REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA CONDENA DE GARZÓN.

El 12 de diciembre de 2000, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso Bush v. Gore, que, al estimar un recurso interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Supremo de Florida dictada tres días antes, allanó el camino de George Bush a la Casa Blanca. Dicha sentencia fue muy polémica y controvertida, dado que de nueve magistrados que integraban el alto Tribunal, siete admitían que existían problemas constitucionales en la práctica del recuento manual de votos, discrepando entre ellos en la medida a tomar. Finalmente, cinco de los siete optaron por detener el recuento, mientras que dos optaban por estimar el recurso al haberse acreditado la existencia de desigualdades a la hora del cómputo de voto, pero devolviendo el asunto al Tribunal Supremo de Florida para que éste fijase unos criterios o bases a aplicar en todo el territorio estatal a fin que de dichos criterios presidiesen todos los recuentos de votos. Pues bien, el pasado año 2011 Stephen Breyer, uno de los magistrados del Tribunal Supremo que formularon un voto particular discrepante, pronunciaba un discurso ante los estudiantes de derecho de la Universidad de Yale, discurso que fue publicado ulteriormente en la prestigiosa Yale Law Journal, en concreto en el número correspondiente a junio del año 2011. El discurso, que no era más que un apretado estracto o resumen de las tesis que el autor desarrollaba en su más extenso trabajo Making our democracy work, contenía un párrafo ciertamente revelador del talante norteamericano, párrafo que trascribimos a continuación: “There has been no shortage of comment about the decision. Yet one of the most interesting comments was one made by Senator Harry Reid, who later became the Democratic majority leader. I heard him say that the most remarkable feature of the decision is one rarely remarked. It is this: despite the strong opposition to the decision, and despite the fact that it might well have been wrong, Americans did not riot in the streets, they did not resort to violence, they reacted peacefully and then followed the Court. Indeed, the losing candidate, Vice President Gore, when he told his staff, “Don’t trash the Court,” in effect told the American people to do just that[…]Three hundred million Americans have decided to resolve their differences under law instead—even though courts can decide in ways that are unpopular and even though courts may be wrong when they do so. That attitude, it seems to me, is what constitutes the treasure”. En resumen, que pese a las discrepancias y críticas que tuvo la resolución judicial (discrepancias que son lógicas, necesarias e incluso saludables en un Estado de Derecho), el grueso de la población reaccionó pacíficamente aceptando los hechos e incluso el propio afectado, el candidato demócrata a la presidencia Al Gore, dio ejemplo acatando públicamente la sentencia. Todo esto es reconocido por un magistrado del Tribunal Supremo que no formó parte de la mayoría que resolvió el asunto y que incluso firmó un voto particular discrepante.

El pasado día 9 de febrero de 2012 se hacía pública la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que resolvía la causa especial 20716/2009 seguida frente a don Baltasar Garzón Real. La sentencia, de sesenta y ocho folios de extensión, fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados integrantes de la Sala. En su redacción se hace una exégesis de la jurisprudencia tanto del propio Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y finalizaba con el siguiente fallo: “Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil”. Tras conocerse el fallo, numerosos líderes políticos, miembros de la carrera judicial y fiscal así como personajes vinculados al mundo artístico omnipresentes en todo tipo de manifestaciones, se lanzaron a atacar no sólo la resolución (en algunos casos reconociendo que ni tan siquiera se habían tomado la molestia de leerla) sino al propio Tribunal Supremo, a quien se acusaba de lapidar a un juez por “perseguir la corrupción” (sic). El camarada Gaspar Llamazares, diputado por Asturias tras haber amenazado con volver a la práctica médica si no obtenía un escaño en el Parlamento, manifestaba en rueda de prensa que “ni respetaba ni acataba la sentencia” (sic). El señor Garzón, a través de una rueda de prensa, manifestaba que se habían conculcado sus derechos fundamentales a lo largo del proceso. Pues bien, a este respecto, el magistrado José Ramón Chaves García ha dedicado un lúcido, esclarecedor y brillantísimo post en su imprescindible blog contencioso.es, lo que nos excusa de realizar un análisis extenso del asunto. No obstante, sí quisiera realizar una serie de precisiones. Sé que este tema es muy polémico, que habrá división de opiniones y, por ello, adelanto que en modo alguno pretendo impartir dogmas de fe ni tan siquiera elaborar “el” análisis, sino mi particular, personal y, por supuesto, falible opinión sobre el asunto. Me centro en varios aspectos:

I.- Respecto a la acusación de que se persigue a Baltasar Garzón porque éste persiguió una trama corrupta. Esta es una afirmación rotundamente falsa, y basta echar un vistazo a la querella y a la sentencia para verificarlo. El señor Garzón estaba totalmente legitimado (desde el punto de vista jurídico) para instruir la trama que era objeto de investigación, y quizá lo mejor que pudiera haberles pasado a los investigados era precisamente que la instrucción la llevase el juez de Torres, dado el elevado número de casos en que los acusados en procedimientos instruidos por Garzón acaban en libertad por una defectuosa instrucción. Por lo que se abrió esta causa especial fue por la vulneración de los elementales derechos de defensa que llevó a cabo el Magistrado al ordenar escuchas indiscriminadas entre clientes y abogados. Si el señor Baltasar Garzón Real aprovechó algo su estancia en los Estados Unidos, debería saber que en uno de los casos más sonados que tuvo lugar en el Tribunal de Circuito de Virginia entre mayo y agosto de 1807 (United States v. Aaron Burr), la acusación pretendía que se enviase al acusado a prisión preventiva sin fianza basándose en la mera sospecha de la comisión de un delito (y el que se le imputaba era el más grave que imaginarse puede, nada más y nada menos que el de traición a la patria); el juez John Marshall indicó en su resolución que un juzgado jamás puede tomar una decisión basándose en meras sospechas, sino que es necesario, si no una prueba fehaciente, cuando menos un principio de prueba que pueda sustentar los cargos frente a la persona a quien se acusa. Es más, sin salir de nuestro país, me pregunto cuántos de quienes ahora ponen el grito en el cielo salieron en defensa del magistrado Marino Barbero Santos cuando tuvo que instruir (con un escrupuloso respeto a los derechos y garantías de los investigados) el caso FILESA, donde también se investigaba una red de corrupción; quienes ahora loan al exjuez estrella cubrieron de improperios, insultos e infamias al juez Barbero, quien, ayuno de amparo del Consejo General del Poder Judicial (órgano prescindible donde los haya), abandonó la carrera judicial.

II.- El fin perseguido por Garzón justificaba los medios utilizados y un cierto relajamiento de las tesis procesales. Cedo en esta ocasión la palabra al nada sospechoso diario El Pais, en concreto a su editorial del martes 17 de octubre de 1995, que llevaba por título precisamente Conflicto con Garzón: “Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos. El principio de que no todo vale rige tanto en la lucha contra el terrorismo como en la investigación de los delitos cometidos a su amparo”. Tanto entonces como ahora el señor Garzón instruía procedimientos por fines espúreos (por motivos ideológicos en 2008, y en 1995 por una vendetta personal hacia quienes le privaron de su ansiado cargo ministerial). Y el delito instruido en 1995 era muchísimo más grave (la investigación del terrorismo de Estado) que el de 2008 (un mero delito económico). ¿Qué ha cambiado para que el “no todo vale” mute en que “el fin justifica los medios”? Como decía Sherlock Holmes “Una vez eliminado lo imposible lo que queda, por improbable que parezca, ha de ser verdad”. La única diferencia radica en el sujeto investigado.

III.- Respecto a las acusaciones vertidas frente al Tribunal Supremo. En este sentido, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, manifestó textualmente al conocer la sentencia que inhabilitaba a Garzón lo siguiente “El Tribunal Supremo ha perdido su condición de tribunal de un estado democrático. Siento profundamente que en España se tenga un Tribunal Supremo que se preste a tener aliados con los residuos del franquismo y de la trama Gürtel” Dejando de lado lo grave que un antiguo integrante de la carrera fiscal haga esas manifestaciones, me pregunto si una persona que ingresó por oposición libre en la fiscalía en el año 1962 y que, por tanto, hubo de jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y formar parte del aparato represor de la dictadura en una de las instituciones clave (nada menos que la fiscalía) puede realizar dichas manifestaciones sin condenase a sí mismo. Porque, vamos, no creo yo que el franquismo fuese tan ingenuo o estúpido para admitir como fiscal en su seno a un “demócrata de toda la vida”.

IV.- Sobre el posible recurso de amparo que va a presentar el señor Garzón Real. En este sentido, hemos de indicar dos cosas. Primera, y fundamental, que el Tribunal Constitucional únicamente admite a trámite el cinco por ciento de los recursos de amparo que anualmente se presenta. Y, segunda, que como hemos indicado y desarrollado jurídicamente en un post anterior, tras la reforma operada en el año 2007 el criterio para la admisión de un recurso de amparo no radica ya en la mera alegación de la vulneración de derechos fundamentales, sino en la acreditación de que el asunto presenta “especial trascendencia constitucional”. Existen infinidad de asuntos donde la vulneración de derechos fundamentales es más clara, evidente y trasdendental que la presuntamente cometida por el Tribunal Supremo frente al señor Garzón (a quien, por cierto, se le ha permitido interponer todos los recursos, plantear todas las recusaciones, presentar todas las pruebas y frente a quien se ha respetado escrupulosamente todas las normas procedimentales, algo de lo que el en esta ocasión acusado no puede decir lo mismo en los infinitos procesos que él ha tramitado frente a terceros) y que ni tan siquiera son admitidos a trámite. En el caso de que el alto intérprete de la Constitución decida aceptar a conocer este asunto, la pregunta salta de forma inmediata: ¿La “especial trascendencia constitucional” viene determinada por la repercusión mediática del asunto o del recurrente en amparo?

 Lo que queda meridianamente claro es que la clase política española está a años luz de la norteamericana que, aún discrepando de una sentencia tan polémica como la que el año 2000 allanó la presidencia al candidato republicano, acató de forma respetuosa el parecer del Tribunal Supremo. Ni Al Gore, ni su equipo, ni sus simpatizantes pasaron más allá de manifestar su discrepancia respecto al fallo. En nuestro país, ya hemos visto…..

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

17 comentarios el “REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA CONDENA DE GARZÓN.

  1. Una reflexión muy oportuna. Si tuviésemos un Tribunal Supremo con una sala Constitucional, en lugar de un TC al completo que se ha convertido en una instancia jurisdiccional más, con sus frecuentes grescas entre ambos órganos, seguramente no se alargaría más este asunto…

  2. SENTENCIA INTACHABLE,IMPECABLE, UNANIME....O SEA DESPROPORCIONADA, O SEA PERTURBADORA DE LA JUSTICIA Y DE LA IGUALDAD, O SEA INICUA AD PERSONAM CULPANDO SOLO AL JUEZ GARZÓN DE LA LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA CAOTICAS Y CONTRADICTORIAS SOBRE ESCUCHAS.....

    LAMENTABLE SENTENCIA INTACHABLE, IMPECABLE, UNANIME…….O SEA DESPROPORCIONADA, O SEA PERTURBADORA DE LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD, O SEA INICUA AD PERSONAM CULPANDO SOLO AL JUEZ GARZON DE INTERPRETAR COMO LOS FISCALES Y OTROS JUECES LA LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA CAOTICAS Y CONTRADICTORIAS SOBRE ESCUCHAS DE LA LGP-1989 CONSENTIDAS POR EL CGPJ Y LA SALA 2ª TS QUE HACE TIEMPO POR ART.407-409 LOPJ DEBIERON DENUNCIAR, EXPONER Y CUESTIONAR ANTE EL TC Y EL TC DEBIO
    AUTOCUESTIONARSE

    Recensionamos la demoledora nota de la UPF contra la Sentencia de la Sala 2ª TS de “escuchas” publicada en el Blog de Juristas LA LAMENTABLE el 11-02-2012 (10:00)

    vid.

    http://lamentable.org/?p=2648

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    UNION PROGRESISTA DE FISCALES: UNA SENTENCIA DESPROPORCIONADA (???)

    Hecho público el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por el que se condena al Magistrado Baltasar Garzón por delito de prevaricación, queremos manifestar que, sin perjuicio del respeto que la institución del Tribunal Supremo nos merece, DISCREPAMOS con el contenido de dicha resolución al considerar acertada la postura sostenida por el Ministerio Público a lo largo de todo el procedimiento.(???)

    La condena nos resulta absolutamente DESPROPORCIONADA (???) al considerar que los errores que pudieran cometerse en el seno de la investigación de los procedimientos penales,PUEDEN Y DEBEN SER REVISADOS POR VIAS DIUSTINTAS A LA DEL DERECHO PENAL (???), máxime cuando es evidente que existen DIVERSAS OPINIONES QUE SON JURIDICAMENTE DEFENDIBLES EN DERECHO (???), como hemos visto, oído y leído en relación al objeto de este procedimiento.(???)

    Queremos, desde aquí, interesar QUE SE REGULE LEGALMENTE (???) DE FORMA CLARA, PRECISA Y DETALLADA LOS MEDIOS DE INVESTIGACION PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD (???) por entender que la seguridad de cuantos servidores públicos trabajan para perseguir estos hechos delictivos NO PUEDE DEPENDER UNICAMENTE DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES (???)

    Asimismo, queremos poner de relieve las NEFASTAS CONSECUENCIAS (???) QUE PARA LA PERSECUCION DE LOS DELITOS DE CORRUPCION TIENE EL HECHO DE QUE EL JUEZ INSTRUCTOR QUE PERSIGUE EL DELITO SEA EL UNICO CONDENADO(???), lo que no hace sino aumentar la inseguridad jurídica de estos servidores públicos.(???)

    Insistimos en que el único camino posible en un estado de derecho(???) es el que hace que todas las decisiones judiciales sean medidas por igual, (???) SIN QUE EL NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS INVESTIGADAS ,(???) PERTURBEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (???)

    Palma de Mallorca, a 10 de febrero de 2012

    OBSERVACION POR REDUCCION A LO ABSURDO:

    La Sentencia UNANIME abre una crisis institucional pues los art.407 a 409 LOPJ aparentemente anticorporativos e impecables son inaplicables a la Sala 2ª TS y provocan que su Sentencias sobre prevaricación por escuchas, se dicten por UNANIMIDAD IMPOSIBLE Y ABSURDA al obligar a toda Autoridad de los 4 Poderes del Estado como la Sala 2ª TS a denunciar de inmediato al Fiscal GARANTE DE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL cualquier conducta que conozca de cualquier Juzgado o Tribunal incluso de la Sala 2ª TS que pueda ser constitutiva de delito o falta, y si resulta que el Juez Garzón prevaricó en estas y otras Escuchas “a presos y abogados ” que fueron practicadas, avaladas y jamás denunciadas por los Fiscales y otros Jueces, y consentidas por la propia Sala 2ª TS , ésta tendría que haber denunciado ante el Fiscal la conducta practicada por el Juez Garzón , por todos los demás Fiscales que la apoyaron y por los demas jueces y por sí misma que la practicaron por coatutoría, participacion o encubrimiento, para que se querellase contra todos o contra ninguno, resultando todo ello irracional, absurdo y subrealista , pues si UNANIMEMENTE NINGUN FISCAL SE HA QUERELLADO CONTRA LA SALA 2ª TS ; NI CONTRA LOS FISCALES Ni CONTRA LOS DEMAS JUECES NI CONTRA EL JUEZ GARZON , NO CABE Y SORPRENDE QUE LA SALA 2ª TS UNANIMEMENTE,” INSTAURE EL DERECHO PENAL DE AUTOR” Y SIN APOYO DEL FISCAL CONDENE SOLO AL JUEZ GARZÓN CON INCONGRUENCIA OMISIVA DE TODOS LOS DEMAS PRECITADOS QUE DEBERIAN SER CONDENADOS POR COAUTORIA, PARTICIPACION O ENCUBRIMIENTO POR LOS MISMOS HECHOS EN ESTA Y OTRAS ESCUCHAS CONSENTIDAS Y JAMAS DENUNCIADAS POR LA MISMA SALA 2ªTS Y TODOS ELLOS AL NO ESTAR REGULADAS POR LEYES CLARAS Y TAXATIVAS QUE NO CONFUNDAN

  3. A BUEN JUEZ GARZÓN,MEJORES TESTIGOS SUAREZ, CALVOSOTELO, GONZALEZ, AZNAR, ZAPATERO Y RAJOY
    RESPONSABLES DE NO INVESTIGAR EL FRANQUISMO Y MANTENER INTACTAS SUS LEYES TOTALITARIAS MILITARISTAS Y FALANGISTAS DE EXTERMINIO,VICTORIA, IMPUNIDAD,OLVIDO, AMNISTIA, MEMORIA Y DEPURACION DE FUNCIONARIOS AMIGOS, ENEMIGOS Y DISIDENTES-INDIFERENTES COMO EL EBEP”:

    1- NOTICIA BOMBA: LA ONU AVALA A GARZON Y EXIGE A ESPAÑA INVESTIGAR EL FRANQUISMO Y DEROGAR LA LEY DE AMNISTIA

    http://www.elconfidencial.com/espana/2012/02/10/la-onu-avala-a-garzon-y-exige-a-espana-investigar-el-franquismo-92456/

    http://www.larazon.es/noticia/843-la-onu-exige-a-espana-que-derogue-la-ley-de-amnistia

    http://politica.elpais.com/politica/2012/02/10/actualidad/1328893390_180356.html

    http://www.publico.es/espana/421451/la-onu-da-la-razon-a-garzon-y-pide-investigar-el-franquismo

    2-RECENSIONAMOS EL PROVIDENCIAL ARTICULO DE MIGUEL ROCA PARA QUE EL TC AMPARE Y REHABILITE AL JUEZ GARZON TITULADO “DIALOGO SIN PUERTAS”
    sobre el libro

    “EL FUTURO NO ES LO QUE ERA.UNA CONVERSACION”

    por el que en 2001 , hace 11 años, Felipe Gonzalez asume su responsabilidad durante 14 años de gobierno por no haber revisado el franquismo y sus leyes totalitarias 1936-2012 de exterminio, impunidad, olvido, amnistia, memoria, depuracion de funcionarios amigos, enemigos e indiferentes o disidentes cuestionadas por la lista-censo “GARZON” de separados de servicio, desaparecidos,exiliados, fusilados…..exigida a la Vicepresidencia de Gobierno y a todos los registros judiciales y oficiales por Providencia 25-9-2008 del JCI nº5 Aª.Nal,clave de los 3 procesos-racimo penales con trisuspensión UNANIME, con triprocesamiento UNANIME,y con triexpulsion de la carrera del juez Garzón UNANIME , al hacer corresponsables activos y pasivos de las mismas a todas las autoridades de los 4 poderes, del Estado especialmente jueces y fiscales que las mantuvieron vigentes y aplicaron sin rechistar y sin cuestionarlas ante el TC desde 1978 a 2012 renunciando a su poder colegislador negativo

    http://www.elpais.com/especiales/2001/elfuturo/debate.html

    http://www.elpais.com/articulo/ensayo/Dialogo/puertas/elpepuculbab/20011013elpbabens_1/Tes

    DIALOGO SIN PUERTAS

    MIQUEL ROCA JUNYENT 11/10/2001

    Felipe González y Juan Luis Cebrián han vertido sus reflexiones sobre el pasado y el porvenir de España y Europa en el libro”El futuro no es lo que era.”

