CARLOS DIVAR ANUNCIA SU DIMISIÓN: REFLEXIONES PERSONALES SOBRE EL ASUNTO.

Los principales diarios de hoy día 16 de junio de 2012 anuncian que Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, anuncia implícitamente su intención de renunciar al cargo tras perder la confianza de los integrantes del Consejo. El motivo: el escándalo ocasionado tras la filtración por uno de los miembros de dicho ente semipolítico de los viajes realizados por el señor Dívar con cargo al dinero público. Tras el guirigay mediático que dicha situación ha provocado el daño hecho a la institución, ya de por sí bastante malparada, ocasionó que un vocal (el mismo que filtró el asunto) solicitase la remoción del presidente, otros cuatro vocales solicitasen abiertamente su dimisión e incluso los propios correligionarios del afectado, si bien no instaron de forma expresa su renuncia, sí dejaron entrever que lo mejor para preservar la imagen institucional del Consejo sería que el propio Divar abandonase motu proprio el cargo.

El devenir de todo este penoso asunto me ha llevado a plantearme en voz alta las siguientes reflexiones que comparto con todos los lectores del blog:

I.- Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la posición de Carlos Divar se ha visto reforzada cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó no admitir a trámite la denuncia presentada por la asociación Preeminencia del Derecho. La decisión, adoptada por una mayoría de once votos contra cuatro, supone desde el punto de vista estrictamente jurídico un reforzamiento de las tesis del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que contempla cómo su actuar no reviste los caracteres del ilícito penal. Desde la óptica del derecho, por tanto, a Carlos Dívar nada puede reprochársele.

II.- Ahora bien, todos sabemos que un comportamiento lícito puede ser moralmente reprochable, de la misma manera que un comportamiento ilícito no tiene por qué llevar aparejado un reproche moral. En este caso, lo que se imputa a Carlos Divar es el gasto ocasionado en sus viajes a la ciudad de Marbella, que ascendería a la cantidad de casi 13.000 euros en tres años, según el periódico ABC (el diario El Mundo eleva dicha suma a más del doble, 28.000). Teniendo en cuenta tales circunstancias me planteo lo siguiente:

A.- No deja de llamar la atención lo irrisorio de las cantidades si tenemos en cuenta la proporción. Aún tomando la más elevada de las sumas, veintiocho mil euros en tres años supone un total de 777 euros mensuales. La cantidad que para realizar desplazamientos (no siempre para labores de carácter público) percibe un diputado o senador o un parlamentario autonómico (no digamos ya un eurodiputado) cuadruplica tal cantidad. Todos somos conocedores de los desplazamientos privados y el uso de medios públicos para ello que realiza la casta política, sin que ello levante polvareda mediática más que cuando la denuncia se utiliza como arma arrojadiza, como ha sido en el presente caso.

B.- No todos los viajes en cuestión han tenido naturaleza privada, dado que algunos tenían carácter estrictamente público o relacionado con sus funciones, mientras que otros sí tienen la consideración de privados o, en el mejor y más generoso de los casos, cuando menos dudosos.

C.- Las críticas se han centrado en el Presidente del Consejo, pero se ha corrido un tupido velo de silencio sobre los restantes miembros de la institución. ¿Es que (me pregunto quizá ingenuamente) el resto de vocales están limpios de polvo y paja? Como diría el doctor Livesey (inolvidable personaje de La isla del tesoro) apostaría mi peluca a que el propio vocal que ha sacado a la luz pública el asunto tiene en su haber viajes privados con cargo a fondos públicos.

D.- Los vocales han cargado las tintas con el daño que este comportamiento ha ocasionado a la institución, y aquí es donde mi discrepancia es ya absoluta. El Consejo General del Poder Judicial lleva años herido de muerte, justo desde el momento en el que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, con su sistema de elección de vocales, trasladó el sistema de confrontación política parlamentaria al órgano de gobierno de los jueces, como el Tribunal Constitucional, ejerciendo de profetisa Casandra, intuyó en su sentencia sobre dicho texto legal. El Consejo General del Poder Judicial es, actualmente, un órgano cuasipolítico donde se producen día sí y día también enfrentamientos entre facciones que, si legítimos e incluso deseables en sede parlamentaria, están fuera de lugar en un órgano de gobierno de los jueces. No es de recibo que por intereses particulares y espúreos se juegue con la imagen de toda una institución, máxime cuando la persona que sacó a la luz pública este asunto no ha dicho una sola palabra cuando su íntimo amigo el juez prevaricador gozó de un largo permiso en los Estados Unidos retribuido con fondos públicos mientras percibía jugosos y nada despreciables emolumentos por su año sabático.

