CRISIS DE SISTEMA. CRISIS DE LA ADMINISTRACIÓN.

En los años cincuenta, España comenzó lentamente a superar la negra etapa de aislamiento internacional, a superar en cierta medida las heridas físicas que había producido en el territorio el conflicto bélico civil y comenzó lentamente su despegue económico. Pero desde el punto de vista jurídico, una generación de juristas jóvenes articulados en torno a la Revista de Administración Pública articuló las bases para una refundación del derecho administrativo español. El régimen franquista, articulado políticamente sobre las bases de un sistema autoritario, administrativamente comenzó a situarse en vanguardia con una legislación que rompía inequívocamente con la etapa anterior. Leyes como la Ley de Expropiación Forzosa (1954), Ley del Suelo y Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (ambas de 1956), Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (1957), Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Entidades Estatales Autónomas (1958), textos todos ellos de gran calidad técnica, pusieron en pie no sólo un sistema administrativo basado en unos principios que el texto constitucional de 1978 no sólo no derogó sino que asumió en gran parte, sino que sirvieron de base para una expansión de la organización administrativa paralela a una ampliación de los fines estatales. Los años sesenta y setenta los órganos administrativos expandieron su actividad, mientras una pléyade de organismos, entidades y empresas de capital público extendían sus tentáculos por todo el territorio español.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, las distintas Administraciones públicas llegaron a la conclusión de que el ordenamiento jurídico administrativo era un estorbo, y por ello iniciaron lo que la doctrina administrativista calificó de huida del derecho administrativo, tratando de crear diferentes organismos que, aún dependiendo funcional y orgánicamente de entes públicos, se les excluyese de un ordenamiento jurídico que se consideraba demasiado rígido. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado intentó de alguna manera racionalizar el sistema en su Título III, pero los distintos entes territoriales continuaban teniendo a su cargo infinidad de entes cuyo presupuesto se nutría de fondos públicos. Organismos públicos, entidades públicas empresariales, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones públicas, patronatos, comisiones, observatorios…..uno llega a perderse en la maraña de entidades públicas y privadas que nutren sus arcas de los distintos presupuestos ya sean estatales, autonómicos o locales. El problema radica en que nadie pareció darse cuenta que tamaña proliferación de entes suponía no sólo un gasto excesivo, sino en muchas ocasiones innecesario dada la finalidad más que dudosa de alguno de los organismos.

Es evidente que la actual crisis demuestra que el modelo político-social que se generalizó en Europa tras finalizar la segunda guerra mundial está haciendo aguas. No es ni será nada nuevo. Hace justo un siglo, en 1912, el hundimiento del H.M.S. Titanic el mes de abril pareció simbolizar el hundimiento de un modelo de sociedad, la basada en el liberalismo y legitimismo político que se había extendido por Europa tras la derrota de Napoleón en Waterloo, y el choque entre las potencias europeas, larvado durante un siglo, estalló abruptamente en Sarajevo, provocando un conflicto bélico que arrasó el modelo de sociedad decimonónica artificialmente prolongado durante las dos primeras décadas del siglo XX. El periodo de entreguerras supuso un auge de los totalitarismos de signo opuesto (fascista, nazi o comunista), que llegó un momento pareció iban a salir triunfantes pero que fueron aparentemente desterrados tras la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial. Se extendió entonces por Europa un modelo basado en el Estado de Derecho caracterizado por una intervención del Estado en la sociedad, finiquitando el modelo liberal e institucionalizando definitivamente el estado social, con orígenes en el siglo anterior. Ese sistema pervive, con altibajos, hasta la actualidad, precisando para lograr sus fines de omnipresencia estatal una organización administrativa que llegue hasta el último lugar del territorio. Esa crisis del modelo político-social llevará consigo de manera inevitable una crisis de las estructuras administrativas que hasta ahora se encargaban de desarrollar los fines estatales, que devendrán en inadecuadas para el nuevo sistema que habrá de heredar el anterior. Quizá sea precisa una Administración más reducida y más austera que para garantizar determinadas prestaciones básicas a los ciudadanos deba renunciar a parte de su volumen y extensión. Desgraciadamente, parece que los dirigentes no quieren percatarse de esta circunstancia, y pretenden mantener una Administración omnicomprensiva, voraz y oronda cuando en estos momentos lo que se precisa es una Administración algo más retraida, frugal y escuálida. Lo que es evidente es que los excesos organizativos de otras épocas han de pasar a mejor vida. Esperemos, por lo menos, un responsable ejercicio de contención administrativa.

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Un comentario el “CRISIS DE SISTEMA. CRISIS DE LA ADMINISTRACIÓN.