    Fruto de una larga conversación, el ex presidente de Gobierno y el periodista abordan temas como la transición, la monarquía o la globalización; además de desvelar algunos aspectos del mandato del líder socialista.

    GONZÁLEZ NO DUDA EN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE PARTE DE LA PÉRDIDA DE NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA AL NO HABER PROMOVIDO UN DEBATE SOBRE EL FRANQUISMO (???)

    No es frecuente que un académico y un ex presidente del Gobierno acepten conversar libremente sobre temas comprometidos que hagan referencia tanto al pasado como al futuro. Sin duda, éste es el principal atractivo del libro que, con el título El futuro no es lo que era, recoge las conversaciones entre Felipe González y Juan Luis Cebrián. Refugiados en una finca que lleva el nombre de El Obispo, ambos autores dialogaron a lo largo de un par de intensas jornadas sobre una serie de cuestiones de mucho interés. En todo caso, el libro habrá servido, de entrada, para que Juan Luis Cebrián se confiese que al salir era más amigo de Felipe González que lo era al entrar; Y TAMBIÉN SERVIRÁ PARA QUE SUS LECTORES SE ENTEREN DE MUCHAS COSAS QUE HASTA LA FECHA DESCONOCÍAN O APARECÍAN EN NUESTRA RECIENTE HISTORIA BAJO MUCHOS INTERROGANTES Y CONFUSIONES. (???)

    El libro, curiosamente, en su contenido discurre más por el pasado que por el futuro; y ello no es ningún reparo por cuanto en esta vertiente el libro presenta revelaciones muy interesantes; así, por ejemplo, cuando FELIPE GONZÁLEZ NO DUDA EN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE PARTE DE LA PÉRDIDA DE NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA, LAMENTÁNDOSE DE NO HABER PROVOCADO DURANTE SU PRESIDENCIA UN DEBATE SOBRE LO QUE HABÍA REPRESENTADO EL FRANQUISMO EN ESPAÑA. ESTA REVELACIÓN ME COMPLACE POR CUANTO ÉSTA ES UNA PREGUNTA QUE YO MISMO ME HABÍA FORMULADO EN DIVERSAS OCASIONES, CUANDO AL SOCAIRE DE ALGUNA INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA SE OBSERVABA COMO UN MOVIMIENTO DE DISGUSTO EN LAS FILAS DEL GOBIERNO SI AL HABLAR DEL RÉGIMEN ANTERIOR SE UTILIZABA LA PALABRA’DICTADURA’. (???)

    Juan Luis Cebrián sabe conducir a Felipe González a reconocimientos de esta naturaleza y a la vez a una defensa apasionada de lo que representó el modelo de la transición en España. Ciertamente, una defensa que pretende contraponerse a una situación actual que se describe como alejada de los valores del consenso que hicieron posible aquel proceso de transición.

    ME PARECE ACERTADA LA FORMULACIÓN DE FELIPE GONZÁLEZ CUANDO HACE DESCANSAR EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y EN EL MIEDO QUE INSPIRABA EL RECUERDO DE LA GUERRA CIVIL EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN. ES BUENO QUE EN ESPAÑA SE RECUPERE EL DESEO DE HABLAR SOBRE LO QUE REPRESENTÓ POLÍTICAMENTE LA TRANSICIÓN Y SOBRE TODO TAMBIÉN DE SUS ERRORES, FALLOS, OLVIDOS Y DE LAS CONSECUENCIAS QUE TODO ELLO REPRESENTÓ EN LA EVOLUCIÓN POSTERIOR DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA. (???)

    El libro no discurre exclusiva-mente en el pasado ni seguramente ésta era la pretensión de sus autores. De manera fundamental, en los dos últimos capítulos dedicados a Europa y a la globalización, ambos autores se nos manifiestan más libres, incluso menos viscerales.

    AL REFERIRSE AL PASADO, E INCLUSO AL PRESENTE, NO PUEDEN NI FELIPE GONZÁLEZ NI JUAN LUIS CEBRIÁN SEPARARSE DE LA TENTACIÓN DE DENUNCIAR CIERTO ESTILO DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA QUE ABORRECEN. PERO, SEGURAMENTE, EN ESTE EXTREMO INCLUSO PUEDEN SER UN POCO GENEROSOS CONSIGO MISMOS, PORQUE NO QUEDA DEL TODO CLARO QUE, EN ALGÚN OTRO MOMENTO DE SU PROTAGONISMO COMO EDITOR Y COMO POLÍTICO, NO HAYAN INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS MANIFESTACIONES QUE AHORA COINCIDEN EN DENUNCIAR. (???)

    Pero es evidente que ésta es la primera reflexión crítica que Felipe González formula en relación a su actuación como presidente del Gobierno, y en sus declaraciones, sinceras y desacomplejadas, encuentra el lector respuestas o informaciones que sirven muy positivamente para entender lo que fue la acción de gobierno de aquél.

    EL ESTILO DEL DIÁLOGO QUE JUAN LUIS CEBRIÁN INTRODUCE Y PROVOCA PERMITE QUE EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO SE ACERQUE A TEMAS COMPLICADOS Y COMPLEJOS SIN PREVENCIÓN NI APRIORISMOS Y CON ELLO APORTE AL LECTOR INCLUSO UNA NUEVA IMAGEN DE SU PERSONA QUE LES PODRÍA SORPRENDER. (???)

    El presidente del Gobierno deja paso al intelectual reflexivo, autocrítico y prospectivo que no se limita a una relación de actuaciones o anécdotas, sino a extraer de todo ello ideas, propuestas, que hacen más vivo el debate político.

    El libro adquiere esta especial dimensión de reflexión cuando Felipe González se introduce en el campo de las grandes ideas que ahora dominan su actuación: el ‘cómo seguir’ de Europa y qué representa la globalización que nos llega acompañada de una revolución tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. Nadie se atrevería a discutir a Felipe González la calidad de ser uno de los políticos que mejor ha comprendido el proyecto de Europa. Y ahora explica pedagógicamente y en un ritmo lento, buscado a propósito, cuáles son los graves e importantes problemas que Europa tiene planteados en este momento.(???)

    A uno se le ocurre pensar que Felipe González hubiera sido un gran presidente de la Comisión Europea, y ciertamente el libro no nos aclara si no lo fue porque no quiso o porque no le dejaron. Pero para Felipe González como para muchos presidentes europeos de largo mandato, Europa era el escenario en el que se sentían apasionados; era el campo en el que podían superar las limitaciones prosaicas de la política ordinaria para trasladar su ambición intelectual de construir un proyecto nuevo como el de la unidad europea.(???)

    Seguramente, en este campo, se produce entre el lector y los autores del libro una comunión más viva que cuando el pasado es el tema que les ocupa. Aquí el lector querría opinar, interferir en el diálogo, discrepar o apoyar a uno u otro autor. Ayuda a esto el hecho de que los propios autores, en este tema, se manifiestan más discrepantes, con visiones diferentes de Europa y su pluralismo. Y este debate resulta apasionante porque aquí claramente la apuesta es de futuro y se describe en Europa el potencial de entusiasmo que a veces la fría realidad burocrática de Bruselas no permite vislumbrar.(???)

    Es a caballo de Europa como Felipe González y Juan Luis Cebrián se introducen en el campo de la revolución tecnológica y la globalización. Aquí, ambos se demuestran conocedores de esta problemática. Se jalean el uno al otro, se estimulan y sus manifestaciones son menos respetadas por el otro. Se interrumpen, cambian rápidamente de temas, se entusiasman, para terminar casi secamente y de repente algunos de los puntos que han estado examinando, como si la riqueza de los mismos les impidiera acotar en un poco espacio de tiempo todo cuanto querrían exponer.(???)

    SERÁ UN LIBRO PARA LA POLÉMICA. Y A SUS AUTORES LES VA A APORTAR MÁS DE UN QUEBRADERO DE CABEZA.

    EN ESTE PAÍS, OPINAR LIBREMENTE ES MUY ARRIESGADO.

    Y CUANDO LA OPINIÓN ADEMÁS PUEDE SER INTERPRETADA SESGADAMENTE, CASI SIEMPRE LO ES.

    Y SI ADEMÁS DETRÁS DE LOS AUTORES EXISTE LA SOSPECHA DE QUE SU LIBRO PUEDE SERVIR PARA UNA REAPARICIÓN, MÁS PROTAGONISTA EN LA VIDA PÚBLICA, SUS PALABRAS SERÁN DISECCIONADAS CON RIGOR Y AVARICIA. (???)

    Pero esto es un riesgo que seguro que tanto Felipe González como Juan Luis Cebrián han aceptado, cuando lo que tenían ganas era pura y simplemente de decir lo que querían decir; sin cortapisas, sin frenos, sin prejuicios. (???)

    Es de agradecer este coraje, en un momento en el que el pensamiento político en España aparece bastante huérfano de ideas y, por otra parte, ésta es una obligación que cabe atribuir a un ex presidente del Gobierno: no estará ‘actuante’ pero se le quiere tener como ‘pensante’. Incluso para criticarlo o para no compartir sus ideas, pero es bueno que los hombres que han asumido importantes responsabilidades de gobierno de un país no abandonen su compromiso de constituirse en un referente ideológico del mismo.(???)

    Ellos pasaron un fin de semana fantástico en El Obispo; sus lectores, más modestos, podrán pasar un buen fin de semana leyéndoles en su casa.

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    • Estimados Elisa de la Nuez y amigos del blog hay derecho, espero que les guste y opinen si estan a favor o en contra del recurso de nulidad del Juez Baltasar Garzón contra la Sentencia de “escuchas” , suscrito por Jose Luis Fuertes, Abogado del Estado, como Elisa, Soraya Saenz, Dolores de Cospedal, Silva de la Puerta y resto del escalafón en cuestión desde 19788 a 2012 por cumplir y hacer cuimplir el requisito juramentado franquista esencial del art.30.1.e DLFCE 315/1964 y su derivado peiorativo del art.56.1.c.d EBEP 7/2007 de acceso a todo empleo publico de la AGE que vicia de nulidad radical insubsanable todas las oposiciones y nombramientos al exigir

      “NO HABER SIDO SEPARADO DEL SERVICIO, NI DESPEDIDO, NI ESTAR INHABILITADO….”

      y que transforma la pena de 11 de inhabilitacion como juez que conlleva la separación del servicio no perpetua al tener rehabilitacion como juez, y la perpetua al no tener rehabilitación como docente, policia, abogado del estado, lo cual cuestiona el MANUAL DE DERECHO SANCIONADOR DE LOS ABOGADOS DEL ESTAD “FUENTES BARDAJI” , toda vez que los aspirantes separados de servicio no son excluidos en las oposiciones de jueces y fiscales según art.303 LOPJ y 44 EOMF pero si lo son en las de abogados del estado, docentes,…..violando las STC 4/1981 y 37/2002

      http://www.pensamientopenal.org.ar/?p=1745

      No les parece raro que el delito de prevaricacion no produzca ningun daño, hasta el punto de no fijar responsabilidad civil ni patrimonial del Juez garzón , del CGPJ, de su Mutua,….y de no ahber sido llamada la Abogacia del estado a juicio.?

      No les parece raro que al testigo letrado acusador Sr.Pelaez la sala 2ª TS en cuestion le permitiera estar presente en la primera sesion del juicio, interviniendo en las cuestiones previas, y en el interrogatorio del acusado Juez garzón, antes de haber declarado como testigo, resultando prevenido en fraude del art.704 Lecrim que obliga a la Sala a incomunicar a los testigos hasta que declaren.?

  4. Muchas gracias, Elisa. En efecto, el análisis de Rodrigo Tena me ha parecido realmente magistral.
    Me alegra que compartamos el gusto por la célebre novela de Dumas. Aunque ninguna versión cinematográfica llega a captar en su integridad el espíritu de la novela, si puedes echa un vistazo a la adaptación que en 1961 realizó Claude Aunt-Lara y protagonizada por Louis Jourdan en el papel de Dantés

  5. Hasta ahora el año 2012 era el AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812 (que ordenaba separar de servicio a perpetuidad y confiscar sus bienes con perdida de nacionalidad al ciudadano o juez que se negase o fuese reticente a jurar la Constitución) .

    Asimismo 2012 en Salamanca era el AÑO UNAMUNO (el rector separado de servicio a perpetuidad por disentir de los abusos franquistas y espetar su “VENCEREIS PERO NO CONVENCEREIS” al fundador de la Legión MILLAN ASTRAY ).

    Asimismo hasta ahora el 23 F era el día del GOLPE DE ESTADO MILITAR de 1981, que paró la REHABILITACION DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO, y que demoró la publicación de las primeras Sentencias del TC en el BOE al día 24-2-1981 como la STC 4/1981 de 4 de febrero que prohibía prorrogar las leyes franquistas de depuración juramentada de funcionarios franquistas con penas y sanciones perpetuas de inhabilitación y separación de servicio según el art.30.1.e DLFCE 315/1964 de “NO HABER SIDO SEPARADO DEL SERVICIO NI ESTAR INHABILITADO….” por ser la separación la sancion-estigma típica de los TRIBUNALES DE HONOR y carecer de rehabilitación y reinserción violando el art.23,25 y 26 de la Constitución y los art.303 LOPJ y 44 EOMF

    Estos 2 articulos no exigen ese REQUISITO ESENCIAL DE FUNCIONARIO LEAL FRANQUISTA pues permiten a los separados de servicio a perpetuidad acceder a las oposiciones de Jueces y Fiscales pero no a las de Abogados del Estado, Notarios . Inspectores de Hacienda, de TSS, Docentes, Catedraticos, Registradores,…Policias, juridicos Militares…. resultando viciadas de nulidad radical insubsanable desde 1978 a 2012 todas esas oposiciones y nombramientos en todas las AAPP , como gran secreto de la Transición Intransitiva.

    Este gran secreto de PROOROGA DEL FRANQUISMO SANCIONADOR Y PENAL PERPETUOS fué ocultado por todas las AAPP y Tribunales ,y fué destripado

    (para cabreo general de los 4 Poderes del Estado que habían practicado esa depuración totalitaria exterminadora de toda disidencia sin arrepentimiento alguno ni RESPONSABILIDAD CIVIL NI PATRIMONIAL DE LOS VICTIMARIOS Y DEL ESTADO MAL GOBERNANTE, MAL LEGISLADOR , MAL JUZGADOR Y MAL CONSULTIVO)

    emulando al “esclavo liberto que denunció las FORMULAS MAGISTRALES DE ROMA , por el bendito Juez Garzón en su bendita Providencia de 25-9-2008 y bendita Diligencia

    (CLAVE DE SU PROCESAMIENTO, SUSPENSION, INHABILITACION Y EXPULSION DESPROPORCIONADAS EN FALSO EN 3 CAUSAS-BOMBA-RACIMO “MEMORIA-CURSOS-ESCUCHAS”)

    requiriendo a la Vicepresidencia de Gobierno la LISTA-CENSO Y CIRCUNSTANCIAS DE LOS SEPARADOS DEL SERVICIO, DESAPARECIDOS, FUSILADOS, EXILIADOS, TORTURADOS, ACOSADOS, LINCHADOS, RAPADOS, QUEMADOS, SEPULTADOS, EXTERMINADOS……DURANTE Y DESPUES DE LA GUERRA Y CON MOTIVO DE ESTA,

    (PORQUE SE DESCUBRIÓ QUE PARA QUE NO COBRASEN PENSION LOS FAMILIARES A LOS DESAPARECIDOS SE LES SEPARABA DE SERVICIO PERVERSAMENTE)

    LO CUAL ABARCA DESDE 1931 A 2012, SIN QUE QUEPA PRESCRIPCION ALGUNA POR LEY PRECONSTITUCIONAL DE IMPUNIDAD DE 1939, O DE OLVIDO DE 1969 O DE AMNISTIA DE 1977, O DE MEMORIA 2007 (DE LA VICEPRESIDENTA F.DE LA VEGA) PORQUE SE SIGUE EXIGIENDO ESE REQUISITO ESENCIAL DE LEALTAD FRANQUISTA Y MUERTE CIVIL EN TODAS LAS OPOSICIONES PRECITADAS DESDE 1978 A 2012,

    pese a que la STC 37/2002 (VIVES) vuelve a prohibir a los jueces y AAPP que prorroguen las leyes depuradoras franquistas, exige que las inapliquen si están seguros de su inconstitucionalidad , y que apliquen la Constititución directamente, y si dudan de su constitucionalidad y/ o son posteriores a la Constitución, suspendan el proceso, tomen medidas cautelares en favor de las victimas y las cuestionen ante el TC o el TJUE, por ser COLEGISLADORES NEGATIVOS , NO POSITIVOS como las Cortes y Parlamentos, y no invadan sus competencias como se les permitía hacer en el estado Franquista Totalitario en que la palabra del Caudillo era ley y los jueces podían interpretarla y cubrir sus lagunas y oceanos con CONSTRUCCIONES JURISPRUDENCIALES , que desgraciadamente se siguen haciendo manteniendose vigentes una MARAÑA DE LEYES Y APLICACIONES CONTRADICTORIAS como la Ley General Penitenciaria sobre ESCUCHAS, que los fiscales y el propio TS y el TC y el Juez Garzón las aplicaron con autorizacion judicial y para prevenir otros delitos además de los supuestos de terrorismo

    toda vez que el art.577 CP del epigrafe de TERRORISMO, incluye otros delitos en caso de subversion del orden constitucional y alteracion de la paz publica como daños , amenazas a colectivos profesionales como jueces, funcionarios
    ….victimas en su caso de DELITOS DE CORRUPCION DE PARTIDOS Y
    BLANQUEO DE CAPITALES EN ELECCIONES PARA PERPETUARSE EN EL PODER

    Artículo 577.

    Los que, sin pertenecer a organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales secuestros amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560 o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior.

