O DE DEONTOLOGIA, IMPUNEMENTE, CON GRAVÍSIMO PERJUICIO A PERSONAS INTACHABLES INDEFENSAS

    Máxime si su caída en desgracia fué por su «terrible delito» DE SER DECENTES CONSIGO MISMAS, CON LOS COLEGAS Y RESTO DE LA SOCIEDAD FORMULANDO SANAS Y OPORTUNAS CRÍTICAS EN DEFENSA DE LA VIDA, DE LA SALUD Y DE LA INTEGRIDAD MORAL DE MILLONES DE CIUDADANOS/AS, FUNCIONARIOS/AS Y FAMILIARES Y COLEGIOS PROFESIONALES AMENAZADOS/AS POR LAS LEYES-LACRA TOTALITARIAS FRANQUISTAS :

    -de «ordeno y mando lo que me dá la gana”

    ( y como te resistas, o veas y oigas y no calles, te fusilo, te aislo, te hago el vacío, el mobbing, y te separo de servicio o te despido, debiendo exiliarte, pues nadie te defenderá, pues no daré subvenciones ni visados y perseguiré además a los Entes, Colegios, Personas, Familia y Amigos que te defiendan, y daré incentivos y premios a los que te ataquen)

    -y de “trasvases de agua”

    ( y todo lo derivado: suelo, licencias urbanísticas, parques temáticos, transportes, AVE, Cercanías………………ocultando su contaminación por vertidos urbanos e industriales, sin hacer Estudio de Impacto Ambiental, a base de impedir toda crítica, imponiendo sanciones y penas perpetuas, máximas y capitales de exclusión social al que se atreva a rechistar)

    El Memorial Democrático y Social de nuestro querido Colegio desde 1978 a Presente está por hacer pues ni la Revista de Obras Públicas, ni Camins, ni las Webs, ni ningún Blog, recogen lo que ha hecho bien o mal e! Colegio y sus Colegiados/as, siquiera desde 1978, en favor o en contra de la Transparencia en Infraestructuras como el Agua, y todas las que se derivan de ella, como Caminos, Canales y Puertos.

    Mientras en otros Colegios de Médicos, Biólogos, Abogados…
    constan sus Memoriales Democráticos sobre el planteamiento, investigación y debate abiertos de problemas sociales, como las leyes de violencia de género, la eutanasia, las sedaciones, los abortos, el mobbing familiar, profesional, inmobiliario, político, colegial, los Estatutos de Funcionarios…, ……………………………
    EN NUESTRO COLEGIO NO CONSTA DEBATE ALGUNO CONCRETO Y TRANSPARENTE SOBRE LOS «VERTIDOS CONTAMINANTES DE FLIX, ASCÓ,AZNALCÓLLAR,PRESTIGE
    ….», NI SOBRE LAS «REPRESALIAS Y PREMIOS A COLEGAS, CATEDRÁTICOS, FUNCIONARIOS, EMPRESARIOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COLEGIOS, SINDICATOS,….SEGÚN ESTÉN A FAVOR O EN CONTRA DEL PODER», UTILIZANDO ÉSTE IMPUNEMENTE SUS APARATOS JERARQUIZADOS Y LAS LEYES-LACRA FRANQUISTAS ANTICONSTITUCIONALES DE DEPURACIÓN DE LOS MISMOS, BIEN SEPARANDO DE SERVICIO, BIEN DESPIDIENDO, BIEN RESCINDIENDO CONTRATOS, BIEN IMPONIENDO O NEGANDO VISADOS Y SUBVENCIONES DE LOS QUE DEPENDE, EN SU CASO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU FINANCIACIÓN, EN TODO O EN PARTE.

    Hace unos días Elvira Lindo, creadora del personaje «Manolito Gafotas», pedía en su artículo «Agua y Cielo» algo así como que algún ingeniero inocente o decente le explícase «lo que era mejor para todos en el tema del agua» objeto de discordia de los Estatutos pendientes ante el TC

    La petición es muy fuerte pues pone en cuestión que esa virtud esencial profesional (que es la inocencia o decencia, mezcla de ética, estética y en su caso ascética, y que hoy está de moda en las Empresas y se llama Responsabilidad Social Corporativa por la que no todo debe ser ganar dinero, facturar y visar a costa de terceros inocentes y del medioambiente) sea una virtud generalizada, excepcional o inexistente en los Ingenieros, sus Colegios, sus Administraciones Públicas y sua Empresas, sus Sindicatos, sus Asociaciones, sus ONG, en sus Partidos y sus Medios de Comunicación, toda vez que Elvira Lindo dice que no entiende nada y que no le han explicado absolutamente nada de lo que ha sucedido, desde 1978 hasta hoy, en la Gestión del Agua y en todas las Infraestructuras que se derivan, de Suelo, Ocio, Transporte, Urbanismo, Consumo…. en España, con Transparencia y Responsabilidad de Garante Constitucional.

    Los Colegios de Ingenieros, pues, no han respondido a Elvira Lindo y a sus Lectores de su periódico y de Internet, repito, no han explicado absolutamente nada de lo que hay detrás del agua, que no es «el cielo de los indios» sino la llamada
    «HIDROCORRUPCIÓN» o «CORRUPCIÓN DEL AGUA»
    que es la madre de todas las demás: Agua, Suelo, Infraestructuras….. de la que dependen los 4 Poderes del Estado.

    Ver «AGUAS LIMPIAS, MANOS LIMPIAS: CORRUPCIÓN E IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN ESPAÑA»óe la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) Editorial Bakeaz ,que quiere decir Paz en euskera, o ver «INFORME SOBRE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA» de la Fundación Alternativas.

    A ella, Elvira, le contestaría que «hay miedo a hablar» y que ella y su marido, ambos ilustres escritores, él académico, y vinculados en su día y caso al Instituto Cervantes, cuyo fin es el difundir la cultura española en todo el mundo, o a la Academia de la Lengua o al resto del Instituto España,y a otros como el Ramon Llull, deben saber que ese «miedo profesional» deriva de una ley lacra franquista vigente que excluye de todo empleo público, en dichos entes, sea de docente, de operarlo, de auxiliar,o de conserje, en todas las sedes del mundo,por el requisito de:

    «no haber sido separado de servicio o despedido»

    pese a que dicha exclusión está prohibida por Leyes de Memoria Histórica que obligan a rehabilitar a los depurados desde 1931 a 2008, pero que está de nuevo impuesta por el precitado EBEP 7/2007 que resucita las antecedentes leyes-lacra franquistas del precitado art.30.1.e y 38.3 LFCE-1964 y otras de depuración de funcionarios.

    Yo intenté pioneramente investigar la problemática del agua a la luz de la Constitución, como Ingeniero del Minitrasvase desde 1982, fundando en el Colegio el Foro de Debate-Grupo o Colectivo «Agua Constitucional» y constan en las hemerotecas y registros oficiales del Colegio y resto del Estado nuestras quejas, recursos y sanas críticas contra las leyes concesionales 18/81 del Minitrasvase del Ebro a Tarragona, basadas en Decretos de 1927, obviamente anticonstitucionales, utilizándose todo tipo de abusos de poder,con nombramientos de personas sin formación alguna en materia de Gestión y Planificación de Aguas, y oponiéndonos a la «comercialización de las aguas de ríos ocultando su contaminación por vertidos industriales y urbanos sin hacer anáisis ni Estudio de Impacto Ambiental, según las directivas de la UE, con grave perjuicio a ciudadanos y a garantes públicos», que ahora 26 años después afloran para bochorno general, con facturas de más de 200 millones de euros, para trasladar los residuos tóxicos de Flix, con riesgo de corte de suministro a millones de personas.

    Este corte de suministro del Minitrasvase del Ebro, por un hipotético atentado terrorista, fue objeto de la novela de Alberto Vázquez Figueroa titulada «Todos somos culpables»

    En 1998 todos los Participantes al II Congreso de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Funcionarios, votamos la abolición de las Leyes de Sanciones Perpetuas de Separación de Servicio y de Exclusión de Acceso a todo empleo cargo publico o parapúblico, por ser fuente de toda corrupción y abuso de los aparatos jerarquizados de poder, por el viejo truco del «Tibi Dabo» («te daré esto si haces aquello»), o el truco de las Operaciones Urbanísticas(«como no firmes la licencia, o te resistas…. te separo de servicio o despido»).

    Por lo cual no entiendo por qué el Colegio en sus reuniones de la Comisión de Función Pública, no ha armado «la de Dios es Cristo» al Ministro Sevilla y a los Sindicatos que han tolerado esa anticonstitucionalidad y no la han rectificado en su Estatuto Básico del Empleado Público EBEP 7/2007 y por la cual,

    TODAS LAS OPOSICIONES SON ANTICONSTITUCIONALES Y NULAS POR EXCLUIR A SEPARADOS DE SERVICIO Y DESPEDIDOS, VARONES MAYORES DE 16 AÑOS.

    Esta «perla» estatutaria, básica para todos los Estatutos Autonómicos, mantiene juramentados a 3 millones de empleados públicos en el Juramento de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A Franquista de «no haber sido separado de servicio ni despedido», como requisito de acceso a todo empleo público, sin explicación alguna del cambio respecto ai anterior Proyecto de Estatuto Básico de Función Pública EBFP 1999, en el que logramos abolir esa lacra franquista pues en su articulo 27.2 preveia LA REHABILITACIÓN DEL SEPARADO DE SERVICIO. Y DEL INHABILITADO

    Si os leéis el EBEP 7/2007, los Estatutos Autonómicos,las LOU, LOTC, LAU, LOE y los Estatutos Colegiales por ejemplo los de API, Ingenieros, Catedráticos, Maestros. Mossos, Policías, Abogados del Estado,Diplomáticos…veréis que excluyen de todo acceso a empleo público y parapúblico exigiendo «no haber sido separado de servicio o despedido»

    Lo que siguió a 1982, puedes verlo en Internet clikando en cualquier buscador «juan moll ingeniero minitrasvase separacion de servicio» y en hemerotecas de periódicos, como las Crónicas de Manuel Vázquez Montaibán y otros, tituladas:

    «las aguas bajan turbias», «agua». «la ecologia ha venido y nadiesabe como ha sido», «los ingenieros también atraviesan los desiertos», «sentimiento de lo injusto»,»vertederos», «el vía crucis del funcionario», «el impacto ecológico de la corrupción», «juan moll fue defenestrado por defender el interés común», «hidrocorrupción»

    que si no las encuentras puedes pedírmelas en mi e-mail

    Ultimamamente, cumplidas mis obligaciones como Funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, y sobretodo las de «abuelo kanguro de 2 nietos», me dedico a compartir y comunicar por e-mail, mis tesis abolicionistas de esas leyes franquistas de depuración que afectan a todo el Estado y a todos sus garantes, desde el Presidente de Gobierno al último funcionario o interesado perjudicado como el Colegio y los demás Colegios, las Universidades, las Cátedras, las Empresas y AAPP, los Hospitales, los Medios de Comunicación, el Banco de España, el TC y 3 millones de funcionarios estatales, autonómicos y locales juramentados como separables de servicio y despedibles a perpetuidad sin posibilidad de recurso ni de rehabilitación, especialmente los Magistrados y resto del Personal del TC adjuntándoles mi alerta.

    Mi tesis doctoral titulada

    «ERRORISMO Y TERRORISMO DE ESTADO DE DERECHO TORCIDO Y PERVERSO POR LAS VIGENTES LEYES-LACRA FRANQUISTAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERPETUA MEDIANTE TRASVASES CONTAMINADOS Y SEPARACIONES DE SERVICIO EN FALSO*

    no se puede leer en ninguna Universidad o Colegio porque sus Claustros y su Personal Académicos, Rectores, Catedráticos,…. Conserjes deben antes abjurar del J.E.T.A Franquista de «no haber sido separados de servicio ni despedidos», pedir perdón e indemnizar a sus víctimas, y explicar por qué llevamos 30 años de Transición manteniendo esas leyes-lacra franquistas de depuración de garantes críticos por cuestionar con razón p.e. trasvases irracionales que por ley ubican su toma aguas abajo de Flix (o de Aznalcóllar) como le dije a la Ministra Narbona y otros asistentes hace 3 años en la presentación en Barcelona del programa A.Q.U.A de desalación.

    En síntesis,os repito los sloganes profesionales de «Agua Constitucional» de 1982:

    «UBI EXCLUSIONE (MOBBING), IBI CORRUPTIONE»

    «MINISTROS/AS, LOS EXPERIMENTOS NI CON GASEOSA, NI CON AGUA, NI CON EXCLUSIONES PERPETUAS SINO CON PARTICIPACIÓN TRANSPARENTE Y CON ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROFESIONALES DECENTES»

    Dicho sea todo con respeto y ánimo de defensa abolicionista de las leyes lacra franquista de depuración de profesionales decentes por cumplir con su deber, pidiendo disculpas si hay alguna errata.

    Saludos

    XXXXXXX

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    Adjuntando

    EXTRACTO DE E-MAIL 21/02/2008 AL TC

    De: XXX (UN SEPARADO DEL SERVICIO EXCLUIDO POR EL TC EN LAS CONVOCATORIAS DE CONSERJE Y LETRADO, Y ADMITIDO POR EL CGPJ Y MF EN LAS DE JUEZ Y FISCAL)

    Para: EL TC

    ASUNTO: ALERTA Nº1 AL TC,SOBRE LAS ANTICONSTITUCIONALIDADES JURAMENTADAS FRANQUISTAS DE SU PERSONAL Y DEL RESTO DEL ESTADO de «no haber sido separado de servicio ni despedido» CONDENADAS POR CONSTITUCIÓN, RQTC, LOPJ. DICTAMENES CONSELL CONSULTIU GENCAT 9-1-1992 Y MANTENIDAS DESDE 1978 A 2008 COMO TABÚ
    …………………………………………………………………..
    …………………………………………………………………..
    ANEXOS

    -anexo «Dictamen Consell Consultiu 1992 de ANTICONSTITUCIONALIDAD DE REQUISITOS ACCESO.pdf

    -anexo «las aguas bajan turbias. MVM contra las leyes franquistas de sanciones perpetuas.jpg»

    -anexo «carta pública de Juan Molí a Jordi Pujol-1988 mp»

    -anexo «Juan Moll 24 años de soledadmp»

    -anexo «requisito ignominioso de profesor del Instituto cervantes
    .pdf»
    -anexo «Requisitos anticonstitucionales de oposiciones a empleo publico.htm»

    -anexo «oposiciones nulas de todas las AAPP Estatales, Autonómicas y Locales por J.E.T.A.Franquista.jpg»

    -anexo «BORRADOR 3′ XXX FP. SUGERENCIAS DE ANTICONSTITUCIONALIDADES DEL BORRADOR SEVILLA FP.doc»

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    1. DICTAMENES DEL CONSELL CONSULTIU GENCAT 173/1992 "DE CARRERAS" y 171/1991 "G.CASANOVA" CONTRA LOS REQUISITOS DE ACCESO A LA FP FRANQUISTA

      DICTAMENES DEL CONSELL CONSULTIU GENCAT
      173/1992 «DE CARRERAS» y 171/1991 «G.CASANOVA» CONTRA LOS REQUISITOS DE ACCESO A LA FP FRANQUISTA art.30.1.e DLFCE-1964 y 56.1.d EBEP-2007

      Pese a los errores y defectos de ambos Dictamenes del Consell Consultiu de la Gencat, cabe destacar que ambos condenan los requisitos exigidos en falso como esenciales básicos en todas las oposiciones, bases, listas, temarios, tomas de posesion, juramentos, nombramientos y actos derivados de funcionarios desde 1978 a presente 2011 al exigir

      “NO HABER SIDO SEPARADO DEl SERVICIO Ni HALLARSE INHABILITADO”

      lo cual afecta y deslegitima a los mismos Ponentes y resto de´Catedraticos, Magistrados, Fiscales,Letrados del Estado, y de Autonomias, Policias….que juraron ese requisito y no han abjurado del mismo sino que lo mantienen como Principio Inamovible del Movimiento ATADO Y BIEN ATADO en todas las AAPP y Tribunales desde 1978 a presente 2011,
      deslegitimandolas al no cumplir la Constitucion, los Tratados y las STC 4/1981 y 37/2002 que prohiben mantener dichas normas depuradoras perversas franquistas

      vid.

      http://www.cconsultiu.cat/db/cconsultiu/cercador.dictamen?p_from=2&p_dict=D173&p_leng=2&p_frag=F9&p_mat=&p_sub=

      I-Dictamen 173 Data: 09/01/1992

      Barcelona, 9 de gener de 1992

      Ponent: Sr. Francesc de Carreras i Serra.

      Dictamen sol•licitat pel Parlament de Catalunya, en relació a l’adequació a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, del Dictamen de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local (BOPC de 9 de desembre), sobre el Projecte de Llei de Reforma de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.

      ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      Fundamento 9

      El artículo 33 de la Ley 17/1985 establece las condiciones para ser admitido a las pruebas para la selección de funcionarios y tiene la redacción siguiente:

      Para ser admitido a las pruebas de selección de funcionarios es necesario:

      a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las leyes vigentes.

      b) Haber cumplido dieciocho años o tener la edad que la normativa establece como mínima, antes del plazo de presentación de las instancias y no exceder de la edad establecida como máxima para el ingreso en un cuerpo o escala.

      c) Poseer la titulación suficiente, o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que acabe el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas.

      d) Cumplir las condiciones para ejercer las funciones que dentro del cuerpo y escala le pueden ser atribuidas de acuerdo con lo que se prevea por reglamento.

      e) NO ESTAR (???) inhabilitado por sentencia firme para la extinción de las funciones públicas ni HABER SIDO (???) separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

      El Proyecto de Ley sobre el cual dictaminamos modifica la redacción del apartado e, SUPRIMIENDO (???) la exigencia de la sentencia firme en caso de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas.

      Esta redacción coincide, en lo sustancial, con el artículo 30.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado de 7 de febrero de 1964, (???) que tampoco cumplía el requisito de la sentencia firme en los casos de inhabilitación. (???)

      ESTE ARTÍCULO 30.1 NO HA SIDO DEROGADO POR LA LEY 30/1984 (???)Y, POR TANTO, (???) SE PUEDE (???) CONSIDERAR SUBSISTENTE, POSIBLEMENTE CON CARÁCTER MATERIALMENTE BÁSICO (???) POR SU CONTENIDO DE REGULAR PARCIALMENTE EL DERECHO FUNDAMENTAL (???)(REQUISITOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA). (??? GRAVE ERROR)

      El problema, no obstante, no está aquí en si la ley catalana se ajusta a la base estatal -lo cual es obvio (???) si este artículo 30.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado es de naturaleza básica -,(NO ES CIERTO POR SER PRECONSTITUCIONAL CONTRARIO A LA CONSTITUCION QUE LO DEROGA POR CONTENER SANCIONES Y PENAS PERPETUAS ) sino si el precepto del Proyecto de Ley catalana se ajusta a la Constitución.

      Por tanto, no estamos ante un problema competencial, sino ante una posible inconstitucionalidad material con la norma fundamental.

      Analizaremos, por tanto, este apartado e, en su nueva redacción, desde esta perspectiva.