  1. DEROGACION E INAPLICABILIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES BASICAS FRANQUISTAS DE FUNCIONARIOS POR STC 37/2002 (VIVES)

    Damos las gracias a Monsieur de Villefort por aludir a la legislación franquista de la Administración, lamentando que eluda toda referencia al DL 315/1964 de Funcionarios Civiles del Estado, cuyo art.30.1.e pese a estar prohibido por la Constitucion al violar en cadena todos los DDFF , pese a no homologarlo la ley 30/1984 de Reforma FP “Moscoso” , pese a prohibirlo el EBFP “Rajoy-1999” y el EMPESS, fué plasmado en el art.56 1.d EBEP 7/2007 como requisito básico de acceso a empleo publico descalificando a todas las AAPP

    MULTIDISCRIMINACION PERPETUA DEL SEPARADO DEL SERVICIO EN EL RD 2669/1998″RAJOY” AL CARECER DE REHABILITACION INTEGRA, DE COTIZACIONES DE DESEMPLEO,SS, Y JUBILACION Y DE ACCESO A TODO EMPLEO PUBLICO A PERPETUIDAD

    Dicho aberrante RD sólo prevé la rehabilitación del personal de la AGE sólo en 3 casos tasados de “cambio de nacionalidad”, “jubilación por incapacidad permanente” y “condena por inhabilitación”, omitiendo toda referencia al caso de la “rehabilitación del separado del servicio”, al que se excluye a perpetuidad de toda rehabilitación y de todo acceso a empleo público, y de toda cotización de seguros sociales de enfermedad y de jubilación.

    Esa pérdida de cotizaciones que disminuyen la pensión como nueva sanción perpetua imprescriptible del separado del servicio,sin que ningún fondo de garantía salarial las reponga a las mutuas de la AGE, afecta también al suspenso de empleo que no tiene que cotizar segun la normativa mutualista, y también lo establece el art.8.3 de este aberrante RD 2669/1998 “RAJOY” para esos 3 colectivos de rehabilitados tras cambio de nacionalidad, jubilación e inhabilitación,

    http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-29722

    al decir:

    &&&&&&&&&&&&&&&

    3. El período transcurrido entre la pérdida de la condición de funcionario y la rehabilitación no será computable a efectos del reconocimiento y cálculo de una pensión posterior, cualquiera que fuese su causa.

    Tampoco será computable a efectos de ascensos, trienios y demás derechos pasivos que puedan corresponder según el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación al funcionario.

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    Recordemos además que los jueces, fiscales, personal judicial,de Cortes,
    sanitario,local,eurocomunitario que sean separados del servicio gozan de REHABILITACION INTEGRA en su normativa especifica privilegiada como la LOPJ, el EMPESS, TRRL…respecto a la normativa AGE

    Y para colmo de la incongruencia legislativa de los 30 años de Transicion recordemos que el nonato EBFP 1999 “RAJOY” con Dictamen favorable del Conbsejo de Estado 1489/1998 preveía la rehabilitación del inhabilitado y del separado del servicio

    Amigos lectores de este blog ¿cómo es posible que las Autoridades del Estado, las Asociaciones de Abogados del Estado, Catedraticos, de Inspectores Tributarios, de Letrados,Interventores,Economistas, Administradores, Notarios, Registradores… incluso los Jurados de los Premios Scevola, Pelayo… de “juristas de reconocido prestigio” sigan guardando silencio culpable y sigan cumpliendo y haciendo cumplir como requisito esencial de acceso a empleo publico el juramento de lealtad al Caudillo impuesto por Carrero Blanco en el art.30.1.e DL 315/1964 de “no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado”, y critiquen la listas “Fanjul-1969″, y “Garzón-2008 “(por la que fue procesado y a las que pertenece dicho ex-juez por su reciente inhabilitación y separación del servicio ) de separados de servicio, desaparecidos,exiliados…desde 1936 a 2012.

    Para salir de este atolladero legislativo, hay que reconocer el error del legislador 1978-2012 de homologar y seguir aplicando la normativa franquista básica anticonstitucional después de la Constitución, y hay que indemnizar a la victimas de esas leyes franquistas actuales, y hay que cesar y pedir responsabilidades patrimoniales al Estado y sus máximos garantes como malos legisladores anticonstitucionales, debiendo pedir perdón y devolver los premios y honores recibidos como garantes de la Constitucion en falso al haber defendido en realidad la prórrroga de las normativas sancionadoras perpetuas franquistas que vician de nulidad todas las oposiciones, nombramientos,actuaciones de millones de funcionarios desde 1978 a 2012

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