    2012: AÑO DEL JUEZ GARZON

    BENDITO SEA EL 23 F 2012, DIA Y AÑO DEL GOLPE BOOMERANG DEL ESTADO DE DERECHO TORCIDO (DDT) CONTRA EL JUEZ GARZON , PARA REGENERARLO EN ESTADO DE DERECHO DERECHO (DDD) , y en el que todo el mundo podra conocer la DESPROPORCION DE LA PENA DE INHABILITACION TEMPORAL DE 11 AÑOS DEL CP ,QUE SUPONE LA SEPARACION DEL JUEZ PERPETUA POR LOPJ Y POR EBEP SIN POSIBILIDAD DE REHABILITACION NI DE REINSERCION EN TODAS LAS AAPP POR LEYES FRANQUISTAS QUE SE MANTIENEN ATADAS Y BIEN ATADAS DESDE 1978 A 2012

    ESTA DESPROPORCION PENAL SANCIONADORA E IMPIA (QUE PERSIGUE AL INOCENTE Y PREMIA AL CULPABLE INICUAMENTE ) INVALIDA LA SANCION Y LA PENA Y LA SENTENCIA DEL TS SEGUN LA STC DE LA MESA DE HERRI BATASUNA DE APOLOGIA DEL TERRORISMO POR VIDEO ELECTORAL CUYA STS FUE ANULADA CON ABSOLUCION DE LA MESA SIN NUEVO JUICIO.

    ESPERAMOS QUE LOS FISCALES QUE NEGARON LA EXISTENCIA DE DELITO
    EN LAS 3 CAUSAS RACIMO SEAN APOYADOS POR EL FGE TORRES DULCE Y RECURRAN LA STS EN INCIDENTE DE NULIDAD PREVIO AL AMPARO, MAXIME SI LOS JUZGADORES MTS MARCHENA Y VARELA ESTAN CUESTIONADOS Y RECUSADOS POR EL JUEZ GARZON Y/O LOS FISCALES POR SER INSTRUCTORES DE LOS CASOS CURSOS Y MEMORIA EN QUE ACUSAN DE DELITOS, INCLUSO PRESCRITOS, AL JUEZ GARZON, LO CUAL ES CAUSA OCULTADA Y SOBREVENIDA DE ABSTENCION Y DE RECUSACION CONTINUADA.

    LA STS DE 11 AÑOS DE INHABILITACION ES NULA ADEMAS PORQUE SE DEJA INAUDITA PARTE A LA ABOGACIA DEL ESTADO RESPONSABLE CIVIL Y PATRIMONIAL DE LOS DAÑOS DE LAS ESCUCHAS A LAS VICTIMAS (QUE SERIA EL CGPJ Y QUIENES PERMITIERON LAS ESCUCHAS, LOS CURSOS, Y LAS ACTUACIONES DEL JUEZ EN LAS 3 CAUSAS-RACIMO ),

    Y ADEMAS ES NULA PORQUE SE DEJÖ PRESENCIAR LAS CUESTIONES PREVIAS Y EL INTERROGATORIO DEL ACUSADO AL LETRADO ACUSADOR QUE ERA VICTIMA Y TESTIGO A INCOMUNICAR POR ART.704 LECRIM.

    SI HUBIERA COMPARECIDO LA ABOGACIA DEL ESTADO EN LOS 3 JUICIOS-RACIMO CONTRA EL JUEZ GARZON, SE HUBIERA DESTRIPADO QUE TODAS LAS OPOSICIONES DE ABOGADOS DEL ESTADO, SUS NOMBRAMIENTOS Y SU MANUAL DE DERECHO SANCIONADOR “FUENTES BARDAJÏ” SON ANTICONSTITUCIONALES Y NULOS PORQUE IMPONEN SANCIONES PERPETUAS DE SEPARACION DE SERVICIO Y EXCLUYEN A PERPETUIDAD AL SEPARADO SIN POSIBILIDAD DE REHABILITACION BAJO JURAMENTO FRANQUISTA DE “NO HABER SIDO SEPARADO DE SERVICIO” QUE CONVIERTE LA INHABILITACION TEMPORAL EN INHABILITACION PERPETUA POR SEPARACION DEL SERVICIO AUTOMATICA Y EXCLUSION DE TODO EMPLEO,DESEMPLEO,PENSION DE JUBILACION Y FOGASA A PERPETUIDAD
    SEGUN LOS INFORMES “LAVILLA” Y “SILVA” DEL CONSEJO DE ESTADO QUE DENUNCIAN LA INAPLICACION DEL DERECHO EUROPEO EN LAS AAPP

    • Vayamos por partes.
      1.- Respecto a las opiniones sobre la sentencia. Estoy de acuerdo en una cosa, y es que quizá el Tribunal Supremo ha deslizado en la sentencia frases innecesarias que, si disculpables o comprensibles en el calor de una discusión privada, quizá no lo sean tanto en una resolución judicial, aunque tampoco me parece un exceso equiparable a los que se cometen desde los otros dos poderes del estado. También estoy de acuerdo con una cosa (y recojo el guante del defensor fáctico de Garzón, don Luis Navajas, Fiscal del Tribunal Supremo) y es que faltaba sentar en el banquillo de los acusados a algunos integrantes del Ministerio Público. Pero ello me lleva a otra reflexión más amplia la que quizá algún día dedique algún post: se han sentado en el banquillo o impuesto sanciones disciplinarias a Magistrados, Jueces y Secretarios Judiciales; pero me gustaría saber no ya cuándo se ha sentado en el banquillo a un integrante del Ministerio Público, sino cuantos expedientes disciplinarios se han abierto contra integrantes del Cuerpo de Fiscales, en determinados casos tanto o más culpables que los propios jueces. Pero cualquiera que se dedique al derecho sabe que el trato entre jueces de instrucción y fiscales suele ser tan cercano, estrecho y habitual que……..bueno, creo ocioso continuar la frase. Respecto a la última frase de Azparren, la atribuyo a su amistad con Garzón (y, en este caso hago mías las palabras que uno de los letrados de la acusación contra Aaron Burr dirigió frente a uno de los letrados defensores de éste allá en el lejano 1807: dada la amistad entre ambos, en nombre de la amistad todo es disculpable), pero decir que Garzón ha dado la mejor imagen a la democracia española es como decir que la mejor imagen del imperio romano la ofrece Calígula y no Augusto.
      2.- En relación a la defensa que de Garzón realizan determinados miembros del sector cinematográfico, ni me sorprende ni me preocupa. En este país existe libertad de expresión y cada cual es libre de manifestar sus posiciones con total libertad siempre y cuando las mismas se realicen dentro del respeto a quienes sostengan lo contrario; ahora bien, como muy acertadamente dice Azparren, muchos de quienes defienden a Garzón no se han asomado ni al encabezamiento de la sentencia, y se mueven simplemente por la consigna “Garzón es de los nuestros”.

      • LA FAMILIA DE CLARIN Y LAS LISTAS DEL JUEZ GARZON, DE VICTIMAS OLVIDADAS DE LA MEMORIA : NULIDAD DE LAS 3 CAUSAS POR PARCIALIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DE MAGISTRADOS SALA 2ª Y DEL 61 TS, TC, Y VOCALES CGPJ, INTERVINIENTES SIENDO FAMILIARES DE VICTIMAS

        LA FAMILIA DE CLARIN Y LAS LISTAS DEL JUEZ GARZON, DE VICTIMAS OLVIDADAS DE LA MEMORIA : NULIDAD DE LAS 3 CAUSAS POR PARCIALIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DE MAGISTRADOS SALA 2ª Y DEL 61 TS, TC, Y VOCALES CGPJ, INTERVINIENTES SIENDO FAMILIARES DE VICTIMAS

        Monsieur de Villefort : le ruego que opine sobre estas dos noticias

        1-INTERROGANTES DE RECENSION DE LA PRESENTE NOTA DE 22-2-2012 SOBRE LA NULIDAD DE ACTUACIONES SOLICITADA POR BALTASAR GARZON ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

        Baltasar Garzón ha solicitado hoy 22 de febrero del 2012 ante el Tribunal Supremo, la nulidad de actuaciones de la sentencia que le ha condenado por el caso Gürtel, lo que es un requisito previo necesario para presentar luego un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

        Baltasar Garzón, que ha encomendado esta actuación y su defensa constitucional al despacho AMPARO LEGAL,
        (????, es el abogado del estado en excedencia Jose Luis Fuertes. Recordemos que la Abogacía del Estado como representante del mismo y sus 4 Poderes responsables civiles y patrimoniales de los daños derivados del delito de prevaricación de un juez , el CGPJ y su mutua de responsabilidad civil son las grandes ausentes del juicio , cuya sentencia NO FIJA RESPONSABILIDAD CIVIL AL JUEZ, NI AL CGPJ NI A SU MUTUA, por lo cual el juicio es nulo al no haber sido oida ni llamada a juicio la Abogacia del Estado responsable civil principal o subsidiario, ni los Colegios de Abogados, ni las Asociaciones de Jueces y Fiscales, ni el CGPJ, ni el Ministerio de Justicia, especialmente si la Fiscalia no acusa y es defensor del acusado, por lo cual la ley procesal debería ser cambiada por estetica de la igualdad de brazos y armas del Tribunal, en el sentido de que la Fiiscalia debería sentarse junto al acusado, no enfrente junto a los acusadores)

        experto en garantías constitucionales, derecho penal y derechos fundamentales, entiende en esta demanda que la sentencia del Tribunal Supremo ha violado de forma muy grave (???) varios de los derechos fundamentales(???) que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial, que la misma reconoce y protege.(???)

        En la demanda de nulidad, Baltasar Garzón sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente errónea,(????) en cuanto se le condena por una acción que no se encuentra tipificada como delito en las leyes (????); que además se funda en una interpretación (????) de las normas penales que supone una desnaturalización absoluta del Código Penal (????), con grave quebranto de la seguridad jurídica (????) y que incluso la sentencia del TS desconoce (???) el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales del mismo y que, en definitiva, ha construido “a la medida” (????) el delito de prevaricación por el que se le ha condenado,(???) y que supone la puerta abierta (???) a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria (???) de cualquier Juez con el Juez Instructor y luego con la Sala sentenciadora, y desnaturaliza (???) por completo la excepcional figura de la prevaricación en nuestro ordenamiento jurídico.(???)

        También sostiene firmemente en su demanda que la sentencia es arbitraria,(???) irrazonable (???) y manifiestamente injusta (???) , y dictada “extra legem” (???), como exige el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 (???) de la Constitución Española, ya que incurre en contradicciones internas insalvables,(???) y está impregnada sustancialmente de un decisionismo (???) puramente (???) subjetivo (???) . Y también que el Tribunal ha partido previamente de un designio incriminador en relación con él (???’) , vulnerando la exigencia de imparcialidad (???) subjetiva (???’) y objetiva (???) exigible a todo órgano jurisdiccional (???), habiendo prejuzgado(????) la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio (???) , ya que de la lectura de la sentencia parece (???) que incluso no se ha celebrado prácticamente juicio alguno (????) o que éste ha sido por completo irrelevante (???) para la Sentencia, que sigue literalmente el criterio de los Autos de Juez instructor, (???)

        Y por último, defiende que la sentencia vulnera la independencia judicial (???) recogida en el art. 117.1 y 2 de la CE,(???) que es en sí misma una garantía institucional fundamental para todos los ciudadanos, cuya vulneración lesiona indirectamente el art. 24.1 de la CE,(???) ya que la sentencia supone la criminalización (???) de la posición jurídica contraria (???) a la del Tribunal superior al suponer la negación (????) de sus legítimas facultades de apreciación judicial de las pruebas (???) y de interpretación de la leyes (???) en el proceso de instrucción penal en ausencia de la interpositio legislatoris (???) , lo que se realiza no a través del legítimo cauce del sistema de recursos, sino a través de la indebida criminalización de su conducta (???) , con expulsión incluso de la carrera judicial (????) , lo que supone la negación flagrante del núcleo básico de la independencia judicial. (???)

        En la práctica, la inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas por los Tribunales,(???) por lo que Baltasar Garzón si esto ocurre en este caso como es previsible (???) , presentará inmediatamente la demanda de amparo constitucional de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, (???) denunciando estas vulneraciones constitucionales.(???)

        Madrid 22 de febrero de 2012

        2-EL JUEZ GARZÓN Y LOS 75 AÑOS DEL ASESINATO DEL HIJO DE CLARIN

        ( sobre el rector ALAS fusilado por los franquistas sublevados, que como fusilado debe figurar en la lista GARZON de fusilados, separados del servicio, desaparecidos…..1931-2012 . Según la emocionante nota su hija CRISTINA perdonó a los verdugos de su padre )

        http://www.diariodelaire.com/2012/02/los-75-anos-del-asesinato-del-hijo-de.html

        Considera Vd. que los familiares vivos del rector ALAS, o de culaquier otro fusilado, separado, desaparecido…..de la lista “GARZON”, en el hipotetico caso de que fueran miembros del CGPJ o de la Sala 2ª y del 61 del TS, deberían abstenerse de conocer, instruir, admitir y juzgar la Causa de la “MEMORIA” (y siguientes) abiertas contra el Juez Garzón acusado penalmente entre otros hechos por haber ordenado por Providencia 25-9-2008 hacer la LISTA DE SEPARADOS DEL SERVICIO, DESAPARECIDOS, FUSILADOS, EXILIADOS 1931 A 2012 , si además podrían y deberían ser llamados como testigos de descargo del juez garzon , procesado y condenado por ser el único que les dió justicia?

        Si se comprobase que dichos Magistrados en cuestión, no se habían abstenido debiendo ser recusados por el Fiscal, la Abogacia del Estado, y las Partes Acusadoras, Acusadas y Responsables como el CGPJ, Asociaciones de Jueces y Fiscales, Colegios de Abogados, ¿considera Vd. querido Monsieur de Villefort que todo lo actuado por dichos MAGISTRADOS -que debiendo comparecer como familiares de victimas y testigos, en la Causa MEMORIA comparecieron siempre como Juzgadores en las 3 Causas- sería nulo radical insubsanable y que el Juez Garzón debería ser rehabilitado e indemnizado de inmediato ?

        ¿considera Vd. que el mero hecho de abrir 3 causas distintas a la vez, alterar su orden de tramitación , forzando al juez acusado a contratar a 4 bufetes para no colapsarlos, es motivo legal de parcialidad de la Sala ?

    • El pasado 29 de octubre de 2011 se cumplió el 75 aniversario del asesinato de Ramiro de Maeztu, uno de los titanes de la generación del 98, que fue sacado de la carcel madrileña para ser vilmente asesinado por los “defensores de la legalidad republicana”. En noviembre de 2011 se cumplió también el 75 asesinato del dramaturgo don Pedro Muñoz Seca, asesinado en las matanzas de Paracuellos, cuyo principal ejecutor campa por sus anchar beneficiado por la amnistía publicada en el BOE el 1 de abril de 1969. Se cumplió también el 75 aniversario del asesinato de Honorio Maura, hijo de Antonio Maura y hermano de Miguel y Gabriel Maura. También se cumplió el 75 aniversario del asesinato de Víctor Pradera (el abuelo de Javier Pradera), correligionario de Ramiro de Maeztu y colaborador de Acción Española, con el agravante de que en esta ocasión a la pérdida de don Víctor se añadió la de su hijo, cuyo único delito fue el ser hijo de su padre. En agosto de 2011 se cumplió igualmente el 75 aniversario del asesinato del abogado asturiano Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista, caído en la masacre operada en la cárcel modelo de Madrid. Manuel Azaña, que se inició políticamente en el Partido Reformista de la mano de don Melquíades, gritaba enloquecido el nombre de su antiguo jefe al enterarse de su muerte. Don Baltasar Garzón se negó a investigar esos asesinatos por considerarlos prescritos.
      Si nos ponemos a sacar los cadávedes de la historia, los sacamos todos.

      • A BUEN JUEZ GARZON, MEJORES TESTIGOS FAMILIARES DE VICTIMAS DE TODOS LOS BANDOS CUESTIONADOS COMO JUECES Y PARTES CONTAMINADAS

        A BUEN JUEZ GARZON, MEJORES TESTIGOS FAMILIARES DE VICTIMAS DE TODOS LOS BANDOS CUESTIONADOS COMO JUECES Y PARTES CONTAMINADOS

        (POR EJEMPLO EL RECTOR ALAS Y SUS NIETOS LEOPOLDO Y CRISTINA TOLIVAR ALAS ,Y LOS HERMANOS TOLIVAR SECADES Y SUS SOBRINOS ADOLFO Y VICTORIA PREGO DE OLIVER TOLIVAR PARA DECLARAR NULO TODO LO ACTUADO POR EL MTS ADOLFO PREGO Y RESTO DE MTS DE LA SALA 2ª Y DEL 61 TS FAMILIARES DE VICTIMAS EN LOS 3 JUICIOS “MEMORIA-CURSOS-ESCUCHAS” INICIADOS CONTRA EL JUEZ GARZON POR RECLAMAR A LA VICEPRESIDENCIA DE GOBIERNO POR PROVIDENCIA 25-9-2008 LA LISTA DE SEPARADOS DE SERVICIO, DESAPARECIDOS, FUSILADOS, .. VIVOS Y MUERTOS .DE TODOS LOS BANDOS Y GOBIERNOS 1931-2012 QUE CUESTIONA LAS LEYES DEPURADORAS DE AMNISTIA 1939, 1969, 1977 MEMORIA Y EBEP 2007)

        http://www.lavozdeasturias.es/asturias/oviedo/padres-educaron-cultura-perdon_0_647935233.html

        A la grandeza histórica de las declaraciones de perdón de la familia (Tolivar Alas) de una victima (el rector ALAS fusilado por victimarios franquistas) habría que añadir las noticias sobre las esquelas de perdón de otra rama de la familia (Prego de Oliver Tolivar) por otras victimas ( los hermanos TOLIVAR SECADES, fusilados por victimarios milicianos),cuyos respectivos nietos los hermanos Leopoldo y Cristina Tolivar Alas y sobrinos Adolfo y Victoria Prego de Oliver Tolivar debieron ser llamados por el Fiscal como testigos de descargo y de las recusaciones del Juez Garzon perseguido en 3 juicios nulos al deber abstenerse o ser recusado el MTS Adolfo PREGO De OLIVER TOLIVAR y resto de MTS de las Salas 2ª y del 61 TS que fuesen familiares de victimas objeto de la LISTA “GARZON” DE SEPARADOS, DESAPARECIDOS, FUSILADOS, EXILIADOS, AUSENTES,…..