E.- Todo lo anterior no logra ocultar el hecho de que el presidente del Consejo no ha sido capaz de sobrellevar esta crisis. Es posible que su conciencia esté tranquila porque considere que no ha cometido hechos reprochables ni penal ni moralmente, pero lo cierto es que estaba en su mano evitar toda este penoso asunto, simplemente pidiendo disculpas y reintegrando las cantidades que correspondiesen a viajes de dudosa calificación. Con ello hubiera cortado de raíz el nudo gordiano y quienes hoy piden su dimisión lo máximo que podrían haberle reprochado sería su escasa prudencia o descuido.

Pero lo accesorio no debe llevarnos a obviar lo principal, y es la necesidad de replantear la propia existencia del Consejo General del Poder Judicial, organismo inútil donde los haya, como lo prueba el hecho de que son escasísimos los países que gozan de un organismo similar. Dicha institución se implantó en nuestro país tomando como modelo el Consejo de la Magistratura italiano. Pero instituciones que han funcionado y funcionan en otros países no tienen necesariamente que funcionar en otro, porque los condicionantes políticos y, sobre todo, sociales, son diferentes. De igual manera que el sistema de nombramiento de jueces federales en Estados Unidos funciona a la perfección en dicho país, sería utópico pensar en su traslado a nuestra patria porque degeneraría hasta extremos inconcebibles: cualquiera que contemple los hearings a los que es sometido cualquier candidato propuesto para el cargo de  magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos podrá comprobar el durísimo y agotador examen a los que se somete al candidato, de quien se escudriña hasta lo más mínimo, recóndito y oculto; en España sería impensable tal procedimiento, pues todos sabemos que la propuesta de vocales del Consejo lo que menos prima es el perfil del candidato, sino el acuerdo de los partidos.

En definitiva, que estamos ante una institución herida de muerte, cuya utilidad es no ya dudosa, sino nula. Por ello, cuando una institución deja de ser útil, lo mejor es suprimirla. Máxime en tiempos de crisis como los que nos azotan.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

4 comentarios el “CARLOS DIVAR ANUNCIA SU DIMISIÓN: REFLEXIONES PERSONALES SOBRE EL ASUNTO.

  1. Hace infinitamente más daño este meapilas arrogante y melifluo que quien tu llamas juez “prevaricador”. Representa lo peor de los españolitos y en especial de esta casta omnipoderosa e intocable de los jueces hispánicos capaces en su infonita desverguenza de expulsar al único Juez -al margen de sus errores- capaz de habernos sentido. aunque sólo fuera por una vez- orgullosos de este desdichado país .

  2. El comportamiento que se imputa a Dívar lo tuvo el amigo íntimo de la persona que denunció al presidente del Consejo. ¿O es que nadie recuerda que el año sabático del ex-juez Garzón en las américas percibió su sueldo como magistrado de la Audiencia sin tener derecho a ello? ¿Y que se libró de este asunto (cuya crítica ni tan siquiera sus amigos más cercanos osaron cuestionar porque sabían de la irregularidad cometida por el mediático personaje) únicamente porque el Tribunal Supremo consideró prescritos los hechos? Quienes ahora se rasgan las vestiduras por Dívar ni abrieron la boca como no fuese para una tímida defensa del prevaricador.
    Otro ejemplo evidente de que en este país cada vez se aplica más el derecho penal de autor: un comportamiento no es reprochable por sí mismo, sino en función de la persona que lo comete o a quien se atribuya: lo que en Divar está mal, en Garzón está perfectamente bien porque éste es “progresista”. Así nos va

  3. Estimado compañero:

    Poco tenemos en común sobre nuestro ideario vital, salvo mi admiración por tu sapiencia.

    Dicho esto, me quedo con tu último comentario: “Así nos Va”.

    Desde luego utilizar de forma despectiva el termino “progresista”, propio de Pío Moa o de Losantos resulta, cuando menos, feble y débil. No niego que haya “vendettas” en este asunto -pues menudo es el Benítez de Lugo, al que he padecido alguna vez-, pero deberíamos congratularnos de acabar con los corruptos y de quien hace de su capa un sayo y se comporta como un Cardenal inmoral. Ya sabes, además, que la venganza es un plato que se come frío, aunque yo personalmente la aborrezca.

    Recibe un cordial saludo de tu fiel seguidor, a quien le gusta debatir y polemizar en buen tono.

  4. Estoy de acuerdo contigo y sabes que la discrepancia ideológica que ambos mantenemos no excluye el debate y la polémica en buen tono. Eso sí, no entiendo que se entienda como despectivo el término “progresista” y no se critique el uso y abuso despreciativo del término “fascista” que la izquierda utiliza indiscriminadamente contra quienes no piensen como ellos (piénsese, por ejemplo, que Julián Besteiro fue motejado de “fascista” por Santiago Carrillo).
    Un saludo muy cordial.

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