ACOTACIONES A UN INTERESANTE ARTÍCULO DE RAMÓN PUNSET SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El diario La Nueva España de ayer día 1 de julio de 2012 publicaba unas interesantísimas reflexiones de Ramón Punset Blanco, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, en las que, con el título El polémico Tribunal Constitucional analizaba la tesis planteada por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el sentido de suprimir el Tribunal Constitucional, traspasando sus funciones a una Sala del Tribunal Supremo. En cuanto al fondo del asunto, Punset no ve disparatada ni desechable dicha tesis, aunque con algunas matizaciones concretas dado que, en su opinión, aún en el caso de que se optase por suprimir dicho órgano y apoderar al Tribunal Supremo para resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, los recursos de amparo y los restantes conflictos constitucionales,  los integrantes de dicha Sala siempre debieran ser objeto de elección por los representantes electos.

Es de sobra conocida la tesis del autor de estas líneas en lo que al Tribunal Constitucional se refiere. No obstante, y en cuanto al artículo en cuestión, las reflexiones del profesor Punset me han parecido serias, razonables e intelectualmente brillantes, aunque yo discrepe ligeramente (sólo muy ligeramente) en cuanto a algunas cuestiones tangenciales. En general, no tendría inconveniente en suscribir punto por punto las argumentaciones de quien fue en su día mi profesor casualmente en la primera ocasión que se impartió en la Universidad de Oviedo la asignatura “Jurisdicción constitucional”. No obstante, quisiera exponer en estas líneas algunas matizaciones o reflexiones personales a raíz de las tesis expuestas por Ramón Punset en dicho artículo:

1.- Por mucho que se quiera hilar muy fino, el Tribunal Constitucional no es un tribunal en el sentido judicial del término. Se encuentra expresamente excluido del poder judicial, como lo prueba el hecho de que la Ley Orgánica 6/1985 no lo incluya entre los órganos jurisdiccionales, y califique en su artículo 53 al Tribunal Supremo como “órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes” con la salvedad de lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Por tanto, no se trata de un órgano judicial, sino de naturaleza clara, estricta y netamente política. Que a sus integrantes se les califique de “magistrados” (unos magistrados tan sui generis que ni son integrantes del poder judicial ni gozan de los requisitos que ostenta todo integrante de la carrera judicial –inamovilidad e independencia, lo que implica una seria quiebra de la imparcialidad-) no lo convierte de forma automática en órgano judicial, como tampoco su denominación ni el hecho (al que el profesor Punset da, a mi parecer, excesiva relevancia en su artículo) que resuelva las cuestiones ofreciendo argumentos jurídicos y no políticos. Todos los actos administrativos gozan de una argumentación jurídica y ello no convierte al autor de los mismos en órgano judicial, ni aunque reciba la denominación de “Tribunal” (caso, por ejemplo, los Tribunales Económico-Administrativos, órganos que, aunque gozan de independencia funcional, se encuadran orgánicamente en el Ministerio de Economía y tienen naturaleza estrictamente e inequívocamente administrativa).

2.- Se indica en el artículo comentado que Alemania y Estados Unidos tienen un sistema de selección (para el caso del Tribunal Constitucional en el caso del primero, para el caso del Tribunal Supremo en el caso del segundo) idéntico o muy similar al aquí existente para la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Bien, no conozco con profundidad el caso alemán y, por ende, sería una temeridad de mi parte hacer consideraciones sobre dicho particular. Pero sí creo conocer algo más a fondo la realidad judicial estadounidense, y por ello me permito realizar las siguientes precisiones:

A.- Es cierto que el sistema de elección de los miembros del Tribunal Supremo (como todos los de la judicatura federal) se reparte entre el Presidente y el Senado. No en vano el Presidente designa (nominate) su candidato, quien deberá contar con el visto bueno del Senado (la célebre cláusula del advise and consent, que ha dado título a una excelente película de Otto Preminger). Esa es una realidad que no admite discusión, aunque admitida la premisa básica, a partir de aquí la realidad práctica estadounidense difiere profundamente de la española.

