NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSSINES v. SEBELIUS: EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA

Anteayer, jueves día 28 de junio de 2012 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ofrecía su esperadísima sentencia que debía pronunciarse sobre la legislación sobre reforma sanitaria impulsada por el presidente norteamericano Barack Obama. La adecuación de dicho texto legal había sido cuestionado por varios juzgados federales a lo largo y ancho de la geografía estadounidense, lo que hacía inevitable su llegada al Tribunal Supremo, aspecto éste al que habíamos dedicado un post hace ya cuatro meses. Pues bien, la respuesta ha llegado de la mano del caso National Federation of Independent Bussiness v. Sebelius donde, como ya habíamos indicado anteriormente, la cuestión jurídica a dilucidar radicaba en pronunciarse sobre una cuestión jurídica básica: Si el Congreso Federal estadounidense había sobrepasado sus potestades constitucionales a la hora de imponer a todo ciudadano norteamericano la obligación de contar con un seguro sanitario cuyas coberturas mínimas establecía la propia ley.

Lo primero que llama la atención no es lo ajustado de la votación (cinco magistrados contra cuatro, aritmética bastante habitual), sino la curiosa ubicación de uno de los magistrados, en concreto el chief justice John Roberts. La actual composición del Tribunal Supremo, ya lo hemos indicado en numerosas ocasiones, oscila entre cuatro magistrados del ala liberal (Ruth Bader Gisburn y Stephen Breyer –nombrados por Clinton-, Sonia Sotomayor y Elena Kagan –nombramientos de Obama) y cuatro magistrados del ala conservadora (Antonin Scalia y Clarence Thomas –nombrados respectivamente por Reagan y Bush padre-), John Roberts y Samuel Alito –nombrados por Bush hijo-), siendo un magistrado conservador moderado, Anthony Kennedy (nombrado por Reagan) el elemento clave para la obtención de mayorías, siendo precisamente Kennedy quien en determinadas ocasiones suele alinearse con el ala liberal, heredando así el papel decisivo que hasta hace seis años ostentaba Sandra Day O´Connor. Pues bien, en este caso Anthony Kennedy se alineó inequívocamente con los conservadores argumentando en un encendido voto particular que toda la legislación es inconstitucional. Sin embargo, el voto decisivo en este asunto fue el del conservador John Roberts, quien por primera vez se alinea con los integrantes del ala liberal para salvar la constitucionalidad de la reforma sanitaria, aunque dando un contundente pescozón al ejecutivo.

La sentencia indica en su primer párrafo cual es el objeto de análisis, delimitando jurídicamente la cuestión: “Today we resolve constitutional challenges to two provi­sions of the Patient Protection and Affordable Care Act of 2010: the individual mandate, which requires individuals to purchase a health insurance policy providing a mini­mum level of coverage; and the Medicaid expansion, which gives funds to the States on the condition that they pro­vide specified health care to all citizens whose income falls below a certain threshold”. En definitiva, se trata de verificar si el legislativo federal se ha mantenido dentro de las competencias tasadas que le atribuye el artículo 1 de la Constitución federal de 1787 (incidiendo los primeros considerandos de la sentencia en justificar en derecho el carácter tasado de las competencias atribuidas al legislativo federal, quedando las restantes no enumeradas en el artículo 1 en los estados “and the people”). El Tribunal Supremo, desde el caso Marbury, ostenta la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes federales, pero esa potestad ha de ser administrada con prudencia, dado que, como se indica en la sentencia que hoy comentamos “Our permissive reading of these powers is explained in part by a general reticence to invalidate the acts of the Nation’s elected leaders. “Proper respect for a co-ordinate branch of the government” requires that we strike down an Act of Congress only if “the lack of constitutional authority to pass [the] act in question is clearly demon­strated.” United States v. Harris, 106 U. S. 629, 635 (1883).Members of this Court are vested with the authority tointerpret the law; we possess neither the expertise nor the prerogative to make policy judgments. Those decisions are entrusted to our Nation’s elected leaders, who can be thrown out of office if the people disagree with them. It is not our job to protect the people from the consequences of their political choices” (el subrayado es nuestro). En definitiva, que la toma de decisión basada en criterios políticos es competencia de los cargos electos, y ninguna competencia ostenta el máximo órgano judicial federal en ese tipo de asuntos. Ahora bien, ello en modo alguno significa que el Tribunal tenga que renunciar a controlar los aspectos neta o estrictamente jurídicos de tales decisiones. Tras los análisis genéricos sobre las cuestiones atenentes a la organización y distribución de competencias en el sistema federal y a las potestades constitucionales que ostenta el Tribunal Supremo dentro de dicho sistema, pasa a abordar el fondo del asunto: si es adecuado o no al texto constitucional que el legislador imponga la obligación de todo ciudadano de contratar un seguro sanitario con coberturas mínimas o, en caso de no querer o no poder hacerlo, sea sancionado económicamente por ello (según consta en la sentencia, se califica expresamente de “sanción” esa multa económica aneja al incumplimiento). El Juzgado Federal del Distrito Norte de Florida había estimado que dicha previsión desbordaba las potestades constitucionalmente atribuidas al Congreso por la Constitución federal, sentencia que fue expresamente confirmada por el Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito (el juzgado de Florida fue uno sólo de los muchos que se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, dado que otros estados impugnaron en sus respectivos ámbitos territoriales la misma legislación).