        Fuente: Alertas al Fiscal General : BLOG JUSTICIA IMPARCIAL

        http://justiciaimparcial.blogspot.com/2012/02/lo-que-nadie-le-puede-quitar-garzon.html?showComment=1329621264487#c8420484528641606301

        ALERTA(7) AL FGE TORRES DULCE Y SU EQUIPO DE FISCALES,

        DE NULIDAD EN CASCADA DE TODO LO ACTUADO EN LAS 3 CAUSAS-RACIMO “MEMORIA-CURSOS-ESCUCHAS” POR MAGISTRADOS CONTAMINADOS EN LA LLAMADA “GUERRA DE ESQUELAS DE MARTIRES Y VERDUGOS DE LA GUERRA CIVIL” DE EL MUNDO

        1-JUEZ Y PARTE AFECTADA POR LAS ESQUELAS DE EL MUNDO (HERMANA SUBDIRECTORA). PARA ARCHIVAR LAS 3 CAUSAS DE GOLPE INICIAL AMBOS DEBERIAN HABER SIDO LLAMADOS COMO TESTIGOS EN LA CAUSA “MEMORIA” Y EN SUS INCIDENTES DE RECUSACION Y NULIDAD

        FUENTE

        http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Prego

        http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Prego

        Actuación en relación a la Ley de Memoria Histórica

        Prego firmó el Manifiesto por la verdad histórica (5) cuando se aprobó la Ley de Memoria, sumando su rúbrica a las de César Vidal, Federico Jiménez Losantos y Pío Moa.Varios juristas(6) consideran que firmar un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica —a la que acusa de pretender “que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia”— compromete la imparcialidad de este magistrado a la hora de decidir sobre cuestiones relacionadas con esta ley, teniendo en cuenta su condición de patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Aunque los jueces tienen la misma libertad de expresión que cualquier otro ciudadano, la actuación de Prego ha sido considerada como problemática al haber rubricado éste el manifiesto como magistrado del Tribunal Supremo pese a que en ese momento era vocal del Consejo General del Poder Judicial.(7)

        Actuación en relación al Caso Garzón

        En mayo del 2009 el magistrado Prego firmó como ponente la admisión a trámite de la querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de los crímenes de Franco. El papel de Prego en este caso fue polémico porque él es patrono de una fundación próxima a la Fundación Manos Limpias, la Denaes, presidida por un cargo del Partido Popular,(8) y porque la posición pública de Prego en relación a la Ley de Memoria da indicios de su posible falta de neutralidad.(9)

        ver además

        http://www.publico.es/espana/233779/el-juez-prego-alabo-el-alzamiento-de-franco-en-publico

        19 de febrero de 2012 04:14

        http://justiciaimparcial.blogspot.com/2012/02/lo-que-nadie-le-puede-quitar-garzon.html?showComment=1329622378607#c7308792328718019483

        ALERTA(8) AL FGE TORRES DULCE Y SU EQUIPO DE FISCALES, DE NULIDAD EN CASCADA DE TODO LO ACTUADO EN LAS 3CAUSAS-RACIMO “MEMORIA-CURSOS-ESCUCHAS” POR MAGISTRADOS CONTAMINADOS EN LA “GUERRA DE ESQUELAS DE MARTIRES Y VERDUGOS DE LA GUERRA CIVIL” DE EL MUNDO

        2-NOTICIAS DE ESQUELAS DE MARTIRES Y VERDUGOS

        FUENTE

        “Jóvenes mártires de ayer y de hoy”

        http://www.e-libertadreligiosa.net
        /fundamentos/27-vidapublicacreyentes/36-jovenes-martires-de-ayer-y-de-hoy.html

        “El sábado pasado, nueve de septiembre, entre las habituales esquelas de El Mundo,una me sorprendió de manera impresionante
        .El motivo y la manera cómo estaba redactada, haciendo memoria histórica hace setenta años, me parece un relato aplicable a situaciones actuales.

        El texto decía: Alfonso TOLIVAR Secades de 19 años, estudiante de Derecho, Francisco TOLIVAR Secades de 21 años,estudiante de Medicina, asesinados por milicianos del Frente Popular el 9 de septiembre de 1936, en la cuneta de la carretera de El Pardo (km. 10), después de haber sido torturados durante doce días en la cheka de la calle San Bernardo nº 72 (Madrid), controlada por el Partido Comunista. Su hermana y familiares rinden homenaje a su memoria y ruegan una oración por sus almas. Y por la de sus verdugos.

        El heroísmo de estos jóvenes mártires se vive hoy también en algunos lugares del mundo donde los ciudadanos no gozan de libertad ideológica y religiosa. En nuestro país felizmente nada nos hace pensar en volver a aquella crueldad. Pero también hoy la opción vital de muchos jóvenes, como Alfonso y Francisco, es igualmente heroica. Me refiero al testimonio de aquellos que, en las circunstancias actuales, saben que reman contra corriente, que son ridiculizados, vejados, discriminados, víctimas de las burlas y del desprecio de algunas instituciones y de los milicianos de las nuevas chekas, atrincheradas en medios de comunicación, sindicatos, agrupaciones de artistas y partidos políticos.

        3-Esquela de esclarecedora de parentescos ABC

        FUENTE

        http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1970/07/02/093.html

        4- NOTICIA DE ESQUELA

        FUENTE

        http://soyunperrocallejero.blogspot.com/2006/09/galiza-como-chove-miudio-como-miudio.html

        Hace 70 años disse…

        Don Francisco Picon Fernandez, asesinado por milicianos de la republica junto con otras personas el 9 septiembre de 1936 en los barrancos de Berja (Almeria), tras ser detenido en su domicilio de Valor (Granada), denunciado por militantes del frente popular de esta localidad (D.E.P.).

        Don Bienvenido Carrasco Hernandez- Abogado- Murió mártir por Dios y por España, vilmente asesinado por los milicianos republicanos el dia 9 de septiembre de 1936, en el termino municipal de Vicalvaro(DEP);

        Don Alfonso TOLIVAR Secades, de 19 años, estudiante de Derecho y don Fernando TOLIVAR Secades, de 21 años, estudiante de Medicina, asesinados por milicianos del Frente popular el 9 de septiembre de 1936, en la cuneta de la carretera de El Pardo(km. 10), despues de haber sido torturados durante doce dias en la cheka de la calle San Bernardo 72, Madrid, controlada por el partido comunista (DEP)

        19 de febrero de 2012 04:32

        http://justiciaimparcial.blogspot.com/2012/02/lo-que-nadie-le-puede-quitar-garzon.html?showComment=1329623128412#c5335775541783975704

        ALERTA(9) AL FGE TORRES DULCE Y SU EQUIPO DE FISCALES,DE NULIDAD EN CASCADA DE TODO LO ACTUADO EN LAS 3CAUSAS-RACIMO “MEMORIA-CURSOS-ESCUCHAS” POR MAGISTRADOS CONTAMINADOS EN LA “GUERRA DE ESQUELAS DE MARTIRES Y VERDUGOS DE LA GUERRA CIVIL” DE EL MUNDO

        5-“ESQUELAS”

        http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1646_12_168288__Opinion-Esquelas

        Casi todos los días aparece una esquela en el periódico madrileño “El Mundo” para recordar el 70 aniversario de asesinados por los “milicianos del Frente Popular” o “milicias republicanas”. Confieso que no me agradan estos recordatorios, ni siquiera como réplica a esa infausta iniciativa de la memoria histórica. ………
        De todos modos, me ha impresionado una de las esquelas en memoria de dos hermanos: Alfonso TOLIVAR Secades, de 19 años, estudiante de Derecho, y Fernando TOLIVAR Secades, de 21 años, estudiante de Medicina. Fueron asesinados por las milicias del Frente Popular el 9 de septiembre de 1936 en la cuneta de la Carretera de El Pardo (Madrid), después de permanecer doce días en la checa de la madrileña calle de San Bernardo, controlada por el Partido Comunista. Lo que me ha impactado es el comentario final que aparece en la esquela:

        “Su hermana y familiares rinden homenaje a su memoria y ruegan una oración por sus almas y por la de sus verdugos”.

        En esta petición no veo ningún atisbo de rencor, sino de reconciliación. No todo el mundo puede tener esta serenidad y hasta generosidad, tan profunda y genuinamente cristiana.

        El martirologio está plagado de cristianos que no sólo perdonaron, sino que rezaron incluso por sus verdugos instantes antes de ser ejecutados. La religiosa congoleña Clementina Anuarite dijo a su asesino, el 1 de diciembre de 1964: “Te perdono, Olombe, porque no sabes lo que haces”. Se trata del coronel Olombe, un simba que asesinó a Anuarite porque se negó a acostarse con él; la religiosa prefirió la muerte antes que romper su voto de castidad.

        Es incuestionable que, en el caso de la guerra civil española, ambos bandos asesinaron a muchos inocentes. Todos son repudiables. A unos les parecerá que fueron más execrables los crímenes inducidos por un gobierno democrático; a otros, los alentados por la dictadura, una vez concluida la guerra. Pero creo que la gran mayoría de los españoles habíamos emprendido la senda de la reconciliación durante la transición política, que dio paso a una Constitución pactada y a un régimen democrático. Al margen de creencias religiosas, ideologías y simpatías.

        La España moderna, tolerante y libre inició una nueva travesía histórica que nadie debería torpedear. Quienes lo hagan son unos irresponsables. Setenta años son muchos años. Es probable que más del 90 por ciento de la población española naciera después de 1936. Pero es seguro que la mayoría de los españoles se entusiasmaron con la nueva Constitución, aprobada el 6 de diciembre de 1978 por el 87,78 por ciento de los votantes.

        Han pasado casi 28 años. Lo que debe prevalecer no son ni rencores, ni esquelas, sino el sentido común de la concordia. Quizá sea la mejor manera de honrar a todos los muertos, a los que unía una identidad común: la de ser españoles.

        REFLEXION:

        Al haber intervenido como Juzgador este MTS u otro similar que tenga familiares mártires-victimas a censar en la LISTA DE GARZON de separados de servicio, desaparecidos, fusilados, torturados,.. por la cual la Sala 2ª TS procesó y suspendió al juez Garzón, todo lo actuado por dicho MTS cuestionado y que de repente pidió la excedencia, así como lo actuado por el CGPJ en cuestión, y por el resto de la Sala 2ª TS en cuestión por todo ello , es nulo radical insubsanable, afectando a las 3 Causas e Incidentes, debiendo ser rehabilitado el Juez Garzón de inmediato

        19 de febrero de 2012 04:45

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        LEOPOLDO TOLIVAR ALAS: «MIS PADRES NOS EDUCARON EN LA CULTURA DEL PERDÓN»

        Catedrático de Derecho Administrativo. Nieto del rector fusilado

        17/02/2012 00:00 / J. G. Caso / OVIEDO

        Sin pizca de rencor, pero sin negar la “decepción” que le provoca la ley de memoria histórica, el catedrático de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar Alas, recuerda en esta entrevista la figura de su abuelo, Leopoldo Alas Argüelles, cuyo recuerdo le transmitió su madre, quien junto a su marido, José Ramón Tolivar faes, educó a sus dos hijos, Leopoldo y Ana Cristina, en la cultura del perdón y el abandono de cualquier tipo de rencor hacía quienes asesinaron a su abuelo.

        ¿A qué achaca su detención y posterior ajusticiamiento?

        Era un cargo público identificado con la República, con la Institución Libre de Enseñanza y con tantos ideales denostados por la sublevación.

        Hay quien opina que pagó la inquina hacia Clarín que aún había en Oviedo, ¿eso se ajusta a la realidad?

        En parte sí. Tras su muerte, sin duda deliberada, están odios personales de la sociedad de Vetusta. Pero también envidias personales y extremismos ideológicos.

        ¿Y hasta qué punto pesaron sus cargos durante la II República?

        Además de ser uno de los padres de la Constitución de 1931, tuvo un papel muy destacado en la redacción de la ley de divorcio y también le tocó estar en el Ministerio cuando se acordó la disolución de los jesuitas. En fin, también le achacaron benevolencia hacia los revolucionarios que destruyeron la universidad o la Cámara Santa, cuando hay actas y actos que atestiguan sus juicios durísimos de reprobación de estos hechos.

        ¿Era alguien peligroso para los golpistas de Aranda?

        Se le detuvo unos diez días después del levantamiento. Permaneció en casa, porque no se sentía culpable de nada. Incluso parece que pudo recibir a un emisario para adherirse a los rebeldes que fue despedido sin contemplaciones.

        Su abuelo era republicano y católico.

        Alas Argüelles era creyente y había heredado la inquietud religiosa de su padre, pero no era católico. Su gesto final de recibir los sacramentos creo que tuvo una triple carga simbólica y emocional: desarmar a los que mataban en nombre de Dios, consolar a su mujer, que sí era practicante y agradecer a don Benjamín Ortiz, magistral de la catedral, la heroicidad con la que defendió su causa, arriesgando incluso su vida.

        ¿Su juicio fue una pantomima?

        Como tantos o casi todos los juicios que se celebran en las retaguardias. Se sabía de antemano cuál era el veredicto. A don Sabino Álvarez Gendín o al padre de Juan Velarde Fuertes, que hacen gestiones buscando clemencia, se les advierte, como a otros muchos, de que la petición es difícilmente atendible.

        Entre los argumentos de la acusación hay cuestiones tan peregrinas como haber asistido a un mitin de Azaña o los cargos que ocupó a la llegada de la II República.

        Sí; o una foto en un acto del Socorro Rojo, la presencia de la Pasionaria… Cosas intrascendentes en tiempo de paz, como una semana pedagógica en Llanes. Nos reiríamos si no hubiera sido un drama.

        No contentos con fusilar a su hijo, el monumento a Clarín también fue destruido en el 36.

        Sí, con poco tiempo de diferencia, primero le colocaron unas orejas de burro al busto de Clarín y luego se le metió una carga de dinamita.

        El silencio ha marcado en muchos casos a los hijos de las víctimas de la represión franquista, ¿Qué les contaba su madre de la figura de Leopoldo Alas Argüelles?

        Mis padres nos educaron en la cultura del PERDON (???), DEL ABANDONO DE TODO RENCOR (???), pero siempre RESPETANDO LA VERDAD Y PRESERVANDO LA MEMORIA. (?)

        Mi madre recordaba con ternura a su padre, como hombre muy recto y familiar y no supo con certeza que había sido fusilado hasta que regresó del exilio.

        ¿Qué opina de la memoria histórica?

        Tal como la concibe la Ley de 26 de diciembre de 2007, es una DECEPCION. Me quedo apenas con la declaración moral, sin efectos jurídicos, de ilegitimidad de los tribunales penales y los órganos administrativos sancionadores y la de sus resoluciones.(??? LAS SEPARACIONES DEL SERVICIO A PERPETUIDAD SUBSISTEN Y EXCLUYEN DE TODO EMPLEO PUBLICO A LOS SEPARADOS, INHABILITADOS Y DESPEDIDOS 1931-2012 AL MANTENERSE VIGENTES LAS LEYES DEPURADORAS FRANQUISTAS DE AMNISTIA 1939, 1969,1977 , FP 1964, MEMORIA Y EBEO 2007)
        La declaración de reparación es un papelín que no sirve para nada. (???)
        Todos sabemos que sucedieron atrocidades EN AMBOS BANDOS (???), pero esa certificación genérica, sin revisar juicio por juicio y responsabilizar a los juzgadores inicuos (??? AFECTA A TODOS LOS JUECES, FISCALES, ABOGADOS DEL ESTADO, CATEDRATICOS, POLICIAS,MILITARES,……. QUE APLICARON Y MANTUVIERON VIGENTES SIN CUESTIONARLAS DICHAS LEYES DEPURADORAS AANTERIORES Y POSTERIORES A LA CONSTITUCION IGNORANDO LAS STC 4/1981 y 37/2002 QUE LAS PROHIBEN MANTENER Y APLICAR Y OBLIGAN A CUESTIONARLAS ANTE EL TC Y TJUE, POR LO CUAL DICHOS JURISTAS Y SUS FAMILIARES Y AMIGOS INTIMOS O ENEMIGOS MANIFIESTOS CON PREJUICIOS NO PUEDEN SER JUECES Y PARTE DE LOS 3 JUICIOS CONTRA EL JUEZ GARZON ,NI ADMISORES, NI INSTRUCTORES NI JUZGADORES) a mí no me satisface en nada.

        ¿España sigue teniendo una deuda pendiente con las víctimas de la dictadura de Franco?

        La reforma política fue una bendición histórica pero al poner en pie de igualdad a vencedores y vencidos también se estaba igualando a los herederos de verdugos y víctimas, especialmente -porque en la contienda hubo igualmente muchos crímenes en el bando leal- en los años posteriores de represión. (???? pero los herederos de verdugos no pueden juzgar a los herederos de victimas y viceversa, pues estarían juzgando a sus progenitores)

        ¿Qué opina del proceso abierto a Baltasar Garzón por investigar el franquismo?

        Aún no disponemos de una resolución judicial. Prefiero esperar a conocerla antes de opinar, aunque es obvio que -cuestiones procesales al margen- HAY UNA PERSECUCION POLITICA DETRAS DE ALGUNAS DE LAS ACUSACIONES (???)

        La Universidad de Oviedo rindió homenaje a su abuelo en 2007, ¿En qué consistió el homenaje? ¿Compensó ese acto la conducta del claustro universitario en 1937 cuando nadie denunció su asesinato?

        Ya había habido otro acto en 1987, promovido por el Rector Marcos Vallaure. El de hace cinco años fue otro reconocimiento doméstico, pero muy emotivo, a un Rector largamente silenciado. Me quedo con la imagen de mi madre, profundamente conmovida.

        La ley de memoria histórica permite reparar la memoria de las víctimas del franquismo, ¿su familia ha solicitado esa reparación para la figura de su abuelo?

        Ya he dicho que la declaración de reparación es un documento intrascendente. Nuestro deseo -y el del anterior Gobierno del Principado- era que el Ejecutivo nacional, heredero histórico, aunque no ideológico, del que confirmó su condena, le expulsó del Rectorado (??? SEPARACION DEL SERVICIO A PERPETUIDAD) y le multó después de muerto, adoptara una decisión revocatoria específica. Como debiera ocurrir con los rectores de Granada y de Valencia y con tantas víctimas inocentes menos conocidas. Pero ni revisar la sentencia es posible.(???)

        Juan Antonio Cabezas en ‘Asturias: catorce meses de guerra civil’, reproduce las últimas palabras de su abuelo en el momento del fusilamiento: “Que esta sangre sea la última vertida. Que sirva para aplacar los odios y las venganzas. ¡Viva la libertad! ¿Qué siente cuando recuerda esas frases?