      En primer lugar,es necesario situar el precepto dentro del marco constitucional. Por una parte, se ha de estudiar la incidencia que tiene en el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, garantizado en el artículo 23.2 CE, y de acuerdo con las condiciones de mérito y capacidad, según prevé el artículo 103.3 CE.

      Por otra, los límites de la ejecutividad de los actos administrativos y la eficacia de las sentencias judiciales no firmes en virtud del principio de tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24 CE.

      1. El artículo 23.2 CE establece que los ciudadanos tienen “el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y a los cargos públicos con los requisitos que las leyes indiquen”. (NO LOS DECRETOS LEYES PRECONSTITUCIONALES FRANQUISTAS)

      Este derecho fundamental ha sido interpretado como protector no solamente de los cargos directamente electivos(cargos públicos)( ??? CASO STC BILDU prohibe excluir por meras sospechas),sino también de los funcionarios de diversos poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales).(??? este requisito no se exige a jueces y fiscales, personal de Cortes y UE)

      Se trata,como se desprende de su simple dicción, de un derecho de configuración legal,en el cual el legislador ha de adoptar determinadas precauciones en conexión con otros dos artículos constitucionales:

      por un lado, el derecho de acceder a la función pública no ha de provocar discriminaciones, respetando el artículo 14 CE; y,

      por otro, los requisitos o condiciones exigibles para acceder a la función pública han de ser referibles a los principios de mérito y capacidad (art.103.3 CE).

      Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha incluido también dentro del derecho fundamental contenido en el artículo 23.2 CE el derecho a la permanencia en la función pública -dentro de los términos establecidos en las leyes- y, por tanto, el derecho a no ser separado del servicio si no es de acuerdo con los procedimientos legales previstos en el marco constitucional.(??????NO PUEDEN SER ADEMAS SANCIONES Y PENAS PERPETUAS, SIN PRESCRIPCION, SIN REHABILITACION, Y ENCUBIERTAS A LAS QUE NADIE PUEDE SER SOMETIDO AL VIOLAR EL ART.25 CE)

      Desde esta perspectiva, el precepto no presenta problemas de inconstitucionalidad. ( ??? SÍ LOS PRESENTA)

      El legislador ha respetado ( ??? NO ES CIERTO) el principio de no discriminación y no parece difícil que la pena de
      inhabilitación o sanción de separación del servicio sean subsumibles dentro del principio de capacidad exigida por el artículo 103.3 CE como requisito -junto sólo con el de mérito-para el acceso a la función pública.

      Más complejidad ofrecen las otras dos cuestiones que antes hemos mencionado como implicadas: los límites de la ejecutividad de los actos administrativos y la eficacia de las sentencias judiciales no firmes.(????)

      El primer caso afecta a la justificación constitucional
      de la no admisión en las pruebas de acceso de los SEPARADOS DEL SERVICIO, y el segundo a la no admisión
      en estas pruebas de los condenados por pena de INHABILITACION.

      2.La ejecutividad de los actos administrativos deriva del principio de AUTOTUTELA es decir, de aquella facultad de la Administración para declarar derechos o ejecutar sus propias decisiones sin el necesario concurso de los órganos judiciales.

      Ejemplos de estas potestades de autotutela los encontramos en los artículos 45 y 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo, (??? DE 1958 ) que son ejemplos de las dos variantes del principio: la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva.

      El artículo 45.1, citado, establece que “los actos de la Administración serán válidos y producirán efecto desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”.

      El artículo 102 de la misma ley prescribe que “la Administración Pública, a través de los órganos competentes en cada caso, podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo cuando por ley se exija la intervención de los tribunales”.

      La Ley de Procedimiento Administrativo es ANTERIOR a la Constitución (lleva fecha de 17 de julio de 1958) y la configuración constitucional del Estado como Estado de Derecho ha llevado a DEROGAR O REINTERPRETAR muchas de las normas anteriores, ANULANDOLAS O ADAPTANDOLAS, por la vía de la interpretación, al ordenamiento constitucional. (???? LO CUAL OBLIGA A APLICAR LA CONSTITUCION DIRECTAMENTE Y A INAPLICAR LA LEY OBSOLETA)

      Esta revisión ha afectado al principio de autotutela que ha de resultar compatible con los derechos fundamentales reconocidos en la norma suprema.

      En primer lugar, era necesario encontrar legitimidad constitucional al mismo principio de autotutela de la Administración, que no constaba de forma explícita en el texto constitucional.

      La STC 22/1984, de 17 de febrero, incluyó la autotutela
      dentro del principio de eficacia: La potestad de la Administración de autoejecución de las resoluciones y actos dictados por ella se encuentra en nuestro derecho positivo vigente legalmente reconocida y no puede considerarse que sea contraria a laConstitución.

      Es verdad que el artículo 117.3 de la Constitución atribuye el monopolio de la potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a los jueces y tribunales establecidos en las leyes, pero no es menos cierto que el artículo 103 reconoce como uno de los principios a los que la Administración Pública ha de atenerse el de eficacia “con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

      Significa ello una remisión a la decisión del legislador ordinario respecto de aquellas normas, medios e instrumentos en que se concreta la conservación de la eficacia. Entre ellas no cabe duda de que se puede encontrar la potestad de autotutela o de autoejecución practicable genéricamente por cualquier Administración Pública, con arreglo al artículo 103 de la Constitución.

      Esta legitimación constitucional de autotutela de la Administración,en virtud de ser una necesidad implícita
      del principio de eficacia, afecta no obstante al contenido del principio de autotutela manifestado en las leyes que lo positivizan,ya que tanto el legislador como el aplicador del Derecho tendrán que observar la necesaria proporción entre las facultades de autotutela y la eficacia administrativa, de tal manera que el privilegio otorgado a la Administración a fin de hacerla eficaz, no puede ir más allá de los límites que esta eficacia le señala; y la eficacia de la Administración, que es sin duda un bien protegido constitucionalmente (art.103.3 CE), se ha de conciliar con otros bienes, también protegidos por la Constitución, según las reglas de ponderación de bienes deducibles de la norma suprema.

      Esta doctrina general sobre los límites de la autotutela de la Administración cambia los parámetros utilizados respecto a la suspensión de los actos administrativos en vía de recurso.

      Hasta la Constitución, la regla general era que la interposición de un recurso, administrativo o judicial, no suspendía la eficacia del acto o resolución administrativa impugnada, excepto que su ejecución pudiera causar daños o perjuicios de imposible o difícil reparación.

      Así lo regulan todavía los artículos 34 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,116 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo, obviamente, todas estas normas de carácter preconstitucional.(??? inaplicables o a cuestionar en caso de duda según STC 37/2002)

      Diversas e importantes leyes del primer período postconstitucional regulan de manera diferente la suspensión de los actos objeto de recurso.

      En primer lugar, la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (aprobada, por tanto, con fecha previa a la entrada en vigor de la Constitución),establece, en su artículo 7.4, la suspensión del acto de la Administración que presumiblemente vulnera los derechos fundamentales del ciudadano que lo impugna “salvo que se justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general”.

      Es decir, se adopta la posición contraria a las leyes administrativas anteriores y la carga de demostrar la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general se traslada del ciudadano afectado a la
      Administración.

      En sentido parecido, también en virtud de la interpretación que pondera los bienes en juego dentro de la legitimación constitucional de la eficacia de la Administración, encontramos normas del mismo carácter en la Ley Orgánica 1/1979,de 26 de septiembre,General Penitenciaria (art.44.3), en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art.56.1) y en la Ley Orgánica 1/1980,de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

      Es especialmente importante el artículo 44 de esta última ley,cuando limita la ejecutividad de los actos sancionables que estén dotados de firmeza.

      Los actos de los distintos órganos que integran el Consejo General del Poder Judicial serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación previsto en esta Ley.

      Se exceptúan los acuerdos en que se impongan correcciones disciplinarias, que sólo serán ejecutorios cuando hayan ganado firmeza, sin perjuicio de la suspensión provisional del juez, magistrado o secretario, cuando proceda con arreglo a la ley.

      El concepto de FIRMEZA utilizado en este precepto es DUDOSO y, aunque hay motivos para considerar que se refiere a aquellos actos no susceptibles de recursos administrativos ni jurisdiccionales, la interpretación que ha prevalecido ha sido entendida como firmeza
      administrativa,es decir,no susceptible de ser impugnada
      en esta vía, quedando sólo los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

      Esta tendencia legislativa a favorecer la suspensión de los efectos de los actos sancionadores hasta que no tuvieran firmeza tuvo el apoyo de dos sentencias del Tribunal Supremo de 17 y 21 de julio de 1982, que mantenían que la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución en el artículo 24.1 impide la ejecución de las sanciones no firmes.

      Los dos principales argumentos los reproducimos de la segunda de estas sentencias:

      […]que frente al privilegio de la decisión ejecutoria de la ejecutividad inmediata, establecido a favor de la Administración por los artículos 44 Y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 , ha de prevalecer, en casos como el actual, la no ejecutividad inmediata del acto administrativo sancionador por las siguientes razones:

      1ª teniendo carácter de privilegio, la facultad de decisión ejecutoria debe interpretarse restrictivamente, según el principio general de derecho y según lo reclama el principio
      de igualdad de partes en el procedimiento (de Administración y de particular administrado) proclamado por los artículos 1.1 y 9.1 de la Constitución vigente;

      2ª la naturaleza de ser “efectiva” la tutela judicial, expresada por el artículo 24.1 de la Constitución, significa que sea plena y auténtica, real y sin traba alguna, llegándose a la afirmación de que, si el acto administrativo sancionador se ejecuta antes de su firmeza, entonces la tutela ya no es plena ni real, porque, desconociéndose si la sanción será confirmada o será dejada sin efecto, se están produciendo perjuicios al administrado que aparecen de difícil reparación,al menos moral y personalmente;

      3ª […]La convergencia de posiciones entre el legislador y la jurisprudencia parecía tender a unificar los criterios interpretativos en la dirección de prohibir la ejecutividad de las sanciones cuando éstas hubieran sido objeto de recurso.

      No obstante, ante esta tendencia se produce un giro importante a raíz de la STC 66/1984, de 6 de junio, que estableció la doctrina de que no hay vulneración del derecho fundamental contenido en el artículo 24.1 CE si la ejecución es controlable judicialmente.

      El derecho a la tutela [dice textualmente la sentencia] se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester,resuelva sobre la suspensión.

      Esto significa, sin ninguna duda, que no hay oposición frontal entre la ejecutividad de las sanciones reconocidas y la tutela judicial efectiva y, por tanto,no continúa la línea legislativa y jurisprudencia que parecía desarrollarse en los primeros años postconstitucionales.

      De todos modos, esta posición del Tribunal Constitucional que ha sido seguida por numerosa jurisprudencia constitucional y ordinaria posterior (véase nuestro Dictamen núm. 171, fundamento VIII) deja clara una cosa: que el hecho de que las sanciones sólo puedan ser ejecutivas cuando sean recurribles ante los tribunales implica que sólo podrán ser ejecutivas cuando el sujeto sancionado haya agotado la vía administrativa y la resolución sancionadora sólo sea susceptible de ser recurrida ante órganos jurisdiccionales.

      Éste es el criterio por el cual ha optado la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que, en el artículo 425.7, prescribe:

      “las resoluciones en que se impongan sanciones de suspensión, traslado forzoso y separación sólo serán ejecutorias cuando hubiesen ganado firmeza”.

      En consecuencia, la fórmula adoptada por el legislador catalán NO ES frontalmente inconstitucional,(??? no es cierto, sí lo es) pero tampoco expresa con exactitud la conclusión a que se ha llegado después de las vicisitudes legislativas y jurisprudencia que hemos examinado en el período constitucional, es decir, que para ser admitido a las pruebas de selección de funcionarios es preciso NO ESTAR ( en presente no es lo mismo que NO HABER SIDO en el pasado) separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

      En este sentido, el Proyecto no pone de manifiesto que la resolución administrativa tenga carácter de resolución firme, es decir, no susceptible de ser impugnada en vía administrativa.

      Parece, al contrario, que, según el Proyecto, el requisito del expediente disciplinario con una primera resolución sea suficiente. Por tanto, el hecho de hacer constar en el artículo 33 e que la resolución administrativa, por la cual se imponga la sanción, ha de estar revestida de firmeza, en el sentido indicado del término, consideramos que sería más respetuoso con el significado del texto constitucional.

      3. El otro aspecto del apartado e de este artículo 33 que analizamos hace referencia a que, según el Proyecto
      de Ley, para ser admitido a las pruebas de selección de funcionarios es preciso NO ESTAR INHABILITADO para el ejercicio de las funciones públicas. Como ya hemos dicho antes, hay que destacar que la novedad del precepto está precisamente en el hecho de que se ha suprimido el requisito contenido en la Ley vigente de que esta inhabilitación lo sea por sentencia firme.

      La inhabilitación es un tipo de pena prevista en el Código penal (arts. 35 y siguientes) en virtud de la cual se priva al sujeto sobre el cual recae de los honores, ocupaciones y cargos públicos durante el tiempo que dura la condena, y que puede revestir, según los casos, el carácter de principal o de accesoria. El Código penal prevé varios tipos de inhabilitaciones (absoluta o especial, que a su vez tienen diversos subtipos) que responden a diferentes supuestos y tienen consecuencias penales diferentes.

      Por su parte, el requisito de la sentencia firme está en estrecha relación con el efecto de cosa juzgada. Se entiende por cosa juzgada aquel efecto procesal de las sentencias que indica la imposibilidad de recurrirlas o impugnarlas, de manera que se consideran invariables y permanentes en el tiempo.

      El artículo 245.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
      establece que “son sentencias firmes aquéllas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establece la Ley”.

      En consecuencia, sólo las sentencias firmes producen los efectos de cosa juzgada. La doctrina jurídica ha considerado que sólo aquellas sentencias que tienen efectos de cosa juzgada se pueden considerar como auténticas partes finales en la resolución de un caso sometido a un procedimiento jurisdiccional.

      En efecto, todo proceso judicial consiste en la búsqueda de la verdad a través de unas reglas preestablecidas, entre las cuales se pueden encontrar los diversos recursos a instancias superiores que, lógicamente, han de tener un final, que el legislador de estas reglas procesales ha considerado necesario, para establecer un derecho cierto que otorgue seguridad jurídica a las partes y al conjunto de la sociedad.

      Este final es el que suministra la sentencia dotada de fuerza de cosa juzgada, que significa el establecimiento definitivo de una -naturalmente, convencional verdad jurídica. Por tanto, sólo una sentencia firme, con efectos de cosa juzgada, puede establecer esta resolución definitiva.

      Coherentemente con estas concepciones jurídicas, el Código penal prescribe en su artículo 80 que “no podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia firme”.

      De estas consideraciones se desprende que sólo con una sentencia firme que tiene valor de cosa juzgada se puede ejecutar una pena. En consecuencia, un ciudadano sólo podrá ser considerado inhabilitado cuando lo sea por sentencia firme.

      Por tanto, la supresión del inciso “por sentencia firme” que consta en el artículo 33 del Proyecto de Ley es una supresión inútil, ya que cualquier interpretación de conformidad con el ordenamiento jurídico lleva en sí misma la exigencia de sentencia firme.

      No obstante, esta supresión podría inducir al operador jurídico a interpretar que la voluntad del legislador ha sido la de expresar que no era necesaria la sentencia firme para aplicar la pena de inhabilitación, lo cual constituiría una discriminación no razonable -con infracción del artículo 23.2 CE- para los ciudadanos a los cuales no se puede considerar todavía inhabilitados.

      En consecuencia, el artículo 33, en este inciso, NO ES CONFORME al orden constitucional y estatutario.

      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      vid.

      http://www.cconsultiu.cat/db/cconsultiu/cercador.dictamen?p_from=2&p_dict=D171&p_leng=1&p_frag=F8&p_mat=&p_sub=

      II-Dictamen 171 Data: 23/05/1991

      Barcelona, 23 de maig de 1991

      Ponent: Sr. J. A. Gonzàlez Casanova.

      Dictamen sol•licitat pel Parlament de Catalunya, en relació amb el Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (BOPC de 23 d’abril), sobre el Projecte de Llei de Policies Locals de Catalunya.

      ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      Fundamento 8

      Los artículos 26.2, 29.1d, 30, 31 y 35 del Proyecto de Ley tratan,respectivamente, del jefe del cuerpo de policía local, de ciertos requisitos para el acceso a la categoría de agente, del acceso a otras categorías y de la remuneración de las policías locales.

      1. Salvo el artículo 29.1d, que se limita a reproducir el artículo 33 de la Ley de la Función Pública de la Administración de la Generalidad (Ley 17/1985, de 23 de julio) y que puede plantear los problemas que analizaremos más adelante, el resto se refiere a disposiciones coordinadoras que, como tales, tienen un carácter básico y común,pero que permiten su
      desarrollo reglamentario por parte de los ayuntamientos.

      Se trata de criterios o pautas que, ciertamente, son muy concretos y aparentemente llegan a particularidades propias de los reglamentos municipales. Sin embargo, no se ha de confundir lo que podríamos definir como “extensión horizontal” de la norma básica (que puede alcanzar muchos aspectos concretos por nimios que parezcan) con la
      “profundización vertical” de aquélla, que tiene como límite el derecho de las Corporaciones locales a desarrollar autónomamente las pautas o criterios coordinadores.

      A nuestro juicio, las normas contenidas en los artículos analizados dejan un campo suficientemente amplio a la reglamentación municipal y, en consecuencia, no vulneran las competencias locales. Incluso, en algún caso, como es el del artículo 35.2, la norma no hace más que reproducir sustancialmente lo que establece el artículo 93.1 LRBRL

      2. El artículo 29.1d regula el requisito para acceder a la categoría de esta policía local consistente en no estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública ni haber sido separado del servicio de alguna Administración pública mediante expediente disciplinario.

      El artículo se limita a reproducir, como hemos dicho, el artículo 33e de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de la Generalidad de Cataluña, así como el contenido del artículo 135e del Texto Refundido de la LRBRL.

      A nuestro juicio, se plantea el problema de si la separación del servicio que contempla la norma ha de entenderse como un acto ejecutivo de la Administración en la cual el funcionario afectado ha disfrutado de la tutela judicial efectiva en los términos prescritos por el artículo 24.1 CE.

      A diferencia de la sanción ( ??? LA INHABILITACION ES PENA Y SANCION) de inhabilitación, que requiere sentencia firme para poder ser considerada como prohibición legítima de acceder a la función pública, la separación del servicio mediante expediente disciplinario y sin ninguna referencia explícita a la tutela judicial se podría considerar causa de imposibilidad de acceso a la función pública carente de apoyo constitucional.

      Nuestra tarea de interpretación del precepto nos obliga, pues, a argumentar, según el principio de conservación de la norma, sobre la plausibilidad de que el derecho a la tutela judicial efectiva esté reconocido implícitamente en el texto del artículo que analizamos.

      En primer lugar debemos recordar que, según el artículo
      97.2 de la Ley de la Función Pública de Cataluña, “la separación de servicio, que sólo podrá ser acordada por el Consejo Ejecutivo previo informe de la Comisión Técnica de la Función Pública, se impondrá únicamente en el caso de faltas calificadas de muy graves”.

