FISCALES POR ELECCIÓN POPULAR: ORÍGENES Y DESARROLLO DEL SISTEMA

La prestigiosa Yale Law Journal publica en el número correspondiente a este mes de abril de 2012 un interesantísimo artículo de Michael J Ellis que lleva por título The origins of the elected prosecutor, y aborda los inicios del proceso que llevó a los distintos estados integrantes de la Unión a modificar el sistema de elección de los prosecutors. En los párrafos iniciales del estudio, el autor lo deja bien claro: los Estados Unidos son el único país del mundo donde quienes ejercen la acusación en nombre del Estado son funcionarios elegidos directamente por los ciudadanos, pese a que no siempre fue así. En efecto, en los orígenes del constitucionalismo estadounidense tales funcionarios judiciales eran designados bien por los jueces del condado (Nueva York y Kentucky), por la legislatura del estado (Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Tennesee) o por el gobernador (Massachusetts, New Hampshire y Michigan). No obstante, con el advenimiento de Andrew Jackson a la presidencia, se inició un movimiento democratizador que llevó en determinados estados a que gran parte de sus funcionarios (incluidos los jueces y los prosecutors). Mississippi fue el primer estado que optó en 1832 por la elección popular de quienes hoy son los district attorneys, y lo hizo pecisamente a través de una modificación constitucional; su ejemplo fue seguido el año siguiente por Ohio, quien lo hizo por una simple modificación legislativa. A fecha de hoy, tan solo cuatro estados no eligen a sus fiscales por sufragio universal.

¿Cuáles fueron los factores que llevaron a modificar el modo de designación de este tipo de funcionarios? Especialmente dos: el rechazo del pueblo al proceso de designación existente y, sobre todo, el incremento de las funciones que experimentaron estos funcionarios en el procedimiento penal , hasta el punto de que su papel llegó a ser clave a la hora de decidir el enjuiciamiento o no de un acusado; como bien señala Ellis “As prosecutors started to cooperate with newly organized pólice departments tos creen criminal charges, district attorneys bécame more closely aligned with the exective branch”. Una circunstancia más fue precisamente el modo de retribución de este tipo de funcionarios judiciales, ya que inicialmente tanto los district attorneys como el attorney general compatibilizaban el ejercicio de estas funciones públicas con el ejercicio privado de su actividad como letrados (el autor del trabajo cita significativamente una carta de George Washington a Edmund Randolph, indicándole que si aceptaba su designación como attorney general aumentaría su prestigio a la hora de ejercer como letrado particular) y su retribución por el desempeño de funciones públicas se hacía retribuyendo caso por caso en el que interviniesen, situación a la que ulteriormente se puso coto. Todo ese conjunto de factores endógenos coincidieron en la década de los años treinta del siglo XIX con otros exógenos (el auge de la democracia jacksoniana) y motivaron que Mississipi fuese el estado pionero en optar por la elección popular de los fiscales. Con ello se pretendía desligar a un funcionario tan clave en el sistema penal americano como el prosecutor de toda vinculación con la política, pretendiendo hacerlo únicamente responsable ante el electorado, es decir, ante el pueblo soberano. Y hay un dato fundamental que Ellis indica en este artículo: los constituyentes de Mississippi que adoptaron esta revolucionaria medida carecían de experiencia política y no tenían ninguna vinculación con los partidos políticos existentes, por lo que estaban en una posición de total libertad para adoptar las medidas que estimasen necesarias (“The 1832 convention was also remarkable for its delegates lack of political and legal experience -only three of the forty-eight delegates in 1832 had served as delegates to the state´s first convention in 1817. The inexperienced delegates had few ties to the existing system, giving them freedom to make radical changes withoyt endangering their personal interests”).

La lectura de este artículo (que no oculta las críticas hacia este sistema) me ha llevado a una reflexión teniendo en cuenta que actualmente en el seno del Ministerio de Justicia existe una Comisión destinada a elaborar un borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal que potencia la figura del fiscal haciendo del Ministerio Público un instrumento poderosísimo en la justicia penal. Sería conveniente, cuando menos, abrir el debate sobre el sistema de selección de fiscales de tal manera que, si al igual que en el sistema penal estadounidense el fiscal ostentará unas facultades inmensas a la hora de instruir y decidir si se presenta o no una acusación frente a un sospechoso, no sería conveniente que el máximo responsable del Ministerio Público en cada ciudad y en cada Comunidad Autónoma fuese elegido por votación popular entre los residentes en la correspondiente circunscripción. Si es posible debatir sobre la supresión de la tradicional figura del juez instructor, también será posible (digo yo, vamos) abrir un debate sobre el sistema de selección de los fiscales.

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Un comentario el “FISCALES POR ELECCIÓN POPULAR: ORÍGENES Y DESARROLLO DEL SISTEMA

  1. Aun asi como lo hacemos aqui quedan jueces con agallas,el otro dia lei un reportaje de Jaime Gonzalez en A.B.C. y decía que Griñan el andaluz quiso mandar a los corrales por exceso de trapio (buena planta y gallardia) a la juez ALAYA con el caso de los eres pero no pudo. Cuando lo de Marbella paso lo mismo con una juez asturiana y la trasladaron.
    Saludos

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