NUEVAS REFORMAS PROCESALES ANUNCIADAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DOS DE MARZO.

El Consejo de Ministros de hoy día dos de marzo de 2012 ha aprobado una serie de disposiciones de indudable trascendencia para la reforma de la justicia. Ya en su primera comparecencia el nuevo ministro de justicia, don Alberto Ruiz Gallardón indicó toda una batería de reformas legislativas que, desde el departamento que encabeza, tienen por objeto situar la justicia en el nivel preciso para el siglo XXI. Pues bien, hoy se han aprobado dos medidas fundamentales:

I.- Aprobación del Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil. Llama la atención que esta norma se apruebe mediante un Real Decreto Ley, previsto, como es sabido, para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, lo que da una idea de la situación en la que el gobierno entiende que se encuentra la Administración de Justicia que precisa aprobar con carácter de urgencia una norma de mediación para aligerar de trabajo los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil y mercantil (algo que se indica de manera expresa en la nota de prensa ministerial). Aunque la mediación se configura como voluntaria, se plantea una curiosa posibilidad: “No obstante, el juez, cuando aprecie que en atención a la naturaleza del litigio éste podría resolverse de forma más ágil y menos costosa a través de la mediación, podrá instar a las partes a que asistan a una sesión informativa

II.- Creación de un par de Comisiones encargadas de la reforma procesal.  Los integrantes de dicha comisión se reunirán con periodicidad semanal durante los próximos cinco meses (en principio, y según se manifiesta, los miembros de tales comisiones no percibirán retribución alguna por ello), plazo máximo que se fija para el cumplimiento de sus objetivos, que no son otros que la elaboración de las propuestas de textos articulados de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica del Poder Judicial. Según consta en la nota de prensa emitida por el Ministerio: “Los objetivos que se fija el Gobierno con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son los de luchar contra la creciente inseguridad jurídica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, instaurar la doble instancia penal, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario, incrementar el control de las intervenciones telefónicas, regular adecuadamente la fase de instrucción, incorporar la doctrina que en materia de derechos fundamentales han sentado el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, regular con mayor precisión el ejercicio de la acusación particular, regular adecuadamente los recursos o efectuar un revisión de los actuales supuestos de aforamiento del cuerpo de jueces y magistrados y del sistema de ejecución de sentencias, entre otros”. Sorprende alguna afirmación, como, por ejemplo, “instaurar la doble instancia penal”, como si no existiese actualmente, así como “regular con mayor precisión el ejercicio de la acusación particular” que parece encubrir un deseo de eliminar o restringir dicha posibilidad. Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se busca superar la idea de partido judicial.

Se avecina un tiempo de profundas reformas en la Administración de Justicia, reformas que, lo decimos bien alto y claro, son tan necesarias como tardías. La Administración de Justicia es la gran olvidada, quizá porque a los poderes públicos no interese al no reportar los ingresos o las potestades recaudatorias que posee, por ejemplo, la Administración tributaria, ya que de esta última bien que se han ocupado y preocupado todos los gobiernos. Tenemos una justicia que funciona en el siglo XXI con medios del siglo XIX. Da dolor ver algunas sedes judiciales materialmente inundadas en toneladas de papel sin que se haya instaurado aún el expediente judicial electrónico; ver a algunos magistrados redactando las sentencias a bolígrafo y en folio; el mantenimiento de figuras como la del procurador absolutamente obsoletas (como lo demuestra su práctica eliminación en el orden jurisdiccional social y en los órganos unipersonales en el contencioso-administrativo). Menester será que adecuemos un servicio público tan esencial para un estado de derecho como la Administración de Justicia a las alturas de la época que nos ha tocado vivir.

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Un comentario el “NUEVAS REFORMAS PROCESALES ANUNCIADAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DOS DE MARZO.

  1. En algunos casos, singularmente en las causas por delitos graves de las que conocen las Audiencias Provinciales, no existe doble instancia, porque la casación no es una nueva instancia. Esta situación es incompatible con las obligaciones internacionales de España y así lo ha declarado -más de una vez- el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La idea, que lleva varios años dando vueltas, no es otra que instaurar un recurso de apelación del cual conocerán las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ.

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