      El mismo criterio sigue la legislación de régimen local al atribuir a los plenos de las Corporaciones estas competencias (arts. 22.2i LRBRL y 50.2k de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña).

      Como veremos, la sanción mencionada, que implica una total y definitiva ruptura de la relación que une al funcionario con la Administración, tiene una gravedad que ha de ser congruente con la de la falta causante de aquélla y, por tanto, es lógico que sea el máximo órgano administrativo, convenientemente asistido, el que la imponga.( ???NO ES CIERTO NI LOGICO)

      La doctrina tiende a considerar que, a diferencia de la potestad punitiva general de protección del orden social colectivo, la potestad disciplinaria de la Administración no tiene como una de sus finalidades el propósito retributivo abstracto y expiatorio ni, en ciertos casos, la resocialización del delincuente, sino más bien la de la propia protección.
      Si el sujeto pasivo del delito es la sociedad, el de la falta disciplinaria es la Administración pública como organización. (????? NO ES CIERTO)

      Esta distinción permitiría entender la justificación última de la separación definitiva de la Administración.(? NO ES CIERTO)

      En el seno de la relación de servicio, a la que el funcionario se ha sometido voluntariamente (?NO ES CIERTO) y que se basa en la confianza que la Administración ha tenido que depositar (hecho aún más indiscutible en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad), la separación aparece como un acto obligado que expresa la pérdida de esta confianza, fundamento de la relación funcionarial.

      Ahora bien, justamente por las graves consecuencias profesionales y personales que tiene la separación definitiva, resulta imprescindible que el funcionario afectado no esté en situación de indefensión ante un acto sancionador de ejecutividad inmediata. ¿Se puede considerar compatible esta ejecutoriedad con el derecho a la tutela judicial efectiva o será necesario precisar en la norma sobre la que dictaminamos que la sanción ha sido confirmada en virtud de resolución judicial firme?

      Sobre esta cuestión, nada fácil, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han aportado recientemente una doctrina que comienza a estar consolidada.

      La STC 66/1984, de 6 de junio, mantuvo que la ejecutividad de los actos sancionadores no es indefectiblemente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, pues estando abierto el control judicial por vía incidental con ocasión de la impugnación del acto, de modo que se garantice la ejecutividad, o por la suspensión, el contenido del derecho a la tutela judicial no padece; y no se podrá, acudiendo a la mención del art.24.1 CE, reinterpretar los textos que en nuestro Derecho contienen reglas respecto a la ejecutividad, entendiéndola desaparecida o poniendo más el acento en uno de aquellos intereses que en otros, relegar o despreciar otros, tanto generales como de terceros.

      El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión.En este sentido, también las sentencias 66/1985, de 23 de mayo; 115/1987, de 7 de julio, y 155/1988, de 22 de julio.

      El Tribunal Supremo asumió esta doctrina en la sentencia de 7 de abril de 1986, en el sentido de que la relación entre la Administración y sus funcionarios es indiscutiblemente una
      RELACION ESPECIAL, definida estatutariamente mediante disposiciones reglamentarias, evidentemente sujetas a la ley.

      A dicha relación accede el ciudadano mediante acto voluntario que comporta la aceptación del estatuto,( NO ES CIERTO) sin perjuicio de su derecho a impugnar los actos de aplicación.

      Sin olvidar que las situaciones producidas en este ámbito pueden también afectar a derechos fundamentales que, como ciudadano, sigue ostentando el funcionario

      […] la tutela jurisdiccional plena no implica por sí la derogación del artículo 122 de la ley jurisdiccional, en cuanto a las sanciones disciplinarias, impuestas en una RELACION ESPECIAL DE SUJECION, como es indiscutiblemente la funcionarial, sino que únicamente requiere que la decisión ejecutoria, antes que aquéllas cobren firmeza, pueda ser examinada por un juez.( NO ES CIERTO)

      Menos aún se priva de amparo al interesado cuando éste ha decidido impugnar la sanción en el procedimiento ordinario -como es lo correcto- y puede, dentro de él, solicitar la suspensión de la ejecutividad.

      En esta misma línea se expresan las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1986, de 23 de febrero de 1987, de 16 de marzo de 1987 y de 28 de enero de 1988.

      En estas últimas sentencias, sin embargo, se precisan también algunos aspectos directamente conexos con la cuestión que nos ocupa y pueden ayudar a aclararla.

      Para el Tribunal Supremo, no se da la indefensión
      “cuando se deba a la inactividad o a la conducta desacertada de la propia parte que la invoca” (S 23-II-87).

      También, no hay que confundir, pues, la ejecutividad con la indefensión, ni hay que hacer una interpretación extensiva del artículo 24 de la Constitución L..].

      Como enseñan las sentencias del Tribunal Constitucional
      , nos es obligado afirmar que el derecho de tutela judicial queda sólo en que lo ejecutado pueda ser sometido a la decisión del juez y nada más (S 16-III-1987).

      Como resumen sustancial de lo que hemos reproducido hasta ahora, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 155/1988, de 22 de julio, ha declarado que la indefensión con efectos jurídico-constitucionales y, en consecuencia, la lesión de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, se produce únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial de sus derechos o intereses legítimos (STC 70/1984, de 11 de junio) o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa.

      De acuerdo con la doctrina expresada, el artículo 29.1d del proyecto de ley sobre el cual dictaminamos es correcto, en el sentido de que su redacción, por lo que se refiere a la separación del servicio como causa de no poder acceder a la categoría de agente de la policía local, no excluye el derecho a la tutela judicial efectiva y porque, en cualquier caso, recae en el funcionario afectado por esta sanción la decisión de impugnarla. ( ????NO ES CIERTO)

      En consecuencia, entendemos que el artículo 29.1d no es contrario al orden constitucional y estatutario.

      Conclusión

      Considerando los razonamientos contenidos en los fundamentos precedentes, opinamos que

      Primero. El articulo 23.1 del Dictamen de la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana sobre el Proyecto de Ley de Policías Locales de Cataluña es contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña.

      Segundo. El resto de los artículos del expresado Dictamen, así como las enmiendas y votos particulares reservados para defender en el pleno, son adecuados al mencionado bloque constitucional.

      //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      OBSERVACIONES:

      Estos dos largos fundamentos dejan mucho que desear al invocar ambos Dictamenes la doctrima totalitaria ( vid, GALLEGO ANABITARTE Y OTROS) de las RELACIONES DE SUJECION ESPECIAL, y mucho más brevemente sin necesidad de liarse con parrafadas de TUTELAS Y TUTIAS que diria Fraga y otras zarandajas de EJECUTIVIDADES, bastaría recordar sin más que ese requisito de “no haber sido separado….” es discriminatorio o inicuo al violar el art.14 CE pues se exige a policias, docentes,…..PERO NO SE EXIGE EN LOS ART.303, 370 LOPJ y ART.44, 70 EOMF de acceso a juez y fiscal, cuerpos en que la separación no es sancion perpetua, tiene rehabilitación y no excluye de acceso a empleo público, exclusión que es UNA SANCION O PENA PERPETUA, PERVERSA,PROHIBIDA,INICUA Y AÑADIDA, (bis in idem)QUE SE CONVIERTE ADEMAS EN FALSO DELITO O FALTA QUE SE CASTIGA 2 VECES, violando el art.25 CE, al no estar orientada esa privación de derechos y libertades a la REINSERCION, y por carecer de PRESCRIPCION

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      1. "LAS AGUAS BAJAN TURBIAS " DE MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN-989 Y "UN ENEMIGO DEL PUEBLO" DE IBSEN-1882

        «LAS AGUAS BAJAN TURBIAS» : MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN DESTAPA EN 1989 LAS LEYES FRANQUISTAS Y PACTOS DE SILENCIO DE LOS 4 PODERES DEL ESTADO TRAS EL 23 F PARA OCULTAR LAS CONTAMINACIONES RADIOMERCURICAS DEL EBRO EN FLIX Y ASCO Y LAS REPRESALIAS DE «MUERTE CIVIL» COMO «ENEMIGOS DEL PUEBLO» AL INGENIERO Y AL MEDICO QUE SE LAS CUESTIONARON

        vid.

        http://fiscalizacion.es/2009/01/06/separacion-del-servicio/comment-page-1/#comment-2036

        Antonio Arias Rodríguez
        Publicado: Miércoles, 14 enero 2009. a las 12:01 am
        |
        «Hoy, hace 20 años que Vázquez Montalbán publicó en el diario EL PAÍS, Edición Cataluña, el artículo titulado Las aguas bajan turbias, sobre el protagonista de la noticia que nos ocupa. Como modesto homenaje al genial novelista y ensayista, la reproducimos a continuación:

        ////////////////////////////////////////////////////////////

        LA CRONICA: «LAS AGUAS BAJAN TURBIAS»

        M. Vázquez Montalbán. Sábado 14 de enero de 1989

        ¿Están contaminadas de radioactividad las aguas del minitrasvase del Ebro o no están contaminadas?

        Los responsables oficiales de la marcha del proyecto dicen que no, que se trata de una contaminación tan menor que eso no es contaminación ni es nada.

        No es del mismo parecer el señor Joan Moll, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la Universidad de Madrid, Diplomado en Hidrología por la análoga de Barcelona, en Economía y Empresas por el IESE, y en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, redactor de Estudios y Proyectos para el abastecimiento de aguas de Tarragona por encargo de la Comisión gestora del Consorcio de Aguas de la citada provincia.

        El ingeniero Moll, natural de Barcelona, ha vivido un calvario profesional y humano desde el día en que decidió denunciar al mismo Consorcio que le había contratado porque pretendía utilizar las aguas de refrigeración de los circuitos nucleares de los dos grupos de Ascó para uso humano e industrial de Tarragona y es posible que también de Barcelona.

        Contratado especialmente para ilustrar y diseñar el proyecto del minitrasvase, en cuanto se puso crítico dejó de ser un técnico deseado para convertirse en un técnico expedientado e imposible de contratar. Imposible porque todas sus solicitudes de trabajo han topado con intereses corporativos derivados de su denuncia original y de su ya larga lucha para que se le haga justicia.

        Moll ha recurrido a todo el escalafón judicial, a todos los Tribunales Supremos habidos, y su historia reivindicativa es la de una confabulación aparente de poderes para no hacerle caso, minimizar su denuncia y no meter cucharón en las aguas turbias del minitrasvase. ¿Por qué?

        Según Moll, hay muchos intereses profesionales e industriales implicados y obran en su poder copias de cartas que reflejan ese juego de intereses no ya para invalidar su denuncia-pecado original, sino para impedirle incluso encontrar trabajo en cualquier sitio.

        En cuanto Moll llamaba a la puerta de una empresa llegaban las cartas del colega advirtiendo sobre la indisciplina corporativa de un ingeniero que se había atrevido a poner en duda la competencia o escrupulosidad de otros ingenieros y del poder político-administrativo que les respalda.

        Es cierto que desde el otro bando, Moll es descrito como un técnico meticuloso, empecinado y maniático que ha hinchado su propio caso hasta convertirlo en una obsesión. El propio Moll cita la referencia del caso Dreyfuss y va buscando su Zola como Diógenes buscaba a un hombre, sólo a un hombre. Y como Dreyfuss, Moll se expone a ser juzgado y condenado por razones corporativo-políticas y a ser sepultado por el olvido debido a que este tipo de luchadores son incómodos en sociedades cuya conciencia social se escinde entre dos primos hermanos: el pragmatismo y el cinismo.

        El señor Moll no sólo pelea por su caso sino por el derecho a la discrepancia crítica de técnicos y funcionarios cuya actuación repercute en la sociedad.

        Ahora ha conseguido ganar unas oposiciones al Ayuntamiento después de pasar angustias de todo tipo y hasta allí ha llegado su expediente de hombre crítico y sobre su cogote se ciernen los ojos más vigilantes.

        Moll litiga contra la denuncia-pecado original y contra la Ley de la Función Pública que propugna la Generalitat, una ley tenebrosa y ordenancista que condena a las penas del infierno a todo funcionario que haya tenido un pecado original.

        FUNCIONARIOS FUERA DE JUEGO

        Todo optante al funcionariado, según esta ley, debe declarar “…..no haber sido inhabilitado por sentencia firme por el ejercicio de las funciones públicas ni haber estado separado de servicio de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario”.

        Parece una ley hecha a la medida de gentes como el ingeniero Moll y él la llama descaradamente fascista, porque interpretada al pié de la letra deja fuera de juego a los funcionarios expedientados por el franquismo.

        Precisamente el fallo de la Audiencia Territorial de Barcelona sobre el caso Moll tiñe de inconstitucionalidad una ley metafísicamente represiva, casi paralizadora de la funesta manía de pensar. Entre 1985 y la actualidad, el empecinado técnico ha presentado 150 recursos contenciosos, una denuncia por prevaricación contra el instructor de su expediente y otra de delito ecológico del minitrasvase.

        Vamos a ponernos pragmáticos, sin llegar, eso nunca, al cinismo, y vamos a suponer que el señor Moll es un obseso y un pesado que se alimenta de las injusticias que sufre y vive a sus anchas en los pasillos kafkianos de los sótanos de El Castillo. Pero retengan esa denuncia por delito ecológico, ese pecado-denuncia original y adviertan que no es una broma, que se refiere a aguas de uso público, utilizadas en una provincia que entre nucleares y petroquímicas es una auténtica bomba potencial. Y retengan igualmente que las señales de alarma de todo tipo de contaminaciones no las controla el público, sino técnicos, no todos tan escrupulosos como los Moll de la Tierra, técnicos que pueden preferir no crearse problemas.

        El caso afecta a la salud pública y el señor Moll ha insistido demasiado como para que se convierta en una gacetilla a situar en cualquier página par, en el ángulo inferior de la derecha. Es un asunto lo suficientemente grave como para que la atención pública se detenga ante él y busque la verdad y nada más que la verdad.

        Para empezar, si hay o no hay delito ecológico, y para continuar, si es cierto que a fines del segundo milenio un técnico escrupuloso, en un país democrático, puede ver su vida convertida en una novela de Kafka escasísimamente abstracta. Los personajes de Kafka vivían del aire. El señor Moll para sobrevivir y reivindicar ha tenido que vivir de parientes, amigos y conocidos. Y es que a Kafka le pones un aparato digestivo y le haces pagar el alquiler todos los meses y lo haces mucho más kafkiano.

        /////////////////////////////////////////////////////

        OBSERVACION :

        1- Mas información vid.

        http://www.agenda21malaga.org/noticias_ver.php?id_nov=3895

        2-Como precedente decimonónico de LA OCULTACION POR LAS AUTORIDADES DE LA CONTAMINACION URBANA E INDUSTRIAL DEL RIO DE UN PUEBLO recomendamos la lectura del drama de IBSEN de 1882 «UN ENEMIGO DEL PUEBLO» en que el Doctor Tomas Stockman, médico del pueblo y su hija Petra, la maestra, son represaliados con un expediente de separación de servicio y de exilio a perpetuidad por su hermano y tío, Pedro Stockman, alcalde del pueblo, cuando Tomás cumpliendo con su deber de alertar aconseja el cierre de la fábrica de curtidos mientras no depure sus aguas porque contamina las aguas del balneario con grave peligro para la salud y la economia de los clientes y del pueblo.

        http://www.lne.es/cuencas/1540/enemigo-pueblo/489910.html

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  2. 2012 AÑO UNANIME UNAMUNO CLAVE PARA CUESTIONAR LAS LEYES LOPJ,EOMF Y RESOLVER LA CONTAMINACION ESTRUCTURAL DE LA IMPARCIALIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA "EN ARBOL" DE MAGISTRADOS DE SALAS DEL TS Y TC

    2012 AÑO UNANIME UNAMUNO CLAVE PARA CUESTIONAR LAS LEYES LOPJ,EOMF…Y RESOLVER LA CONTAMINACION ESTRUCTURAL DE LA IMPARCIALIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA «EN ARBOL» DE MAGISTRADOS DE SALAS DEL TS Y TC

    2012 HA SIDO DECLARADO AÑO UNAMUNO PARA CELEBRAR SU REHABILITACION UNANIME COMO TRI-SEPARADO RECTOR-DOCENTE-EDIL JUNTO CON LA DE OTROS MILES DE SEPARADOS DESESPERADOS E INDEFENSOS QUE SIGUEN EXCLUIDOS A PERPETUIDAD DE TODO EMPLEO ,REHABILITACION, INDULTO, JUSTICIA POR LEYES INICUAS SUSTANTIVAS Y PROCESALES FRANQUISTAS COMO LAS DE FP, DLFCE-OLVIDO-IMPUNIDAD-AMNISTIA-EBEP-LOPJ-EOMF-CP-LECRIM…

    Para más información sobre la SEPARACION Y EXCLUSION PERPETUA DE TODO CARGO DE UNAMUNO

    http://tv.usal.es/videos/478/

    http://www.forocastellano.org/spip.php?article53

    http://www.salamancaendirecto.com/index.php?news=25139

    transcribiendo y recensionando en honor de sus victimas y de sus victimarios arrepentidos con EMOCION, LA MOCION Y REMOCION INFAMES E INJUSTAS DEL UNANIME UNANUMO que tarde mejor que nunca, ¡¡¡¡¡¡¡setenta y cinco años después de estos hechos!!!!!!!!, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca dicen rectificar, pese a que el art.56.1.c.d EBEP sigue excluyendo de todo empleo publico desde los 16 años a los separados de servicio, despedidos, inhabilitados, salvo si son de otro pais en que no existan esas sanciones perpetuas, o sean jueces, fiscales, personal de Cortes, Sanitarios o Eurofuncionarios .

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    http://www.salamancaendirecto.com/index.php?news=25139

    «……Al día siguiente de este acto, en el transcurso de una reunión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, la corporación se constituyó en sesión secreta y uno de sus miembros, el Sr. Rubio Polo, que habían sido nombrados por el mando militar en sustitución de los concejales elegidos democráticamente en las urnas, dio lectura a la siguiente moción:

    «Recogiendo un estado de opinión unánime, pública y privada respecto de la actitud incongruente, facciosa y antipatriota de ciudadano de honor de la República, Alcalde honorario y Concejal de esta Excma. Corporación Don Miguel de Unamuno y Jugo, exteriorizada en las frases vertidas, con descortesía rencorosa, alevosía y premeditación, al final del acto académico celebrado ayer en nuestra «Alma Mater» con motivo de la Fiesta de la Raza.- El concejal que suscribe tiene el deber de proponer y propone al Excmo. Ayuntamiento en pleno que, considerando incurso a dicho Sr. en un caso de incompatibilidad moral corporativa, de vanidad delirante y antipatriota actuación ciudadana, más lo preceptuado en el nº 2 del artículo 47 de la vigente Ley Municipal.-

    Por el buen nombre de la Corporación, por el respeto debido a las Autoridades legítimas del movimiento salvador de España.- En desagravio al glorioso Ejército y a las Milicias Nacionales.- Por la santa memoria de los mártires del honor, que inmolaron sus vidas en defensa de la Religión y de la Patria.- Por las madres y los huérfanos que lloran.- Por España, en fin, apuñalada traidoramente por la pseudointelectualidad liberal-masónica cuya vida y pensamiento, como dicen los titulares de «El Debate» en su edición del 12 de julio último, refiriéndose al humanista Erasmo, retrato físico y moral de otros Erasmos modernos de menor cuantía, solo en la voluntad de venganza se mantuvo firme, en todo lo demás fue tornadiza, sinuosa y oscilante, no tuvo criterio, sino pasiones; no asentó afirmaciones, sino propuso dudas corrosivas; quiso conciliar lo inconciliable; el Catolicismo y la Reforma; y fue, añado yo, la envenenadora, la celestina de las inteligencias y las voluntades vírgenes de varias generaciones de escolares en Academias, Ateneos y Universidades.-(???????)

