ARIZONA v UNITED STATES: EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE LA NORMATIVA INMIGRATORIA DE ARIZONA.

El día 25 del presente mes de junio del año 2012 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos publicaba su sentencia Arizona v. United States, en la cual debía pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la legislación que Arizona había aprobado en el año 2010 para combatir la inmigración ilegal. Un juzgado federal ya había anulado varios preceptos de la ley al considerar varios de sus preceptos contrarios a la Constitución (asunto al que dedicamos en su día un post que nos sirvió para ofrecer un cuadro comparativo entre el funcionamiento del modelo de control de constitucionalidad difusa y concentrada), sentencia que fue confirmada vía de recurso por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. El estado de Arizona acudió vía writ of certiorari ante la máxima instancia judicial estadounidense (a los oral argument del caso les dedicamos igualmente un post autónomo), quien se ha pronunciado sobre el particular el pasado lunes.

La sentencia fue elaborada por Anthony Kennedy, quien contó con el apoyo de los tres integrantes del sector liberal Stephen Breyer, Ruth Bader Gisburn y Sonia Sotomayor (Elena Kagan no tomó parte en el asunto) así como, sorprendentemente, del propio chief justice John Roberts, mientras que Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito formularon sendos votos particulares, coincidiendo en parte y discrepando en parte con la mayoría. La estructura de la sentencia, como todas las del alto tribunal norteamericano, es un ejemplo de cómo debe ser una resolución judicial: se consignan con la debida separación en puntos diferentes los antecedentes de hecho, los principios generales aplicables para, después, aplicar dichos principios al caso concreto. En este supuesto, la sentencia estima parcialmente el recurso: rechaza las tesis del estado de Arizona al considerar contrarios a la constitución por invasión de competencias federales tres de los preceptos anulados en instancia, mientras que respecto al cuarto se estima parcialmente el recurso por los motivos que ulteriormente expondremos.

No nos detendremos en los antecedentes de hecho (ya desgranados en el post al que nos referimos en el primer párrafo), pero sí merece la pena detenerse un instante en el párrafo dedicado a los principios generales aplicables al presente asunto, principios sin duda tan caros a alguien como Kennedy más partidario de sistemas globales que de resoluciones adoptadas en función de casos concretos. En efecto, la sentencia en cuestión comienza indicando las potestades del gobierno federal en materia de inmigración, al amparo de la previsión constitucional contenida en el artículo 1 párrafo octavo de la Constitución “y sus poderes inherentes como soberano para el control y gestión de las relaciones con otras naciones”. Continúa la sentencia estableciendo que la política de inmigración afecta a otras materias, como comercio, inversiones, turismo y las relaciones diplomáticas del gobierno federal, así como “the perceptions and expectations of aliens in this country who seek the full protection of its laws”; por otra parte, la política inmigratoria del gobierno federal puede influir o determinar en legislaciones foráneas el trato a deparar a ciudadanos estadounidenses (“Perceived mistreatment of aliens in the United States may lead to harmful reciprocal treatment of American citizens abroad”). A continuación, la sentencia contiene una frase que me ha llamado la atención y que sirve para contrastar cómo en un país cuya organización territorial responde a esquemas inequívocamente federales puede dar una lección a un país como el nuestro, cuyo estado autonómico ha desbordado en ocasiones al federalismo: “It is fundamental that foreign countries concerned about the status, safety, and security of their nationals in the United States must be able to confer and communicate on this subject with one national sovereign, not the 50 separate States”. La competencia sobre inmigración es clara e inequívocamente federal: “unlawful entry and unlawful reentry into the country are federal offenses. Once here, aliens are required to register with the Federal Government and to carry proof of status on their person. Failure to do so is a federal misdemeanor. Federal law also authorizes States to deny noncitizens a range of public benefits and imposes sanctions on employers who hire unauthorized workers”. La competencia para decretar la expulsion de inmigrantes ilegales y el procedimiento a seguir para ello es también de inequívoca naturaleza federal. Pero, a continuación, la sentencia desliza otra de las grandes peocupaciones del magistrado ponente Anthony Kennedy: la inmediata relación existente entre la ejecución de las leyes sobre inmigración y su relación con el drama humano que ello conlleva, haciendo una sutil distinción entre los varios tipos de inmigración ilegal, dado que (indica la sentencia) no es lo mismo un inmigrante que entra en el territorio estadounidense para procurar sustento a su familia que quien pretende la comisión de ilícitos penales:. “Discretion in the enforcement of inmigration law embraces immediate human concerns. Unauthorized workers trying to support their families, for example, likely expose less danger than alien smugglers or aliens who commit a serious crime. The equities of an individual case may turn on many factors, including whether the alien has children born in the United States, long ties to the community or a record of distinguished military service”, lo que necesariamente implica el enjuiciamiento de cada supuesto caso por caso.