        Siento orgullo, lógicamente. Por desgracia no fue la última derramada. Y siento emoción al recordar cuando un día, casi cuarenta años después de esos hechos, me presenté a Juan Antonio Cabezas, quizá la última persona con la que habló mi abuelo en la calle antes de sublevarse Aranda. A los dos se nos humedecieron los ojos y el afecto familiar se mantiene muy vivo.

        La de su abuelo, ¿sigue siendo una memoria no recuperada? ¿Qué habría que hacer para solventar eso?

        Por ejemplo que el Gobierno, el que sea, deje de creer que esta restitución es solo una cuestión universitaria, como si los claustros tuvieran poder para ajusticiar o indultar a sus miembros.(???)

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        FLORES EN MEMORIA DEL BUEN RECTOR

        http://www.lavozdeasturias.es/asturias/Flores-memoria-buen-rector_0_649135157.html

        Sus familiares rinden homenaje a la figura de Leopoldo Alas Argüelles en el 75 aniversario de su fusilamiento
        19/02/2012 00:00 / Javier G. Caso

        Un sencillo centro de flores colocado ayer sobre la fría lápida de la tumba de Leopoldo Alas, Clarín, en el cementerio ovetense del Salvador. Con este sencillo gesto quisieron Ana Cristina y Leopoldo Tolivar Alas recordar la figura de su abuelo, el rector Leopoldo Alas Argüelles, hijo del autor de La Regenta , y que también reposa en esta misma sepultura junto a otros familiares. Mañana lunes se cumplirán 75 años de su fusilamiento en la cárcel de Oviedo tras ser sometido a un consejo de guerra que lo condenó a muerte. (???) Y sus descendientes volvieron a honrar ayer la memoria del buen rector.

        “Siempre venimos al cementerio en torno a la fecha del 20 de febrero”, recordó ayer en El Salvador Ana Cristina Tolivar, quien visitó la tumba de su abuelo en compañía de su esposo, el catedrático jubilado David Ruiz.

        Sin embargo en la sepultura, donada en su día a Clarín por el Ayuntamiento de Oviedo al haber sido miembro de su corporación, no hay nada que certifique que allí está también enterrado su hijo: Leopoldo Alas Argüelles. Su nombre no aparece.

        ¿Por qué? En estos momentos, casi con toda seguridad, a las malas condiciones de la tumba, una de las más antiguas del cementerio ovetense, lo que impediría esculpir los nombres de todos los miembros de la familia Alas allí enterrados sin dañar la lápida. Pero en un primer momento las razones debieron ser otras, como la penuria económica “extrema” de la viuda del rector (??? SEPARADO DEL SERVICIO A PERPETUIDAD PARA IMPEDIR SUREHABILITACION E INDEMNIZACION), Cristina Rodríguez, depurada, “suspendida de empleo y sueldo” por la dictadura , tal y como recordó ayer su nieta. En esa situación esculpir su nombre no podía ser una prioridad. Pero los restos mortales de Leopoldo Alas Argüelles no llegaron al Salvador hasta casi tres años después de su ejecución.

        Antes habría sido imposible. Durante la guerra el cementerio estaba en primera línea del frente de Oviedo. Por eso fue enterrado en un primer momento en el cementerio de San Pedro de los Arcos el 21 de febrero de 1937, al día siguiente de su muerte. Su cadáver y el de otros fusilados (?????) había sido trasladado hasta allí la víspera en una camioneta desde la cárcel de Oviedo, según el investigador Francisco Galera. La intervención de un amigo farmacéutico, que cedió su panteón familiar, impidió que el cadáver de Leopoldo Alas Argüelles, acabase en la fosa común. En aquella ciudad en guerra fue enterrado envuelto en un lienzo. No había ataúdes.

        Francisco Galera sugiere la posible mediación a la hora de conseguir esa tumba del canónigo y magistral Domingo Ortiz, gran amigo de Alas como demostró declarando a su favor (???) durante el consejo de guerra que lo condenó a muerte. “Le estaremos eternamente agradecidos. Don Domingo fue una persona muy valiente”, destacó ayer Ana Cristina Tolivar, quien de niña trató con aquel magistral que tras el asesinato del rector Alas llegó a afirmar: “han matado a un santo”. (???)Sus restos fueron trasladados al cementerio del Salvador el 12 de enero de 1940. Su cuñada, Carmen Rodríguez Velasco, representó a la familia en los actos de exhumación e inhumación del cadáver de Leopoldo Alas Argüelles. El traslado le costó a la viuda 285 pesetas.

        Al cumplirse 75 años del “injusto” proceso que acabó con su vida, la sección sindical de Comisiones Obreras de la Universidad de Oviedo emplazó ayer a esta institución a exigir que se anulen las “falsas acusaciones” (???? TIPICO DEFECTO DE LOS EXPEDIENTES DEPURADORE DE SEPARACION DEL SERVICIO, MUERTE CIVIL, PERDIDA DE EMPLEO, INHABILITACION ) que pesaron sobre Alas Argüelles, así como la retirada de la simbología franquista que aún existe en el edificio histórico.
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        REFLEXION: sean cuales sean las victimas y victimarios de la misma o distinta familia y de cualquiera de los bandos, llamense Prego, Tolivar, Alvarez, Maura, Ussia,Companys, Franco, Tierno, Aranguren ….y resto LISTA GARZON DE SEPARADOS , DESAPARECIDOS, FUSILADOS……… lo que es evidente causa de nulidad es que los Magistrados, Fiscales y Abogados del Estado que fuesen familiares de dichas victimas y victimarios de las leyes depuradoras franquistas , como el MTS PREGO y otros juristas, debieron autodenunciarse y abstenerse so pena de nulidad de todo lo actuado y derivado en los 3 juicios e Incidentes de la Sala 2ª y del 61 TS, que deben ser revisados por estos hechos sobrevenidos y silenciados 3 años en perjuicio del Juez garzón y de las partes personadas como la Fiscalia y por personar como la Abogacia del Estado, el CGPJ …. que de saberlo le hubiera recusado con razón.

  6. NO HAY DERECHO Q HAYAN INHABILITADO AL JUEZ GARZON Y LOS ASESINOS FRANQUISTAS SE ESTAN MURIENDO DE VIEJOS SIN SER JUZGADOS Y NUESTROS FAMILIARES ASESINADOS POR ELLOS ESTAN EN CUNETAS O EN POZOS QUIEN SABE DONDE, QUEREMOS SABER DONDE ESTAN, ESTAMOS EN NUESTRO DERECHO DE ENTERRARLOS COMO PERSONAS Y NO COMO PERROS.PARA PERROS ELLOS QUE LOS ASESINARON, TODAVIA VIVE 1 ASESINO Q SE HACIA LLAMAR 501 POR LAS PERSONAS QUE ASESINO, OJALA EN SU AGONIA SE LE APAREZCAN TODOS 1 A 1. JUEZ GARZON ESTAMOS CONTIGO

      • A BUEN JUEZ GARZON, MEJOR RECENSION DE SU DEMOLEDOR RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA SENTENCIA”ESCUCHAS” (1)

        Recensionamos el 27-2-2012 en dos envios debido a su extension el Recurso de nulidad deducido por Baltasar Garzón contra la sentencia condenatoria – 24/02/2012 Publicado en: Noticias

        Este envío (1) fue remitido inmediatamente antes que el (2) constando publicado el (2) pero no el (1) y por ello al constatar su falta se vuelve a remitir un día despues

        SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
        CAUSA ESPECIAL 20716/2009
        SECRETARÍA DE SALA: ILMA. SRA. DÑA. MARÍA ANTONIA CAO BARREDO

        A LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

        Dña. VIRGINIA ARAGÓN SEGURA, Procuradora de los Tribunales y de DON BALTASAR GARZÓN REAL, según representación que tiene acreditada en autos de la Causa especial seguida bajo el no 20716/2009, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comparece y, como mejor proceda en Derecho, dice:
        Que por medio del presente escrito viene a FORMULAR INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PREVIO EN SU CASO AL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en relación con la Sentencia de esa Excma. Sala no 79/2012, de fecha nueve de febrero de 2012, por la que se condena a mi mandante como autor responsable de un delito de prevaricación del art. 446.3o del Código Penal a la pena de multa de catorce meses y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado; incidente de nulidad que se promueve al amparo de lo dispuesto en el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con fundamento en violación de derechos fundamentales, ya que ello lo permite tal precepto en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que estableció como redacción del mismo, la siguiente:
        «1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario».
        La presente petición de nulidad de actuaciones es plenamente admisible, ya que:
        I.- Contra la Sentencia cuya nulidad se solicita no cabe recurso ni ordinario ni extraordinario.
        II.-Se invoca en este incidente la vulneración de los siguientes derechos fundamentales de mi mandante:
        a) el derecho A NO SER CONDENADO (???) por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta según la legislación vigente en aquel momento, recogido en el art. 25.1 de la Constitución Española (CE), que invocamos como vulnerado por la sentencia referida, en cuanto recoge el principio de legalidad y de tipicidad penal;

        b) su derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24.1 de la CE, que se invoca también aquí como vulnerado por la sentencia en este punto, en cuanto recoge el derecho a OBTENER UNA RESOLUCIÓN FUNDADA EN DERECHO, QUE NO SEA MANIFIESTAMENTE IRRAZONABLE O ARBITRARIA Y RESUELVA SECUNDUM LEGEM; (???)

        c) su derecho un PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS, que se contiene igualmente en el art. 24.2 de la CE, que se invoca también aquí como vulnerado por la sentencia, en cuanto incluye EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL, TANTO EN SENTIDO OBJETIVO COMO SUBJETIVO; (???)

        d) su derecho a DESEMPEÑAR CON INDEPENDENCIA SU CARGO, en cuanto mi mandante entiende que la independencia judicial, recogida en el art. 117.1 y 2 de la CE contiene una GARANTÍA INSTITUCIONAL FUNDAMENTAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS, cuya vulneración lesiona indirectamente el art. 24.1 de la CE, lo que es invocable en amparo según la doctrina constitucional, vulneraciones que se producen por las razones que ahora se dirán. (???)

        III.- Las violaciones denunciadas se producen por primera vez en la sentencia cuya nulidad se pretende, presentándose el incidente en el plazo legal computado desde la fecha de notificación de la misma, sin perjuicio del Recurso de Aclaración que se ha presentado, y que no afecta a nuestro juicio a las vulneraciones invocadas, y a cuya decisión entendemos deberá estarse también en todo caso en la resolución del presente incidente
        .
        MOTIVOS DE NULIDAD

        PRIMERO.-Vulneración del art. 25.1 de la Constitución Española, en cuanto recoge los principios de LEGALIDAD Y TIPICIDAD PENAL. (???)
        Sostiene mi mandante que la sentencia objeto de este incidente (en lo sucesivo, la sentencia), infringe el art. 25.1 de la Constitución Española (CE), en cuanto éste recoge los principios de legalidad y tipicidad penal, según ha establecido una muy consolidada doctrina constitucional desde la STC 133/1987, de 21 de julio, y muchas posteriores en cuanto al principio de legalidad, como la STC 95/1992, la STC 105/1998 y muchas otras; y en cuanto al principio de tipicidad, la fundamental STC 111/1993, de 25 de marzo, que luego citaremos con más extensión. (???)
        En efecto, entiende mi mandante, con el debido respeto institucional a la Sala, QUE LA SENTENCIA ES GRAVÍSIMAMENTE ERRÓNEA, EN CUANTO SE LE CONDENA POR UNA ACCIÓN QUE NO SE ENCUENTRA TIPIFICADA COMO DELITO EN LEY ALGUNA, Y POR SUPUESTO EN NUESTRO CÓDIGO PENAL; Y QUE EN TODO CASO, SU ACCIÓN NUNCA PUEDE SUBSUMIRSE EN EL TIPO PENAL QUE SE LE HA APLICADO PARA FUNDAR SU CONDENA, ES DECIR, EL ART. 446.3O DEL CÓDIGO PENAL, CON VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD PENAL, LO QUE DADA LA EVIDENCIA Y GRAVEDAD DE LA VULNERACIÓN DE AMBOS PRINCIPIOS EN ESTE CASO, TIENE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL E INFRINGE POR TANTO EL ART. 25.1 CE. (???)
        I.- En cuanto al principio de legalidad (exigencia de lex scripta, lex praevia y lex certa, según la clásica formulación doctrinal del principio), la vulneración invocada se produce por el fundamental hecho de que a nuestro juicio SE HA CONDENADO A MI MANDANTE POR UN DELITO PREVISTO EN EL ART. 446.3º DEL CÓDIGO PENAL QUE ES INELUCTABLE Y RADICALMENTE INAPLICABLE AL CASO, YA QUE TAL DELITO REQUIERE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO DE ESTADO DE DERECHO LA VIOLACIÓN DE UNA NORMA DETERMINADA, LO QUE EN NUESTRO CASO NO OCURRE NI LA SENTENCIA LA CITA EN NINGUNA PARTE, PARTIÉNDOSE ASEVERATIVAMENTE EN LA MISMA DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE UNA PROHIBICIÓN GENERAL DE AUTORIZAR JUDICIALMENTE ESCUCHAS TELEFÓNICAS A LOS LETRADOS DE LA DEFENSA, PROHIBICIÓN QUE NO SE IDENTIFICA EN NINGUNA FORMA DISCERNIBLE EN LA SENTENCIA, Y ENTENDIENDO LUEGO QUE LAS ÚNICAS EXCEPCIONES POSIBLES A TAL NORMA SON LAS PREVISTAS EN EL ART. 51.2 DE LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA (LOGP), ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRA LA ACCIÓN DE MI MANDANTE. (???)
        Sobre esto tenemos que decir:

        1.- Esta parte sostiene con toda firmeza y determinación que TAL PROHIBICIÓN GENERAL Y ABSOLUTA, QUE LA SENTENCIA LA VINCULA DE FORMA SUMAMENTE VAGA E INSUFICIENTE A ESTOS EFECTOS AL DERECHO A LA DEFENSA (F.7.5), NO EXISTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO POSITIVO AL DÍA DE HOY, Y MIENTRAS NO SE PRODUZCA LA INTERPOSITIO LEGISLATORIS, NO HAY TAL NORMA PROHIBITIVA, EXISTIENDO: (???)

        a ) una legítima libertad de configuración legal del derecho a la defensa, que como todos los derechos incluidos en el art. 24 CE es de configuración legal, como establece una consolidada doctrina constitucional, desde la STC 99/1985, de 30 de septiembre, siempre que se respete el núcleo esencial;

        b) tal núcleo esencial es fundamentalmente el derivado de la exclusión de las pruebas ilícitas (exclusionary rule), lo que no tiene nada que ver con el caso, EXISTIENDO POR TANTO NUMEROSOS SUPUESTOS POSIBLES EN QUE PUEDEN PERMITIRSE ESCUCHAS A LOS LETRADOS DE LA DEFENSA, COMO ESTABLECE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH) Y RECONOCE LA PROPIA SENTENCIA (F. 7.6); (???)

        c) existe por tanto mientras no se produzca la interpositio legislatoris, una legítima facultad de apreciación de si las escuchas son o no concretamente necesarias en un caso determinado, sea PARA EVITAR DELITOS O SI EXISTEN O PUEDEN EXISTIR INDICIOS DE PARTICIPACIÓN DELICTIVA DE LOS LETRADOS, lo que puede ser objeto de revisión judicial superior, pero no de canon de prevaricación por infracción de ninguna norma, perteneciendo a la independencia judicial el legítimo poder de apreciación de tales circunstancias, que la propia sentencia reconoce como válidas, así como reconoce que efectivamente es precisa tal norma (F. 8.8) norma que aún no existe, como acreditó la defensa con el proyecto de ley existente, LO QUE LA SENTENCIA CITA PARA DECIR EN REALIDAD –EN EL COLMO DEL ABSURDUM JURÍDICO- QUE ES EL CONTENIDO DE TAL PROYECTO LO QUE HA VULNERADO MI MANDANTE (Y POR TANTO NINGUNA LEY VIGENTE). (???)

        2.- En ausencia de tal norma, y aparte del art. 51 de la LOGP, que la propia sentencia reconoce que ha sido objeto de toda clase de interpretaciones, sólo existen criterios jurisprudenciales, muchas veces encontrados, como dice también la sentencia (F.8), SIENDO PERFECTAMENTE RAZONABLE Y EN ABSOLUTO IRRACIONAL COMO ASEVERA APODÍCTICAMENTE LA SENTENCIA QUE PUEDAN ACORDARSE ESTAS ESCUCHAS CUANDO EXISTAN MOTIVOS PARA SUPONER FUNDADAMENTE QUE LOS PRESOS SE VALGAN HABITUALMENTE DE SUS LETRADOS PARA SEGUIR COMETIENDO LOS MISMOS DELITOS POR LOS QUE ESTÁN ENCAUSADOS, SIEMPRE QUE SE PRESERVE RAZONABLEMENTE EL DERECHO A LA DEFENSA; Y TAL PREVENCIÓN SE HIZO POR EL ACUSADO, EXPRESAMENTE EN SUS AUTOS Y EN LA PRÁCTICA, EXPURGÁNDOSE LAS GRABACIONES QUE NO SATISFACÍAN TALES REQUISITOS, LO QUE LA SENTENCIA EXCLUYE ARBITRARIAMENTE COMO CANON DE LA RAZONABILIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL MI MANDANTE (F. 11.7)(???) .

        3.- En definitiva, no se puede decir otra cosa que MI MANDANTE HA SIDO CONDENADO POR DICTAR UNA RESOLUCIÓN NO CONTRA LA LEY, SINO CONTRA LA JURISPRUDENCIA , DELITO QUE NO EXISTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO, CON INFRACCIÓN FRONTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DEL ART. 25.1 CE. (???)

        II.- Por los mismos motivos y por los que ahora también se expondrán, lA SENTENCIA INFRINGE TAMBIÉN EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD PENAL, EN UNA FORMA TAN GRAVE Y MANIFIESTA QUE REVISTE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y TRASCIENDE LA LEGALIDAD ORDINARIA, según los criterios de la STC 111/1993, de 25 de marzo. (???)