    Acuerde haber visto con hondo disgusto tan sinuosa y desconsiderada actitud, que estatutariamente comprende la pérdida del cargo y prerrogativas anejas al mismo.»

    La moción fue aprobada por unanimidad de los miembros de la corporación municipal presentes en la sesión y, de este modo, una corporación ilegítima destituía como concejal del Ayuntamiento de Salamanca a D. Miguel de Unamuno y Jugo que había sido elegido en las urnas democráticamente por los salmantinos.

    Setenta y cinco años después de estos hechos, el Ayuntamiento de Salamanca rectifica aquella injusticia

    /////////////////////////////////////////////////////

    para más información sobre la «rehabilitacion de Unamuno», «vivas a bombardeos-alfombra, ejecuciones, penas perpetuas,garrote vil», «muerte civil», «muera la inteligencia» , «guerra incivil», «atroz desmoche de la universidad»….» que ni vencen ni convencen a nadie

    vid.

    youtube.com/watch?v=uzRMjWecyyE
    youtube.com/watch?NR=1&v=QPLuBx_B0pk
    youtube.com/watch?v=oA_7jkoXZuc&feature=related
    youtube.com/watch?v=J6CK4UsI5Ek&feature=related
    youtube.com/watch?v=7Dw4vedAck8&feature=related
    youtube.com/watch?NR=1&v=fFo_R3isTdY
    youtube.com/watch?v=5G9snMeTC6I&feature=related

    OBSERVACIONES:

    1-ES IMPOSIBLE REHABILITAR AL UNANIME UNAMUNO COMO RECTOR, DOCENTE, EDIL, ALCALDE HONORARIO, ….Y A NINGUN SEPARADO MUERTO O VIVO , SALVO QUE SEA JUEZ O FISCAL O LETRADO DE CORTES Y DEL TC PRIVILEGIADOS POR LOPJ,EOMF,LOTC,………….. AL SEGUIR SEPARADOS Y EXCLUIDOS DE TODO EMPLEO Y REHABILITACION A PERPETUIDAD POR EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA ACADEMICA «RUIZ GIMENEZ» DE 1954, EL DLFCE-1964, Y EL EBEP 7/2007 , EL «MANUAL DE DERECHO SANCIONADOR ´FUENTES BARDAJI´DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO-2009» POR EL TAUTOLOGICO REQUISITO FRANQUISTA DE HONORABILIDAD DE «NO HABER SIDO SEPARADO» COMO RECTOR, DOCENTE, EDIL, …….POLICIA, BOMBERO, CARTERO…….O ASIMILADO

    2-LA REHABILITACION UNANIME DE UNAMUNO Y OTROS MILES DE SEPARADOS, DESAPARECIDOS, FUSILADOS, EXILIADOS, INSUMISOS,…… DE LAS LISTAS «FANJUL-1968″,»MOLL-1986», «GARZÓN-2008» FULMINA EL EBEP Y RESTO DE LEYES FRANQUISTAS DEPURADORAS DE FUNCIONARIOS COMO LECRIM,CP, LOPJ, MEMORIA MANTENIDAS Y APLICADAS DESDE 1978 POR EL TS, TC, TCU….,TODAS LAS AAPP Y SUS JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO,PREMIOS PELAYO, JUSTICIA… EN AUTOCUESTION Y REVISION POR ESTAR PROHIBIDAS POR CONSTITUCION, TRATADOS, Y STC 4/1981 y 37/2002.

    3-LA REHABILITACION UNANIME DE UNAMUNO Y DICHAS STC 4/1981 y 37/2002 CUESTIONAN Y OBLIGAN A ARCHIVAR Y ACUMULAR LOS 3 PROCESOS E INCIDENTES NULOS , FRAGMENTADOS EN SU CONTINENCIA DE CAUSA , DISPERSOS, ALTERADOS EN SU ORDEN CONTINGENTE Y MULTICONTAMINADOS OBJETIVA, SUBJETIVA Y ESTRUCTURALMENTE ENTRE SI EN CADENA SIN FIN EN EL CGPJ,SALA 2ª Y SALA DEL 61 DEL TS CONTRA EL JUEZ GARZÓN POR CUMPLIR CON SU DEBERES JUDICIALES «ERGA OMNES» , A LA LUZ DEL CODIGO «BANGALORE» Y DEL ART.318 LOP, ESTAS STC PREVALENTES A CUALQUIER ERROR, DEFECTO O FALTA SUBSANABLE, INAPLICANDO O CUESTIONANDO PREJUDICIALMENTE ANTE EL TC Y TJUE DICHAS LEYES SUSTANTIVAS Y PROCESALES INICUAS FRANQUISTAS CON SUSPENSION INCIDENTAL DE TODOS LOS PROCESOS Y CASOS DISPERSOS LLAMADOS «MEMORIA»
    , «ESCUCHAS GURTELL» Y «CURSOS EN NY» PARA SALIR DE SU ATOLLADERO DE CASI 2 AÑOS DE DILACIONES

    http://politica.elpais.com/politica/2011/11/03/actualidad/1320327987_464972.html

    4- A LA VISTA DE ESOS 2 AÑOS DE DILACIONES PARA PROCESAR AL JUEZ GARZÖN, LA LOPJ, EL CP Y LA LECRIM SOBRE PROCESOS PENALES DE AFORADOS ESTAN EN CUESTION TODA VEZ QUE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA 2ª Y SALA 61 TS QUE INSTRUYAN Y JUZGUEN ESTOS 3 PROCESOS E INCIDENTES PREJUDICIALES CONTRA EL JUEZ GARZON POR LOS QUE HA SIDO SUSPENDIDO NO PUEDEN INSTRUIR NI JUZGAR EN CASACION O REVISION EL RESTO DE PROCESOS JUZGADOS POR EL JUEZ GARZON EN LOS QUE NO FUE SUSPENDIDO, SO RIESGO DE NULIDAD DE TODOS LOS PROCESOS EN PERJUICIO DE LAS PARTES POR PREJUICIOS MULTIPLES DEL JUZGADOR TITULAR O SUSTITUTO RECONOCIDOS POR LOS MAGISTRADOS TS JOAQUIN JIMENEZ Y PERFECTO ANDRES Y CONFIRMADOS POR LA SALA 61 CAMBIANTE DE LA QUE NO PUEDEN FORMAR PARTE LOS MAGISTRADOS DEL TS QUE INSTRUYAN O JUZGUEN CUALQUIERA DE LOS 3 PROCESOS E INCIDENTES EN CADENA DISPERSADOS , DEBIENDO ABSTENERSE AL SER DESIGNADOS MIEMBROS NATOS DE LA MISMA POR SER PRESIDENTE DEL CGPJ, O POR SER PRESIDENTE DE SALA DEL TS O POR SER DE LOS 5 MAGISTRADOS MAS ANTIGUOS O MAS MODERNOS DEL TS.

    5- SERIA INTERESANTE PARA EVITAR DILACIONES Y NULIDADES Y EN ARAS A LA SEGURIDAD JURIDICA DE JUZGADORES Y DE JUZGADOS LA PUBLICACION POR EL CGPJ Y CENDOJ DE TODAS LAS RESOLUCIONES DE LAS SALAS DE ABSTENCIONES Y RECUSACIONES DEL TC, TS, TTSSJJ, AUDIENCIAS NACIONAL Y PROVINCIALES DESDE 1978 A 2011 Y SUS CAUSAS LEGALES

    6-A LA VISTA DE ESOS 2 AÑOS DE DILACIONES Y COLAPSO DE LA SALAS DEL TS, SERIA INTERESANTE CUESTIONAR EL EOMF , LA LOPJ, EL ESTATUTO DE ABOGADOS DEL ESTADO PARA PROMOVER QUE LA FISCALIA Y LA ABOGACIA DEL ESTADO FUESEN LAS IMPULSORAS Y ACTORAS PRINCIPALES INMEDIATAS DE LAS ABSTENCIONES Y RECUSACIONES DE MAGISTRADOS Y OTROS GARANTES DEL PROCESO, TAN LUEGO CONOCERSE LA COMPOSICION DE LA SALA Y LAS PARTES AFECTADAS PERSONADAS O POR PERSONAR , SIN ESPERAR A ADHERIRSE A REMOLQUE DE LAS RECUSACIONES DE LAS PARTES RECUSANTES EN PROCESOS E INCIDENTES CONEXOS

    http://politica.elpais.com/politica/2011/11/03/actualidad/1320327987_464972.html

    http://politica.elpais.com/politica/2011/11/04/actualidad/1320439614_584232.html

    6-EL ORDEN CONTINGENTE DE LOS PROCESOS,ESTATUS, ABSTENCIONES, RECUSACIONES Y SUSPENSIONES CONEXOS NO PUEDE SER ALTERADO NI CONFUNDIDO SO PENA DE NULIDAD. YA QUE POR LA DOCTRINA DEL ARBOL CONTAMINADO SI EL PRIMER PROCESO ES NULO LOS OTROS CONEXOS TAMBIEN. (el orden de los procesos e incidentes conexos a los 3 procesos sí altera el resultado)

    7- CUANDO LA JUSTICIA SE QUEMA DURANTE 75 AÑOS, LLAMESE UNAMUNO O CUALQUIER OTRO SEPARADO DE SERVICIO A PERPETUIDAD,TODO EL ESTADO DE
    DERECHO SE QUEMA

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  3. SINESPE A QUEMETU (SIN ESPERANZA Y SIN MIEDO): ELOGIO AL JUEZ GARZON POR SU LISTA-CENSO DE SEPARADOS....A LA LUZ DE LA PONENCIA-1999 DEL MTS PERFECTO ANDRES

    SINESPE A QUEMETU (SIN ESPERANZA Y SIN MIEDO):
    ELOGIO AL JUEZ GARZON POR SU LISTA-CENSO DE SEPARADOS 1931-2011 Y SUPERAR LOS PREJUICIOS DE LOS JUECES DEL FRANQUISMO Y SUS SUCESORES CONTAMINADOS POR SUS NORMAS PRORROGADAS EN FALSO, A LA LUZ DE LA PONENCIA-1999 DEL MTS PERFECTO ANDRES

    Felicitamos a Monsieur Villefort por sus post sobre justicia comparada y por los comentarios y alertas premonitorias sobre la contaminación de jueces por prejuicios, que han obligado al juez Garzón a formular 2 macro-recusaciones contra los Magistrados de la Sala 2ª y del 61 TS que incompatiblemente actuan instruyendo y juzgando en sus 3 causas y en sus incidentes de abstencion, recusacion y sustitución, por prejuicios y otras motivos silenciados que fueron noticia, a saber

    NUEVA RECUSACION DE INSTRUCTOR Y JUZGADOR (???)

    http://politica.elpais.com/politica/2011/11/18/actualidad/1321621150_271649.html

    3 JUICIOS POSTPUESTOS O NO CONVOCADOS (???)

    http://politica.elpais.com/politica/2011/11/17/actualidad/1321531295_466473.html

    PERFECTO ANDRES SUSTITUTO DE INSTRUCTOR RECUSADO Y JUZGADOR DE LA CAUSA «MEMORIA» (???)

    http://www.publico.es/espana/308935/perfecto-andres-ibanez-sustituira-a-varela-en-la-causa-de-garzon

    Adjuntamos y recensionamos un ponencia magistral del MTS Perfecto Andrés Ibañez de 1999 que rebautizamos como

    «SINESPE A QUEMETU» (SIN ESPERANZA Y SIN MIEDO) : ELOGIO A LA LEGITIMIDAD E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES NO CONTAMINADOS POR EL FRANQUISMO PARA JUZGAR SUS ABUSOS NO PRESCRITOS POR LEYES DE AMNISTIA Y MEMORIA EN CUESTION Y PROHIBIDAS POR STC 4/1981 y 37/2002

    que puede ayudar a Magistrados, Jueces, Fiscales, y Abogados del Estado del TC, TS, TTSSJJ,Audiencias Nacional y Provinciales a abstenerse de instruir y juzgar por ser juez y parte de prejuicios de jueces franquistas y sus sucesores en cuestión por prorrogar normas franquistas prohibidas por STC 4/1981 y 37/2002, para evitar «GUERRAS DE CORTES JUDICIALES» como sucedió en Italia tras el fascismo y en Alemania tras el nazismo

    PONENCIA-1999

    http://www.idl.org.pe/Publicaciones/Jusiciapaz/estudios/perfecto.htm

    Instituto de Defensa Legal.
    PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ Magistrado español.
    Diciembre de 1999

    //////////////////////////////////////////////////////

    De los problemas más generales o estructurales que en este momento preocupan a la opinión en la materia están los de legitimación e independencia. El de legitimación es un problema nuevo. De legitimación en materia de justicia no se hablaba; incluso hoy se habla poco y sólo con fines de cuestionamiento y a veces deslegitimadores.(???)

    De independencia se ha hablado mucho. Los discursos de apertura de tribunales, discursos solemnes y con frecuencia vacíos están, sin embargo, teñidos de una concepción de la independencia ritual y poco significativa en términos reales de lo que es la capacidad de los jueces, o lo que era la capacidad de los jueces para ejercer ese valor. (???)

    Pero lo cierto es que siendo un valor viejo, hoy tiene perfiles, si no nuevos, por lo menos de una relativa juventud en cuanto al modo de afrontarlos. Es decir, tiene perfiles que no son los más frecuentados y, sin embargo, son los que en este momento, puestos a funcionar en la práctica de los operadores judiciales, aportarían avances importantes en la calidad de lo que podríamos llamar el servicio público judicial. (???)

    Yo antes hablaba de una historia vieja. Y precisamente porque la historia es vieja, me gustaría comenzar con un ejemplo también de alguna edad. Lo tomo de un texto de Radbruck de los años 30, un texto lamentablemente olvidado: la Introducción a la ciencia del Derecho. Radbruck es un filósofo del Derecho, un penalista que experimenta EL CHOQUE TREMENDO QUE PARA UN JURISTA DE CONVICCIONES COMO ÉL SIGNIFICAN LAS VICISITUDES DEL NAZISMO ITALIANO CON TODO LO QUE ÉSTE CONLLEVA EN EL ÁMBITO DEL ORDEN JURÍDICO Y OTROS. (???)

    Este autor tiene una reflexión muy interesante sobre el poder judicial y la jurisdicción. La ejemplifica primero con una fábula y luego reproduciendo lo que sería el caso real. La fábula dice que FEDERICO II DE PRUSIA ESTABA MUY INTERESADO POR EL MOLINO DE UN HOMBRE DE APELLIDO SANSUSÍ -AL PARECER EL INTERÉS ERA ESTÉTICO Y NO ECONÓMICO-, POR LO QUE SE DIRIGIÓ A ÉL EN TÉRMINOS BASTANTE EXIGENTES Y LE PLANTEÓ SU DESEO DE QUEDARSE CON EL MOLINO. EL MOLINERO, EN VEZ DE CEDER, LE DIJO: LA EXPROPIACIÓN DE MI MOLINO POR LAS BUENAS SERÍA POSIBLE DE NO SER PORQUE HAY JUECES EN BERLÍN. (???)

    Tal historia ha circulado en la versión fabulada. Radbruck cuenta QUE LO QUE OCURRIÓ FUE QUE EL MOLINERO, QUIEN SE LLAMABA ARNOLD Y NO SANSUSÍ, EN UN PRINCIPIO NO CEDIÓ Y LOS JUECES SE PRONUNCIARON A FAVOR DE ÉL, PERO EL REY IGNORÓ EL DICTAMEN Y SE APROPIÓ DEL MOLINO. (???)

    Es sintomático que de estas dos versiones sea la primera la que funcione en el imaginario judicial. Es un recurso literario muy eficaz en algunos discursos; y, curiosamente, de los dos planos del relato es el que queda. El otro, sin embargo, no lo había escuchado nunca hasta que lo leí en Radbruck. (???)

    Sin embargo, me parece que optar por la primera versión, la fabulada, y prescindir de la segunda, es amputar un modo realista de enfrentar un problema. CREO QUE AMBOS MOMENTOS, EL FABULADO Y EL MÁS DESCRIPTIVO, SON INSEPARABLES; y por respeto a Radbruck y por un imperativo de realidad habría que relatarlos siempre juntos. En la realidad de la jurisdicción, en la realidad histórica, incluso en los momentos más crudos de negación de los valores fundantes de la jurisdicción, los dos planos han estado de alguna forma presentes. La ausencia de uno de ellos, que suele ser el plano de principios, resulta tan llamativa que el vacío que deja puede ser más elocuente que un enunciado fuerte del principio. (???)

    La historia del poder judicial o de la administración de justicia a lo largo de los dos últimos siglos se expresa muy bien en la tensión existente entre estos dos momentos del relato de Radbruck. Por una parte, porque en esa historia han confluido, confrontándose y en condiciones normalmente de abierta desigualdad, UNA PERSPECTIVA DE PRINCIPIOS GENERAL Y RETÓRICAMENTE UTILIZADA Y, AL MISMO TIEMPO, UN PLANO DE RELACIONES DE FUERZA DESCARNADAMENTE PLANTEADO QUE POR LO GENERAL TERMINABA PREVALECIENDO. (???)

    Al mismo tiempo, en un ámbito institucional, se ha producido sistemáticamente la demanda de constitución de lo que hoy llamaríamos PODER JUDICIAL, FRENTE A UN PODER POLÍTICO QUE CASI SIEMPRE TERMINA IMPONIENDO SUS EXIGENCIAS. (???)

    La idea de Radbruck al plantear las dos versiones, y por el contexto en que lo hace, ES UNA IDEA PROMOCIONAL, ES DECIR, QUE TRABAJA PARA EL FUTURO, Y PROBABLEMENTE LO QUE INTENTA DECIR ES QUE HACEN FALTA JUECES EN BERLÍN. (???)

    Yo creo que hacían falta en la época de Radbruck y siguen haciendo falta. Si hoy Federico II se interesara por los molinos también conseguiría tenerlos. De todas formas, no soy pesimista, y no sólo por una actitud sino porque me parece que en esta historia compleja hay motivos, sobre todo recientes, para ALBERGAR ALGUNAS ESPERANZAS A CONDICIÓN DE QUE ESTEMOS DISPUESTOS A TRABAJAR SERIAMENTE POR ELLAS. (???)

