ARIZONA v UNITED STATES: INMIGRACIÓN, COMPETENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.

El pasado miércoles 25 de abril de 2012 tuvieron lugar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos los oral argument del caso Arizona v. United States. Es un caso interesante a la vez que políticamente explosivo dado que afecta a la legislación estatal en materia de inmigración que aprobó en su día el estado de Arizona y que el gobierno federal estadounidense impugnó por considerar la misma como inconstitucional al vulnerar aspectos reservados a la normativa federal. Un juzgado federal estimo parcialmente la demanda y anuló por inconstitucional varios preceptos de dicho texto legal, asunto que hemos expuesto detalladamente en un post anterior. Pues bien, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó el recurso interpuesto por el estado de Arizona y confirmó en todos sus extremos la sentencia de instancia. El gobierno estatal no se rinde y lleva el asunto por vía writ of certiorari ante el Tribunal Supremo, quien decidió admitirlo a trámite sometiendo como cuestión jurídica a debatir si, en efecto, la normativa federal sobre inmigración excluye que Arizona pueda llevar a cabo tareas de ejecución legal y si a la luz de tales normas federales implícitamente se puede derivar la inconstitucionalidad de los cuatro puntos de la normativa estatal que los juzgados federales estimaron inconstitucionales.

En primer lugar, hemos de indicar que en el presente asunto no son nueve, sino ocho los magistrados que integran a los efectos de resolución dicho asunto, dado que Elena Kagan, la juez nombrada el pasado año por Barack Obama para cubrir la vacante ocasionada por la retirada de John Paul Stevens, ha sido recusada; ello conllevaría que en caso de empate a cuatro votos quedaría confirmada la sentencia del Tribunal inferior. No obstante, y en segundo lugar, ha de indicarse que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito mantienen últimamente un enfrentamiento nada larvado, con un alto grado de resoluciones de éste último que han recibido sonoros varapalos en la mas alta instancia judicial estadounidense. En tercer lugar, en la vista oral quedó claro que existen magistrados como Antonin Scalia que se han pronunciado de forma casi explícita en el sentido de que su voto será favorable a la constitucionalidad de la legislación estatal de Arizona (al entender que si bien el gobierno federal tiene todo el derecho a establecer quien tiene derecho a residir legalmente o no en territorio estadounidense, ello no puede dejar indefenso a un estado para actuar contra quienes residen ilegalmente en su territorio), mientras que otros, como el chief justice Roberts aun menos hostiles que Scalia han dejado bien claro que no tienen dudas respecto a la constitucionalidad de la normativa estatal.  Por su parte, los tres magistrados que componen el ala liberal (Gisburn, Breyer y Sotomayor) se mostraron mucho más cautelosos y centraron sus intervenciones en las consecuencias del arresto de inmigrantes, y al parecer las explicaciones que al efecto otorgó el defensor del estado de Arizona parece que no disgustaron del todo a dichos magistrados. En definitiva, que todo parece indicar que salvo rarísimas excepciones el Tribunal Supremo avalará la constitucionalidad de la norma estatal revocando la sentencia de instancia.

Más que todo el enrevesado aspecto jurídico-procesal del asunto, todo lo anteriormente expuesto debiera llevar a una seria reflexión a la clase política española. Cuando el juzgado federal de Arizona anuló parte de la legislación estatal nadie acusó de “ilegítimo” a dicho órgano judicial ni enarboló voces hablando de independencia, de sentimiento federal anti-arizoniano ni otras zarandajas por el estilo, como suele suceder en alguna que otra parte de nuestro país cuando alguna norma autonómica es puesta en cuestión por órganos judiciales o por el Tribunal Constitucional. Algo muy digno de tener en cuenta, porque un país no sólo merece una Administración de Justicia digna de ese nombre, sino una clase política digna; por desgracia, en España estamos bastante escasos de lo primero y completamente ayunos de lo segundo.

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Un comentario el “ARIZONA v UNITED STATES: INMIGRACIÓN, COMPETENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.

  1. ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES SANCIONADORAS PERPETUAS FRANQUISTAS SIN REHABILITACION EN TODAS LAS AAPP EXCEPTO LA LOCAL, JUDICIAL Y FISCAL

    REHABILITACIÓN DEL SEPARADO DEL SERVICIO EN LA ADMINISTRACION LOCAL PROHIBIDA EN LA ESTATAL, AUTONOMICA E INSTITUCIONAL

    El nuevo Ministerio de Hacienda y AAPP,regido por el Ministro Montoro, permite en la Administración Local LA REHABILITACION DEL FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO SEPARADO DEL SERVICIO por cualquier Administración como la Central,la Autonómica,la Institucional en las que no está previsto (salvo para Jueces, Fiscales, Personal de Cortes, de Sanidad y Eurofuncionarios),o como la Local en que sí está previsto,resultando por ello discriminadas sin razón unas respecto a otras, por lo cual el art.68 EBEP (de rehabilitación solo prevista para el inhabilitado y no además para el separado del servicio como previó el nonato art.27.2 EBFP “RAJOY-MOLL”de 1999 y el Dictamen 1489/1998 del Consejo de Estado) y el art.56.1.c.d EBEP(de exclusión perpetua en todo empleo público por haber sido separado del servicio,sin posibilidad alguna de REHABILITACION ni de DERECHO AL RECURSO desde los 16 años de edad ) son anticonstitucionales y generan RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LAS VICTIMAS,y no se entiende que el FISCAL GENERAL, el DEFENSOR DEL PUEBLO, los Jueces y Tribunales,el TS y el TC no hayan cuestionado esa maraña de leyes de Función Publica franquista y arreglado este desaguisado que desede 1978 a 2012 afecta a los 4 Poderes del Estado y a todas las AAPP y a sus 3 millones de funcionarios, sus oposiciones,sus listas de admitidos y excluidos, sus Tribunales,sus Preparadores, sus Temarios,sus tomas de posesión,sus nombramientos,sus sanciones, sus actuaciones, sus deméritos……….

    Los Alcaldes, Plenos, Concejales, Secretarios, Interventores,….y en su caso los Rectores, Claustros, Catedraticos, Instructores, Testigos……Los Consejos de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, …..Consejos del Poder Judicial,…..Consejode Estado ……que hayan impuesto SANCIONES PERPETUAS DE SEPARACION DEL SERVICIO a funcionarios civiles y militares DENEGANDOLES TODA REHABILITACIÓN , RECURSO, INDEMNIZACIÓN, Y TODO ACCESO A OPOSICIONES Y CONCURSOS deben responder DE OFICIO y DE SU PROPIO BOLSILLO, en su caso por ello

    Ver

    http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/funcion_publica/estatutobasico/criterios.html

    CRITERIOS PARA APLICAR EL EBEP EN EL
    AMBITO DE LA ADMINISTRACION LOCAL

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    d) Procedimiento disciplinario

    Se rige por los principios generales contemplados en el artículo 98.

    La incoación y el nombramiento de instructor corresponde al Presidente de la Corporación Local respectiva -artículos 150.1 .a) y 2 TRRL-.

    La instrucción del expediente se tramitará de acuerdo con las normas que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas -artículo 150.4 TRRL-.

    La resolución del expediente corresponde al Presidente de la Corporación Local -artículo 151.b)TRRL-.

    La anotación y cancelación de sanciones, ASI COMO LA POSIBLE REHABILITACION DE LOS FUNCIONARIOS SEPARADOS DEL SERVICIO,se llevará a cabo en los términos de los artículos 68 del EBEP y 152 TRRL. (????)

    Con carácter supletorio se aplica el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado

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