LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANUNCIADAS POR EL NUEVO MINISTRO.

La mañana de hoy el nuevo y flamante ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para anunciar una batería de reformas que tienen, en líneas generales, tres objetivos primordiales: despolitizar el poder judicial, modernizar el servicio público de Administración de Justicia y agilizar los procedimientos judiciales. Loable propósito que, como siempre en todas las actuaciones del poder público, un poco que se rasque la superficie demuestra que será el ciudadano el más perjudicado. Vayamos por partes

 I.- Despolitizar el Poder Judicial. Para ello el nuevo gobierno promoverá una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que vuelva a los orígenes y al espíritu constitucional, es decir, que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que fue el Partido Socialista Obrero Español quien al aprobar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial pervirtió el sistema anterior, instaurando el que actualmente tenemos donde son las Cámaras legislativas quienes nombran a quienes han de gobernar el poder judicial; recordemos que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 108/1986, adoptando el papel de avestruz, declaró no contrario al texto constitucional dicho sistema, pese a indicar que era más acorde con el espíritu constitucional la designación judicial de los vocales y ejerciendo de profeta Casandra al indicar los perversos efectos que el sistema recién instaurado tendría en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Parto del hecho que considero el Consejo General del Poder Judicial un órgano cuya experiencia durante estos ya más de tres lustros es una sucesión de fracasos y que debería pasar a mejor vida, pero si ha de existir y si ha de predicarse la independencia judicial ha de desvincularse la judicatura y el órgano de gobierno de los jueces de toda intervención de los otros dos poderes, máxime en un país con tan escasa cultura política como el nuestro. Por ello esta medida de devolver a los jueces la elección de los vocales del Consejo me parece, en principio, positiva.

 II.- Modernizar el servicio público de Administración de Justicia. Esta modernización de la justicia lleva años anunciándose a bombo y platillo, pero su implantación fáctica no llega a hacerse efectiva, tanto por la propia reticencia de la Administración como por la de algunos integrantes del poder judicial. Deben aprovecharse las nuevas tecnologías, reducir el papel, aprovechar las ventajas que nos proporcionan los ordenadores, las bases de datos, e implantar de una vez por todas el expediente judicial electrónico. Otras medidas como la superación del partido judicial y la adecuación de la planta judicial a la situación actual y a la realidad social del momento son algo no sólo deseable, sino imprescindible. Que a estas alturas, bien entrado el siglo XXI, se entre en oficinas judiciales y se contemplen montones de papeles como si estuviéramos en la época de Cánovas del Castillo sirve para bajar a uno la escasa moral que ya tiene; y cuando uno ha tenido ocasión de contemplar atónito cómo algún magistrado (de lo contencioso, para más señas) continúa redactando sus sentencias a bolígrafo en folios entregándolas ulteriormente a los funcionarios para que las mecanografíen y vuelquen al ordenador, pues qué quieren que les diga.

 III.- Agilización de los procedimientos judiciales. Este es un objetivo igualmente loable, siempre y cuando ese afán por la agilización no vaya acompañado por una merma de derechos del justiciable. Es más, el titular de la cartera de Justicia manifiesta que ello incluso puede contribuir de alguna manera a la superación de la crisis económica (“Si actuamos con determinación y con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y los gastos a realizar y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, vamos a conseguir el objetivo no solamente de dar respuesta al derecho constitucional de los ciudadanos a la tutela judicial, sino además de hacer nuestra Administración de Justicia un elemento determinante para aumentar la competitividad de nuestro país y, por lo tanto, para superar nuestra crisis económica. En las actuales circunstancias, la relación entre justicia y economía adquiere una especial visibilidad y un mal funcionamiento de la justicia comporta siempre un daño profundo a la convivencia, pero no lo duden, señorías, también tiene consecuencias económicas”). Ahora bien, cuando uno analiza las manifestaciones del ministro de justicia, vemos que la preocupación de quien ostenta la condición de fiscal de carrera se centra en asuntos penales y civiles, pero se olvida (y mucho me temo que conscientemente) de la rama contencioso-administrativa, la más atascada y olvidada del poder público quizá porque es éste cuya actuación ha de ser objeto de control a través de procedimientos contencioso-administrativos. Veamos:

–          Se ha referido el señor ministro a los procedimientos por impago de deudas máxime en esta época de crisis. Bien, tanto en la rama civil como en la laboral (en esta última a partir del 1 de enero de 2012, cuando entró en vigor la nueva Ley de Jurisdicción Social), existen procedimientos monitorios para el impago de deudas líquidas, vencidas y exigibles. Sin embargo, la sobreprotección que poseen las Administraciones públicas (cuyo índice de morosidad es tan alarmante como creciente en proporción geométrica) es clamorosa. Existen en la actualidad en los juzgados de lo contencioso-administrativo infinidad de procedimientos cuyo objeto procesal es la condena a la Administración al pago de facturas impagadas, alguna de ellas de más de un lustro de antigüedad; es decir, que se obliga a un acreedor a acudir a un procedimiento declarativo en lugar de permitirle acudir a un procedimiento monitorio, muchísimo más rápido y eficaz en este tipo de asuntos. Parafraseando a Mourinho, cabría preguntar ¿por qué? ¿Por qué no se instaura un procedimiento monitorio derivado de impagos reconocidos por la Administración?

–          El nuevo ministro de Justicia aboga igualmente para la implantación de tasas judiciales para acudir a una segunda instancia procesal. Ahora bien, observen cómo se refiere a este tema el señor Ruíz-Gallardón “Si el ciudadano no se conforma con la respuesta que le da el Poder Judicial, en uso de ese derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y lo que solicita es un segundo pronunciamiento que revise el que ya dio el órgano jurisdiccional, es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas y, por supuesto, quedarán exentas del pago aquellas personas que realmente carezcan de recursos para litigar tomando, por supuesto también, con carácter excluyente por su consideración especial, la jurisdicción penal” Llamo la atención de los lectores del blog sobre la expresión utilizada: “el ciudadano” ¿Y por qué digo esto? Porque con total seguridad bajo esta afirmación subyace la intención del nuevo titular de Justicia el mantener una vergonzosa desigualdad en la materia, pues las Administraciones y entes públicos de ellas dependientes estarán exentos, como lo están ahora tanto de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional como del depósito para recurrir.

–          Esa agilización de los procedimientos se está realizando en los últimos años a base de reformas que priman la celeridad sobre las garantías jurídicas. Esto fue ya denunciado por Alejandro Nieto en una de sus últimas obras. En efecto, todo pasa por limitar la garantía de doble instancia al ámbito penal (aprovechando los pronunciamientos constitucionales que establecen que la segunda instancia únicamente está garantizada en la Constitución en los procedimientos penales y en el resto de los órdenes jurisdiccionales es de configuración legal) y en restringir o eliminar las apelaciones y los accesos al Tribunal Supremo vía casación.

Se anuncian una serie de modificaciones legislativas, y entre otras nuevas leyes Orgánicas del Poder Judicial, de Planta Judicial, de Enjuiciamiento Criminal, del Menor, de Mediación, de Jurisdicción Voluntaria, un nuevo Código de Comercio. Con ello se pretende de una vez por todas adecuar la justicia a la realidad social del siglo XXI, pero como siempre, la rama administrativa es la gran olvidada y permanece con principios, formas y privilegios de mediados del siglo XX.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Cultura

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