    Puede decirse que la historia de las relaciones de poder en el ámbito del aparato de Estado a lo largo de los siglos -pensemos en el Estado moderno- habla de la escasa importancia de la instancia judicial. Primero, porque es prácticamente inexistente; en definitiva, es una proyección del poder que carece de sustantividad. CUANDO SE AFIANZA COMO INSTANCIA SUSTANTIVA, LO HACE A COSTA DE PERDER AUTONOMÍA, DE PERDER CAPACIDAD DE PODER. Y ahora que nuestro mundo es una aldea global, puede ser tan variopinta y tan diferente como el ejercicio más elemental de imaginación lo permite. Pero contamos con un factor nuevo que no convendría infravalorar, y es que hay una buena cultura de la institución judicial, hay una buena cultura democrática de la institución judicial. Además, la capacidad de difusión de ideas que nuestro mundo permite da a esta cultura una posibilidad de proyección, y sobre todo de incidencia, que en definitiva hace de ella un elemento con el que se puede contar. (???)

    La vieja reflexión sobre el poder judicial se ha nutrido generalmente de principios. Quizá era una forma de hacer de la necesidad una virtud, ya que lo único que dejaban a quienes se ocupaban de dicho tema era la reflexión en esa clave. Es decir, Federico II se reservaba las relaciones de fuerza, el poder en el sentido fuerte, y dejaba los principios a Montesquieu, a los constitucionalistas americanos, a Hamilton y a algunos autores más modernos. (???)

    Pero lo cierto es que a lo largo de los siglos se fue constituyendo una interesante reflexión sobre el poder judicial de la que somos tributarios, y que hoy todavía nos dice cosas realmente importantes. Montesquieu era un aristócrata que se desenvolvía en el ámbito cultural del antiguo régimen y cuya preocupación principal se debía a que la aristocracia, su estamento, estaba a punto de caer víctima del avance incontenible del poder real. Y, curiosamente, en esa situación de crisis, es decir, de ciudadano con derechos, aunque sean privilegios a punto de ceder, pensó en el juez. (???)

    Creo que estamos frente a un dato que es más una anécdota: Montesquieu piensa en el juez y quiere un juez muy particular, un juez equilibrador entre los poderes; quiere un juez que esté lo suficientemente circunscrito para que no pueda abusar de su poder, porque el juez de Montesquieu -aunque sea un juez nulo como poder- también podría abusar incluso de ese pequeño espacio que se le reconoce en el modelo. De tal forma que en Montesquieu si bien el poder es una garantía, puede hacerse abuso de él, aun cuando se trate de un poder limitado. (???)

    Se cuenta con Montesquieu como un interlocutor permanente. Lo que hay son lecturas de Montesquieu; entre ellas, es muy interesante la de los constitucionalistas americanos. Los constitucionalistas americanos leen a Montesquieu desde una experiencia colonial que tiene una particular concepción del Parlamento. Para ellos el Parlamento es el Parlamento inglés; por tanto, una fuente de abuso. Por eso son críticos de la institución parlamentaria, de modo que ven en el juez una instancia. Hamilton diría que éste es un cuerpo intermedio que servirá para poner un freno al posible despotismo de la mayoría, y ahí se enriquece más el perfil de un posible poder judicial. La idea de proteger la Constitución y los derechos tiene un sentido mucho más rico en la cultura política del primer constitucionalismo norteamericano del que tendría en nuestra cultura. (???)

    Otra lectura de Montesquieu es la que se hace en el ámbito de la Revolución francesa; lectura interesante y a la vez reduccionista. EL REVOLUCIONARIO FRANCÉS TIENE PRESENTE EL ABUSO BRUTAL DEL PODER DEL ANTIGUO RÉGIMEN, DEL JUEZ DEL ANTIGUO RÉGIMEN: UN JUEZ AVASALLADOR QUE DEFIENDE SUS INTERESES, CON POCO PODER MEDIADOR, EQUILIBRADOR. ESTE MODELO NO CORRESPONDE AL DE MONTESQUIEU. (???)

    Frente a este juez reacciona la Revolución francesa, al extremo que podría decirse que si ésta se hizo contra alguien, ME ATREVO A AFIRMAR QUE FUE CONTRA LOS JUECES, COMO MÁS DE ALGUNA OTRA REVOLUCIÓN Y CON ALGUNA RAZÓN, OBVIAMENTE. (???)

    En este aspecto la Revolución francesa aporta un valor negativo, YA QUE NO RECONOCE MÁS PODER QUE EL DEMOCRÁTICO. NO EN VANO EL JACOBINISMO NACE DE AHÍ. Y NO ES EL PODER DEL JUEZ EL QUE MANDA: ÉL TIENE QUE APLICAR LA LEY QUE SE LE DÉ, EN LO POSIBLE DE MANERA SILENCIOSA. (???)

    La referencia importante es -en este caso- Napoleón. DE NAPOLEÓN LOS JUECES HEMOS HABLADO POCO; CURIOSO, PORQUE ES Y HA SIDO NUESTRO SANTO PATRÓN, NUESTRO PADRE Y MENTOR, Y ES EL QUE NOS HA HECHO COMO SOMOS, ES DECIR, TAN HORRIBLES COMO CON FRECUENCIA SOMOS. Napoleón en este punto es prácticamente el eje central de cualquier reflexión sobre el poder judicial. Él recibe la influencia teórica que viene de Montesquieu, pero le interesa Russo, es decir, UN PODER JUDICIAL QUE DEPENDA DE ÉL, ESTO ES, NI SIQUIERA DEMOCRÁTICO. UN PODER JUDICIAL QUE NO SOBRESALGA Y QUE ESTÉ ORGANIZADO COMO UN EJÉRCITO, DE MANERA QUE MANDA QUIEN DEBE MANDAR. (???)

    Lo cierto es que el modelo judicial heredado en todos los países que se nutren de la cultura judicial europea continental es exquisitamente NAPOLEÓNICO. Habríamos de preguntarnos por qué los jueces nos dedicamos a cultivar ese modelo y a convertirlo en un mito sin siquiera cuestionarnos que podría ser y estar relacionado con la garantía de los derechos, ya que es un modelo de estirpe napoleónico. Es una pregunta ausente de la reflexión de los jueces a lo largo de más de un siglo. Tienen que pasar cosas importantes para que la pregunta brote y la crítica emerja con la fuerza con la que por naturaleza debe emerger. (???)

    De Napoleón hemos heredado un modelo de organización de la que se dota el Estado liberal. El Estado liberal recibe el modelo napoleónico de organización judicial, modelo vertical organizado en forma de pirámide con un vértice muy pequeño. (???)

    El modelo de organización es conocido. El caso español es un modelo de organización que llega hasta la Constitución del 78 y que, incluso, continúa en esos aspectos. ES UN MODELO VERTICAL DE ORGANIZACIÓN EN EL QUE CADA MOMENTO JURISDICCIONAL ESTÁ PROFUNDAMENTE INTERFERIDO POR UN MOMENTO JERÁRQUICO, ES DECIR, LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ESTÁ VIRTUALMENTE ARRINCONADA EN CASI TODOS LOS ESPACIOS, Y EN DEFINITIVA LO JUDICIAL Y LO ADMINISTRATIVO CONVIVEN SIEMPRE EN PERJUICIO DE LO JUDICIAL. TODO ESTO ESTÁ PRESIDIDO POR UN VÉRTICE QUE ACUMULA EL MÁXIMO DE PODER JURISDICCIONAL Y EL PODER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE LA CARRERA. UNA CARRERA ORGANIZADA DE TAL MANERA QUE SI EL JUEZ QUIERE PROSPERAR TIENE QUE ASCENDER; Y SI QUIERE ASCENDER, TIENE QUE MERECER DEL VÉRTICE EL FAVOR, PORQUE EN DEFINITIVA HABLAMOS DE DISCRECIONALIDAD, DE SER TOMADO EN CONSIDERACIÓN. (???)

    Es un modelo para la dependencia y, sin embargo, se postula como el ideal para hacer y generar independencia. Naturalmente, se habla de independencia, aunque en este caso ésta es ideológica. INDEPENDENCIA COMO FALSA CONCIENCIA, es decir, como diafragma que se interpone entre el juez y la realidad y que le impide ver la verdadera función que desarrolla con su trabajo. (???)

    Es muy frecuente que el juez de este modelo diga: “PERO ES QUE A MÍ NADIE ME HA DICHO NUNCA LO QUE TENGO QUE HACER”; Y DICE UNA VERDAD COMO UN TEMPLO. PERO ES QUE NUNCA HA HECHO FALTA. CASAMAYOR, UN AUTOR FRANCÉS QUE SABE MUCHO DE JUECES, DECÍA: A LA BURGUESÍA SE LE HA IMPUTADO COMPRAR A LOS JUECES. QUÉ DISPARATE. SI HA SIDO MUCHO MÁS FÁCIL: LOS HA FABRICADO. ÉSTA ES LA VIRTUD DEL MODELO, EN EL QUE CONFLUYEN ALGUNOS ASPECTOS DE MUCHO INTERÉS. CONFLUYE, POR UNA PARTE, UN MODELO DE JURISTA, UN MODELO QUE NO EMPIEZA EN EL JUEZ NI ACABA EN ÉSTE; ES EL JURISTA DEL POSITIVISMO DOGMÁTICO, ES DECIR, ESE JURISTA QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO, EL QUE HEMOS CREÍDO OPERAR COMO SE OPERAN LOS LABORATORIOS ATÓMICOS, SIN TOCARLO NI MANCHARLO Y MANEJANDO ENTIDADES ABSTRACTAS, LIMPIAS, CASI DE RELOJERÍA SUIZA; EL JURISTA DOGMÁTICO QUE HA TENIDO LA VIRTUD HISTÓRICA DE SER FUNCIONARIO DEL PODER, DE CUALQUIER PODER, SIEMPRE Y EN TODO LUGAR. NATURALMENTE, EN EL CASO DEL JUEZ ESTA PARTICULARIDAD ERA MUCHO MÁS LLAMATIVA. (???)

    ES EL JUEZ DEL POSITIVISMO DOGMÁTICO QUE SE CONSIDERA MECÁNICO APLICADOR, NEUTRAL E INDEPENDIENTE CUANDO PRACTICA, YA QUE NO TIENE OTRA ALTERNATIVA, Y PORQUE EL MODELO LE IMPONE LA SUBORDINACIÓN Y LA SUBALTERNIDAD. ES EL JUEZ QUE CONSIDERA MANEJAR UN ORDENAMIENTO COMPLETO, CUANDO EN REALIDAD ÉL LO HACE COMPLETO; ES ÉL QUIEN LO HACE COMPLETO POR LA VÍA DE EXPULSAR EL CONFLICTO, UNA VECES DECLARÁNDOLO IRRELEVANTE PARA EL DERECHO Y OTRAS VECES SIMPLEMENTE DECLARÁNDOLO RELEVANTE, PERO CRIMINALMENTE RELEVANTE. Y DENTRO DE LO CRIMINALMENTE RELEVANTE, EN EL CASO DEL JUEZ LIBERAL, SE SITÚA CUALQUIER LIBERTAD DE LA PRIMERA GENERACIÓN, CUALQUIER DERECHO FUNDAMENTAL, Y ASÍ DURANTE MUCHÍSIMO TIEMPO. ESTE ES EL MODELO HEREDADO Y EL SERVICIO POLÍTICO QUE EL JUEZ DE ESE MODELO PRESTA DURANTE MUCHO TIEMPO. (???)

    UN JUEZ QUE, POR RAZONES DE EXTRACCIÓN SOCIAL Y POR LA EXISTENCIA DE DETERMINADOS FILTROS, ES PERFECTAMENTE HOMÓLOGO CON EL PODER POLÍTICO, CON LA CLASE HEGEMÓNICA. ESTO LE PERMITE FUNCIONAR CON NORMALIDAD, EN LA NORMALIDAD DEL SISTEMA, SOBRE TODO EN LA SOCIEDAD MONOCLASE, PARTICULARMENTE NO CONFLICTIVA. PERO A MEDIDA QUE AVANZA EL SIGLO PASADO -LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL HA PRODUCIDO TRANSFORMACIONES EN EL TEJIDO SOCIAL- EMPIEZAN A APARECER DIFICULTADES PARA ESE JUEZ, LO QUE NO IMPORTA, YA QUE EL MODELO INVOLUCIONA. ENTRAMOS EN ESTE SIGLO Y LLEGA UN MOMENTO EN QUE LA INVOLUCIÓN DEL MODELO ES BRUTAL, DE MANERA QUE REGÍMENES POLÍTICOS EN SITUACIONES DE PRIMER MUNDO, PERO POR SITUACIONES CONFLICTIVAS, HAN INVOLUCIONADO POR LA PENDIENTE DEL AUTORITARISMO, INCLUSO DEL AUTORITARISMO CRIMINAL, COMO ALEMANIA, ITALIA, ESPAÑA, ENTRE OTROS. Y QUÉ PASA CON LOS JUECES. LOS JUECES DE ESE MODELO INVOLUCIONAN CON SUS PROPIOS ESTADOS, AJENOS A ELLO, Y, SALVO POCAS EXCEPCIONES, APLICAN COMO DERECHO LO QUE EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS ES PURA POLÍTICA CRIMINAL. NO ME REFIERO A POLÍTICA CRIMINAL EN EL SENTIDO TÉCNICO-JURÍDICO DEL TÉRMINO, ES DECIR, CRÍMENES COMETIDOS CON INSTRUMENTOS POLÍTICOS. (???)

    ÉSTA ES UNA EVIDENCIA QUE NO PODEMOS NEGAR. EN LA ESPAÑA FRANQUISTA DE 40 AÑOS DE PODER DICTATORIAL NO HUBO QUE MODIFICAR UN SOLO ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO JUDICIAL HEREDADO. SE PUDO GOBERNAR A LA “MAGISTRATURA LIBERAL” SIN MODIFICAR NINGÚN ARTÍCULO. (???)

    PUES BIEN, HAY UN MOMENTO INMEDIATAMENTE POSTERIOR A ESTA EXPERIENCIA, EL ITALIANO, POR LO QUE SOMOS DEUDORES DE LA REFLEXIÓN JURÍDICO-POLÍTICA DE ESTA CULTURA. ES INEVITABLE ABRIR UNA REFLEXIÓN SOBRE ESTE MODELO DE JUEZ, SOBRE EL PORQUÉ DE ESTA SINGULAR EVOLUCIÓN/INVOLUCIÓN, EL PORQUÉ DE UNA POLÍTICA QUE PARECE ENLOQUECER COMO TAL, AL PUNTO QUE PAÍSES ENTEROS EN MARCOS DEMOCRÁTICOS -DE DEMOCRACIA LIBERAL- PUEDAN ALUMBRAR AL MONSTRUO Y DAR LUGAR A LAS EXPERIENCIAS MÁS APARATOSAS, LAS CUALES PODEMOS TENER EN MENTE POR ENCONTRARNOS DENTRO DE LAS MÁS APARATOSAS. (???)

    En ese contexto se produce una reflexión muy interesante que termina por alcanzar desarrollos institucionales apasionantes en Italia. (???)

    De la reflexión sobre el juez que corre a cargo de la Asamblea Constituyente italiana emerge la preocupación por el juez aparte de la preocupación por la política. Y es curioso, porque esa preocupación lleva a concluir que la única forma de evitar lo que aquí ha pasado es reforzar el componente de derecho. (???)

    ¿Qué sucedía con el Estado liberal de derecho? Pues bien: el componente democrático era pura y simplemente la omnipotencia de la mayoría, y el componente de derecho era la libertad, la voluntad del legislador. Y así teníamos en la mano una espléndida tautología y, como resultado, la autonomía de la política, autonomía respecto del derecho, de los valores, de cualquier instancia de control, y la precariedad de la garantía jurídica. En ese contexto, ¿CUÁL ERA EL SERVICIO DEL JUEZ? EL DE CONTRIBUIR A NO HACER MUY VISIBLE LA PRECARIEDAD DE LA GARANTÍA JURÍDICA Y PRESTARLA AUN EN ESOS TÉRMINOS DE PRECARIEDAD. (???)

    POR ESO LA EXPERIENCIA DE LOS FASCISMOS EN EUROPA ES LA PRUEBA DE FUEGO DE ESE MODELO, Y ES A PARTIR DE AHÍ DONDE SE ABRE UNA REFLEXIÓN QUE DESEMBOCA EN EL CONSTITUCIONALISMO DE POSGUERRA. DESEMBOCA EN LA CONSTITUCIÓN ITALIANA DEL 48 Y EN LA LEY FUNDAMENTAL DE BONN, Y SE PROPAGA HACIA UNA GRAN PARTE DE LAS CONSTITUCIONES ACTUALES, A LAS QUE NO HEMOS SACADO SUFICIENTE PROVECHO. (???)

    Ha sido necesaria una reflexión como la de Luiggi Ferraiolli y otros autores -particularmente Ferraiolli en materia de jurisdicción- para poner de manifiesto las raíces del modelo vigente, de la Constitución que está vigente en la mayoría de los países y, al mismo tiempo, las virtualidades del modelo en materia de jurisdicción. (???)

    El modelo parte del reforzamiento del componente de derecho y lo hace por la vía del expediente técnico de la rigidez constitucional; así, dice: “establecemos una tabla de derechos que no se toca”; y para tocarlas se ponen tales condiciones que la hacen casi intocable. ¿Por qué se da ese relieve a los derechos? Porque si realmente el ser humano no tiene garantizados los derechos, que es lo elemental, probablemente no valga la pena vivir. Desde luego, no hay institución que se justifique si no sirve para garantizar derechos. En el marco de la convivencia humana no hay una institución, un operador, nada que se reclama de lo público, que tenga el mínimo de justificación si no sirve para prestar garantías, para garantizar derechos. (???)

    Es esto lo que lleva al constitucionalismo. Constitucionalismo como asambleas constituyentes de miles de cientos de ciudadanos y no juristas iluminados que consideran que los derechos fundamentales tienen que estar en el centro, y que, además, son previos a la democracia política, porque la democracia política sirve si tiene justificaciones que pueden ser la mejor forma de garantizar derecho. Pero en la medida en que los derechos no pueden quedar a expensas de los vaivenes de la política coyuntural, éstos necesitan una instancia independiente, una instancia que trabaje desde el derecho, un órgano del derecho. Este órgano sólo puede ser el juez, cuyo papel es fortalecido en este modelo constitucional, pero también en el plano de los deberes y de las obligaciones. Y A LOS JUECES A LOS QUE PUEDE RESULTAR MUY GRATIFICANTE SABERSE IMPORTANTES, HAY QUE LLAMARLOS A ACEPTAR EL MODELO EN SU TOTALIDAD. (???)

