LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO: LOS AFFORDABLE CARE ACT CASES.

Tras unos meses de momentáneo abandono del derecho norteamericano en este blog, es menester regresar de nuevo a dicho área y qué mejor que hacerlo con un caso muy polémico, tanto jurídica como políticamente, Como ya hemos indicado en intervenciones anteriores, la reforma sanitaria impulsada por el presidente demócrata Barack Obama fue objeto de impugnación judicial en diferentes estados, no sólo por su contenido, sino lo que es más importante, porque muchos de los entes que habían optado por acudir a la vía judicial entendían que los fundamentos o competencias en virtud de los cuales se había dictado la norma legislativa excedían con mucho de las potestades que el artículo I de la Constitución federal otorgaba al Congreso. En varios estados la norma legal fue declarada inconstitucional. Pues bien, el asunto ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde el próximo mes de marzo tendrá lugar la vista oral de tres asuntos que abordan asunto tan espinoso no ya por la complejidad jurídica que subyace, sino por lo políticamente delicado al haber constituido una de las principales bazas electorales del actual presidente de los Estados Unidos. Durante tres días, el Tribunal Supremo conocerá tres asuntos que se conocen como los Affordable Care Act Cases.

En concreto, los días 26 y 27 de marzo las partes del asunto United States Department of Health and Human Services v. Florida (que proviene del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Judicial) se verán las caras ante los nueve magistrados que integran la más alta institución judicial estadounidense. Ya hay un dato ilustrativo de la enorme importancia que el asunto tiene: el hecho de que se hayan fijado dos días para la vista del caso cuando lo normal es que a cada asunto se otorgue un plazo máximo de una hora (con media hora para cada una de las partes). Recordemos que el texto legal cuya constitucionalidad se pone jurídicamente en duda, la Patient Protection and Affordable Care Act,  entrará en vigor en 2014 e impone a cada ciudadano estadounidense la contratación de un seguro sanitario, penalizando el incumplimiento con una sanción económica. Pues bien, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse jurídicamente sobre dos cuestiones: 1) Si el Congreso ostenta constitucionalmente la potestad para aprobar la cobertura mínima sanitaria con base en el artículo I de la Constitución y 2) Si Anti-Injuction Act prohíbe a quienes cuestionaron la cobertura mínima sanitaria el ejercicio de dicha acción procesal (pues ha de tenerse en cuenta que la Anti-Injuction Act prohíbe a los contribuyentes impugnar judicialmente un impuesto hasta que la ley que aprueba el mismo entre en vigor y el mismo se haya devengado, razón por la cual el ejercicio de la acción procesal habría de demorarse hasta el año 2012).

Mas no es el anterior el único asunto que aborda la constitucionalidad de la normativa sanitaria. El día 28 de marzo el Tribunal Supremo conocerá otro asunto, que proviene igualmente del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Judicial, en concreto el National Federation of Independent Business v. Sebelius, donde la cuestión jurídica a debatir radica en dilucidar si, en el caso de que se declare que el Congreso no ostenta potestad legal para obligar a los ciudadanos a contratar un seguro con una cobertura sanitaria mínima, ello conlleva la declaración de inconstitucionalidad de todo el texto legal al ser dicha previsión inseparable del resto de preceptos normativos de la ley. Pero ese mismo 28 de marzo el Tribunal Supremo conoce también otro asunto proveniente del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Judicial, el Florida v. Department of Health and Human Services, donde se plantean dos cuestiones jurídicas diferentes, una de ellas íntimamente ligada al caso anterior: 1) Si el Congreso ostenta la potestad para aprobar dicha norma o si, por el contrario, ha vulnerado los principios básicos del federalismo cuando presiona a los estados para que ejecuten las previsiones de la norma bajo la amenaza coactiva de perder recursos federales en el caso de no hacerlo; y 2) hasta qué punto la anulación de una previsión de la ley (cobertura sanitaria mínima) ha de conllevar necesariamente la nulidad de todo el texto legal.

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