En primer lugar, el Tribunal aborda un obstáculo procesal derivado de la Anti-Injuction Act, que impide entablar acciones judiciales tendentes a impugnar el establecimiento y recaudación de impuestos, aunque se rechaza que sea de aplicación al presente asunto, tras lo cual se aborda de lleno la cuestión de fondo debatida. La Administración actuante sostenía la constitucionalidad de los preceptos impugnados sobre la existencia de dos preceptos: la cláusula de comercio (commerce clause) y la potestad tributaria (power to tax). El Tribunal rechaza que nos encontremos ante un supuesto amparado por la commerce clause: “The individual mandate, however, does not regulateexisting commercial activity. It instead compels individ­uals to become active in commerce by purchasing a product,on the ground that their failure to do so affects interstate commerce. Construing the Commerce Clause to permit Con­gress to regulate individuals precisely because they aredoing nothing would open a new and potentially vast do­main to congressional authority”; por ello, razona el Tribunal, con esa lógica el Congreso podría ampararse en dicha cláusula constitucional para intentar resolver cualquier problema. Existe un párrafo que me ha llamado sobremanera la atención, tanto por su lógica aplastante como por su conexión con la idea que los padres fundadores tenían de la nación que estaban creando de la nada: “People, for reasons of their own, often fail to do thingsthat would be good for them or good for society. Those failures—joined with the similar failures of others—can readily have a substantial effect on interstate commerce. Under the Government’s logic, that authorizes Congress to use its commerce power to compel citizens to act as the Government would have them act. That is not the country the Framers of our Constitution envisioned. James Madison explained that the Commerce Clause was “an addition which few oppose and from which no apprehensions are entertained.”. Por ello, el mandato contenido en la legislación sanitaria excede de la commerce clause en los términos expuestos: “The individual mandate’s regulation of the uninsured asa class is, in fact, particularly divorced from any link to existing commercial activity […] The proposition that Congress may dictate the conductof an individual today because of prophesied future ac­tivity finds no support in our precedent”. La conclusion, pues, es obvia: “The individual mandate forces individuals into commerce precisely because they elected to refrain from commercial activity. Such a law cannot be sustained under a clause authorizing Congress to “regulate Commerce.”.

Pero la Administración Obama esgrime una segunda argumentación: no ha de interpretarse la ley como una obligación de contratar un seguro, sino como una norma que establece un impuesto a quien no contrate tal producto: “Instead, the Government asks us to read the mandate not as order­ing individuals to buy insurance, but rather as imposing a tax on those who do not buy that product”. El Tribunal Supremo echa mano aquí de una doctrina muy familiar al jurista español: en caso de varias interpretaciones de un texto legal ha de primar la más favorable a la constitucionalidad de la norma: “As we have explained, “every reasonable construc­tion must be resorted to, in order to save a statute from unconstitutionality.” Hooper v. California, 155 U. S. 648, 657 (1895).” Tras un largo razonamiento, el Tribunal acepta esta tesis, interpretando la normativa sanitaria no en el sentido de imponer una obligación legal de contratar un seguro, sino en el sentido de gravar con un impuesto la no cobertura sanitaria, cuya constitucionalidad se avala sin que el órgano judicial pueda pronunciarse acerca de cuestiones sobre su oportunidad o acierto: “The Affordable Care Act’s requirement that certain in­dividuals pay a financial penalty for not obtaining health insurance may reasonably be characterized as a tax. Be­cause the Constitution permits such a tax, it is not our roleto forbid it, or to pass upon its wisdom or fairness”.