    Aceptar el modelo en su totalidad es asumir también el altísimo coeficiente de responsabilidades que se deriva del modelo, porque éste aporta un nuevo principio de legitimación o de legitimidad. ¿Qué lo legitimaba en el Estado liberal? LO LEGITIMABA EL NOMBRAMIENTO. ERA NOMBRADO POR UNA CÁMARA O UN PARTIDO POLÍTICO. NORMALMENTE LA FORMALIDAD LA CUMPLÍA LA CÁMARA, PERO LA MATERIALIDAD ERA DEL PARTIDO, COMO OCURRE Y SUELE OCURRIR EN MUCHÍSIMOS CASOS Y EN MUCHAS LATITUDES. Y LUEGO, SI LA CULTURA DE LO JUDICIAL CONVERTÍA LA FUNCIÓN EN SACRAMENTO -YA SE SABE QUE LOS SACRAMENTOS IMPRIMEN CARÁCTER CON EL GESTO, CON LA FÓRMULA-, BASTABA CON HIPERTROFIAR LAS FÓRMULAS PARA ESTABLECER UNA DISTANCIA, VESTIR A LOS JUECES CON ROPAJES LLAMATIVOS Y PONERLES UNA CIERTA BISUTERÍA IGUALMENTE LLAMATIVA. ES DECIR, LEGITIMIDAD DE ORIGEN, LEGITIMIDAD FORMAL, CON FRECUENCIA VACÍA DE CONTENIDOS. (???)

    PERMÍTASEME AQUÍ HACER UN PARÉNTESIS. SOY HIJO DE MAGISTRADO, Y MI PADRE SEGURAMENTRE SE SENTIRÍA INCÓMODO CON LO QUE ESTOY DICIENDO. DEBO DECIR QUE MI PADRE, COMO MUCHOS JUECES DE ESA ÉPOCA, ACTUARON CON UNA GRAN AUTENTICIDAD Y CON SUMO RIGOR Y HONESTIDAD PROFESIONAL. PERO LA CUESTIÓN NO ES PESONAL, SINO DE MODELO, DE ESTRUCTURA. HAY ALGO QUE ESTÁ POR ENCIMA DEL MISMO JUEZ, PORQUE EL JUEZ VIVE PRESO DE UNA CULTURA, DE UNA ORGANIZACIÓN A LA QUE LE FALTAN CATEGORÍAS CRÍTICAS PARA SACAR LA CABEZA Y MIRAR POR ENCIMA. ESTO ES ASÍ AL PUNTO QUE SÓLO MUY ENTRADO EL SIGLO XX ESTA REFLEXIÓN LOGRA TENER ALGUNAS PAUTAS DE REFERENCIA. POR ESO, NO HAY AQUÍ NI UN ÁPICE DE FALTA DE RESPETO A LOS PROFESIONALES HONESTOS QUE, CON LAS LIMITACIONES PROPIAS DE SU CONTEXTO CULTURAL Y POLÍTICO, HICIERON UN TRABAJO DIGNO Y ADEMÁS AUSTERO. SÓLO DIGO QUE ERAN REHENES DE UN MODELO QUE NO PODÍAN SUPERAR. (???)

    BIEN CERRADO EL PARÉNTESIS, CREO QUE EL PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN DE ESE MODELO DE JUEZ ERA PURA Y SIMPLEMENTE LA FORMALIDAD DEL NOMBRAMIENTO, QUE SOLÍA ESTAR TEÑIDO DE ARBITRARIEDAD, Y A PARTIR DE AHÍ HABÍA UNA ESPECIE DE PACTO IMPLÍCITO: “PUEDES HACER LO QUE QUIERES SI TE MUEVES DENTRO DE DETERMINADOS PARÁMETROS DE OBEDIENCIA Y DE ACEPTACIÓN; SI CUMPLES CON ESO, TE HAGO INVULNERABLE. POR ESO, DURANTE DECENAS DE AÑOS NO HA HABIDO UN JUEZ CONDENADO POR PREVARICACIÓN, NI SIQUIERA UN JUEZ AL QUE SE LE HAYA ABIERTO UN EXPEDIENTE POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PROFESIONALES. A UN JUEZ LO PODÍAN EXPULSAR QUIZÁ POR ALGÚN PROBLEMA DE SEXO, POR PROFESAR IDEAS POLÍTICAMENTE NO CORRECTAS, POR SER OBJETO DE UNA RECONVENCIÓN, COMO HE VISTO EN ALGUNA DOCUMENTACIÓN DE LA ESPAÑA DE LOS 40, PORQUE SE SABÍA QUE COMPRABA BIENES A PLAZOS. PODÍAN PASAR ESAS COSAS, PERO EL JUEZ NO ERA OBJETO DE CONTROL EN LA PERSPECTIVA DE LA PROFESIONALIDAD Y EN LA PERSPECTIVA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, Y EL JUSTICIABLE NO TENÍA ABSOLUTAMENTE NINGUNA FORMA NI POSIBILIDAD DE REACCIONAR FRENTE A EVENTUALES ABUSOS. AUN EN ESE CONTEXTO, INSISTO, HABÍA PROFESIONALES DIGNOS DEL MAYOR RESPETO, QUÉ DUDA CABE. (???)

    EL PROBLEMA ES QUE EL MODELO TENÍA UNA LÓGICA PERVERSA QUE ERA UNA LÓGICA DIRECTAMENTE POLÍTICA DE CONTROL, LA QUE CONVERTÍA AL JUEZ EN UN MOMENTO MÁS DE CONTROL EN SOCIEDADES NO DEMOCRÁTICAS, EN SOCIEDADES SIN CONSTITUCIÓN. A mí me gusta mucho una fórmula que he escuchado utilizar en América Latina cuando se habla de Constitución Política. Efectivamente, estábamos hablando de constituciones políticas, es decir, documentos políticos, declaraciones retóricas, documentos no jurídicos, constituciones no normativas. Por eso el punto de arranque de la nueva situación es el establecimiento de constituciones normativas. Y PARA ESTO LOS INVITO A SER KELSENIANOS, QUE COLOCAN EN EL ÁPICE DE LA PIRÁMIDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PORQUE NO PUEDE SER DE OTRA MANERA: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONVERTIDOS EN NORMAS. Y CUANDO EL JUEZ POSITIVISTA IN SENSO BUONO TIENE ARRIBA DERECHOS FUNDAMENTALES COMO NORMA, Y, ADEMÁS, NORMA DEL MÁXIMO RANGO, DEBE OPERAR CON RIGOR TÉCNICO-JURÍDICO, PERO A PARTIR DE ESOS VALORES POSITIVISADOS. ESTO CAMBIA RIGUROSAMENTE EL PARADIGMA, EL MODELO DE JUEZ, EL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES E IMPLICA INCLUSO UN CAMBIO DEONTOLÓGICO. (???)

    Cierto que esto es bastante más fácil de explicar, entender y practicar en realidades del primer mundo. Pero más allá de las dificultades empíricas, reconocer el modelo como tal y ser conscientes de que puede estar vigente en países con realidades atroces es importante por el hecho de estar impregnados de la filosofía del modelo, creer en él; pero no creer con fe de carbonero sino con convicción de jurista y porque es un modelo imperativo e incluso jurídicamente imperativo, aunque sea contradictorio. LOS JURISTAS SOMOS MAESTROS EN HACER COHERENTE LO INCOHERENTE: SI EN EL PLANO DE LOS PRINCIPIOS TENEMOS EL IMPERATIVO BÁSICO, TODO LO QUE ROMPA ESA LÍNEA DE PRINCIPIOS DEBE QUEDAR FUERA.

    Naturalmente, ésta es una propuesta de trabajo, es una línea de principio, con frecuencia muy difícil de llevar a la práctica. Pero es la línea del modelo. Y en aquellos países donde la Constitución no pueda responder con fidelidad al modelo, sí está vigente la Convención Americana, la Declaración Universal, los pactos que la desarrollan. EL HECHO DE QUE LA DISCIPLINA DEL PROCESO PENAL TENGA EN ESTE MOMENTO EL MÁXIMO RANGO CONSTITUCIONAL Y OCUPE ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL NO PUEDE SER INDIFERENTE PARA LOS JUECES. CREO QUE EL PROBLEMA DE LOS JUECES EN ESTE PUNTO ES QUE PRIMERO NOS HEMOS HECHO CÓMODAMENTE POSITIVISTAS DE UN DERECHO POCO COMPROMETEDOR; DESPUÉS HEMOS DESCONOCIDO QUE HAY UN DERECHO NO INTERNO PERO SÍ INTERNALIZADO POR LA VÍA INDIRECTA DEFINITIVA DE NORMAS CONSTITUCIONALES QUE RECLAMAN AL ORDENAMIENTO INTERNACIONAL COMO PROPIO. (???)

    ESA VERTIENTE HA ESTADO EXTRAORDINARIAMENTE DESATENDIDA, Y HAY QUE CONTAR CON ELLA Y HACERLA EFICAZ. ENTONCES, HAY UN CÚMULO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE, ADEMÁS DE SER INSTRUMENTOS DE TRABAJO QUE ESTAMOS OBLIGADOS A UTILIZAR, COMPORTAN UNA DIMENSIÓN DEONTOLÓGICA, UNA DIMENSIÓN DE DEBER MORAL –QUE EN EL CASO DEL JUEZ ES JURÍDICO-MORAL– QUE NO PODEMOS DESATENDER. (???)

    Si el modelo de organización heredado de Napoleón es un modelo que ha servido para neutralizar la independencia judicial, es obvio que el modelo apto para garantizar la independencia judicial tiene que ser otro, por lo que hay que trabajar en esa línea. La experiencia italiana me parece importantísima. SI QUIERE HACER FUNCIONAR LA INDEPENDENCIA, LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL DEBE TENDER A LA HORIZONTALIDAD Y ROMPER CON LA VERTICALIDAD QUE PUEDE IR BIEN EN EL EJÉRCITO PERO NO EN LA JURISDICCIÓN, DONDE NO HAY JUECES INFERIORES -ESTO LO DECÍA ALCALÁ-ZAMORA, UN VIEJO PROCESALISTA-, PORQUE LA JURISDICCIÓN ES UN PODER INCONDICIONADO, SALVO POR LA LEY QUE EJERCE CON IGUAL DIGNIDAD EL ÚLTIMO JUEZ DE PAZ, EL QUE ESTÉ MÁS LEJOS, PORQUE EN ESO TAMPOCO HAY MAYOR JERARQUÍA QUE LA CORTE SUPREMA REUNIDA EN PLENO Y RESOLVIENDO SOBRE EL PROBLEMA FORMALMENTE MÁS IMPORTANTE. EN ESTE MOMENTO ESTO FORMA PARTE DEL PARADIGMA CONSTITUCIONAL VIGENTE EN TODOS NUESTROS PAÍSES, AUNQUE SÓLO SEA PORQUE LO ESTÁ EN LOS GRANDES INSTRUMENTOS O A TRAVÉS DE LOS GRANDES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. (???)

    Naturalmente, éste es un modelo que compromete mucho al poder político, pero no porque instaure un gobierno de los jueces. Ya se dijo, cuando se promulgó la ley fundamental de Bonn, en el año 49, que aquella ley, como daba tanto poder a los jueces, les daba el poder de juzgar; como daba tanto poder a los jueces, se estableció un poder de los jueces. Y un gran jurista alemán de la época, Otto Bachof, dijo: “¿Pero cómo el gobierno de los jueces? Si un juez no puede salir a la calle a juzgar lo que le apetece, si sólo actúa a instancia de parte y sobre casos concretos; si, además, dicta normas que no tienen validez general sino que afectan a los interesados; si actúa normalmente de forma represiva; y si, igualmente, no sólo no deslegitima al poder sino que el poder político, que normalmente actuará bien, encontrará la sanción y el refrendo dado por los jueces a las actuaciones políticas correctas, ¿dónde puede estar ese gobierno de los jueces?”. (???)

    Hoy se sigue hablando del gobierno de los jueces, y en Europa -DONDE ALGUNAS MAGISTRATURAS HAN TENIDO QUE HACER FRENTE A FENÓMENOS DE ILEGALIDAD MASIVA, ES DECIR, PARTE MUY SIGNIFICATIVA DE LAS CLASES POLÍTICAS SENTADA EN EL BANQUILLO Y ALGUNOS QUE NO HAN LLEGADO A SENTARSE SE HAN SENTIDO EN ÉSTE, PORQUE EN DEFINITIVA TENÍAN MOTIVOS PARA SABERLO O PARA PENSARLO- se ha vuelto a hablar del poder de los jueces y del gobierno de los jueces, y de que no los dejan hacer política, cuando tienen todo el territorio de la política menos uno: el de la política de Código Penal, el de la política como delito pero nada más, porque, que yo sepa, estos jueces han cometido abusos. Lo que no se ha dicho es que no actúen por imperativo de legalidad, porque todas estas conductas eran tipificadas en el Código Penal sin antes ser perseguidas debido a que no había un juez en condiciones de hacerlo: no había la garantía de independencia que ahora hay, incluso en países donde LOS JUECES PASAN POR DIFICULTADES EN MATERIA DE INDEPENDENCIA. (???)

    Esto lo sabemos porque existen casos; naturalmente, CASOS QUE HAN PODIDO EXIGIR UN CORAJE Y UNA AUDACIA QUE NO SE LE PUEDE EXIGIR A TODO EL MUNDO, PORQUE EL HEROÍSMO ES UNA DECISIÓN PERSONAL. PERO DE LO QUE NO CABE DUDA ES DE QUE HAY INSTRUMENTOS Y, SOBRE TODO, UN DEBER DE LA CULTURA JURÍDICA, QUE NO SE LIMITA A LOS JUECES, DE GENERAR OPINIÓN SOBRE ESTAS MATERIAS. LOS JUECES TENEMOS MUCHOS PROBLEMAS, CON FRECUENCIA PROBLEMAS DE LABORIOSIDAD. COMO LA JUSTICIA ESTÁ DETERIORADA, HAY MUCHA DESORGANIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ES IRRACIONAL; ENTONCES, QUIEN QUIERE TRABAJA O NO, O SI TRABAJA POCO NO HAY PROBLEMA. ESTO SE ESTÁ DANDO ENTRE NOSOTROS, ADEMÁS DE HABER UN ESPÍRITU DE CUERPO QUE HACE QUE AL DESIDIOSO NO SE LE DENUNCIE ENTRE LOS COLEGAS Y SE PROFESE UNA CIERTA COMPLICIDAD CON CONDUCTAS DEONTOLÓGICAMENTE INTOLERABLES. (???)

    ALLÍ HAY UNA TRAMPA QUE LOS JUECES NOS TENDEMOS A NOSOTROS MISMOS Y NOS PERJUDICA EXTRAORDINARIAMENTE EN ESTE MODELO DE DISEÑO MACROCONSTITUCIONAL, DE DISEÑO AL MÁXIMO NIVEL NORMATIVO, YA QUE ESTO NO ES UNA CREACIÓN, ES CREACIÓN NORMATIVA, DERECHO VIGENTE EN ESTE MOMENTO EN TODO EL MUNDO; OTRA COSA SON SUS NIVELES DE APLICACIÓN. En ese contexto se exige del juez laboriosidad, trabajo, porque ésta es una función –y no hay que engañarse- que exige mucho. Personalmente, lo del juez-sacerdote no me lo he creído nunca y no me lo voy a creer, pero sí que la función tiene un plus que hace que se asemeje a la labor de un médico, es decir, enfrentas problemas que las personas padecen con un alto nivel de sensibilidad. Nosotros trabajamos en materia altamente sensible, y un retraso en estas materias es duro y una privación de libertad es una pena, aunque la llamemos provisional; y ésa es una contradicción complicada con la que los jueces debemos vivir: va a haber prisión provisional y pena anticipada(???).

    Esto también me hace evocar a Radbruck, quien afirmaba que NO SE PUEDE SER PENALISTA SIN MALA CONCIENCIA; YO CREO QUE NO SE PUEDE SER JUEZ SIN MUCHA MALA CONCIENCIA. LO QUE SUCEDE ES QUE HAY QUE VIVIRLA COMO MALA CONCIENCIA Y NO RESIGNARSE A ELLA, PORQUE LA MALA CONCIENCIA DEL JUEZ ES UNA GARANTÍA DEL JUSTICIABLE, UNA GARANTÍA CULTURAL POCO TEORIZADA PERO MUY FRUCTÍFERA SI SE PRACTICA SERIAMENTE.(???)

    ENTONCES, ALLÍ HAY UN NIVEL DEONTOLÓGICO, UN NIVEL DE ESFUERZO, DE PROFESIONALIDAD EN EL QUE, ADEMÁS, EL JUEZ ENFRENTA LA LEGITIMIDAD. LA LEGITIMIDAD NO LE VIENE AL JUEZ DEL SUFRAGIO; Y EN BUENA HORA, PORQUE SI NO ESTARÍA EN DEFINITIVA HACIENDO PASES DE MODELOS ANTE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE NOS ELIGIESEN COMO JUECES Y, OBVIAMENTE, POR AHÍ YA SABEMOS DÓNDE SE LLEGA. ÉSE NO ES EL SISTEMA. (???)

    La jurisdicción necesita una instancia independiente, SERVIDA POR CIUDADANOS QUE ACCEDAN POR UN SISTEMA EXENTO DE ARBITRARIEDAD EN LA DESIGNACIÓN, POR UN SISTEMA EQUILIBRADO, RIGUROSO, QUE LOS CONVIERTA EN CIUDADANOS –SEGÚN UN CONOCIDO BROCARDO LATINO, SINESPE A QUEMETU– SIN ESPERANZA Y SIN MIEDO. ES DECIR, SIN ESPERANZA DE RECIBIR FAVORES NI DE MEJORAR EL STATUS POR COMPORTARSE APROPIADAMENTE. Y SIN MIEDO. CUANDO DIGO SIN MIEDO QUIERO DECIR CON LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA PODER EJERCER LA FUNCIÓN CON DIGNIDAD. (???)

    En este terreno, SI HAY POSIBILIDADES OBJETIVAS DE OBTENER RESPALDO PARA LA INDEPENDENCIA Y PARA LA FALTA DE MIEDO, O PARA QUE NO HAYA MIEDO A DECIDIR COMO EL DERECHO EXIGE, CUENTA MUCHO LA CALIDAD DEL TRABAJO QUE SE DESARROLLA. POR ESO LA LEGITIMACIÓN DEL JUEZ ES UNA LEGITIMACIÓN POR EL ORIGEN, PERO NO DE LA DESIGNACIÓN ARBITRARIA, DE LA DESIGNACIÓN POLÍTICA, SINO DE LA DESIGNACIÓN EQUILIBRADA, RIGUROSA, SOBRE LA BASE DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y POR LA CALIDAD DEL TRABAJO. EL JUEZ SE LEGITIMA ACTO POR ACTO, DÍA A DÍA. SE DESLEGITIMA TAMBIÉN EN CADA ACTO MAL REALIZADO Y EN EL DÍA A DÍA SI NO CUMPLE. POR ESO EL MODELO ES MUY EXIGENTE, PORQUE EFECTIVAMENTE DA UNA NUEVA LEGITIMIDAD, UNA ESPLÉNDIDA NUEVA LEGITIMIDAD, PERO TAMBIÉN QUITA TODA LEGITIMIDAD CUANDO EL TRABAJO NO SE AJUSTA A TALES EXIGENCIAS. (???)

    La independencia judicial es probablemente la garantía más difícil. Difícil porque debe tener un ANCLAJE EN EL ÁNIMO, EN LA SENSIBILIDAD, EN LA FE –EN LOS TÉRMINOS MÁS LAICOS POSIBLES-, EN LA FUNCIÓN, EN LOS VALORES QUE SE DEFIENDEN, PERO DEBE TENER TAMBIÉN UN SOPORTE INSTITUCIONAL Y UN ENTORNO DE APOYO SIN EL QUE ESA INDEPENDENCIA ES MUY DIFÍCIL. (???)