B.- Por de pronto, una vez que el candidato presidencial obtiene el visto bueno del Senado pasa a formar parte de la judicatura federal y, por ende, su mandato no está sujeto a término o plazo alguno, no pudiendo ser cesado más que por un proceso de impeachment (el único caso de impeachment a un juez del Tribunal Supremo tuvo lugar en 1804 frente a Samuel Chase, precisamente en un intento del presidente Thomas Jefferson –personaje siniestro donde los haya- de someter a la judicatura federal a sus dictados; el Senado presidido por Aaron Burr acabó absolviendo a Chase). En otras palabras, que en el caso estadounidense se ha cercenado todo posible lazo de dependencia frente a la autoridad que realiza el nombramiento. En nuestro caso, los magistrados del Tribunal Supremo tienen un mandato de nueve años, es decir, que sujeto a término o plazo, lo cual, unido a otras circunstancias a las que nos referiremos un poco más adelante, hace que la noción de independencia no esté tan fuertemente arraigada.

C.- En Estados Unidos el examen a que se somete a un candidato a magistrado del Tribunal Supremo es público, rigurosísimo y suele en muchas ocasiones escudriñar hasta extremos insospechados las convicciones jurídicas del aspirante. Basta para ello contemplar las veces que, desde 2005, el Comité Judicial del Senado se ha enfrentado al examen de candidatos a juez del Supremo (John Roberts -2005-, Samuel Alito -2006-, Sonia Sotomayor -2009- y Elena Kagan -2010-) para ver que un senador díscolo puede poner en aprietos al candidato presidencial, todo ello con luz, taquígrafos y cámaras de la televisión retransmitiendo en directo para todos los rincones del país. En España el nombramiento para magistrado del Tribunal Constitucional (como hemos tenido ocasión de comprobar en el vergonzoso espectáculo que han ofrecido los dos grandes partidos los últimos días) se suele decidir entre una representación oficiosa de las élites de los partidos, quienes en la oscuridad más absoluta y con la mayor opacidad posible eligen a personas más por lealtades que por prestigio; todo ello, ocioso es decirlo, sin examen de idoneidad alguno.

D.- A mayor abundamiento, es muy frecuente que en Estados Unidos, dado lo reducido de la retribución de un juez federal en relación a las ganancias que obtendría en el ejercicio privado de la abogacía, ocasione que el designado pierda dinero y deba verse obligado a reducir su nivel de vida o, como ocurrió en el caso de Abe Fortas (que hemos comentado en un reciente post elaborado a raíz de la dimisión de Carlos Divar), tenga que realizar para mantenerlo maniobras que, aún siendo estrictamente legales, sean de moralidad dudosa; en nuestro país, donde los magistrados del Tribunal Constitucional suelen proceder de cátedras universitarias, por el contrario la designación como miembro de tal institución suele suponer todo lo contrario que en el caso norteamericano, con la lógica consecuencia respecto al agradecimiento debido a la autoridad que ha facilitado el incremento de los emolumentos.

E.- Es cierto que al Tribunal Supremo de los Estados Unidos no siempre han accedido magistrados de carrera. Por ejemplo,  John Marshall, sin duda alguna el mejor chief justice que ha tenido el Tribunal Supremo estadounidense (como decía humorísticamente su homólogo actual John Roberts, podrá haber discusión en quien es el segundo mejor chief justice, pero no existe duda de quién es el primero) tenía en su haber profesional el ejercicio privado de la abogacía, así como el haber desempeñado el cargo de miembro de la Cámara de Representantes y Secretario de Estado. Pero no es menos cierto que la práctica habitual, sobre todo desde la época de Warren Burger, es que los candidatos sean jueces de un Tribunal de Apelaciones. De hecho, bajo William Rehnquist, sobre todo el largo periodo entre 1994 y 2005 en que no se produjo una sola vacante, por vez primera casi todos sus integrantes habían desempeñado previamente el cargo de jueces de apelación. George Bush jr siguió esa línea con el nombramiento de John Roberts y Samuel Alito, y Obama únicamente se apartó de dicho criterio en el caso de Elena Kagan (que era solicitor general, algo así como una especie de Abogado del Estado jefe).