Reconoce esta importante sentencia que la normativa federal no implica una reducción de la importancia de la política inmigratoria en relación con los estados, reconociendo de forma expresa la delicada situación en que se encuentra Arizona debido a la inmigración ilegal, siendo así que el condado más populoso del estado un alto porcentaje de inmigrantes ilegales son responsables de la comisión de delitos (“Arizona bears may of the consequences of unlawful immigration. Hundreds of thousands of deportable aliens are aprehended in Arizona each year. Unauthorized aliens who remain in the State comprise, by one estimate, almost six percent of the population […]And in the State´s most populous county, these aliens are reported to be responsible for a disproportionate share of serious crime”). No obstante, y aún reconociendo que dicha situación es el marco o contexto social que ha determinado la aprobación de la controvertida normativa estatal, el asunto ha de resolverse sobre la base de una sencilla cuestión: el contraste de las competencias estatales y federales, para verificar si la ley estatal ha invadido cuestiones reservadas al derecho federal, cuestión ésta cuya formulación se analiza en el brevísimo pero imprescindible punto III de la sentencia.

Sobre tales bases, se declaran nulos por contrarios al texto constitucional tres de los preceptos más controvertidos: la Sección 3 (que tipificaba como infracción penal de carácter menor o “misdemeanor” la no obtención de un permiso o registro); la Sección 5 apartado C, que tipificaba igualmente como infracción penal menor no ya que un inmigrante ilegal desempeñase trabajo por cuenta propia o ajena, sino meramente que solicitase un empleo; y la Sección 6, que facultaba a los agentes estatales a proceder al arresto, sin necesidad de orden judicial alguna, de un inmigrante si la autoridad que procede al arresto sospecha (simplemente sospecha) de que existen indicios de que la persona a quien se va a detener ha cometido un delito que le suponga la deportación del territorio estadounidense. No obstante, el Tribunal al enfrentarse a la constitucionalidad de la Sección 2 apartado B (que obliga a los agentes estatales a verificar, respecto a un inmigrante detenido con todas las garantías legales por otras circunstancias, el estatus legal en relación con la normativa inmigratoria si existen motivos razonables para sospechar que dicha persona se encuentra irregularmente en territorio norteamericano) no encuentra motivos para sostener, de momento, su inconstitucionalidad. En este sentido, el Tribunal Supremo ha decidido mostrarse, por el momento, cauteloso y prefiere demorar toda consideración hasta que las previsiones de la norma no sean aplicadas por las autoridades estatales e interpretadas por los órganos judiciales de dicho estado y verificar una vez se hayan dado tales circunstancias, si se han invadido o no competencias federales (“ It was improper, however, to enjoin §2(B) before the state courts had an opportunity toconstrue it and without some showing that enforcement ofthe provision in fact conflicts with federal immigration law and its objectives”).

Finaliza el Tribunal con una nueva lección para países como el nuestro: reconoce la peculiaridad de la situación que vive Arizona y la grave naturaleza del problema, pero ello no le autoriza en modo alguno a vulnerar normativa federal (“Arizona may have understandable frustrations with the problems caused by illegal immigration while that process continues, but the State may not pursue policies that undermine federal law”).

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