REFLEXIONES SOBRE LA COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN EL SENADO

El pasado día 5 de marzo el Ministro de Justicia comparecía en el Senado español, cámara inútil donde las haya cuando menos en su actual configuración, para reiterar su mensaje tendente a informar de la batería de reformas que su departamento pretende aprobar en esta legislatura. Tras un comienzo más propio de la crónica rosa (por los injustificados e inmerecedores elogios a la Cámara Alta) y de Cuéntame cómo pasó (Gallardón echó mano de la nostalgia para recordar sus inicios como senador), entró de lleno en el meollo de la cuestión. En cuanto a los objetivos de la reforma, creo que todos los operadores jurídicos no pueden menos que coincidir con los propósitos del nuevo Ministro, a la vez que elogiar su optimismo: ”Llevamos años oyendo hablar de la lentitud de la justicia, de su politización, del agobio que sufren los juzgados y los tribunales, de la necesidad impostergable de equiparar esta administración con el conjunto de la administración española, que es puntera en tantas otras cosas: de las instituciones culturales a las infraestructuras […]Hoy son pocos los que se atreven a soñar con una Administración de Justicia de vanguardia, como sí tenemos una sanidad o un transporte público que están, sin duda, entre los mejores del mundo […] Ha llegado, pues, el momento de intentar esas cosas, de pasar de la reflexión a la acción.”

Tras citar a Ortega (un sujeto por el que el redactor de este blog no tiene ninguna simpatía, hecho que en modo alguno pretendo ocultar), Gallardón centra con acierto el tema aludiendo a una de las principales lacras de la justicia española: su politización, “politización que es la degeneración de la política cuando los partidos tratan de influir en instituciones que, por definición y por voluntad del legislador constituyente, tienen que ser independientes, como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial”. Esa politización, notoria y evidente para cualquiera, deriva del modelo de elección de vocales del Consejo (institución, por cierto, cuya propia existencia debiera quizá replantearse), situación a la que el propio ministro se refiere como, y cito textualmente, de inconstitucionalidad sobrevenida: “De hecho, nos encontramos ante una situación que alguien podría llegar a considerar, incluso, de inconstitucionalidad sobrevenida, cuando se han visto confirmados los temores expresados por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1986. Afirmaba entonces el alto tribunal que la garantía de pluralismo existente en la sociedad, y muy especialmente en el seno del Poder Judicial, se alcanza más fácilmente –estoy leyendo textualmente- atribuyendo a los jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y que es preciso, añadía, mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, entre ellos y señaladamente –nos dijo el Tribunal Constitucional-, el Poder Judicial. Añadía que la existencia de ese riesgo, que pone en peligro el espíritu de la norma constitucional, aconseja la sustitución del mecanismo de elección descrito en la Ley Orgánica 6/1985”. En definitiva, el programa ministerial en materia de Justicia aboga por excluir la intervención de los otros dos poderes en el ámbito judicial, reformando al efecto el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional así como garantizar la efectiva autonomía del Ministerio Fiscal, tan lastimada por Fiscales Generales de infausto recuerdo, como Eligio Hernández (cuyo nombramiento, por cierto, fue anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y Cándido Conde Pumpido.

