SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 CON MOTIVO DE SU BICENTENARIO.

Mañana día 19 de marzo de 2012 se conmemorará el bicentenario de la proclamación de la Constitución política de la monarquía española aprobada por las Cortes en 1812 en la ciudad de Cádiz. A este tema ya le dedicamos hace un par de años un post bajo el título ¿Viva la pepa?, en el cual mostrábamos ya nuestro escepticismo hacia muchos de los elogios que se brindaban hacia este texto constitucional así como a la inadecuación del mismo a la realidad social y política del estado español en aquel momento.

Recapitulemos la situación. Los franceses han invadido nuestro país y los monarcas (Carlos IV y Fernando VII) han cedido sus derechos a Napoleón quien a su vez nombra rey de España y de las Indias a su hermano José, por entonces rey de Nápoles. Napoleón trata de articular jurídicamente el estado mediante la aprobación del denominado Estatuto de Bayona de 1808, donde edifica un sistema político sobre la base de un Estado donde el monarca era el centro del sistema, si bien limitado por unas Cortes que se configuran como un órgano de asesoramiento más que de control y (esto era lo novedoso) un Senado que se configuraba como un órgano de garantías constitucionales, dado que era el encargado de conocer las vulneraciones de la carta magna. Este texto era mucho más coherente con el ideal ilustrado (robustecimiento del poder real pero fuertemente limitado por unas cortes representativas) y, sobre todo, mucho más adecuado a la realidad social española. El inconveniente de este texto fue que, si bien aprobado por una Comisión integrada por españoles, al estar elaborado en Bayona por el Emperador (quien únicamente admitió retoques puntuales), y estar sustentado por las bayonetas francesas e ideada para un monarca a quien muchos consideraban intruso, estaba destinado al fracaso no por su contenido, sino por estar viciado por una ilegitimidad de origen.

Por el contrario, la Constitución de Cádiz se presentó como la réplica patriótica al Estatuto de Bayona. Ahora bien, el sistema por el que optaron los constituyentes gaditanos fue el que se había demostrado fracasado en la nación vecina dado que, en efecto, el texto constitucional francés de 1791 se demostró como una potencial fuente de conflictos. Y es que el texto de 1812 se basa en dos grandes principios: soberanía nacional y división de poderes. Pero esa división de poderes se realiza sobre la base de que el órgano fundamental sobre el que se articula el sistema son las Cortes unicamerales, que representan a la nación y que ostentan no sólo el poder legislativo, sino gran parte del ejecutivo, pese a que este último se deposite en manos del rey. La división de poderes es radical: las Cortes no pueden ser disueltas por el rey dado que la convocatoria de las mismas es automática, pero por el contrario el legislativo no puede controlar políticamente a los ministros, nombrados libérrimamente por el monarca; incompatibilidad radical entre el cargo de ministro y diputado. Como indicó cierto autor, el sistema podía funcionar cuando el poder ejecutivo estuviese en manos de una Regencia en cierto modo sometida a las Cortes (situación existente en el conflicto bélico), pero cuando el ejecutivo estuviese en manos de un monarca, era preciso que éste comulgase con el ideario reformista que inspiraba de cierta manera la Constitución gaditana, dado que si fuese contrario a los cambios el texto constitucional le ofrecía suficientes poderes para, dentro del sistema constitucional, bloquear las reformas. El fracaso del sistema pudo comprobarse cuando en el trienio constitucional el rey, sin salirse formalmente de sus atribuciones, bloqueó algunas de las reformas propuestas por las Cortes, algo que los exaltados del momento solventaron extraconstitucionalmente agitando a las masas contra el rey. Este sistema fue muy duramente criticado por José María Blanco White, quien defendía un sistema político muy alejado del gaditano, pues abogaba por una monarquía parlamentaria similar a la existente en aquellos momentos en Gran Bretaña.

En relación al sistema constitucional gaditano, Joaquín Varela ha expresado que podemos hablar en el constitucionalismo español de un sistema puesto en planta en 1812 y otro muy diferente que permaneció vigente durante todo el siglo XIX y primer tercio del siglo XX hasta 1923; y es que el radicalismo de la Constitución de Cádiz, sobre todo tras la nefasta experiencia del trienio, fue superado por el grueso del liberalismo español tras su contacto con la nueva realidad política existente en Europa tras la derrota de Napoleón. El legitimismo, el parlamentarismo y las nuevas monarquías existentes en Gran Bretaña y, sobre todo, en Francia tras la revolución de 1830 y en Bélgica con su texto constitucional de dicho año, mudaron la faz del liberalismo español. Tanto moderados como progresistas coincidieron, por ejemplo, en superar el unicameralismo introduciendo una segunda cámara; la compatibilidad del cargo de ministro y diputado y, sobre todo, en el otorgamiento de un poder de veto al monarca. Cambios que se apartaban del sistema puesto en pie por el símbolo constitucional gaditano.

Nuestro país ha sido pionero en imponer desde arriba cambios radicales para los cuales la sociedad no estaba aún preparada ni política ni, sobre todo, socialmente. La Constitución de 1812 es un buen ejemplo de ello. Este bicentenario y las loas al texto gaditano no pueden hacernos olvidar este aspecto y, sobre todo, otro fundamental: el mismo pueblo que combatió con heroísmo a los franceses vitoreó a un Fernando VII que regresó declarando nulos y sin ningún valor los actos emanados de las Cortes de Cádiz; y, sobre todo, ese mismo pueblo fue quien aclamó a las tropas francesas del duque de Angulema cuando en 1823 penetró en España para reintegrar a Fernando VII en la plenitud de su soberanía. Con estos datos, uno debería preguntarse a quién representaban verdaderamente las Cortes de Cádiz

Por último, recomiendo al lector interesado que acuda a los volúmenes que, dentro de la colección “Constituciones españolas” editadas por Iustel, se dedican a los textos constitucionales de 1808 y 1812. No sólo hallará completo el texto de ambas constituciones, sino que encontrará unos amplios y magníficos estudios preliminares así como un abundante anexo documental de los trabajos preparatorios de las cortes constituyentes.

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