        1.- Recordemos en primer lugar que la doctrina del Tribunal ha admitido LA REVISABILIDAD DE LA SUBSUNCIÓN DE LA CONDUCTA SANCIONADA EN EL TIPO LEGAL, DE CARA A CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL DERECHO A NO SER CONDENADO MÁS QUE POR CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS, EX ART. 25.1 DE LA CONSTITUCIÓN, AUNQUE LO HACE CIERTAMENTE CON CARÁCTER EXCEPCIONAL(???)
        Mediante una muy consolidada doctrina constitucional y como hemos dicho, se incluyen en el art. 25.1 de la Constitución los que se consideran actualmente principios fundamentales del Derecho Penal, que se consideran como principios del propio Estado de Derecho.
        Especialmente, se incluye aquí como derecho fundamental el ya citado PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL, según el cual nadie puede ser condenado sino por hechos que constituyan delitos en el momento de producirse, según la legislación vigente (salvo, claro está, que deba prevalecer la norma más beneficiosa); igualmente se comprenden dentro del mismo principio dos aspectos fundamentales: LA PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA Y DE LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA, que se consideran contrarias al riguroso respeto debido a este fundamental principio. La doctrina constitucional entiende también no obstante que en principio, la subsunción de una determinada conducta en los tipos penales es una cuestión de legalidad ordinaria, que pertenece a los Jueces y Tribunales; pero también ha entendido QUE CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SE DESVÍAN MANIFIESTAMENTE DE LAS EXIGENCIAS DE ESTE PRINCIPIO, SE INCIDE EN UNA VULNERACIÓN DEL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE PUEDE SER CORREGIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE SUERTE QUE EN DEFINITIVA, NO SE PUEDE ESTABLECER UNA LÍNEA DIVISORIA ABSOLUTA ENTRE LEGALIDAD ORDINARIA Y LEGALIDAD CONSTITUCIONAL.

        En nuestro caso, y como inmediatamente veremos, las exigencias básicas de este principio han sido vulneradas a nuestro juicio por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Así, reseñaremos: (???)

        A.- Un acertado resumen de la doctrina constitucional se contiene en el Auto del Tribunal Constitucional de 27 de septiembre de 1995, donde se dijo:
        “SEGUNDO.- Debemos comenzar, pues, recordando, aunque sólo en lo que aquí es atinente, la doctrina de este Tribunal sobre las garantías de la Ley penal que se derivan del art. 25,1 CE. De acuerdo con esta doctrina, el principio de legalidad penal, en cuanto plasmación de diversos aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador (SSTC 133/87, 111/93 y 53/94, entre otras), se vincula especialmente con el imperio de la ley como presupuesto de la intervención estatal en los bienes constitucionalmente protegidos de los ciudadanos, pero se conecta también con el derecho de los ciudadanos a la seguridad (art. 17,1 CE), así como con la interdicción de la arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad de los Tribunales que garantizan los arts. 24,2 y 117,1 CE, particularmente cuando éste declara que los Jueces y Magistrados están “sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

        Consiguientemente, en el marco de un Estado de Derecho, el principio de legalidad penal reclama determinadas exigencias mínimas, a saber: la existencia de una ley (“lex scripta”); que la ley sea anterior al hecho sancionado (“lex previa”); y que la ley describa un supuesto de hecho determinado (“lex certa”). Configuración del principio de legalidad penal que, en lo que a nosotros ahora atañe, se traduce en la PROHIBICIÓN DE LA EXTENSIÓN ANALÓGICA DEL DERECHO PENAL AL RESOLVER SOBRE LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CÓDIGO PENAL, LO QUE SIGNIFICA RECHAZAR DE PLANO LA ANALOGÍA COMO FUENTE CREADORA DE DELITOS Y PENAS, IMPIDIENDO ASÍ QUE EL JUEZ INVADA ÁMBITOS QUE SÓLO AL LEGISLADOR CORRESPONDE (SSTC 89/83, 75/84, 159/86 y 133/87, entre otras muchas). (???)

        Ahora bien, dicho esto, no puede soslayarse que este Tribunal también ha reseñado (SSTC 89/83, 75/84 y 111/93; y ATC 483/84) que EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CRIMINAL NO ES TAN RIGUROSO QUE REDUZCA AL JUEZ A SER UN MERO EJECUTOR AUTÓMATA DE LA LEY, ACTUANDO DE FORMA TAN MECÁNICA QUE ANULE SU LIBERTAD, CUANDO, EN USO DE ÉSTA, NI SE CREAN FIGURAS DELICTIVAS, NI SE APLICAN PENAS NO PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO; máxime si se toma en consideración que no puede considerarse dicho principio vulnerado cuando la definición del tipo “incorpore conceptos cuya delimitación permite un margen de apreciación” (SSTC 62/82 y 53/94), como sucede en el presente caso.

        Así, pues, en aquellos supuestos en que el órgano judicial se limita a aplicar una norma penal en virtud de una de las posibles interpretaciones que la misma admite no se está, en puridad, sino ejercitando la facultad de interpretar y aplicar la ley que el art. 117,3 CE atribuye en exclusiva a los Jueces y Tribunales ordinarios. Y, ciertamente, como tantas veces se ha reiterado, la tarea fiscalizadora del TC no puede llegar hasta aquí (por todas, SSTC 254/88 y 111/93).”
        Pero ciertamente, este margen de interpretación no puede llegar nunca a sustentar interpretaciones que supongan UNA DESNATURALIZACIÓN ABSOLUTA DEL TIPO LEGAL, o que lo conviertan en algo prácticamente ilimitado, con grave quebranto de la seguridad jurídica, que es uno de los valores a cuya consecución se encamina el respeto a este principio, según la doctrina que hemos citado. Por ello el Tribunal ha entrado a fiscalizar en algunos casos si se ha guardado el debido respeto a las exigencias de los tipos penales, entendiendo en ocasiones que ello no ha ocurrido así y se ha vulnerado el derecho fundamental recogido en el art. 25.1 de la Constitución. (???)

        B.- Y es de citar la ya antes mencionada fundamental STC 111/93, de 25 de marzo, alguno de cuyos pasajes subrayamos: “En este sentido, debe recordarse que, conforme apuntábamos en nuestra STC 50/84 (f. j. 3o), «la distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser establecida, como a veces se hace, refiriendo la primera al “plano de la constitucionalidad” y la jurisdicción ordinaria al de la “simple legalidad”, pues la unidad del ordenamiento y la supremacía de la Constitución no toleran la consideración de ambos planos como si fueran mundos distintos e incomunicables. Ni la jurisdicción ordinaria puede, al interpretar la Ley, olvidar la existencia de la Constitución, ni puede prescindir la jurisdicción constitucional del análisis critico de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la Ley cuando tal análisis es necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas cuya salvaguarda le está encomendada».

        Este Tribunal ha declarado ya (STC 89/83) que el principio de legalidad no puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la libertad del Juez, cuando en uso de ésta, ni se crean nuevas figuras delictivas, ni se aplican penas no previstas en el ordenamiento. Pero también ha afirmado (SSTC 89/83, f. j. 2o, y 75/84, f. j. 3o) «que una aplicación defectuosa de la Ley penal puede implicar, eventualmente, la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado, protegido mediante el recurso de amparo. Cuando se alega tal cosa, como en el presente caso ocurre, este Tribunal ha de analizar, desde el punto de vista del derecho constitucionalmente garantizado, la interpretación y aplicación que el Juez ordinario ha hecho de la norma penal». (???)

        SEXTO.- Cabe, pues, que examinemos, a la luz de esta doctrina, las resoluciones judiciales impugnadas en cuanto de la interpretación y aplicación que en ellas se hace del precepto penal mencionado, se derive la lesión de un derecho fundamental protegido mediante el recurso de amparo. Y a este respecto conviene hacer algunas precisiones relativas al derecho consagrado en el art. 25.1 CE, cuya vulneración se atribuye a las sentencias impugnadas.

        El principio de legalidad penal, ha dicho este Tribunal (STC 133/87, f. j. 4o, entre otras muchas), es esencialmente una concreción de diversos aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador. En este sentido se vincula ante todo con el imperio de la Ley como presupuesto de la actuación del Estado sobre los bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también con el derecho de los ciudadanos a la seguridad (STC 62/82, f. j. 7o), previsto en la Constitución como derecho fundamental de mayor alcance, así como la prohibición de la arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad del juicio de los Tribunales que garantizan los arts. 24.2 y 117.1 CE, especialmente cuando éste declara que los Jueces y Magistrados están «sometidos únicamente al imperio de la Ley».(???)

        De todo ello se deduce que el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador estatal implica, por lo menos, estas tres exigencias:
        la existencia de una Ley (lex scripta): que la Ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la Ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa) ; lo que significa la prohibición de extensión analógica del Derecho penal al resolver sobre los límites de la interpretación de los preceptos legales del Código Penal (SSTC 89/83, 75/84, 159/86, 133/87 y 199/87, entre otras). (???)
        Por otra parte, este Tribunal (SSTC 62/82 y 53/85, f. j. 10) ha considerado que la cuestión de la determinación estricta o precisa de la Ley penal se encuentra vinculada con el alcance del principio de legalidad. A ello se ha añadido [SSTC 127/90, f. j. 3o, B), y 118/92, f. j. 2o] que las exigencias expuestas no suponen que sólo resulte constitucionalmente admisible la redacción descriptiva y acabada en la Ley penal de los supuestos de hecho penalmente ilícitos.
        Por el contrario, es posible la incorporación al tipo de elementos normativos (STC 62/82) y es conciliable con los postulados constitucionales la utilización legislativa y aplicación judicial de las llamadas LEYES PENALES EN BLANCO (STC 122/87); esto es, de normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse para su integración a otra norma distinta, siempre que se den los siguientes requisitos: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la Ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza, o, como señala la citada STC 122/87, se dé la suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la Ley penal se remite y resulte, de esta manera, salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada.” (???)

        2.- Pues bien, en lo que a nuestro caso atañe y con carácter principal y esencial, y prescindiendo por el momento de otros argumentos de apoyo, hay que decir con toda firmeza en el seno del presente incidente y a los efectos del mismo, QUE LA SENTENCIA MANIFIESTAMENTE DESCONOCE EL ACTUAL CONCEPTO DE PREVARICACIÓN EN ASPECTOS ESENCIALES DEL MISMO; y es perfectamente conocido que el actual concepto de esta figura delictiva, contra lo que parece dar por supuesto la sentencia, ya no está fundado en la existencia de una ilegalidad manifiesta u ostensible (como dice la sentencia), criterio actualmente obsoleto, sino en la arbitrariedad, es decir, en el capricho subjetivo del agente jurídico, que pretende lograr un objetivo injusto a cualquier precio, elemento esencial que es eludido en todo momento por la sentencia en cuanto a su concurrencia concreta en nuestro caso, ya que ello se da siempre apodícticamente por supuesto, y derivado de lo que de forma igualmente aseverativa y apodíctica, se denomina en la sentencia “irracional” interpretación de la norma, norma que por cierto nunca se dice ni por asomo cuál pueda ser, permaneciendo en el seno de un plano absolutamente enigmático, relacionado con conceptos genéricos como el derecho de defensa, las garantías constitucionales, etc. (???)

        3.- El fundamental error básico de concepto que se sostiene que subyace en la sentencia se pone de manifiesto en los siguientes y relevantes aspectos:

        A.- La sentencia, que recoge al principio la correcta doctrina sobre esta cuestión (F.3 y F.6.1) luego se abstiene de aplicar esta doctrina, aplicando exclusivamente criterios que denomina objetivos, y vuelve a recoger como ratio decidendi la que entiende manifiesta ilegalidad, es decir, una interpretación de la ley diferente de la resolución que se considera delictiva, construyendo el elemento subjetivo negativamente, en su F. 13, en forma totalmente inaceptable desde el punto de vista de las más elementales exigencias de la prueba de cargo y de la presunción de inocencia; en efecto, en este Fundamento la sentencia:

        a) traslada la carga de la prueba de la existencia del elemento subjetivo al acusado; (???)

        b) funda la existencia del dolo en la inexistencia de causas que lo excluyan; (???)

        c) todo ello ocurre porque en definitiva, LO QUE AQUÍ HACE LA SENTENCIA ES FUNDAR LA EXISTENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PREVARICACIÓN (EL CAPRICHO, LA ARBITRARIEDAD), EN EL SOLO HECHO, POR LO DEMÁS OBVIO, DE QUE EL ACUSADO SABÍA QUE SUS DECISIONES AFECTABAN AL DERECHO DE DEFENSA, ES DECIR, EN EL DOLO GENERAL (F.13.6), CONTRA TODA LA ACTUAL JURISPRUDENCIA SOBRE ESTA FIGURA DELICTIVA. (???)

        B. –Aquí y antes de proseguir, debemos que recordar la doctrina actual, citando la Sentencia de 29 de mayo de 2002, de la Sala 3a, Sección 7a: “Es legítimo, pues, reiterar a este respecto las normas clásicas de descripción de dicho elemento como pueden ser “la comisión del hecho con la malicia de una acción reprochada”, “el propósito conocido de quebrantar un mandato legal”, “el deliberado ánimo de faltar a la legalidad” o “la conciencia de infracción de los deberes” que, en un apresurado repaso de una doctrina secular, recuerda la sentencia de 29-10-98. Recientemente, Sentencias como la últimamente citada y las de 20-11-95, 4-7-96, 24-6-98 y 4-12-98, entre otras, han puesto de relieve que la expresión “a sabiendas”, no sólo elimina el tipo de prevaricación administrativa la comisión culposa (…) sino también con dolo eventual, de suerte que el delito en cuestión solo es concebible ya si la resolución arbitraria se dicta con dolo directo. Se comete el delito –dice la Sentencia de 4-12-98- cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere ese resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración.” (???)

        C.- En esta doctrina jurisprudencial consolidada, cuya cita ahora completaremos, se exigen en definitiva dos requisitos básicos:

        a) la concurrencia de una antijuridicidad manifiestamente intensa –y como ahora veremos, debidamente especificada en cuanto a las normas presuntamente infringidas- ;(???)
        b) y sobre todo también, de la existencia de capricho o arbitrariedad, sin que baste el dolo general, que el único que aprecia la sentencia, como resulta claramente de todo el tenor de la sentencia objeto del presente incidente de nulidad, que sólo se refiere -con muy apreciable imprecisión además-, a que EL ACUSADO ERA CONSCIENTE DE QUE “AFECTABA AL DERECHO DE DEFENSA”, LO QUE DICHO SEA RESPETUOSAMENTE, ES UNA PURA OBVIEDAD EN ESTE CASO, Y ADEMÁS SE EXTRAE DE LAS PREVISIONES ADOPTADAS POR EL ACUSADO PARA SALVAGUARDARLO, HACIENDO POR TANTO UN USO PERVERSO DEL ARGUMENTO (CONTARIO A SU FIN), Y FUERA DEL CONTEXTO REAL DE LAS DECISIONES DEL ACUSADO ENJUICIADAS EN LA CAUSA. Por tanto, no hay mención alguna al capricho, arbitrariedad o conciencia de antijuridicidad que exigen el dolo específico de esta figura delictiva, por completo distintos de la posible existencia o no de un error de prohibición o error de tipo, como parece insinuar la sentencia, además aquí con una imprecisión ya absoluta, e impropia de la doctrina de la Excma. Sala a la que nos dirigimos. (???)

        4.- La sentencia incurre manifiesta e incluso en forma difícil de comprender- en otro defecto esencial en la imputación del delito de prevaricación: EN REALIDAD EN NINGÚN LUGAR IDENTIFICA LA NORMA VULNERADA POR LA RESOLUCIÓN PREVARICADORA, como exige rotundamente la reciente doctrina de la misma Sala. Se refiere siempre a conceptos genéricos, como la doctrina del TEDH, los derechos fundamentales, “las garantías constitucionales” y el “Estado de Derecho”, no como argumentos de apoyo conceptual, sino como las auténticas normas infringidas. (???)

        Aquí debemos decir:

        A.- En primer lugar, que es de obligada cita la Sentencia de la Sala Segunda del TS de 28 de mayo de 2009 número 562/2009, en el número de recurso 2454/2008, que afirma en su Fundamento de Derecho Único: “La estructura típica de la prevaricación responde a los delitos de infracción de deber de funcionario, que ocupa una posición de garante respecto a los bienes jurídicos que la Administración a través suyo, tutela. La conducta de quien infringe las obligaciones señaladas son infracciones de un deber que merecen especial reproche penal

        PARA LA SUBSUNCIÓN ES PRECISO QUE EL RELATO FÁCTICO REFIERA LA NORMA INFRINGIDA CON EXPRESIÓN DE LA CONCRETA ACCIÓN REALIZADA EN UNA APLICACIÓN ARBITRARIA DE LA NORMA QUE DEBE OBSERVAR” (???)

        B.- En realidad y por ello, lo que ocurre es que es muy claramente perceptible y sin lugar a dudas que la sentencia, como ya hemos dicho, ESTÁ FUNDADA EN UNA VULNERACIÓN, NO DE UNA LEY O PRECEPTO LEGAL, SINO DE LA JURISPRUDENCIA QUE INVOCA SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LO QUE ES POR COMPLETO ATÍPICO, Y SUPONE UN VOLUNTARISMO E INTERPRETACIONISMO ABSOLUTO, CONDENADO YA DESDE LA OBRA DE BECARIA (CON LA EXPRESIÓN DE QUE ELLO SUPONE “UN DIQUE ROTO AL TORRENTE DE LAS INTERPRETACIONES”, INADMISIBLE CUANDO DE ELLO SE DESPRENDEN CONSECUENCIAS PENALES). (???)

        III.- Lo que ocurre, recapitulando todo lo dicho hasta ahora y siempre en el seno y a los efectos del presente incidente de nulidad, es que simplemente, no hay ninguna norma discernible infringida en parte alguna de la sentencia, y ello quizá porque existen en esta materia aquí sin duda lagunas, insuficiencias o imprecisiones legales que haya que completar -lo que incluso reconoce la propia sentencia, contradictoriamente con su apreciación y decisión final; pero lo que no puede hacerse es lo que sin duda hace la sentencia: LLENAR ESTAS LAGUNAS A COSTA DEL MAGISTRADO BALTASAR GARZÓN, Y QUE ÉSTE PAGUE LAS CULPAS DE LAS INSUFICIENCIAS DEL LEGISLADOR, AUNQUE SEA PATENTE QUE HA OBRADO DE BUENA FE Y SIN ARBITRARIEDAD O CAPRICHO ALGUNO EN NINGÚN CASO, lo que no aparece en la sentencia en ninguna parte y excluye a radice toda posibilidad jurídico-penal de prevaricación. (???)
        En efecto:

        1.- Lo que ocurre en definitiva, es que LA SENTENCIA CONSTRUYE ARTIFICIALMENTE Y AD HOC LA NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA, QUE SENCILLAMENTE NO EXISTE: (???) sería una norma que determinara los supuestos excepcionales que la misma (con cita de la doctrina del TEDH), que podrían justificar la actuación del acusado, siendo así que la misma no se encontraría incluida en ninguno de ellos. Es decir, la sentencia ha construido a la medida el delito de prevaricación, (???)