    Ahora bien: la independencia es el eje central y se mantiene con dificultad y esfuerzo, sólo con esfuerzo. LA INDEPENDENCIA NO ESTÁ DADA DE UNA VEZ POR TODAS, YA QUE SE PUEDE PERDER DE FORMAS MUY SUTILES, DE MILES DE FORMAS. SON TAN FÁCILES QUE YO CREO QUE NO HACE FALTA CONTARLAS, NI SIQUIERA REFERIRSE A ELLAS. PERO LO QUE ES EVIDENTE ES QUE LA INDEPENDENCIA NO ES UN PRIVILEGIO DE LOS JUECES. ÉSTA ES UN DERECHO DEL CIUDADANO. (???)

    Y qué juez tiene derecho a ser independiente. Poder judicial no son todos los jueces. Los jueces como tales no tenemos poder judicial. Si se colocara en un anfiteatro a todos los jueces del mundo, no habría ni un ápice de poder judicial. Habría señores que en determinadas condiciones podrán ejercer un poder judicial, pero no son poder judicial. Eso es evidente. Quizá todos los cardenales reunidos son el sacro colegio, pero todos los jueces reunidos no son el poder judicial. (???)

    TAMPOCO ES PODER JUDICIAL LA CORTE SUPREMA, SALVO QUE EJERZA JURISDICCIÓN. PODER JUDICIAL ES LA JURISDICCIÓN Y SÓLO TIENE PODER JUDICIAL QUIEN EJERCE JURISDICCIÓN. CON FRECUENCIA NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A HABLAR DEL PODER JUDICIAL PARA REFERIRNOS A UN LOBBY DE SUJETOS PRIVILEGIADOS QUE A CAMBIO DE ACTITUDES CÓMODAS PARA EL PODER POLÍTICO RECIBEN ALGUNAS PARCELAS DE PODER ATÍPICO, PERO EL BENEFICIARSE PERSONALMENTE LOS DEGRADA COMO PODER JUDICIAL. PODER JUDICIAL ES LA JURISDICCIÓN, Y LOS JUECES DE PAZ TIENEN QUE SABER QUE SON PODER JUDICIAL CUANDO EJERCEN JURISDICCIÓN COMO CUALQUIER OTRO JUEZ QUE LA EJERZA EN OTRO ÁMBITO, Y QUE PUEDEN TAMBIÉN INCURRIR EN ABUSOS DE LA MISMA GRAVEDAD, PORQUE NO HAY ABUSO MÁS ODIOSO QUE EL QUE SE HACE DEL PODER JUDICIAL. ÉSTE NO ES EL PODER BUENO. LOS QUE CRITICAN A LOS JUECES AFIRMANDO QUE ÉSTOS BUSCAN PRIVILEGIOS, EN BUENA MEDIDA TIENEN RAZÓN. EN EL CONTEXTO DE LOS PODERES, EL PODER JUDICIAL NO ES EL PODER BUENO; EN EL CONTEXTO DE LOS PODERES PERVERSOS, EL PODER JUDICIAL O EL PODER DE LOS JUECES QUE EJERCEN JURISDICCIÓN SE PUEDE PERVERTIR DE LA MISMA MANERA. LO QUE HACE BUENO AL PODER JUDICIAL ES EL RESPETO DE LAS GARANTÍAS, Y LAS GARANTÍAS SON NECESARIAS FRENTE AL JUEZ PORQUE ÉSTE PUEDE ABUSAR DE SU PODER.

    En una palabra, EL SANÍSIMO PRINCIPIO DE DESCONFIANZA QUE LOS CONSTITUYENTES HISTÓRICOS INSTAURARON EN LAS CONSTITUCIONES TAMBIÉN NOS AFECTA A LOS JUECES, Y LOS JUECES TIENEN LEGITIMIDAD SI EJERCEN BIEN LA JURISDICCIÓN, LO QUE QUIERE DECIR TRANSPARENCIA, MOTIVACIÓN EN LAS DECISIONES, ESCUCHAR A LOS LITIGANTES, FUNDAR SUS RESOLUCIONES EN EL RESULTADO DE LA PRUEBA. EN UNA PALABRA, TENEMOS UN CUADRO DE OBLIGACIONES BIEN GRANADO QUE TODOS CONOCEMOS, Y ES AHÍ DONDE ESTÁ EL PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD Y LA RAZÓN DE SER DE LA INDEPENDENCIA Y TODO LO QUE LLAMEMOS INDEPENDENCIA O QUE PRETENDAMOS LEGITIMIDAD AL MARGEN DEL CUMPLIMIENTO DE ESAS EXIGENCIAS ES UNA TRAMPA Y UN FRAUDE QUE ESTARÍAMOS HACIENDO A LA CIUDADANÍA. (???)

    ///////////////////////////////////////////////////////////

    CONCLUSION:

    Esta Ponencia-1999 del MTS Perfecto Andres Ibañez, es la mejor prueba para reconocer los méritos del Juez Garzón por pedir las lista-censo de separados 1931-2008, y para archivar las 3 causas contra el Juez Garzón y sus incidentes de abstencion y recusación, por la doctrina del arbol envenenado.

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  4. MÁS PRUEBAS PARA ARCHIVAR LAS 3 CAUSAS CONTRA EL JUEZ GARZON Y EL SINFIN DE INCIDENTES

    MÁS PRUEBAS PARA ARCHIVAR LAS 3 CAUSAS CONTRA EL JUEZ GARZON Y EL SINFIN DE INCIDENTES DE ABSTENCION-RECUSACION DE MAGISTRADOS, FISCALES, ABOGADOS DEL ESTADO Y CATEDRATICOS DEL TS,TC, TCU,A.NAL,TTSSJJ… CONTAMINADOS POR PARENTESCO , POR PREJUICIOS , POR LAS LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS 1978-2011 Y POR LAS LISTAS «GARZON» DE DEPURADOS INFAMES 1931-2011

    1-ELOGIO DE LA LEY DE PRINCIPIOS INAMOVIBLES DEL MOVIMIENTO 1958 POR 12 JURISTAS INTELECTUALES DEPURADORES FRANQUISTAS CONTAMINADOS POR LAS LISTAS “GARZÓN” DE DEPURADOS INFAMES 1931-2011

    2-ESCRITO HISTÓRICO DE 25-9-1965 DE 42 PROFESORES DEPURADORES FRANQUISTAS CONTAMINADOS POR LAS LISTAS “GARZON”, CONTRA LA INFAME DEPURACION DE TIERNO,ARANGUREN,Y OTROS

    I-Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 (17 de mayo de 1958)

    http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02449421981244052976613/p0000001.htm

    ????????????????????????????????????????????????????

    “Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del Movimiento Nacional, ENTENDIDO COMO COMUNIÓN DE LOS ESPAÑOLES EN LOS IDEALES QUE DIERON VIDA A LA CRUZADA (???), los siguientes:

    -I-

    ESPAÑA es una unidad de destino en lo universal. EL SERVICIO (???) a la unidad, grandeza y libertad de la Patria ES DEBER SAGRADO y tarea colectiva DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (???)

    -II-

    La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, QUE INSPIRARÁ SU LEGISLACIÓN.(???)

    -III-

    España, raíz de una gran familia de pueblos, con los que se siente indisolublemente hermanada, aspira a la instauración de la justicia (???) y de la paz entre las naciones. (???)

    -IV –

    La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro (???) pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria PARA EL MEJOR SERVICIO DE LA PATRIA. (???)

    -V-

    La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la familia, como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras(???). La Ley ampara por igual el derecho DE TODOS LOS ESPAÑOLES. (???)

    -VI-

    Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional. Las instituciones y corporaciones de otro carácter que satisfagan exigencias sociales de interés general deberán ser amparadas para que puedan PARTICIPAR eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional. (???)

    -VII-

    El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad Y SERVICIO (???), constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los PRINCIPIOS INMUTABLES DEL MOVIMIENTO NACIONAL (???) y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa. (???)

    -VIII-

    El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LAS TAREAS LEGISLATIVAS Y EN LAS DEMÁS FUNCIONES DE INTERÉS GENERAL (???) SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE LA FAMILIA, EL MUNICIPIO, EL SINDICATO Y DEMÁS ENTIDADES CON REPRESENTACIÓN ORGÁNICA QUE A ESTE FIN RECONOZCAN LAS LEYES. TODA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CUALQUIER ÍNDOLE, AL MARGEN DE ESTE SISTEMA REPRESENTATIVO, SERÁ CONSIDERADA ILEGAL. (???)

    TODOS LOS ESPAÑOLES TENDRÁN ACCESO A LOS CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS SEGÚN SU MÉRITO Y CAPACIDAD.(???)

    -IX-

    TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO: (???)
    1. A una justicia independiente, que será gratuita para aquellos que carezcan de medios económicos;
    2. A una educación general y profesional, que nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios materiales;
    3. A los beneficios de la asistencia y seguridad sociales; y
    4. A una equitativa distribución de la renta nacional y de las cargas fiscales. EL IDEAL CRISTIANO DE LA JUSTICIA SOCIAL, REFLEJADO EN EL FUERO DEL TRABAJO, INSPIRARÁ LA POLÍTICA Y LAS LEYES. (???)

    -X-

    Se reconoce AL TRABAJO (???) como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles, y a la propiedad privada, en todas sus formas, como derecho condicionado a su función social. La iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada y, en su caso, suplida por la acción del Estado.

    -XI –

    La Empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la producción, constituye una comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos de aquélla deben basarse en la justicia y en la recíproca lealtad, y los valores económicos estarán subordinados a los de orden humano y social. (???)

    -XII –

    El Estado procurará por todos los medios a su alcance perfeccionar la salud física y moral de los españoles y asegurarles las más dignas condiciones de TRABAJO (???); impulsar el progreso económico de la Nación con la mejora de la agricultura, la multiplicación de las obras de regadío y la reforma social del campo; ORIENTAR EL MÁS JUSTO EMPLEO (???) y distribución del crédito público; salvaguardar y fomentar la prospección y explotación de las riquezas mineras; intensificar el proceso de industrialización; patrocinar la investigación científica y favorecer las actividades marítimas, respondiendo a la extensión de nuestra población marinera y a nuestra ejecutoria naval.

    En su virtud, dispongo:

    Artículo 1.- LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE PROMULGACIÓN, SÍNTESIS DE LOS QUE INSPIRAN LAS LEYES FUNDAMENTALES REFRENDADAS POR LA NACIÓN EN 6 DE JULIO DE 1947, SON, POR SU PROPIA NATURALEZA, PERMANENTES E INALTERABLES. (???)

    Artículo 2.- TODOS LOS ÓRGANOS Y AUTORIDADES VENDRÁN OBLIGADOS A SU MÁS ESTRICTA OBSERVANCIA. EL JURAMENTO (???) QUE SE EXIGE PARA SER INVESTIDO DE CARGOS PÚBLICOS HABRÁ DE REFERIRSE AL TEXTO DE ESTOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.(???)

    Artículo 3.- SERÁN NULAS LAS LEYES Y DISPOSICIONES DE CUALQUIER CLASE QUE VULNEREN O MENOSCABEN LOS PRINCIPIOS PROCLAMADOS EN LA PRESENTE LEY FUNDAMENTAL DEL REINO. (???)

    ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

    II-ESTUDIOS Y NOTAS: LOS PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL (ESTUDIOS SOBRE LA LEY FUNDAMENTAL DE 17 DE MAYO DE 1958)

    Vid
    .
    http://www.cepc.es

    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:V87Lmg5EDR8J:dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D2129271%26orden%3D0%26info%3Dlink+estudios+y+notas+ley+de+principios&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESg9GgnPCs-ebdc5VYtkdJfTiGXCWrZ8Q4HvB6RwxkaM3xIcWsVCWjEOmeet3ZP4OJkfexi37ulhYBG9qwALo4eQP2taBqm72ciGSmq48tlNQhaAcL5B21BhjNXOAVJ00agNAORX&sig=AHIEtbSxX06_HSdI89fkdlpHqUIG6SGV-w

    El 17 de mayo fue solemnemente promulgada ante el Pleno de las Cortes por S. E. el Jefe del Estado la Ley Fundamental que contiene los Principios del Movimiento Nacional. La REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS se honra(???) publicando en este número —el correspondiente a fecha tan importante— el texto de LOS CITADOS PRINCIPIOS Y LOS COMENTARIOS QUE A ELLOS HAN DEDICADO DESTACADOS (???) CATEDRÁTICOS (???) DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA, (???) LA MAYOR PARTE DE LOS CUALES ESTÁN ÍNTIMAMENTE VINCULADOS A LAS TAREAS DEL INSTITUTO. (???)

    Dado el carácter científico(???) político (???)que conforme a su misión fundacional la REVISTA mantiene, ES PERFECTAMENTE ADECUADA LA PUBLICACIÓN DE ESTOS COMENTARIOS,(???) Y CON ELLOS SE FACILITA EL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LA LEY Y DE LA DOCTRINA EN MEDIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS.(???) Al Ministerio de Información (???)y Turismo(???) debe la Dirección de la REVISTA UN RECONOCIMIENTO(???) QUE SE COMPLACE EN EXPRESAR. (???)

    ////////////////////

    PRINCIPIO I

    Comentarista: ADOLFO MUÑOZ ALONSO (1915-1974) Catedrático (???) de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos

    vid.curriculum

    http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Muñoz_Alonso

    PRINCIPIO II

    Comentarista: ELOY MONTERO GUTIERREZ (1877-1972). Catedrático (???) de Derecho Canónico.

    Vid.curriculum

    http://www.eumed.net/rev/cccss/06/mjp.htm

    Haz clic para acceder a REPNE_031-032_115.pdf

    http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552008000100019&script=sci_arttext

    PRINCIPIO III

    Comentarista: CAMILO BARCIA TRELLES (1888-1977) Catedrático (???) de Derecho Internacional

    Vid.curriculum
    http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Barcia_Trelles

    http://www.elpais.com/articulo/cultura/sentido/perspectiva/historica/elpepicul/19880715elpepicul_4/Tes

    Haz clic para acceder a REP_070_155.pdf

    PRINCIPIO IV

    Comentarista : MANUEL FRAGA IRIBARNE (1922) -Catedrático (???) de Teoría del Estado y Derecho Constitucional

    Vid.curriculum

    http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fraga_Iribarne

    PRINCIPIO V

    Comentarista: JOSÉ CASTÁN TOBEÑAS (1889-1969) Catedrático (???) de Derecho Civil y Presidente del Tribunal Supremo (???)(1945-1967)
    vid.curriculum

    http://es.wikipedia.org/wiki/José_Castán_Tobeñas
    http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552002002400030&script=sci_arttext
    http://www.agapea.com/libros/Un-dia-de-la-vida-de-Jose-Castan-Tobenas-isbn-8484422119-i.htm

    Haz clic para acceder a 4_1_cancio_delfin.pdf

    PRINCIPIO VI

    Comentarista: SEVERINO AZNAR (1870-1959) Catedrático (???) de Sociología

    Vid.curriculum
    http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1692

    Haz clic para acceder a CUTS9999110277A.PDF

    http://www.arbil.org/(44)azna.htm

    PRINCIPIO VII

    Comentarista: JESÚS FUEYO (1922-1993) Catedrático (???) de Derecho Político

    Vid.curriculum

    http://es.wikipedia.org/wiki/Jesús_Fueyo_Álvarez
    http://www.elpais.com/articulo/agenda/ESPANA/CONSEJO_DE_ESTADO/Jesus/Fueyo/Alvarez/catedratico/letrado/Consejo/Estado/elpepigen/19930616elpepiage_3/Tes

    PRINCIPIO VIII

    Comentarista : NICOLÁS PÉREZ SERRANO (1890-1961) Catedrático (???) de Derecho Político

    Vid.curriculum

    Haz clic para acceder a pr28.pdf

    PRINCIPIO IX

    Comentarista: JOSÉ CORTS GRAU (1905-1995) Catedrático (???) de Filosofía del Derecho
    y Derecho Natural

    vid.curriculum
    http://es.wikipedia.org/wiki/José_Corts_Grau

    PRINCIPIO X
    Comentarista: PASCUAL MARÍN PEREZ (1917-1991) Catedrático (???) de Derecho Civil

    vid.currriculum

    http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1957/09/15/065.html

    Haz clic para acceder a REP_152_217.pdf

    http://plataforma2003.org/diccionario-falange/diccionario_m.htm

    http://www.123people.es/ext/frm?ti=person finder&search_term=pascual marin&search_country=ES&st=person finder&target_url=http://www.ingeba.org/argazkia/guregip/fascism.htm&section=weblink&wrt_id=343

    http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1FE349680210A.284073&profile=bcn&uri=link=3100006~!23919~!3100001~!3100002&aspect=subtab146&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=Marín Pérez, Pascual&index=#focus

    http://books.google.es/books?id=MZJDEJBpec8C&pg=PA13&lpg=PA13&dq=pascual marín perez&source=bl&ots=v-KdsJ48Yp&sig=O7XOoZaWFnkt92-kvyn2Ms81ExQ&hl=ca&ei=tYHJTOXjJ4WUjAfOtIH0Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwAjge#v=onepage&q&f=false

    http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1962/07/18/037.html

    http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023. next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=(67070).NDIP.

