CAVAZOS v. SMITH: SÓLO EL JURADO, NO EL TRIBUNAL, DECIDE CUESTIONES DE HECHO.

Un nuevo año judicial ha comenzado en los Estados Unidos, y el Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia el pasado día 31 de octubre. Se trata del asunto Cavazos v. Smith, donde el máximo órgano judicial vuelve a propinar un sonoro varapalo al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial, con el que hace años mantiene una peculiar batalla casi parecida a la que en nuestro país mantienen el Supremo y el Constitucional. La sentencia tiene una extensión de ocho páginas y aparece dictada per curiam (es decir, que se ignora quién ha sido el redactor material de la misma), aunque cuenta con un voto particular discrepante de la magistrada Ruth Bader Gisburn al que se han adherido Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.

Los hechos en sí son bastante fáciles de explicar: el fallecimiento de un niño de siete semanas que estaba a cargo de la cuidadora, la acusada Shirley Smith. Smith en modo alguno había causado intencionalmente la muerte del niño (es decir, no había agresión física ni intención ni mucho menos de acabar con la vida del retoño), pero se discutía si la causa del fallecimiento de la criatura se debía al síndrome de muerte súbita o el óbito en cuestión se debía a que la cuidadora se había excedido a la hora de agitar al bebé cuando éste parecía no respirar. La cuestión no era baladí, pues en el primer caso no habría base para sostentar la acusación, mientras que en el segundo la cuidadora infantil podía ser procesada de conformidad con la legislación penal californiana. Smith fue sometida a enjuiciamiento y, tras un juicio centrado exclusivamente en el testimonio de expertos médicos, el jurado encontró a la acusada culpable y el juez, tras denegar la moción de la condenada para la celebración de un nuevo juicio, la condenó a quince años de prisión, decisión que fue expresamente confirmada por el Tribunal de Apelaciones de California y por el Tribunal Supremo de dicho estado. No obstante, la acusada interpone el procedimiento de habeas corpus ante un juzgado federal sobre la base de la inexistencia de pruebas para condenarla. El juzgado denegó la solicitud porque, pese a reconocer que las pruebas aportadas “planteaban muchos interrogantes”, las mismas “eran suficientes para sostener una condena”, que es lo exigido por la legislación procesal norteamericana. No obstante, apelada tal resolución ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, éste admite el recurso al entender que, a pesar de los testimonios aportados por los diferentes peritos, no existía base alguna para la condena.

La cuestión que se plantea el Tribunal Supremo es si un juzgado o tribunal puede dejar sin efecto la consideración de un jurado. La propia sentencia en sus párrafos iniciales indica que es un hecho claro y consolidado que es el jurado y no el Tribunal quien ha de extraer las consecuencias fácticas que se derivan de las pruebas aportadas (es decir, las cuestiones de hecho), sin que un juzgado federal pueda desautorizar el resultado al que llega un tribunal estatal simplemente porque discrepe de las valoraciones realizadas por el jurado en cuestión.  El Tribunal Supremo recuerda, con cita del caso Jackson v. Virginia, cuales son los requisitos que permiten avalar una condena: “after viewing the evidence in the light most favorable to the prosecution, any rational trier of fact could have found the essential elements of the crime beyond a reasonable doubt”, por lo que un tribunal federal “faced with a record of historical facts that supports conflicting inferences must presume—even if it does not affirmatively appear in the record—that the trier of fact resolved any such conflicts in favor of the prosecution, and must defer to that resolution.”. En definitiva, que examinadas las pruebas aportadas por las partes en la forma más favorable a la acusación, si el jurado concluye que las mismas permiten entender cometido el delito más allá de una duda razonable se cumplen los requisitos jurisprudenciales para entender cometido el mismo y, por tanto, un tribunal ha de pasar por dicha declaración sin que sea lícito sustituir la valoración realizada por el jurado por la suya propia. Es por eso que el Tribunal Supremo revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y mantiene la condena.