La sentencia tiene un largo voto particular concurrente de Ruth Bader Gisburn, pero un no menos importante voto particular discrepante que firman conjuntamente Scalia, Kennedy, Thomas y Alito. Que una personalidad moderada como Anthony Kennedy (a cuyo voto decisivo se deben numerosas sentencias que orientaron al Tribunal Supremo hacia posiciones más templadas) haya suscrito un voto particular discrepante de tal calibre ha de llevarnos a pensar la dificultad jurídica del asunto. La frase final no tiene desperdicio “We would find the Act in­valid in its entirety. We respectfully dissent”.

En definitiva, que el supremo órgano judicial federal da un respiro jurídico al mandatario demócrata, aunque seguramente no en el sentido que Obama hubiera deseado. No es jurídicamente obligatorio la posesión del seguro sanitario, sino que su no posesión estará gravada por un impuesto, hecho éste de importancia relativa dado que, como la propia resolución judicial indica, “Indeed, it is estimated that four million people each year will choose to pay the IRS rather than buy insurance”. Otro hecho que debería dar mucho, pero mucho que pensar.

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2 comentarios el “NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSSINES v. SEBELIUS: EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA

  1. INCONSTITUCIONALIDAD ESPAÑOLA DE NORMATIVA USA ANTIDOPAJE COMO LAS SANCIONES PERPETUAS MUNDIALES A MEDICOS Y DEPORTISTAS

    EL EMPESS 30/2003 (Estatuto Marco Personal Estatutario Servicios Sanitarios) DE LA MINISTRA DE SANIDAD ANA PASTOR prohibió a toda autoridad española sanitaria o no sanitaria la imposición de sanciones perpetuas depuradoras de funcionarios, como la separación del servicio sin posibilidad de rehabilitación y con exclusion de toda participación activa o pasiva en empleos públicos y elecciones sindicales, fulminando así el art.56.1.d EBEP 7/2007 (derivado del art.30.1.e DLFCE 1964 FRANQUISTA DE CARRERO BLANCO de exclusión perpetua irrecurrible de todo empleo publico al separado del servicio, despedido, inhabilitado), al crear el EMPESS 2003 la REHABILITACION SEXENAL AUTOMATICA DEL SEPARADO DEL SERVICIO A LOS 6 AÑOS DE LA IMPOSICION DE DICHA SANCION , en la linea de la REHABILITACION SIN LIMITES QUE TIENEN LOS MEDICOS FORENSES, JUECES, FISCALES Y PERSONAL JUDICIAL QUE SEA SEPARADO DEL SERVICIO POR LOS DECRETOS FRANQUISTAS DE ADAPTACION PRIVILEGIADA DEL DLFCE 1964 AL PERSONAL JUDICIAL Y DE LA JURISDICCION DEL TRABAJO COMO EL DROACAJ 33/1966, DISCRIMINANDO AL RESTIO DE EMPLEADOS PUBLICOS CUYA SEPARACION DEL SERVICIO ES PERPETUA, EXCLUYENTE Y SIN POSIBILIDAD DE RECURSO NI DE REHABILITACION, por ejemplo los Catedraticos, poniendo en cuestión al TC, el TCU, ………….al estar formado por catedraticos separables a perpetuidad y magistrados no separables a perpetuidad.

    Rogamos a Monsieur de Villefort como experto en legislación USA que aporte su opinión al respecto de estos desaguisados del”ius puniendi” y del “ius honorandi” y comente la reciente noticia sobre

    SANCIONES MUNDIALES USA DE POR VIDA A MEDICOS ESPAÑOLES

    http://www.superdeporte.es/polideportivo/2012/07/10/sancion-vida-rama-valenciana-caso-armstrong/167023.html

    http://deportes.elpais.com/deportes/2012/07/10/actualidad/1341942490_514567.html

    http://deportes.elpais.com/deportes/2012/06/13/actualidad/1339619428_386367.html

    http://online.wsj.com/public/resources/documents/armstrongcharging0613.pdf

    http://deportes.elpais.com/deportes/2012/07/10/actualidad/1341917395_218619.html

    http://deportes.elpais.com/deportes/2012/06/30/actualidad/1341008329_814308.html

    http://deportes.elpais.com/deportes/2012/06/13/actualidad/1339619428_386367.html

  2. ELOGIO QUE SIRVA DE PRECEDENTE Y EJEMPLO AL RESTO DE ESPAÑA A UNA VALIENTE DIRECTORA GENERAL DE FUNCION PUBLICA CATALANA

