LA PARCELA DE LA DISCORDIA: AYUNTAMIENTO, PRINCIPADO, UNIVERSIDAD Y SEMANA NEGRA.

Hace poco más de quince días se hacía pública la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Gijón que resolvía el conflicto que enfrentaba a la Universidad de Oviedo con el Ayuntamiento de Gijón a causa de la parcela en la que durante el pasado año 2011 se había ubicado la Semana Negra. Una parcela cuya titularidad la Universidad defendía y que el Ayuntamiento de Gijón reivindicaba como suya al argumentar que la había adquirido en el año 2009 del Principado de Asturias en virtud de un contrato de permuta y que, por tanto, estaba protegido por las disposiciones que amparan al propietario adquirente de buena fe. La sentencia, de quince folios de extensión, era un auténtico bofetón al anterior equipo de gobierno, en especial al entonces concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón y candidato del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de la ciudad, que unía a tales condiciones la de profesor universitario de la institución ovetense, aunque enfrentado al equipo rectoral.

Una vez se hizo público en los principales medios de comunicación el fallo desfavorable a los intereses del Ayuntamiento, saltaron las alarmas en ciertas personas y el señor Martínez Argüelles salió rápidamente a la palestra manifestando tres cosas: que su partido desconocía el contenido material de la sentencia dado que no había tenído acceso a la misma; que en todo caso el pleito se interpuso cuando el actual gobierno de Foro Asturias había tomado ya posesión de sus cargos y, finalmente, que el Ayuntamiento debía indicar si la sentencia “era recurrible” (sic) y en todo caso defender los intereses del Ayuntamiento de Gijón. Las tres manifestaciones revelaban en quien las vertía una hipocresía tan inmensa como su persona, que, por cierto, tampoco se caracteriza precisamente por la modestia, dado que cuando fue designado candidato del partido a la alcaldía gijonesa manifestó (y cito textualmente) : “creo que soy el mejor candidato posible”. Pero vayamos por partes:

I.- Respecto a que su partido desconocía el contenido de la resolución judicial. Ha de indicarse que el partido socialista no era parte en dicho pleito, y quienes sí lo eran (Ayuntamiento y Universidad) ya habían recibido notificación fehaciente de dicha sentencia a través de sus respectivas representaciones procesales. Dejando de lado el hecho de que estoy convencido (aunque aclaro que esto es una mera opinión, no un aserto) que el señor Martínez Argüelles sí tenía en sus manos oficiosamente copia de la meritada resolución judicial, si no tenía conocimiento del contenido de la misma es porque no deseaba tenerlo. Dado que si hubiera tenido la curiosidad (como la tuvo el humilde redactor de estas líneas) de entrar en la página web de la Universidad de Oviedo podría haber accedido no sólo a la noticia, sino al texto íntegro en formato PDF de la sentencia en cuestión. Que un concejal del Ayuntamiento de Gijón, profesor de la Universidad de Oviedo para más señas no logre entrar en la página web de la propia institución en la que desempeña sus funciones es ciertamente preocupante; pero lo es aún más que se revele incapaz de conseguir lo que cualquier internauta hubiese logrado simplemente utilizando el buscador de Google e introduciendo como término de búsqueda “sentencia semana negra” (donde como segundo resultado aparece la página de la Universidad donde consta el enlace al texto íntegro de la sentencia).

II.- Prosige el señor Argüelles haciendo referencia al hecho de que la demanda se había interpuesto con la actual corporación ya en el poder. Esta afirmación revela una hipocresía y una mala fe que ya descalifican a quien la realiza, pues, aunque dicha afirmación (fecha de interposición de la demanda) fuese cierta, basta únicamente un somero vistazo a los hechos para verificar que los mismos tienen su origen y son imputables a periodos y gestiones en las que el señor Martínez Argüelles era la rutilante estrella del ejecutivo local. Más concretamente, los hechos determinantes de este pleito fueron dos: el documento de permuta en virtud del cual el Ayuntamiento de Gijón “adquirió” la parcela en cuestión del Principado de Asturias en el mes de febrero del año 2009 (es decir, cuando el grupo Foro Asturias aún no existía) y la decisión del anterior equipo de gobierno gijonés de situar el emplazamiento de tan conflictivo festival presuntamente cultural en la meritada parcela. Unas recentísimas declaraciones del Rector de la Universidad de Oviedo ponen las cosas en su sitio: si el Ayuntamiento no hubiera decidido unilateralmente ubicar la semana negra en dicho lugar, hubiesen dejado las cosas como estaban; fue, pues, la prepotencia del anterior equipo de gobierno (que llegó a decir textualmente que la Semana Negra se celebraría en el campus “sí o sí”) la que empujó al equipo rectoral a iniciar la vía judicial.