No obstante, este es uno de los pocos casos donde no sólo no coinciden justicia formal y material, sino que tal discrepancia se plasma de la forma más cruda en la propia resolución judicial. Parece evidente que el Tribunal Supremo ha obrado de forma impecable al mantener una doctrina constante y reiterada (es el jurado, y no el tribunal quien ha de valorar las pruebas y decidir las cuestiones de hecho), pero reconoce que esa justicia formal se aparta de la justicia material al plantearse dudas sobre la culpabilidad de la acusada: “Doubts about whether Smith is in fact guilty are understandable. But it is not the job of this Court, and was not that of the Ninth Circuit, to decide whether the State’s theory was correct. The jury decided that question and its decision is supported by the record”. En definitiva, que el Tribunal Supremo reconoce que existen dudas sobre la culpabilidad de Smith, pero que no está en su mano sustituir la valoración realizada por un jurado.

La defensa de Smith alega igualmente que los años que la condenada ha pasado ya en prisión suponen suficiente castigo y ya ha pagado con creces su deuda sin que actualmente suponga un daño alguno para la sociedad aunque en esta ocasión el Tribunal Supremo rechace tal pretensión sobre la base (de una corrección jurídica intachable) de que tal argumento podría servir (y tener éxito) para solicitar medidas de gracia que están en manos del poder ejecutivo, y no del judicial, por lo que el mismo no puede entrar a conocer sobre dicha pretensión.

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Un comentario el “CAVAZOS v. SMITH: SÓLO EL JURADO, NO EL TRIBUNAL, DECIDE CUESTIONES DE HECHO.

  1. JURADOS Y PREMIOS PELAYO DE JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO SANCIONADOR PERPETUO EN CUESTION POR MANTENER INICUAMENTE LAS LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS EN EL TC, TS, TCU, CONSEJO DE MINISTROS, CGPJ, CORTES, DEFENSOR DEL PUEBLO, CONSEJO DE ESTADO, UNIVERSIDAD, FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, COLEGIOS, ASOCIACIONES ,ACADEMIAS Y TODAS LAS AAPP CENTRALES, AUTONOMICAS Y LOCALES, ESTANDO PROHIBIDAS POR STC 4/1981 Y 37/2002 ,ART.27.2 AEBFP “RAJOY-VILLAR”-1999 Y DICTAMEN 1489/1998
    DEL CONSEJO DE ESTADO “LAVILLA” (QUE ES INCOMPATIBLE CON LOS PREMIADOS Y COMO PRESIDENTE DEL JURADO)

    Como continuación a los comentarios

    “2012 AÑO UNANIME UNAMUNO….” ,
    “REQUIEM FRANCISCO VILLAR…..”,
    “PERLAS DEL MANUAL FUENTES BARDAJI” ,
    “ANTICONSTITUCIONALIDAD CUERPOS LETRADOS TC”

    y conexos vid.

    https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/10/30/antonio-royo-villanova-y-alcala-zamora-contra-el-tribunal-de-garantias-constitucionales/#comment-667

    https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/10/27/la-reforma-sanitaria-de-obama-llega-al-tribunal-supremo/#comment-670

    https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/05/04/sobre-la-seleccion-de-los-jueces-juez-funcionario-v-juez-responsable-ante-el-cuerpo-electoral/#comment-601

    https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/05/04/sobre-la-seleccion-de-los-jueces-juez-funcionario-v-juez-responsable-ante-el-cuerpo-electoral/#comment-568

    cuestionamos las siguientes noticias sobre PREMIOS Y JURADOS PELAYO

    1- NOTICIA DE 17 PREMIOS PELAYO A 17 JURISTAS SANCIONADORES PERPETUOS COMO CATEDRATICOS; MAGISTRADOS, LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO, DE CORTES, DE CUENTAS, DEL TC, DEL TS, MINISTROS, CONSEJEROS DE ESTADO, DEL CGPJ,JURIDICOS MILITARES….ACADEMICOS,EN CUESTION

    vid.

    http://www.pelayo.com/MFTP/pdf/info_corp/sala_prensa/NdP_fallo_2011.pdf

    D. FRANCISCO RUBIO LLORENTE, GALARDONADO CON LA XVII EDICION DEL PREMIO PELAYO PARA JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO (???)

    El Jurado del Premio Pelayo reunido en el día de hoy ha otorgado el galardón de la XVII edición a D. Francisco Rubio Llorente, por su larga y fructífera trayectoria en elámbito
    jurídico y su gran contribución a la sociedad española.(???)