    ELOGIO QUE SIRVA DE PRECEDENTE Y EJEMPLO AL RESTO DE ESPAÑA A UNA VALIENTE DIRECTORA GENERAL DE FUNCION PUBLICA CATALANA

    La Generalitat de Cataluña rectifica, ¡¡¡¡por mera Resolución de una Directora de Funcion Publica por delegación !!!!! el requisito basico general juramentado de los funcionarios franquistas, de fidelidad y obediencia ciega,sorda y muda y “lo que haga falta” al Caudillo impuesto por el art.30.1.e DLFCE 315/1964, y además rectifica también su derivado y agravado requisito neofranquista del art.56.1.d EBEP 7/2007, de “NO HABER SIDO separado del servicio” como sanción perpetua imprescriptible que no admite rehabilitación, al exigir dicha Resolución contra legem “NO ESTAR separado del servicio” como sanción temporal prescriptible que admite rehabilitación como sucede con jueces, fiscales, personal de Cortes, Comunitario y Sanitario

    http://www.gencat.cat/diari/4898/07150060.htm

    al exigir como requisito básico derivado del EBEP algo que no deriva del EBEP sino que se opone al EBEP fulminándolo, al decir:

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    e) Habilitació: NO ESTAR inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    Sorprende que ningún juez asturiano, gallego, valenciano, catalán y del resto de España haya cuestionado ni esta Resolución ni el EBEP ni el DLFCE condenado por STC 37/2002 (VIVES) , y sorprende también que juristas valencianos de reconocido prestigio de la talla de Jordi Sevilla y MºTeresa Fernandez de la Vega (padre y madre del caótico EBEP 7/2007 y de la Ley de la Memoria Historica, provocadora de la Lista “Garzón” de separados del servicio y de sus fulminantes ceses, asicomo de la insolita supresion del MAAPP y de la Comision Legislativa de AAPP en 2009 recuperadas por el gobierno Rajoy en 2011), y otros como Pascual Sala, Tomás Vives, Fernando de Rosa, Rafael Blasco…..y los del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana Vicente Garrido Mayol, Presidente – Miguel Mira Ribera, Consejero-Vicepresidente – José R. Díez Cuquerella, Consejero – Joan Ignasi Pla i Durà, Consejero – María Luisa Mediavilla Cruz, Consejera – Enrique Fliquete Lliso, Consejero – Francisco Camps Ortiz, Consejero Nato – Federico Fernández Roldán, Secretario General….hayan mantenido y hecho mantener esos requisitos básicos franquistas después de 1978 desde todos sus altos cargos del Estado, el TC, TS, CGPJ, Universidad y en la Ley Valenciana de Funcion Publica de 2010…….pese a estar prohibidos en Cataluña por mera Resolución de una valiente Directora General de Funcion Publica que cumple y hace cumplir la Constitución por encima de una ley franquista prorrogada durante los 34 años y los que falten de Transicion.

    Es una pena que ninguno de los 4 Ponentes Constitucionales fallecidos (Peces Barba, Fraga, Sole Tura y Cisneros) condenase en vida dichos requisitos franquistas que les descalificaban como Catedraticos, TACE, Diplomaticos y Letrados de Cortes, esperemos que los 3 Ponentes aún vivos, (Roca, Perez Llorca y Herrero) los condenen de inmediato tras leer este blog al descalificarles dichos requisitos franquistas como Docentes, Diplomaticos, Letrados del Consejo de Estado

    Rogamos a monsieur de Villefort y a todos los lectores de este blog que sin más dilación apoyen el requisito e/ de la Resolucion de la Directora General de Funcion Publica Catalana y rechacen y condenen sin dudas ni reservas el art.30.1.e DLFCE 315/1964, el art.56.1.d EBEP y todas las leyes reglamentos,decretos, oposiciones, nombramientos y sanciones derivadas de los mismos en todas la AAPP e Instituciones del Estado

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