III.- Tercer y último punto, léase, la eventual impugnación de la sentencia. Ésta es, en efecto, recurrible en apelación, pero el señor Martínez Argüelles debiera saber (y estoy seguro que en este sentido le ha sido bien informado por sus asesores oficiales y oficiosos) que si bien la sentencia de instancia no contiene pronunciamiento sobre costas (con un argumento, por cierto, que considero algo forzado, dado que se basa en la existencia de una estimación parcial cuando en realidad existe una estimación íntegra), en caso de que el Ayuntamiento impugne dicha sentencia y el recurso de apelación sea desestimado la corporación gijonesa deberá hacerse cargo de las costas del pleito. ¿Y quién abonará entonces dichas costas? ¿Los políticos que perpetraron tan chapucera operación? ¿El señor Martínez Argüelles? ¿El Partido Socialista? ¿El actual gobierno municipal? Pues no, señores, como en tantas otras ocasiones seremos todos los gijoneses quienes deberemos soportar un gasto más en esta desastrosa operación perpetrada a mayor gloria de Paco Ignacio Taibo II. Es una lástima que el exconcejal de Hacienda anime ahora a los actuales dirigentes a luchar por los intereses de los gijoneses, cuando su actuación a lo largo de todo este contencioso inmobiliario se vio presidida únicamente por la defensa de los intereses de una sola persona: Paco Ignacio Taibo II, tan caro al anterior equipo de gobierno. Sólo por Taibo se realizó un inaudito dispendio de más de un millón de euros para adecuar dichos terrenos a las necesidades del amigo mexicano.

La sentencia, muy didáctica, va desgranando la evolución de la titularidad dominical de la parcela, desde su pertenencia al patrimonio de las Universidades Laborales, hasta su asunción por el Ministerio de Educación y Ciencia y su ulterior atribución a la Universidad de Oviedo en virtud de una Orden Ministerial del año 1986 cuando, a petición de dicha institución (que solicitó de la Administración del Estado la dotación de unos terrenos para la ubicación del campus gijonés) se atribuyó a la Universidad unos terrenos de más de trescientos cuarenta mil metros cuadrados dentro de los cuales se encuentra la parcela cuya titularidad es discutida. ¿Cómo llegó entonces la parcela a manos del Principado cuando la Orden Ministerial de 1986 había entregado dichos terrenos a la Universidad? Pues la respuesta la ofrece de forma muy didáctica la sentencia y la resume (con unos suculentos datos adicionales) el diario La Nueva España en su edición del día 25 de diciembre de 2011: “Tras recibir las transferencias de enseñanza no universitaria, el Servicio de Patrimonio del Principado inscribió la finca a su nombre al «considerar de forma unilateral» que seguía formando parte de la Universidad Laboral, argumentando que seguía figurando en el catastro a nombre del Ministerio. La permuta permuta posterior con el Ayuntamiento fue un canje patrimonial. El jefe de patrimonio del Principado, Javier Uría (arquitecto municipal cuando Areces estaba en la Alcaldía) fue quien suscribió el convenio por parte del Principado. La ex alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso lo rubricó por la parte municipal, en la que el área de patrimonio dependía del entonces edil de Hacienda Santiago Martínez Argüelles”. ¿Cabe alegar en serio que el Ayuntamiento de Gijón desconocía que la parcela era realmente titularidad de la Universidad? Sugiero a los lectores que se lean atentamente el detalladísimo fundamento jurídico quinto de la sentencia (folios 9 a 13 de la misma) que desgranan de forma exhaustiva los argumentos por los cuales no cabe apreciar que el Ayuntamiento era adquirente de buena fe, destacando una reunión a múltiples bandas entre el entonces alcalde de la ciudad señor Areces, representantes de los Ministerios de Educación y Trabajo, el rector de la Universidad de Oviedo y el Registrador de la Propiedad número Cinco de Gijón para verificar la titularidad de la parcela, reconociéndose finalmente que los terrenos pertenecían en efecto a la Universidad.

En este sentido, la actuación del Ayuntamiento y el Principado puede resumirse con el título de una célebre película: “Duelo de pillos”.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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