    PRINCIPIO XI

    Comentarista: EUGENIO PÉREZ BOTIJA (1911-1966) Catedrático (???) de Política Social y Derecho del Trabajo

    vid curriculum

    http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552008000100053&lng=en&nrm=iso
    http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9300
    http://vlex.com/vid/eugenio-perez-excelentisimo-sr-castan-346847

    PRINCIPIO XII

    Comentarista CARLOS OLLERO (1912-1993) Catedrático (???) de Teoría del Estado y Derecho Constitucional

    vid curriculum
    http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ollero_Gómez
    http://www.elpais.com/articulo/espana/catedratico/Carlos/Ollero/enjuicia/referendum/elpepiesp/19760521elpepinac_19/Tes

    ///////////////////////////

    Los libros de Comentarios sobre el DLFCE-EBEP (SANCHEZ MORON, ORTEGA ALVAREZ, PALOMAR, FONDEVILA, LINDE,FEREZ, MANZANA, SEVACH, GARCIA ENTERRIA, ….silencian que el DLFCE ES DECRETO LEY Y QUE EL EBEP carece del Dictamen del Consejo de Estado y que fué sustituído por un Borrador de la Comisión de Expertos en cuestión por seguir todos ellos como Catedraticos, Funcionarios juramentados asertoria y promisoriamente en dichos Principios Inamovibles del Movimiento 1958 plasmados en el Juramento de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A. FRANQUISTA del art.30.1.e DL 315/1964 FCE (coetáneo a la Ley de creación del TOP-1964 año de los “25 años de paz”, y a la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, que impone penas de muerte) de

    “No haber sido separado del servicio ni hallarse inhabilitado jamás por nadie en todo el mundo”

    como requisito esencial para ser nombrados Altos Cargos, Gobernadores, Jefes Provinciales del Movimiento…………Funcionarios de la AGE, Catedráticos, Abogados del Estado, Letrados del Movimiento, del Consejo de Estado, del TC, del TCu, del TS, del TOP,…antes y/o después de 1978 y como mejor prueba y màxima presunción “iures et de iure” que no necesita demostración ni admite prueba en contrario por ser dogma inalterable y permanente de inspiración confesional, católica, única y verdadera, militarista y falangista “mitad monje, mitad soldado” sobre la probidad moral y sobre la lealtad en las relaciones de sujeción especial del empleado público con su empleador-Caudillo y en quienes él delegue para SERVIR A ESPAÑA, lo cual define el concepto sobrenatural y excelso (ex coelis, que viene del cielo) de SERVICIO (A ESPAÑA) y que sirve para construir perversa y dogmáticamente el concepto diabólico e infernal de SEPARACION DEL SERVICIO (A ESPAÑA) PARA LOS ENEMIGOS (DE ESPAÑA) SEGUN EL CAUDILLO, extraido del Fuero del Trabajo (atribuido a RUIZ GIMENEZ y otros juristas confesionales y falangistas que lo plasmaron en el aún vigente «REGLAMENTO DE DISCIPLINA ACADEMICA-1954» con «expulsiones perpetuas», «tribunales de honor”….) que reza:

    7.- “SERVICIO” ES EL TRABAJO (???) QUE SE PRESTA CON HEROÍSMO,(???) DESINTERÉS (???) O ABNEGACIÓN (???) CON ÁNIMO DE CONTRIBUIR AL BIEN SUPERIOR (???) QUE ESPAÑA REPRESENTA (???) .
    Por lo cual el separado , apartado, expulsado, despedido….del “SERVICIO”, es un enemigo de España ( confundida con el Jefe ) que debe ser aniquilado impidiéndole todo trabajo, honor, justicia…porque al ser crítico renuncia a ser héroe, desinteresado y abnegado para servir al Jefe, y por tanto renuncia a España como Madre Patria y por tanto merece perder la nacionalidad quedando como apátrida-errante-hereje-heterodoxo-traidor a todos los efectos, y por tanto está en la “lista negra” de no empleables e inhabilitados a perpetuidad con pérdida de empleo y familia,dejandole en su caso la opción de volverse loco, suicidarse o exiliarse y refugiarse en otro país, como sucedió y sigue sucediendo en España, gracias a la Guerra Civil y al Franquismo 1936-2010 atado y bien atado por el DLFCE y el EBEP y a sus premiados comentaristas apologetas del J.E.T.A franquista de “no haber sido separados de servicio jamás por nadie en todo el mundo….”

    Para más información vid.

    -Fuero de los Españoles
    http://www.e-torredebabel.com/leyes/constituciones/fuero-espanoles-1945.htm
    http://www.e-torredebabel.com/leyes/constituciones/fuero-del-trabajo-1938.htm

    -Elementos de referencia de Falange
    http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria10/FET_Elementos.htm

    -La formación de élites en la España de Franco: el Colegio Mayor César Carlos
    http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria13/cesarcarlos.htm

    -El término IMPERIO
    http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria03/N3Imperio.htm

    -El Consejo del Movimiento y el recurso de Contrafuero como precedentes franquistas del TC y del recurso de amparo para cambiar leyes injustas.
    http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria05/ConsNalMovimiento_.htm

    con consecuencias desastrosas para millones de empleados públicos españoles depurados , exiliados, desaparecidos y desnacionalizados por pseudo leyes dictatoriales injustas al confundirse e identificarse perversamente el concepto ESPAÑA, con otros como CAUDILLO, PATRIA, PARTIDO UNICO, EL SINDICATO UNICO,CUERPO, FALANGE, UNIVERSIDAD, CATEDRA, TRABAJO, EMPLEO, EMPRESA, HONOR, VIDA ……… ,como desarrollaron esos 12 JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO DEL REGIMEN FRANQUISTA en histórico Estudio publicado por el Instituto de Estudios Políticos en 1958,y que siguen increíblemente vigentes a la hora de conceder PREMIOS PELAYO, CONSTITUCION, JUSTICIA, S.RAIMUNDO DE PENYAFORT, SCEVOLA….. gracias a que dichos Juristas y sus discípulos han mantenido vigente el art.30.1.e y resto del DLFCE 315/1964 “CARRERO BLANCO-GARRIDO FALLA”) pese a estar prohibido, según hemos visto por:

    -la Constitución 1978 y los Tratados UE 1985,

    -los art.303 LOPJ,44 EOMF, Estatutos de Personal de Cortes, Sanitario EMPESS-2003 y de la CEE

    -los Dictámenes 171/1991 y 173/1992 del Consell Consultiu de la Gencat Ponentes: De Carreras y G.Casanova

    -LA PROVIDENCIA DE CUESTION ANTE EL TC DE LA JUEZ SOCIAL TSJC “GAN“”-1991,

    -LA PROVIDENCIA DE CUESTIÓN ANTE EL TC DE LA SALA CONTENCIOSA TSJC “BERLANGA-PICO- GARRIDO- TOSCANO ”-1996,

    -EL DICTAMEN 1489/1998 «LAVILLA» DEL CONSEJO DE ESTADO Y EL ART.27.2 ANTEPROYECTO EBFP-1999 «RAJOY»

    -EL INFORME DEL PARLAMENTO EUROPEO “ISAAC”-2000,

    -LAS STC 37/2002 “VIVES-GARRIDO FALLA” Y STC 4/1981 “GOMEZ MORANT”

    -el DICTAMEN 1/2005 de LA ABOGACIA DEL ESTADO “SANZ GANDASEGUI” SOBRE REQUISITOS DE HONORABILIDAD EN EL SECTOR SEGUROS y

    -la PROVIDENCIA 25-8-2008 “GARZON”QUE REQUIERE EL CENSO DE SEPARADOS DE SERVICIO 1931-2011

    OBSERVACIONES

    1.LOS 12 JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO SANCIONADOR PERPETUO FRANQUISTA COMO CATEDRATICOS-MAGISTRADOS-LETRADOS LO PIERDEN DESDE 1978 MIENTRAS SIGAN JURAMENTADOS AL JETA FRAQUISTA DEL ART.30.1.DLFCE 315/1964 de «no haber sido separado del servicio….»

    2-El Decreto 221/1964 de JURAMENTO FRANQUISTA DE TOMA DE POSESION DE CARGOS JUDICIALES decía:

    «JURO SERVIR A ESPAÑA CON ABSOLUTA LEALTAD AL JEFE DEL ESTADO, ESTRICTA FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS BASICOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL Y DEMAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO (SIN REY), Y ADMINISTRAR RECTA E IMPARCIAL JUSTICIA, PONIENDO EL MAXIMO CELO Y VOLUNTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO……..PARA EL QUE HE SIDO NOMBRADO»

    POR ELLO «HABER SIDO» DECLARADO «SEPARADO DEL SERVICIO A ESPAÑA» A PERPETUIDAD EQUIVALE A SER DESLEAL A PERPETUIDAD AL JEFE DEL ESTADO, SER INFIEL A PERPETUIDAD A DICHOS PRINCIPIOS Y LEYES FRANQUISTAS INALTERABLES, E INCAPACITA A PERPETUIDAD PARA TODO SERVICIO PUBLICO SIN POSIBILIDAD DE REHABILITACION COMO LOS MUERTOS, LO CUAL ES UNA AMENAZA PARA ADMINISTRAR «RECTA E IMPARCIAL JUSTICIA» O PARA DAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD,O PARA SER DIPLOMATICO O LETRADO DE CORTES O DEL CONSEJO DE ESTADO COMO ESOS 12 JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO FRANQUISTA JURAMENTADO COMO CASTAN, FRAGA, FUEYO, MUÑOZ, BARCIA…INCOMPATIBLES CON LA CONSTITUCION Y LOS TRATADOS DE LA UE Y PARA SER MAGISTRADO DEL TC , DEL TCU Y/O FUNCIONARIO CONSTITUCIONAL ESTATAL, AUTONOMICO ; LOCAL, INSTITUCIONAL, CIVIL O MILITAR.

    3-En 1966, las Leyes ROACAJ de Adaptación de Cuerpos judiciales y de la jurisdiccion del Trabajo, fulminan esos Principios al crearse el privilegio de la rehabilitación de los separados del servicio y condenados por delito doloso y/o culposo que fuesen jueces, fiscales, y personal judicial…dependiente del Ministro de Justicia o Trabajo,olvidando a los Abogados del Estado porque entonces dependían del Ministro de Hacienda

    4-En 1969, los Reglamentos de Fiscales de Oriol, que aún siguen vigentes en 2011. los vuelven a fulminar al no exigir ese requisito de «no haber sido separado….»

    5- En 1970, Torcuato «TATO» Fernández Miranda los vuelve a fulminar con su Estatuto de Funcionarios del Movimiento en que no se exige dicho requisito de «no haber sido sepaarado….»

    6-GARCIA DE ENTERRRIA, DIRECTOR DE LA REVISTA DEL IEP, CUANDO FUE NOMBRADO PREMIO PELAYO-1999 DECLARO QUE DICHO «ESTUDIO» APOLOGETA DE LOS 12 PRINCIPIOS FRANQUISTAS FUE IMPUESTO Y PUBLICADO BAJO PRESION

    7-TIERNO GALVAN (fuente: Obras Completas 2008 de Rovira) que fué discípulo de Ollero y recensionista del Instituto, fué separado de servicio en 1965 junto a Aranguren, Garcia Calvo por motivos politicos, siendo repuestos en falso en 1977 porque los DL de Amnistía ni la Ley de Memoria no derogaron el DLFCE 315/1964.

    Nadie entiende que estos 3 separados de servicio a perpetuidad, sus colegas y discipulos legisladores mantuvieran vigente después de 1978, el DLFCE 315/1964 y el Reglamento de Disciplina Academica 1954 que les aplicaron para separarles de servicio a perpetuidad, pese a estar prohibidos por la Constitución y resto de normas precitadas.

    Adjuntamos recensionada en su honor

    III-EL ESCRITO DE 25-9-1965 DE 42 PROFESORES AL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL PIDIENDO SE LEVANTEN LAS SANCIONES INFAMANTES A LOS PROFESORES

    ////////////////////////////////////////////////////////////
    Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional:
    El Boletín Oficial de 21 de agosto último ha publicado las Órdenes Ministeriales en que se sanciona a los cinco DIGNOS (???) Catedráticos Sres. López Aranguren, Tierno Galván, García Calvo, Montero Díaz y Aguilar Navarro con SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO (???) a los tres primeros y con SUSPENSION DE DOS AÑOS (???) a los otros dos. Acontecimiento tan grave nos obliga a los firmantes, Catedráticos de la Universidad de Madrid, guiados tan solo por el afán de conseguir un ambiente de convivencia pacífica en la Universidad, dentro de la mínima libertad de expresión que es consustancial a nuestra labor, a elevar al Gobierno, por conducto de V.E., el presente escrito. (???)

    Comenzamos por declarar éste responde a motivaciones de conciencia estrictamente universitarias, ajenas por tanto a cualquier designio político; por lo que desde ahora repudiamos toda interpretación o utilización del mismo con fines distintos de los expresados. (???)

    Bien entendido que esta declaración no implica renuncia a nuestro derecho-amparado por leyes fundamentales del país- a expresar nuestro criterio sobre la política del Gobierno en esta materia o en asuntos de interés nacional, desde un plano estrictamente académico. (???)

    Imperativos de conciencia nos obligan a expresar nuestra disconformidad frente al expediente instruido a los profesores arriba citados por estimar que los sucesos académicos de febrero último no han sido promovidos ni determinados por la acción preconcebida y deliberada de los Catedráticos sancionados. (???) La verdadera causa de lo acaecido es preciso buscarla en el profundo malestar que por razones totalmente ajenas a su profesorado reina en la Universidad española que, insuficientemente considerada y asistida e injustamente combatida y hostigada por diversos órganos de opinión, se siente incapaz para cumplir , con el rigor que el profesorado quisiera y el alumnado exige, la alta misión de investigar, enseñar y educar en la verdad, la libertad de espíritu y la justicia las nuevas generaciones de españoles. (???) Se extiende así la responsabilidad de los acontecimientos a amplios sectores de la Administración y del cuerpo social español, que no remediaron en su momento las casas generadoras del apuntado malestar. (???)

    Sí es, pues, evidente que, moviéndose en el terreno de la realidad universitaria, no cabe imputar a la acción de los Catedráticos sancionados la alteración del orden académico, forzosamente ha de producirnos profunda inquietud una decisión gubernamental que, aparte de colocarnos como funcionarios públicos en una posición singularmente insegura, (???) como profesores nos crea el gravísimo problema moral de obligarnos a arrastrar una vida universitaria ajena a toda participación en las inquietudes legítimas de la juventud estudiosa, con mengua evidente de la relación espiritual entre profesores y estudiantes indispensable para toda seria labor docente. (???)

    Y si de la cuestión de fondo pasamos a la forma en que se han tramitado los expedientes, hemos de lamentar la falta de serenidad (???) que la ha presidido y la circunstancia de que en la propuesta de las sanciones se hayan invocado motivos y cargos ajenos a los hechos (???) que dieron lugar a la incoación de los expedientes y que acotaban naturalmente la competencia del instructor, por razón de la materia. (???)

    Se comprende así el justo temor (???) de los profesores que suscriben de que las sanciones impuestas signifiquen tanto como reabrir para la Universidad Española un nuevo proceso de DEPURACION POLITICA DE SUS MIEMBROS (???) , que puede comprometer gravemente su desarrollo y coartar su alta función social, precisamente en un momento en el que el país necesita y reclama una Universidad moral e intelectualmente fuerte y vigorosa, en la que sea posible la convivencia entre profesores y entre éstos y los estudiantes sin menoscabo de sus legítimas diferencias de opinión. (???)

    A todo esto se añade la impresión de desarmonía que produce el hecho de que se sancione la conducta de unos profesores que se limitaron a coincidir con los estudiantes en las aspiraciones de éstos de reformar un defectuoso sistema de representación escolar en la vida universitaria, siendo así que esta aspiración fue calificada como legítima por destacadas autoridades y que finalmente fue recogida, aunque de modo imperfecto, en el Decreto de 5 de abril de 1965. (???)

    Abrigamos la esperanza (???) de que este respetuoso escrito merecerá mejor acogida que otras peticiones, igualmente respetuosas, dirigidas al Poder público como consecuencia de acuerdos -algunos unánimes- de juntas de facultades que se referían unas veces a la convocatoria de un claustro extraordinario de profesores, otras al previo conocimiento e informe por las Facultades del proyecto de Ley de Reforma Universitaria, otras al régimen jurídico de las Universidades no estatales y otras , concretamente, relativas a los expedientes que vuelven a ser motivo de este escrito. (???) Y no sólo no se prestó oído a tan serenas peticiones, sino que , en el tiempo transcurrido desde ellas, se ha acentuado el clima de rigor represivo(???) mediante la publicación de ciertas disposiciones y la adopción de determinadas medidas preventivas, hasta ahora inéditas en la vida universitaria española. (???)

    Por todas estas razones, los Profesores que suscriben, se dirigen confiadamente al Gobierno de la Nación solicitando , con todo respeto, que se levanten las sanciones, (???) en garantía de la futura paz de la Universidad española y en restitución del buen nombre (???) de los Profesores sancionados.

    Madrid a 29 de septiembre de 1965

    Firman el presente escrito

    Joaquín Garrigues , Catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho.

    Rodrigo Uría, Catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas

    Leonardo Prieto Castro, Catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Decano Honorario de la misma

    Eduardo García de Enterría, Catedrático de Derecho Administro de la facultad de Derecho

    José Luis Sampedro, Catedrático de Estructura Económica de la Facultad de CC. PP. y EE

    Manuel de Terán, Catedrático de Geografía General de la Facultad de Filosofía y Letras

    Pedro Laín Entralgo, Catedrático de Historia d e la Medicina de la Facultad de Medicina

    Gonzalo Arnáiz, Catedrático de estadística de la Faculatad de CC.PP. y EE

    Francisco Orts llorca, Catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina

    Antonio Truyol, Catedrático de Derecho Internacional de la facultad de CC.PP. y EE.

    Rafael Lapesa, Catedrático de Historia del español de la Facultad de Filosofía y Letras

    Francisco Rodríguez Adrados, Catedrático de Filología Griega de la Facultad de Filosofia y Letras

    Angel Vian, Catedrático de Química Industrial de la Facultad de Ciencias

    Carlos Ollero, Catedrático de Teoría de Estado de la Facultad de CC.PP. y EE.

    Joaquín Ruiz Giménez, Catedrático de Derecho Natural de la Facultad de Derecho

    José Antonio Maravall, Catedrático de Historia del Pensamiento de la Facultad de CC.PP. y EE.

    Emilio de Figueroa, Catedrático de Política Económica de la Facultad de CC.PP. y EE.

    Angel Vegas, Catedrático de Análisis Matemático de la Facultad de CC.PP. y EE.

    Luis García de Valdeavellano, Catedrático de Historia de la Instituciones Politico Administrativas de la Facultad de CC.PP. y EE.

    Antonio Hernández Gil, Catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho

    Manuel Berlanga, Catedrático de Economía de la Empresa de la Facultad de CC.P. y EE.

    Antonio Gallego Fernández, Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina

    Luis Díez del Corral, Catedrático de Historia de las Ideas y Reformas Políticas de la Facultad de CC.PP. y EE.

    José Bourkaib, Catedrático de Teoría General del Seguro de la Facultad de CC. PP. y EE.

    Juan Velarde Fuertes, Catedrático de Estructura Económica de la Facultad de CC.P y EE.

    Salvador Lissarrague, Catedrático de Filosofía Social de la Facultad de CC.PP. y EE.

    Juan del Rosal, Catedrático de derecho Penal de la Facultad de Derecho

    Jesús Prados, Catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho

    Jaime Guasp, Catedrático de Derecho Procesal y Decano Honorario de la Facultad de Derecho

    Mariano Yela Granizo, Catedrático de Psicología General de la Facultad de Filosofía y Letras

    Manuel Fernandez Galiano, Catedrático de Filología Griega de la Facultad de Filosofía y Letras

    Luis Bru, Catedrático de Física de la Facultad de Ciencias

    José María Naharro Mora, Catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho

    Francisco Morán, Catedrático de Física Teórica de la facultad de Ciencias

    Germán Ancoechea, Catedrático de Geometría de la facultad de Ciencias

    Isaac Sáenz Calzada, Catedrático de Estomatología Médica de la Facultad de Medicina

    Emilio Lorenzo Criado, Catedrático de Lingüística Germánica de la Facultad de Filosofía y Letras

    Antonio García y Bellido Catedrático de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras

    Joaquín Arce, Catedrático de Lingüística Italiana de la Facultad de Filosofía y Letras

    José Gómez Orbaneja, Catedrático de Dermatología de la Facultad de Medicina

    Jorge Tamarit, Catedrático de Fisiología General de la Facultad de Medicina

    Salvador Velayos, Catedrático de Física Teórica de la Facultad de Ciencias

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