F.- El peculiar sistema de elección de candidatos a magistrado del Tribunal Supremo estadounidense no es privativo de dicho órgano, sino de toda la legislatura federal. No existen en Estados Unidos oposiciones para juez, dado que quienes acceden al poder judicial lo hacen normalmente desde la experiencia del ejercicio previo de la abogacía y, en muchas menos ocasiones, desde la previa experiencia política (es cierto que a nivel estatal continúa con mucho predicamento el sistema de elección popular de los jueces; véase al respecto el excelente análisis de Rosario Serra Cristobal La selección de jueces en Estados Unidos, Civitas, Madrid, 2011). En nuestro país, para acceder a la carrera judicial ha de superarse una oposición (o un concurso-oposición en el caso del cuarto turno), algo que se rompe en el caso del Tribunal Constitucional, donde ni hay oposición ni concurso-oposición, sino nombramiento digital ad casum. Lo lógico, por tanto, sería unificar el sistema de nombramientos, no romperlo excepcionalmente para un órgano concreto.

G.- Para concluir estas matizaciones, indicarse que no siempre un candidato presidencial obtiene el nombramiento. Recordemos el caso de Reagan, cuyo deseo de elevar a Robert Bork (uno de los puntales ideológicos del originalismo) a la máxima instancia judicial estadounidense contó con el rechazo senatorial, o los casos de Johnson (el rechazo senatorial de confirmar a Abe Fortas como sucesor de Warren tras la renuncia de éste en 1968 hizo que fuese Nixon quien tuviese la oportunidad de nombrar a un nuevo chief justice) o el propio Nixon (hasta tres candidatos fallidos para suceder precisamente a Abe Fortas tras la renuncia de éste). No es infrecuente, tampoco, que los candidatos electos se aparten de lo que de ellos se espera. Desde Joseph Story (nombrado por un mandatario republicano para poner coto a las tesis federalistas de Marshall, acabó convirtiéndose en el máximo aliado de éste), Byron White (nombrado por John F. Kennedy, era muy liberal en derechos civiles, pero extremadamente conservador en temas penales) o casos más sangrantes como John Paul Stevens o David Souter, elegidos por republicanos y que evolucionarion hacia posiciones muy templadas. Pero incluso en estos casos sus motivaciones no son estrictamente políticas, sino más orientadas hacia escuelas de pensamiento jurídico no siempre coincidentes con los partidos; prueba reciente es el caso de la reforma sanitaria de Obama, donde el voto decisivo para avalar la constitucionalidad de la misma lo ofreció el chief justice John Roberts, reputado conservador. O el paradigmático caso de 1972, cuando el Tribunal Supremo de forma unánime falló contra el presidente Nixon con cuatro magistrados que le debían el cargo. Un caso similar sería impensable en la España del siglo XXI.

Hace referencia don Ramón Punset a la triste experiencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, órgano del cual el Tribunal Constitucional es heredero directo. El fracaso de aquel ya vino profetizado por mentes jurídicas tan preclaras como Niceto Alcalá-Zamora o Antonio Royo Villanova, quienes advirtieron de los peligros que ocasionaría el establecimiento de un ente de tal calibre sin arraigo en nuestro país, donde se introducía única y exclusivamente por un afán extranjerizante. No se hizo caso entonces y de aquellos polvos vienen estos lodos.

De lo que no cabe duda alguna es que el debate abierto por Esperanza Aguirre era necesario y saludable, porque el Tribunal Constitucional, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pide a gritos su supresión con cada sentencia. Y no hablo por las últimas, sino ya de las primeras, en concreto desde 1983, pasando por la nefasta STC 61/1997 de 20 de marzo que literalmente dinamitó el ordenamiento urbanístico español (hasta entonces incuestionado e incuestionable) por razones única y estrictamente políticas. Frente a dichos antecedentes  que no venga el actual presidente del Tribunal Constitucional, el inefable don Pascual Sala, a decirnos que dicho ente es una “pieza esencial” del Estado de derecho y el sistema democrático. ¿Acaso el Reino Unido de Gran Bretaña o los Estados Unidos de América, que carecen de dicha institución, no merecen entonces ser calificadas como Estado de Derecho? Bueno está don Pascual para dar lecciones a esos dos países.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

Un comentario el “ACOTACIONES A UN INTERESANTE ARTÍCULO DE RAMÓN PUNSET SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

  1. Se comparta o no la supresión del TC lo cierto es que cualquiera ha de reconocer que su artículo es brillante. Ordenada, fundamentado, entretenido… Muchas gracias

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