    Tras sucesivas votaciones, entre las más de veinte candidaturas presentadas al Premio Pelayo este año, el Jurado ha elegido a D. Francisco Rubio Llorente, actual Presidente del Consejo de Estado y anterior Vicepresidente del Tribunal Constitucional, por su aportación al Derecho Constitucional desde las más prestigiosas Instituciones del Estado.(???)

    El Premio Pelayo, que alcanza así su décimo septima edición, cuenta con

    D.Fernando Sánchez Calero-Catedrático de Derecho Mercantil,
    (???)

    D.Enrique Ruiz Vadillo-Magistrado del Tribunal Constitucional,
    (???)

    D.Rafael Martínez Emperador-Magistrado del Tribunal Supremo,
    (???)

    D.Eduardo García de Enterría y Martínez Carande -Catedrático de Derecho Administrativo, (???)

    D.Aurelio Menéndez Menéndez – Catedrático de Derecho Mercantil,(???)

    D. Manuel Alonso Olea – Catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, (???)

    D.Fernando Garrido Falla – Magistrado del Tribunal Constitucional, (???)

    D. Manuel Jiménez de Parga – ExPresidente del Tribunal Constitucional, (???)

    D. Landelino Lavilla Alsina -Consejero de Estado, (???)

    D. Manuel Albaladejo García – Catedrático de Derecho Civil, (??)

    D.Manuel Díez de Velasco – Catedrático de Derecho Internacional y Consejero Electivo del Consejo de Estado, (??)

    Dª María Emilia Casas Baamonde – Presidenta del Tribunal
    Constitucional-,(???)

    D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón – Letrado Mayor del Consejo de Estado-, (???)

    D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés –Primer Defensor del Pueblo de España-,(???)

    D. Juan Antonio Xiol Ríos –Presidente de la Sala I del Tribunal Supremo- (???) y

    D.Gregorio Peces- Barba Martínez – Catedrático de Filosofía del Derecho (???)

    como premiados en las anteriores convocatorias.

    Según el Presidente del Jurado, D. Landelino Lavilla Alsina, la elección de D. Francisco Rubio Llorente en esta décimo séptima edición consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas como los valores que desde la Universidad, la sociedad, la empresa, las Instituciones
    Judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la Comunidad.(???)

    La ceremonia de entrega del Premio, dotado con 30.000 euros, exentos de impuestos,tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre de 2011 en un Acto que contará con la presencia de los ilustres miembros del Jurado, así como de las más destacadas instituciones y personalidades vinculadas con el mundo de la Justicia.(???)

    2-NOTICIAS DE MIEMBROS SANCIONADORES PERPETUOS DEL JURADO DE LOS PREMIOS PELAYO EN CUESTION COMO CATEDRATICOS, MAGISTRADOS,LETRADOS………….
    ABOGADOS DEL ESTADO…….

    vid.

    http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/constitucion-del-jurado-del-xv-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-p

    Constitución del Jurado del XV Premio PELAYO para Juristas de Reconocido Prestigio(???)

    La aseguradora quiere trasladar a la sociedad “los valores que desde las ciencias jurídicas han de fomentarse y protegerse por todos los juristas como ejes fundamentales en los que se asientan las sociedades democráticas de los estados modernos”.
    (???)

    PELAYO MUTUA DE SEGUROS ha anunciado la Constitución del Jurado de la décimo quinta edición, correspondiente al año 2009, de su ‘Premio para Juristas de Reconocido Prestigio’, con el que un año más la aseguradora quiere trasladar a la sociedad “los valores que desde las ciencias jurídicas han de fomentarse y protegerse por todos los juristas como ejes fundamentales en los que se asientan las sociedades democráticas de los estados modernos” (???).

    El Jurado vuelve a estar compuesto por destacados miembros del mundo académico, de las instituciones jurídicas más relevantes de nuestro país, de los grupos de comunicación más representativos y por alguna de las mayores firmas de abogados de ámbito internacional.(???)

    La Presidencia seguirá correspondiendo a Sabino Fernández Campo, Teniente General Honorífico del Cuerpo Militar de Intervención y Académico de número de la Real Académica de Ciencias Morales y Políticas. (???)

    Forma parte también del jurado, por segundo año consecutivo, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, galardonado en la XIII edición.(???)