        2.- Ello es aún más perceptible aún en algunas partes de la sentencia, especialmente en su F. 11.7, en el que se FUNDA LA ACTUACIÓN PREVARICADORA DEL ACUSADO EN FORMA NEGATIVA: la inexistencia de norma de cobertura de su actuación o su posible acogimiento de las excepciones que la propia sentencia construye como tales a la supuesta prohibición general, lo que da por supuesto que se parte de la violación de otra norma, que nunca se especifica de ninguna manera discernible en la sentencia objeto del presente incidente de nulidad. (???)

        3.-Pues bien, debemos decir que por el contrario, LA CUESTIÓN DE ESTE TIPO DE ESCUCHAS, SU ALCANCE, POSIBILIDADES DE VALIDEZ, ETC., ESTÁ MUY LEJOS DE ESTAR SUFICIENTEMENTE CLARA EN NUESTRO ORDENAMIENTO, COMO RECONOCÍA EL JUEZ INSTRUCTOR EN EL AUTO DE TRANSFORMACIÓN; y así, podemos alegar:

        A.- la sentencia explica y analiza varios casos de escuchas a letrados, alegados por la defensa; intenta establecer sustanciales diferencias con los mismos, pero salta a la vista que la casuística es verdaderamente sumamente amplia, y que las diferencias pertenecen al margen de apreciación del Instructor de cada caso. (???)

        B.- La sentencia reconoce igualmente que la apreciación de si existen o no indicios de criminalidad en los letrados es también una cuestión de apreciación de cada Instructor; ello excluye eo ipso todo indicio de elemento subjetivo de prevaricación, ya que en la sentencia no se reseña prueba alguna de arbitrariedad, capricho o mala fe en el acusado en este punto, fuera de la aseveración que se realiza en los Hechos Probados, in fine, de que no existían indicios delictivos contra los letrados, lo que es la negación misma de la independencia judicial, ya que está negando aquí la Sala la facultad de apreciación del acusado como juez instructor -y que además está formulado en forma inaceptablemente genérica para construir y fundar legítimamente la existencia de prevaricación, ya que ni siquiera es el único supuesto de las excepciones que la propia sentencia y la doctrina del TEDH ofrecen como posibles-. (???)

        C.- Y sobre todo, la sentencia desconoce la muy amplia doctrina de la reciente Sentencia del mismo TS de 2 de junio de 2010 sobre la validez de escuchas a los imputados en los calabozos y de la conexión causal de la validez de las pruebas así obtenidas con otras, lo que la sentencia da por sentado apodícticamente que se produce en todo caso. EN REALIDAD ESTA SENTENCIA SUPONE OBJETIVAMENTE UN MANIFIESTO DESPRECIO A LOS TRIBUNALES SENTENCIADORES, SUPONIENDO QUE SU CONOCIMIENTO DE LA “VERDAD” MATERIAL A TRAVÉS DE LA AUTOINCULPACIÓN VA PREVALECER SOBRE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.(???)

        Citaremos sólo un pasaje de la citada Sentencia: (???)
        “La doctrina de esta Sala, mantenida en sentencias 416/2005 de 31.3, y 261/2006 de 14.3, 25/2008 de 29.1, 1045/09 de 4.1, 1183/2009 de 1.12 , al examinar cual es la trascendencia mediata a los efectos inhabilitantes de la prueba obtenida con violación del derecho fundamental, en el sentido de superar las diversas interpretaciones y la integración, en los más justos términos, de lo que el mandato legal contiene como severa proscripción del uso de practicas constitucionalmente reprobables en la obtención de elementos probatorios y de la búsqueda de eficacia, en términos de estricta justicia, para el proceso penal, impone una alternativa, de la que se hacen eco sentencias como la del Tribunal Constitucional 8/2000 de 17.1 y la de esta Sala 550/2001 de 3.4 , entre otras, asentadas sobre las siguientes aseveraciones en orden a la transferencia mediata de la nulidad por vulneración del derecho fundamental a una prueba que directamente no produjo esa vulneración:

        a) que en primer lugar, hemos de partir de una fuente probatoria obtenida, efectivamente, con violación del derecho fundamental constitucionalmente conocido, y no afectada simplemente de irregularidad de carácter procesal, por grave que sea ésta. (???)

        b) que la nulidad institucional de una prueba en el proceso no impide la acreditación de los extremos penalmente relevantes mediante otros medios de prueba de origen independiente al de la fuente contaminada, pues si no existe una “conexión causal” entre ambos ese material desconectado estará desde un principio limpio de toda contaminación. (???)

        c) Por último, y esto es lo más determinante, que no basta con el material probatorio derivado de esa fuente viciada se encuentre vinculado con ella en conexión exclusivamente causal de carácter fáctico, para que se produzca la transmisión inhabilitante debe de existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada de ella lo que doctrinalmente se viene denominando “CONEXIÓN DE ANTIJURICIDAD”, (???) es decir, desde un punto de vista interno, el que la prueba ulterior no sea ajena a la vulneración del mismo derecho fundamental infringido por la originaria sino que realmente se haya transmitido, de una a otra, ese carácter de inconstitucionalidad, atendiendo a la índole y características de la inicial violación del derecho y de las consecuencias que de ella se derivaron, y desde una perspectiva externa, que las exigencias marcadas por las necesidades esenciales de la tutela de la efectividad del derecho infringido requieran el rechazo de la eficacia probatoria del material derivado.

        En definitiva, que para que tan nocivos efectos se produzcan es siempre necesario que la admisión a valoración de una prueba conculque también, de alguna forma, la vigencia y efectividad del derecho constitucional infringido por la originaria que, de este modo, le transmite una antijuricidad que la obligación de tutela de aquel derecho está llamada a proscribir. De no ser así, aunque la segunda prueba haya sido obtenida a causa de la constitucionalmente inaceptable, conservará su valor acreditativo, pues esa vinculación causal se ha producido en virtud de unos resultados fácticos que no pueden excluirse de la realidad y no existen razones de protección del derecho vulnerado que justifiquen unas consecuencias más allá de la inutilización del propio producto de esa vulneración. Recordaba la STS 2210/2001 de 20.11 , que el tema ha sido abordado en diversas sentencias del Tribunal Constitucional que han deslindado cuidadosamente la causalidad material de la causalidad jurídica en relación a la extensión que ha de dársele a la nulidad de una prueba y las consecuencias que de ella se deriven, de suerte que no es la mera conexión de causalidad la que permite extender los efectos de la nulidad a otras pruebas, sino la conexión de antijuricidad la que debe de darse.
        En palabras de la STS 161/99 de 3.11 , es la conexión de antijuricidad con las otras pruebas lo que permite determinar el ámbito y extensión de la nulidad declarada, de suerte que si las pruebas incriminadoras “tuvieran una causa real diferente y totalmente ajenas (a la vulneración del derecho fundamental) su validez y la consiguiente posibilidad de valoración a efectos de enervar la presunción de inocencia sería indiscutible…” Doctrina que constituye un sólido cuerpo jurisprudencial del que pueden citarse las SSTC 81/98, 49/99, 94/99, 154/99, 299/2000, 138/2001 .

        En idéntico sentido podemos decir con la STS 498/2003 de 24.4 y la muy reciente 1048/04 de 22.9 , que hay que diferenciar entre las pruebas originales nulas y las derivadas de estas ya directa o indirectamente, de acuerdo con lo prevenido en el art. 11.1 LOPJ ., de aquellas otras independientes y autónomas de la prueba nula y ello porque si bien desde una perspectiva de causalidad material pueden aparecer conectadas con el hecho constitutivo de la vulneración del derecho deben estimarse independientes jurídicamente por proceder de fuentes no contaminadas, como serían aquellas pruebas obtenidas fruto de otras vías de investigación tendente a establecer el hecho en que se produjo la prueba prohibida, como seria el supuesto de nulidad de unas intervenciones telefónicas que no extendería a los conocimientos policiales exclusivamente obtenidos a través de vigilancias estáticas y seguimientos acordados al margen de aquella intervención, o bien en aquellos casos en los que no se de la llamada conexión de antijuridicidad entre la prueba prohibida y la derivada. (???)

        En similar dirección el Tribunal Constitucional en reciente sentencia 66/2009 de 9.3 , ha precisado que la valoración en juicio de pruebas que pudieran estar conectadas con otras obtenidas con vulneración de derechos fundamentales sustantivos requiere un análisis a dos niveles: en primer lugar, ha de analizarse si existe o no conexión causal entre ambas pruebas, conexión que constituye el presupuesto para poder hablar de una prueba derivada. Sólo si existiera dicha conexión procedería el análisis de la conexión de antijuricidad (cuya inexistencia legitimaría la posibilidad de valoración de la prueba derivada). (???)

        De no darse siquiera la conexión causal no seria necesaria ni procedente analizar la conexión de antijuricidad, y ninguna prohibición de valoración de juicio recaería sobre la prueba en cuestión. En definitiva, se considera licita la valoración de pruebas causalmente conectadas con la vulneración de derechos fundamentales, pero jurídicamente independientes, esto es, las pruebas derivadas o reflejas (por todas SSTC. 81/98 de 2.4, 22/2003 de 10.2).

        Por último el Tribunal Constitucional ha afirmado que la valoración acerca de si se ha roto o no el nexo entre una prueba y otra no es, en sí misma un hecho, sino un juicio de experiencia acerca del grado de conexión que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestionada que corresponde, en principio, a los Jueces y Tribunales ordinarios, limitándose el control casacional a la comprobación de la razonabilidad del mismo (STC. 81/98 de 2.4, citando ATC. 46/83 de 9.2, y SSTS. 51/85 de 10.4,174/85 de 17.12, 63/93 de 1.3, 244/94 de 15.9).” (???)

        4 .-Además y por lo expuesto, la sentencia desconoce por completo el origen, naturaleza y alcance de la fundamental exclusionary rule, diseñada por la doctrina constitucional americana desde el caso “Weeks v. United States” y ampliada en “United States c. Calandra”, para establecer la invalidez de las pruebas ilícitas, cuando justamente tal es el núcleo del derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en el caso de las autoinculpaciones inválidas, escuchas no autorizadas o desproporcionadas, etc. (???)

        5.- Y desconoce igualmente el origen, naturaleza y alcance real del “privilege against self-incrimination”, postulado por la Quinta Enmienda de la Constitución Americana, derecho que cita de forma ligera y superficial, y que no tiene nada que ver con lo que se dice en la sentencia, ya que siempre se ha referido o bien a la invalidez de las autoinculpaciones obtenidas ilícitamente (no sólo por escuchas, sino por preguntas capciosas o sugestivas, y sobre todo por tortura, por coacciones, etc.). (???) Aquí debe citarse la doctrina de la Sentencia del TS de EEUU Kastigar v. United States 1972, que admite por ejemplo escuchas en varios casos. (???)

        6.- En definitiva, según la tesis de la sentencia y en la práctica,BASTARIA QUE EXISTA CUALQUIER DISCUSION JURIDICA DE CALADO SOBRE CUESTIONES IMPORTANTES para que sea posible apreciar la existencia de prevaricación.(???) Ello supone simplemente la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier DISCREPANCIA JURIDICA SERIA con el Juez Instructor y luego con la Sala sentenciadora, y desnaturaliza por completo la excepcional figura de la prevaricación en nuestro ordenamiento jurídico. (???)

        REFLEXION:

        Se echa en falta en este recurso de nulidad que no se aluda a las incongruencias omisivas del juicio y de la Sentencia condenatoria “escuchas”, que se veran agravadas con las incongruencias omisivas del juicio y del Auto de archivo “cursos” y más aún con las incongruencias omisivas del juicio y de la Sentencia absolutoria “Memoria”, y que denotan parcialidad de la Sala 2ª y del 61 TS en perjuicio del acusado en los 3 juicios e incidentes de Abstencion Recusacion
        .
        Así se echa en falta que no se diga nada en la Sentencia ni en el recurso:

        -del hecho de no haber sido llamada a juicio la ABOGACIA DEL ESTADO Y EL CGPJ, y su MUTUA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EL CONSEJO DE MINISTROS, LAS CORTES Y EL CONSEJO DE ESTADO como responsables civiles y patrimoniales del estado mal legislador, gobernante, consultivo y juzgador , y de no haber fijado la Sentencia la responsabilidad por daños del delito condenado con 11 años de inhabilitacion con expulsion de la carrera y de todo otro empleo publico a perpetuidad, lo cual es desproporcionado y obliga a cuestionar leyes como el EBEP y la LOPJ

        -de los Incidentes de Abstencion-Recusacion de las Sala 2ª Titular (que absolvio a los fiscales por las mismas escuchas) y la Sustituta (que condena al Juez Garzón por las mismas escuchas)

        -de la violacion del art.704 Lecrim de incomunicacion de testigos, al haber permitido la Sala al testigo-letrado acusador Sr.Pelaez el asistir e intervenir en las cuestiones previas y en el interrogatorio del acusado, resultando TESTIGO PREVENIDO AL CONOCER LA ESTRATEGIA DE DEFENSA DEL ACUSADO TRAS INTERROGARLE

        -del art.577 CP a mayor abundamiento de torpeza y confusion legislativa, que por estar en el epigrafe de TERRORISMO es un articulo omnicomprensivo utilizado por el Fiscal Zaragoza para perseguir grupos nazis, y que permite las escuchas a presos y abogados con autorizacion judicial pese a referirse a delitos distintos y conexos a BANDAS Y TRAMAS NO ARMADAS, como AMENAZAS, DAÑOS, A GRUPOS PROFESIONALES, EN CASO DE SUBVERSION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y ALTERACION DE LA PAZ PUBLICA, lo cual podria tener relacion con delitos de blanqueo, corrupcion, fraude electoral, a nivel estatal o autonomico con incumplimiento de la Constitucion pudiendo afectar al art.155 CE para que el Presidente de Gobierno tome medidas contra esa tramas autonomicas y estatales que subviertan el orden constitucional.

  7. A BUEN JUEZ GARZON, MEJOR RECENSION DE SU DEMOLEDOR RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA SENTENCIA”ESCUCHAS” /2)

    SEGUNDO.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 de la Constitución Española, que se invoca también aquí como vulnerado por la sentencia en este punto, en cuanto recoge el derecho a obtener una Resolución fundada en Derecho, que no sea manifiestamente irrazonable o arbitraria y resuelva secundum legem.(???)

    I.- Es doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en la STC 23/l988, y en la STC 12/91, de 28 de enero, que el derecho a la tutela judicial
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    efectiva incluye la necesidad de que el juzgador resuelva secundum legem, es decir, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (F.J. 2).(???)

    En la misma Sentencia, razona el Tribunal que corresponde al órgano judicial elegir la interpretación de las normas que considere adecuada, y que la que ha elegido el juez,” cualquiera que sea el grado de crítica que suscite, satisface el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 de la Constitución, en cuanto no incurre en irrazonabilidad o arbitrariedad de las que pudiera derivarse un resultado lesivo del citado derecho fundamental”. (???)
    Recoge aquí el Tribunal lo que ya inicia en el F.J. 1 de la misma Sentencia “in fine”, cuando al hablar del derecho a la tutela judicial efectiva se refiere a la “reiterada y constante doctrina constitucional que configura este derecho fundamental como garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios jurídicos razonables”.

    II.- Pues bien, en nuestro caso, a los efectos y en el seno del presente incidente de nulidad, pero con toda firmeza y convicción y en ejercicio de nuestro derecho a la defensa, debemos decir y decimos en efecto y desde luego que entendemos que la sentencia es ARBITRARIA, IRRAZONABLE Y MANIFIESTAMENTE INJUSTA (???) Y DICATADA “EXTRA LEGEM” y por tanto en modo alguno
    “secundum legem”, como exige el derecho fundamental a
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    la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 de la Constitución Española. Ello es así por lo siguiente:

    1.- La sentencia en realidad, ante la imposibilidad de fijar en este caso y en forma clara y discernible las normas positivas concretas vulneradas y mucho menos de acreditar la arbitrariedad del acusado, lo que ocurre es que incurre en un ERROR FATAL EN CIENCIA JURIDICA E INADMISIBLE especialmente en el caso del enjuiciamiento penal, y es el muy conocido de HACER SUPUESTO DE LA CUESTION (???); es perfectamente discernible que la sentencia parte a priori de la existencia misma del delito, por lo que los argumentos que se exponen para justificarla son en realidad puras consecuencias de la tesis previa, descartando los argumentos contrarios, con el solo fundamento de que ya se habría demostrado que EL DELITO EXISTE (???), cuando tales razones precisamente son las que debían previamente fundar la existencia de delito.(???) Ello es especialmente perceptible en el citado F. 11.7, donde justamente está el núcleo de la FALACIA LOGICA (???): partiendo de la demostrada aseverativamente existencia del delito, se priva de valor a los argumentos que precisamente lo excluyen (???) : la prevención del derecho de defensa y el expurgo de las declaraciones autoincriminatorias.
    pagina 33
    2.- La sentencia prescinde de toda referencia al hecho de que la resolución presuntamente prevaricadora, en el contexto de la instrucción, carece de todo efecto jurídico perjudicial rea (???? hasta el punto de no fijar RESPOINSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS) l, y especialmente procesal, ya que, con independencia de su validez o no, ello depende de su incorporación definitiva o no la instrucción, lo que aún no se había realizado, por el sencillo hecho de que la instrucción aún está pendiente y en ella no se había dictado Auto de transformación, ni por tanto, decisión sustantiva alguna de ningún tipo, como exige la reciente jurisprudencia sobre el delito de prevaricación.(???)