A continuación, diagnóstico de la situación actual de la Administración de Justicia y su impacto en la economía, descrita con tintes de novela negra. “La congestión de juzgados y tribunales, el retraso en la ejecución de las sentencias, la tardanza en la consolidación de la doctrina jurisprudencial no son simples contratiempos que afeen con una nota de ineficacia la Administración española. Debemos ser conscientes de que son algo mucho más grave, porque afectan al derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia rápida y al día y porque, además, están detrás del cierre de empresas, de la pérdida de empleos, de la erosión de la Seguridad Social, de la caída de ingresos del Estado, del retraimiento de la inversión y, en definitiva, del empobrecimiento general de una sociedad que no merece tal destino”. Es cierto el diagnóstico, y máxime cuando el ministro indica que estamos ante una Justicia que en pleno siglo XXI se rige por modelos y principios del XIX, y que frente a ello “A este respecto, no basta con una modificación parcial de las normas, es necesario replantear el conjunto; por supuesto, siempre de los límites constitucionales”. Y yo me pregunto, ¿Se va a modificar la jurisdicción contencioso-administrativa, que aún se rige por el modelo de la benemérita ley de 1956 con privilegios inexcusables para la Administración pública que únicamente por inercia histórica se mantienen? ¿Se va a mantener la exclusión de monitorios frente a la Administración en el caso de deudas líquidas, vencidas y exigibles, condenando a la parte beneficiaria de una cantidad indiscutida e indiscutible a reclamarla en vía administrativa y a un procedimiento declarativo que finalizará sin imposición de costas? ¿Se va a mantener que la Administración sea beneficiaria de condena en costas cuando es defendida por funcionarios públicos no colegiados  en Colegios profesionales? ¿Se va a mantener el actual sistema de ejecución de sentencias, con una moratoria legal de dos meses –tres en el caso de condenas a cantidad líquida- y con un “incidente de ejecución” (nótese el eufemismo, no se habla de “proceso ejecutivo” sino de “incidente”, término que, por cierto, utilizan los servicios de atención al cliente de las compañías de telecomunicaciones para referirse a disfunciones o errores en el servicio)? Pues nada de eso. Obsérvese el ambicioso programa que anuncia el señor Ministro a la hora de referirse al contencioso: “Les anuncio también que, respecto al orden contencioso-administrativo —y también con el fin de suprimir privilegios en las administraciones públicas y racionalizar el volumen de litigios que se ventilan en él—, nos proponemos modificar la Ley 29 de 1998, que es la que regula esta jurisdicción, con objeto de suprimir la exención de abogado y procurador actualmente prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones en defensa de sus derechos estatutarios. De esta forma equiparamos a los funcionarios públicos al resto de los ciudadanos”. ¿Habla en serio el señor Ministro? ¿Todo su vasto programa de reforma se centra en lo contencioso a eliminar la posibilidad de que el funcionario acuda personalmente a defender sus derechos sin necesidad de abogado y procurador? Teniendo en cuenta que los empleados públicos que se rijan por una relación de servicio al amparo del derecho laboral a la hora de ejercer sus derechos acuden a una jurisdicción (la social) donde ni letrado ni procurador son necesarios ¿Qué privilegio se elimina en realidad? No sólo no se priva a la Administración de privilegio alguno, sino que esta medida es una más para disuadir a los ciudadanos de que pleiteen contra las Administraciones. Porque, ya puestos, ¿Por qué no se eliminan los privilegios de defensa de las Administraciones permitiendo que puedan ser defendidas por sus propios servicios jurídicos integrados por funcionarios públicos y se las condena a servirse de abogados colegiados y procuradores como el resto de los mortales?

En definitiva, que el mensaje implícito del Ministerio es que, efectivamente, hay que modernizar la Administración de Justicia, pero en asuntos en que los intereses de la Administración no se cruzan. Cuando hay interés público de por medio, mejor conservar lo que no hay que conservar y no eliminar lo que debe eliminarse. Como decía el célebre aforismo popularizado por Lampedusa, “cambiar todo para que nada cambie

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2 comentarios el “REFLEXIONES SOBRE LA COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN EL SENADO

  1. Le recuerdo que con demasiada frecuencia las Administraciones publicas recurrren a abogados colegiados con resultados mas que dudosos, vease la sentencia del caso del nido.
    Que mania le tiene a los privilegios procesales de la administracion, ¿no se da cuenta que la Administracion no puede comprar peritos?

    • Por lo general, yo únicamente he visto a la Administración acudir a abogados colegiados en determinados casos muy concretos (en general, los de gran relevancia mediática). Y en cuanto a que la Administración no pueda “comprar” peritos, ¿Para qué lo necesita gracias a la “presunción de veracidad e imparcialidad” de los informes elaborados por técnicos de la propia Administración? Informes, por cierto, hechos ad hoc a medida de lo que a ésta le interesa (y que no siempre coincide con el “interés general”)?

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