    Junto a Fernández Campo y Rodríguez de Miñón, integran el Jurado:

    Carlos Berzosa (rector de la Universidad Complutense de Madrid);(???)

    José Boada (presidente de PELAYO MUTUA DE SEGUROS);

    Carlos Carnicer (presidente del Consejo General de la Abogacía) (???);

    Juan Luis Cebrián (consejero delegado del Grupo Prisa);

    Emilio Cuatrecasas (presidente de Cuatrecasas);(???)

    Antonio Garrigues (presidente de Garrigues);(???)

    Eugenio Gay (magistrado del Tribunal Constitucional);(???)

    Juan Ortiz Úrculo (fiscal jefe del Tribunal Constitucional);(???)

    Ramón Rodríguez Arribas (magistrado del Tribunal Constitucional); (???)

    Benigno Varela Autrán (presidente de la MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL);(???) y

    Mª José Esteban Luís (secretaria del Jurado).

    El Premio está dotado con 30.000 euros. El plazo de presentación de candidaturas se extiende hasta el próximo 29 de mayo.

    http://www.arpem.com/seguros/s_falla/pelayo/z-noticias/2011/febrero/pelayo-bases-premio-jurista.html

    Joaquín Fuentes Bardají nuevo miembro del
    jurado del Premio Pelayo para Juristas (???)

    Joaquín Fuentes Bardají será un nuevo miembro del jurado del XVII Premio Pelayo para Juristas, jurado que ya ha sido constituido formalmente y que lo presidirá D. Landelino Lavilla Alsina. Este jurado estará formado por destacados miembros del mundo académico, de las instituciones jurídicas más relevantes de nuestro país, de los grupos de comunicación más representativos y por alguna de las mayores firmas de abogados de ámbito internacional.(???)

    Pelayo Mutua siempre ha pretendido con la iniciativa de este premio, trasladar a la Sociedad, los valores que desde las ciencias jurídicas ha de fomentarse y protegerse por todos los juristas. El 31 de Mayo termina el plazo para la presentacion de las candidaturas de este premio que estará dotado con treinta mil euros.(???)

    OBSERVACIONES SINTETIZADAS Y CONEXAS:

    1-La STC 4/1981 a favor de no prorrogar las leyes franquistas despues de 1978, fue dictada con fecha 4 febrero, 2 dias antes del asesinato del ingeniero Ryan, y publicada el 24 de febrero, al dia siguiente del 23 F, contiene un voto particular del Sr.Rubio Llorente, a favor de prorrogar las leyes franquistas como el DLFCE 315/1964 , y como Catedratico está sometido al requisito franquista de su art.30.1.e de “no haber sido separado” pero como Letrado de Cortes, no lo está porque no se exige , al igual que no se exige a jueces, fiscales,sanitarios…..pero como Vicepresidente y Magistrado del TC impide a los separados ser Conserjes y Letrados del TC quedando cuestionados todos los Magistrados, Fiscales, Abogados del Estado y Letrados del TC , del TS, del TCU y del Consejo de Estado, y sus altos cargos que lo han consentido en contra de las STC 4/1981 y 37/2002.

    2-La STC 37/2002 a favor de no prorrogar las leyes franquistas de FP,esta dictada por los premiados Emilia Casas,Jimenez de Parga y Garrido Falla, que como Catedraticos y Juridico Militar y Presidentes o Magistrados del TC o como Ministros, están sometidos al requisito de “no haber sido separado” pero como Letrado de Cortes ,el tercero , no lo está.

    3-Los Magistrados y Fiscales y Letrados del TC y TS, y Abogados del Estado o Abogados, premiados o miembros del jurado, por el art.303 LOPJ y 44 EOMF no son excluidos de oposiciones a jueces y fiscales si estan o han estado separados de servicio, en cambio los Letrados del TC de origen funcionario o docente sí lo están y los Abogados del Estado como Fuentes Bardají, si lo están, estando cuestionado por su MANUAL DE DERECHO SANCIONADOR.

    4-Los Fiscales Generales y los Abogados Generales del Estado premiados o miembros del Jurado son incompatibles Consejeros natos de Estado porque los primeros no están sometidos a los requiistos de honorabilidad franquista de “no haber sido separado” y los segundos sí.

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