    Así, la Sentencia 939/2003 de 17 de junio, que literalmente indica: “Según el diccionario de la Real Academia Española, resolver es “tomar determinación fija y decisiva”. Y en el ámbito de la doctrina administrativa la resolución entraña una declaración de voluntad, dirigida. En última instancia, a un administrado para definir en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta. Así entendida la Resolución tiene carácter final en el sentido de que decide sobre el fondo del asunto en cuestión. “(???)
    pagina 34
    3.- La sentencia incurre en contradicciones internas insalvables (???), lo que es critérium fundamental de la arbitrariedad (???) y está impregnada sustancialmente de un decisionismo (???) puramente subjetivo, al igual que tal cosa se imputa –sin razón- precisamente al acusado (???) , todo ello dicho sea con el debido respeto institucional a la Sala y desde un punto de vista objetivo, referido a la sentencia en sí misma y su contenido-, no satisfaciendo las exigencias mínimas de la razonabilidad.(???) Así:

    a) reconoce que hay que interpretar –no aplicar- determinados preceptos para ver si hay o no prevaricación (F. 12.2);(???)

    b) reconoce muy claramente la necesidad de la interpositio legislatoris (F.8.8), y por tanto la falta y ausencia total de norma presuntamente infringida por el acusado; (???)

    c) en el mismo lugar omite también deliberadamente citar el precepto positivo presuntamente infringido, como exige el contexto de la frase que asevera la existencia de infracción legal (???);

    d) utiliza el hecho de la existencia de un proyecto de ley que regula la materia al revés de la finalidad lógica del argumento en el F.8.8, al mencionar el contenido del proyecto de ley en este punto como infringido por el acusado, cuando de la pura existencia del citado proyecto lo que se deduce justamente es que no ha existido infracción de ley vigente actual alguna (???);

    e) y viene en definitiva a construir una especie de prevaricación por infracción de la jurisprudencia, o más aún, del propio criterio del sentenciador en este caso, lo que se puede apreciar en todos este F.8, con meridiana claridad (???);

    f) por fin, reconoce además aquí que es precisa una ley que regule la muy variada casuística que recoge la propia sentencia, extraída de la doctrina del TEDH, aunque debemos decir que son
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    indebidas, (???) tergiversadas (???)y fuera de contexto (???’) todas las citas que realiza de la doctrina del TEDH (F.7.6), que se refieren a supuestos por completo distintos; (???)

    g) en definitiva, si existen aquí –que ciertamente muy probablemente existen- importantes lagunas legales, y por tanto si se estima que el ordenamiento jurídico al día de hoy es insuficiente para evitar preventivamente infracciones reales y concretas del derecho a la defensa, o para configurar incluso en sí mismo tal derecho, ello no habilita a los Tribunales para construir judicialmente tales normas, mediante la condena de una suerte de “chivo expiatorio” en la persona de mi mandante ni de ningún otro, ya que ello es subjetivismo puro, y por tanto, expresión de la máxima arbitrariedad (???)

    REFLEXION: LA SALA 2ª TS POR ELLO EN VEZ DE SUSPENDER, PROCESAR Y CONDENAR AL JUEZ GARZON POR SUS ESCUCHAS LICITAS, DEBIA CUESTIONAR LA LEY ANTE EL TC INADMITIENDO O SUSPENDIENDO EL PROCESO A LIMINE LITIS Y TOMANDO MEDIDAS CAUTELARES PRO VICTIMA-EL INTACHABLE JUEZ GARZON- Y CONTRA VICTIMARIOS- LOS PRESOS ESCUCHADOS LICITAMENTE-.

    TERCERO.- Vulneración del derecho a un juicio con las debidas garantías recogido en el art. 24.2 de la Constitución Española, que se invoca también aquí como vulnerado por la sentencia, en cuanto incluye el derecho a un juez imparcial, tanto en sentido objetivo como subjetivo.(??’) Lo que se acaba de decir nos lleva afirmar, también en nuestro caso a los efectos y en el seno del presente incidente de nulidad, pero con toda firmeza y convicción y en ejercicio de nuestro derecho a la defensa, que lo que ocurre también es que el Tribunal ha partido previamente de un designio
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    incriminador en relación con nuestro mandante, vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional. Ello es así por lo siguiente: (??’)

    I.- Por los motivos ya expuestos existe aquí patentizada una falta de imparcialidad subjetiva del juzgador, que aducimos para reforzar la vulneración de art. 24.2 de la Constitución. Debe advertirse desde el primer momento que no se invoca aquí ninguna falta de imparcialidad irregular o ilícita, ni ninguna afinidad del Tribunal con ninguna de las partes; se invoca aquí una falta de imparcialidad desde un punto de vista exclusivamente técnico-jurídico, y que consiste en sostener que el Tribunal prejuzgó la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio, manifestadas en las partes de la sentencia que hemos citado, en las que incluso parece que no se ha celebrado prácticamente juicio alguno o que éste ha sido por completo irrelevante para la Sentencia, que sigue incluso ad pedem literae el criterio de los Autos de Juez instructor, prácticamente con la misma argumentación y en el mismo orden, e incluso citando elogiosamente al mismo y a sus propias palabras(???) (por cierto, a nuestro juicio subjetivas, retóricas y cuasi metafóricas, lo que es impropio de la seriedad del leguaje forense penal, como la “laminación” –F.12.4), lo que es totalmente inaceptable en una sentencia de plenario, que ciertamente no
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    debe guiarse por los criterios del juez instructor, aunque pertenezca a la misma Sala, como es el caso;(???) así resulta sin duda, si excluimos de la sentencia algunas cuestiones procesales menores, de la fundamentación jurídica de la sentencia, en la que parece que se hubiera podido dictar en el mismo sentido sustantivo con o sin juicio alguno. (???)

    En definitiva, lo que esta parte sostiene aquí es que el Tribunal tenía lo que en doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), se denomina una “IDEA PRECONCEBIDA” (???)antes de oír a las partes y de examinar el procedimiento, y que existía en el Tribunal un PREJUICIO (???) en el sentido que finalmente se recogió en la sentencia condenatoria, ya que la exigencia de una plena imparcialidad, entendida como ausencia de toda idea preconcebida, es doctrina clara del TEDH, cuya jurisprudencia es plenamente válida entre nosotros para interpretar los preceptos de la Constitución, al amparo del art. 10.2 de la misma, como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional.

    II.- Esta existencia de una idea preconcebida supone una infracción de la doctrina del TEDH sobre la imparcialidad subjetiva o parti pris (???) ; ya que al respecto, el TEDH distingue entre imparcialidad objetiva, doctrina que se refiere sobre todo a las condiciones objetivas de imparcialidad e independencia de los órganos jurisdiccionales, y cuyo corolario más trascendental se halla en la necesaria separación entre las funciones instructora y enjuiciadora (doctrina ya firmemente recogida por el Tribunal, e incorporada a la legislación procesal), y por otra parte, imparcialidad(???)

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    subjetiva, que concierne a la “convicción personal del juez en la ocasión” (Asunto LAUGBARGER, de 22 de junio de l989).

    III.- La necesaria imparcialidad subjetiva es destacada sobre todo, en la Sentencia de 16 de diciembre de l992 (Asunto SAINTE-MARIE). Se considera como criterium de tal imparcialidad lo que el Tribunal denomina “tomar partido” previamente; una “toma de partido” previa por parte del órgano jurisdiccional es lo que excluye su imparcialidad. Esta Sentencia se refiere también a la Sentencia de 24 de mayo de l989 (Asunto HAUSCHILDT), y en esta segunda Sentencia se establece también que para determinar esta imparcialidad hay que atender a las circunstancias particulares del caso; en relación con ello, también se afirma algo fundamental, que hay que admitir de antemano: la imparcialidad subjetiva se presume, siendo preciso acreditar lo contrario, y de hecho hasta ahora el TEDH es sumamente restrictivo a la hora de considerar acreditada la falta de este tipo de imparcialidad en los órganos jurisdiccionales. (???)

    IV.- No obstante, en nuestro caso se produce justamente tal tipo de falta de imparcialidad, en el sentido técnico ya indicado; existe muy claramente a nuestro juicio lo que es precisamente una “idea preconcebida” del Tribunal (el término “idea preconconcebida” aparece en la Sentencia del TEDH de 6 de diciembre de l988, Asunto BARBERA,MESSEGUE Y
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    JABARDO); y la simple constatación de la existencia de esta “idea preconcebida”, o “toma de partido” previa, si resulta acreditada, determina la falta de imparcialidad subjetiva del Tribunal y la aplicación de la doctrina del TEDH, como parámetro interpretativo del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías que contiene el art. 24.2 de nuestra Constitución. (???)

    V.- Pues bien, en nuestro caso entendemos que por todo lo ya expuesto es patente tal ausencia de imparcialidad subjetiva; nos encontramos ante una sentencia que supone en sí misma por tanto una quiebra inadmisible del principio de legalidad y de certeza jurídica en cuanto a las obligaciones de los jueces y las exigencias legales de su actuación; en conclusión: la inseguridad jurídica que arroja la sentencia sobre todo este campo es formidable e inadmisible, y responde a un esquema inquisitorial(???) totalmente rechazable, con fines que nunca pueden justificar los medios, por muy loables que se los represente el juzgador en su fuero interno, o con fines de ejemplaridad extrajurídica que no son aceptables en un Estado de Derecho. (???)

    VI.- También existe una falta de imparcialidad subjetiva-objetiva en el Tribunal al constituir la Sala dos Magistrados (???) que habían sido objeto de recusación por la defensa, y que entendemos que debió ser estimada, no habiéndolo hecho así el Alto Tribunal. Son los Magistrados Excmos. Sres.
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    Don Manuel Marchena Gómez y Don Luciano Varela Castro;(??’)
    tales Magistrados, aunque en procedimientos distintos, eran instructores de causas seguidas coetáneamente también contra mi mandante, habiendo encontrado en ambas estos Magistrados indicios de culpabilidad contra mi mandante (???) ; por lo que es patente la ausencia de la necesaria imparcialidad en los mismos en relación con mi mandante, ya que en relación con el mismo han explicitado que le consideraban un posible autor de otros delitos (???) , por lo que en una racional ponderación de las causas de abstención y recusación previstas en el ordenamiento jurídico, sin duda debían haberse abstenido de juzgar a mi mandante, o debía obligadamente haber sido estimada su recusación en todo caso, sin formalismos enervantes, ante la evidencia y notoriedad de su actuación incriminatoria en otros procedimientos. (???) Un mínimo sentido de acatamiento de los deberes constitucionales del respeto al derecho a un juicio con las debidas garantías y por tanto a ser juzgado por jueces imparciales (???) sin sombra de duda al respecto, rectamente entendido e incluso según las reglas del más puro sentido común, nos lleva a concluir que en ambos Magistrados era imposible o muy difícil, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, que existiera la constitucionalmente necesaria imparcialidad, lo que es un vicio que igualmente debe ser apreciado en el presente incidente de nulidad. (???)

    REFLEXION: La parcialidad de toda la Sala 2ªse acredita además en todas las Resoluciones anteriores en las 3 causas y en que en que la Sentencia “escuchas” no alude a los 3 incidentes de RECUSACION MULTIPLE en las 3 Causas

    CUARTO.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 de la Constitución Española, que se ha producido
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    indirectamente pero con relevancia constitucional, siendo por tanto invocable en el presente incidente de nulidad, al vulnerarse el derecho de mi mandante a desempeñar con independencia su cargo, en cuanto mi mandante entiende que la independencia judicial, recogida en el art. 117.1 y 2 de la CE es en sí misma una garantía institucional fundamental para todos los ciudadanos, cuya vulneración lesiona indirectamente el art. 24.1 de la CE, lo que es invocable en amparo según la doctrina constitucional, Entendemos también que la sentencia que se impugna en el presente incidente vulnera la independencia judicial de mi mandante, entendiendo también mi mandante que la independencia judicial, recogida en el art. 117.1 y 2 de la CE es en sí misma una garantía institucional fundamental para todos los ciudadanos, cuya vulneración lesiona indirectamente el art. 24.1 de la CE, Sobre este punto, debemos precisar:

    I.- La doctrina constitucional admite la llamada eficacia indirecta o frente a terceros de los derechos fundamentales y de las garantías institucionales, mediante la denominada Drittwirkung, noción subconstitucional que ha sido aceptada por nuestro Tribunal Constitucional
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    desde sus Sentencias SSTC 47/1985, de 27 de marzo, y 88/1985, de 19 de julio, doctrina que establece también que los derechos fundamentales no sólo contienen obligaciones negativas de que el Estado se abstenga de interferir o limitar los mismos, sino “la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos”, según la STC 53/1985, de 11 de abril, (F.4), en la que también se dice que los derechos fundamentales son “derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado y garantías institucionales”.(???)

    II.- Pues bien, en este caso nos encontramos paladinamente ante la criminalización de la posición jurídica contraria a la del Tribunal superior, en este caso, el propio Tribunal Supremo, que sostiene una interpretación normativa que además, creemos que es equivocada (???) por parte del Alto Tribunal, justamente en lo esencial: en la aplicación en la práctica de una norma inexistente(???) , como es la prevaricación por infracción objetiva de la jurisprudencia,(???) jurisprudencia que además es a su vez la interpretación que de la jurisprudencia se realiza en la propia sentencia, y que además, es errónea, (???) como hemos expuesto y razonado; lo que, a su vez, según la doctrina de esta misma sentencia, sería la auténtica prevaricación, lo que nos llevaría a una espiral de prevaricaciones sin fin (???) , tantas como interpretaciones jurídicas posibles en la práctica, lo cual es un sinsentido completamente ajeno a las garantías jurídicas de nuestro sistema judicial.(???)
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    III.- Es sabido que según la doctrina constitucional y política (Foucault), debe considerarse precisamente que lo más difícil de conseguir para garantizar la indagación de la verdad y la justicia es la independencia judicial. (???) Y por tanto, en el cuestionamiento criminal de la actuación del Magistrado Baltasar Garzón, lo más grave del error que se comete es precisamente en cuanto ello es frontalmente contrario a las exigencias de la independencia judicial, presupuesto básico en el Estado democrático para conseguir la indagación de la verdad, y por tanto, la auténtica justicia. En la sentencia lo que aparece como decimos es una criminalización (???) de la posición jurídica contraria a la del tribunal juzgador, lo que es totalmente contario a la independencia judicial, que es una garantía institucional oponible a terceros y especialmente a los poderes públicos, y que resulta con meridiana claridad del art. 117.1 y 2 de la CE.

    IV.- Y debemos recordar que esto también se intentó en el caso de los Magistrados Juan José López Ortega, Carlos Cezón y Carlos Ollero de la Audiencia Nacional, que por dictar una resolución en el ejercicio de su independencia judicial que no fue objeto del agrado de algunos,(???) fueron objeto de querella y luego de grave sanción disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial, el año 2002; la querella penal fue archivada (???) por un magistral Auto del Magistrado Julián Sánchez Melgar, del Tribunal Supremo, y la sanción disciplinaria fue anulada por una
    pagina 44
    paradigmática Sentencia del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de uno de diciembre de 2004, que estableció que no se podía sancionar a los Magistrados por tener un criterio jurídico diferente al del Consejo General del Poder Judicial.(???)

    V.- En nuestro caso, sostiene firmemente mi mandante que la sentencia que se impugna en el presente incidente vulnera la independencia judicial del mismo al suponer la negación de sus legítimas facultades de apreciación judicial de las pruebas y de interpretación de la leyes en el proceso de instrucción penal en ausencia de la interpositio legislatoris, lo que se realiza no a través del legítimo cauce del sistema de recursos, sino a través de la indebida criminalización de su conducta, con expulsión incluso de la carrera judicial, lo que supone la negación flagrante y a radice del núcleo básico de la independencia judicial, ya que se le castiga, pena y expulsa por haber adoptado criterios distintos de los juzgadores en el caso sobre la apreciación de los indicios y la interpretación de las leyes; y por tanto, habiéndose vulnerado tal independencia, se vulnera igualmente el art. 24.1 de la Constitución Española. (???)

    Y concluiremos con una amonestación final, pero cierta, evidente y notoria: mi mandante, en toda su vida profesional, sólo se ha caracterizado, en este caso y en otros muchos, por buscar la verdad y la justicia, y no a cualquier precio, sino con respeto a los derechos de todos; sólo ha cumplido con un deber constitucional imprescindible para el Estado de
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    Derecho, la búsqueda de la verdad y la justicia; y en expresión de pensadores clásicos, en la búsqueda de la justicia no hay línea en el horizonte aunque siempre debe hacerse sin duda bajo el imperio de la ley; y debe quedar claro, si para alguien no lo está, que el derecho a la verdad no es una especulación de los intelectuales que deba ceder ante el prestigio de las instituciones –las políticas, las religiosas, las militares, ni la propia institución judicial-; es un derecho consagrado como derecho humano fundamental por las Naciones Unidas en su Resolución 2267 del año 2007, que acordó

    “Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos.”.

    Es uno de los pilares de nuestra convivencia democrática y nuestra civilización, y su negación ha propiciado los crímenes más aborrecibles; y el esfuerzo de mi mandante en este sentido y el de todos los jueces y los magistrados que se empeñan también diariamente en tal labor, honra al poder judicial, es decir, a los que deben ser los legítimos custodios de la justicia y el derecho, sin lo que no podemos reivindicar la dignidad de la condición humana (???)

    En su virtud, SUPLICA A LA EXCMA. SALA: Que teniendo por presentado este escrito con sus copias lo admita, tenga por promovido INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PREVIO EN SU CASO AL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en relación a la Sentencia de esa Excma. Sala no 79/2012, de fecha nueve de febrero de 2012, por la que se condena a mi mandante como autor responsable de un delito de prevaricación del art. 446.3o del Código Penal a la pena de multa de catorce meses y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, y en su día lo estime, apreciando las vulneraciones de los derechos fundamentales de mi mandante que en este incidente se invocan con su contenido constitucionalmente reconocido, y se ordene el restablecimiento de los mismos, con anulación íntegra de la citada Sentencia, dictándose otra en la que se proceda a absolver a mi mandante con todos los pronunciamientos favorables, al no ser legítimo ni posible constitucionalmente apreciar en la conducta del mismo enjuiciada en la causa infracción penal alguna.

    Por ser de justicia, que se pide en Madrid, a 22 de febrero de 2012.

    Licdo.: José Luis FUERTES SUAREZ Licdo.: Javier YAGÜE GARCIA

    ABOGADO Licdo.: Francisco BAENA BOCANEGRA ABOGADO

    ABOGADO Dña. Virginia ARAGON SEGURA PROCURADOR

    REFLEXION: Este recurso de nulidad y los que deben interponer por un lado los fiscales Valcarce y Antolin al no haber acusado al Juez Garzon y haber defendido sus escuchas y las de otros jueces, y por otro lado el de la Abogacia del estado deberían plantear ademas de la nulidad de esta Sentencia de “escuchas” y causas anteriores postpuestas de “MEMORIA” Y “CURSOS” , cuestion del art.56-1-d EBEP 7/2007, conexo a la pena de inhabilitacion, por incluir la separacion o expulsion de la carrera , y la exclusion de todo empleo publico , no solo el de juez por art.303 LOPJ , al exigir como requisito de honorabilidad para acceder a pruebas de funcionario , el

    “no haber sido separado del servicio, ni despedido, ni estar inhabilitado,”

    lo cual transforma la pena de 11 años de inhabilitacion en sancion perpetua de indignidad para ser funcionario, policia, docente,……..

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