FLORIDA v JARDINES: EL PERRO, EL TEST OLFATIVO, EL DOMICILIO Y LA CUARTA ENMIENDA

El próximo 31 de octubre de 2012 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebrará la vista oral del caso Florida v. Jardines. La cuestión jurídica de fondo es tan chocante como divertidos son los hechos que lo ocasionan. El alto tribunal federal plantea jurídicamente el asunto en forma de pregunta, que está planteada de la siguiente manera: “El uso de un perro entrenado para la detección de drogas en la parte exterior de la puerta principal de un domicilio ¿Vulnera la cuarta enmienda constitucional?

Los hechos que motivan el asunto son los siguientes: la policía del condado de Miami Dade recibe un soplo en el sentido de que en el domicilio de Joelis Jardines se está cultivando marihuana. La policía se presenta en el exterior del domicilio, donde permanece durante quince minutos sin que observe actividad alguna en el exterior ni en el interior de la casa. Un cuarto de hora después llega otro agente con un perro entrenado para la detección de drogas, siendo así que una vez que se sitúa el perro en la parte exterior de la entrada principal de la vivienda del sospechoso, tras olfatear la misma el chucho procedió a actuar como lo hace en los casos en que olfatea drogas; el agente de policía se sitúa igualmente en la parte exterior de la entrada del domicilio y percibe el olor de marihuana. Ante ello, el agente procede a hacer una declaración jurada (affidavit) para obtener una orden judicial de registro que es emitida. Con base en dicha orden se procede a la entrada en el domicilio, confirmándose que en efecto en el interior del mismo se estaba cultivando marihuana. El sospechoso Joelis Jardines fue detenido cuando intentaba huir por la parte trasera del domicilio e imputado por dos delitos: un delito de primer grado, consistente en tráfico de drogas al poseer más de 25 libras de cannabis, y un delito de tercer grado, consistente en el robo de más de cinco mil dólares en electricidad a la compañía Florida Power & Light con el objetivo de cultivar marihuana.

Pero he aquí que en la vista preliminar el acusado solicita que se anule el registro como prueba toda vez que el mismo vulnera sus derechos constitucionales garantizados por la cuarta enmienda constitucional. El juzgado de distrito acordó suprimir como prueba los resultados del registro, pero el estado de Florida apeló dicha sentencia y ésta fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito, al entender que para ese “sniff test” realizado en el exterior del domicilio tanto por el ejemplar canino como por el agente no se necesitaba orden judicial alguna. El asunto llega al Tribunal Supremo de Florida, que en su sentencia de 14 de abril de 2011 revoca la resolución y suprime el registro al entender que el mismo fue ilegal. El razonamiento que utiliza el Tribunal Supremo de Florida es sorprendente, y lo transcribimos en su integridad:

 First, the dog “sniff test” that was conducted in the present case was an intrusive procedure. As explained more fully below, the “sniff test” was a sophisticated undertaking that was the end result of a sustained and coordinated effort by various law enforcement agencies. On the scene, the procedure involved multiple police vehicles, multiple law enforcement personnel, including narcotics detectives and other officers, and an experienced dog handler and trained drug detection dog engaged in a vigorous search effort on the front porch of the residence. Tactical law enforcement personnel from various government agencies, both state and federal, were on the scene for surveillance and backup purposes. The entire on-the-scene government activity — i.e., the preparation for the “sniff test,” the test itself, and the after-math, which culminated in the full-blown search of Jardines’ home —lasted for hours. The “sniff test” apparently took place in plain view of the general public. There was no anonymity for the resident.

Such a public spectacle unfolding in a residential neighborhood will invariably entail a degree of public opprobrium, humiliation and embarrassment for the resident, for such dramatic government activity in the eyes of many —neighbors, passers-by, and the public at large — will be viewed as an official accusation of crime. Further, if government agents can conduct a dog “sniff test” at a private residence without any prior evidentiary showing of wrongdoing, there is nothing to prevent the agents from applying the procedure in an arbitrary or discriminatory manner, or based on whim and fancy, at the home of any citizen. Such an open-ended policy invites over-bearing and harassing conduct. Accordingly, we conclude that a “sniff test,” such as the test that was conducted in the present case, is a substantial government intrusion into the sanctity of the home and constitutes a “search” within the meaning of the Fourth Amendment. As such, it must be preceded by an evidentiary showing of wrongdoing”

 El Tribunal Supremo de Florida cita tres casos federales en los que se aborda la constitucionalidad del denominado “sniff test”, y que llegaron al Tribunal Supremo. En los tres casos, y en lo referente a la propia constitucionalidad de ese “sniff test”, el alto tribunal entendió que el mismo no constituía propiamente un registro, por lo que no podía entenderse que el mismo vulnerase derechos constitucionales. El Tribunal Supremo de Florida, pese a citar y transcribir dichos casos, entiende que los mismos son inaplicables al caso Jardines, toda vez que la doctrina contenida en los tres supuestos citados (en concreto, United States v. Place [1983], City of Indianapolis v. Edmond [2000] e Illinois v. Caballes [2005]) no afectan al domicilio, sino a equipajes en el aeropuerto y a controles de drogas en vehículos automóviles, y el máximo órgano judicial del sunshine state entiende que el Tribunal Supremo ha tenido la precaución de ligar la doctrina general a los hechos concretos del caso enjuiciado, lo que impide extenderla más allá del mismo. Por ello, el órgano judicial de Florida, tras citar una sentencia inglesa de 1604 y los Commentaries on the laws of England de sir William Blackstone, sostiene que el domicilio ha de gozar de una mayor protección y por ello ese “sniff test” realizado en el exterior del mismo es ilícito, lo que conlleva la ilicitud del registro final que en él trae causa. Pese a ello, la sentencia contó con dos votos particulares discrepantes que entendían que la actuación tanto del perro como de la policía había sido absolutamente correcta y que el Tribunal Supremo de Florida se ha apartado en su resolución de precedentes judiciales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos..

El estado de Florida acude vía writ of certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien acepta conocer este asunto. Florida basa toda su argumentación en los tres casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos citados y el núcleo central de su argumentación radica en este párrafo clave:

 Unlike other investigative procedures, a dog sniff is very “limited both in the manner in which the information is obtained and in the content of the information revealed by the procedure.” Place, 462 U.S. at 707; see also Caballes, 543 U.S. at 409 (characterizing dog sniffs as sui generis). While a drug-detection dog may smell many different odors emanating from a source, it will convey only one thing: whether illegal drugs are present. Because a dog sniff reveals only the fact that contraband is present, and reveals no private facts in the process, it is not considered a Fourth Amendment search. This rule, as reaffirmed in all three Fourth Amendment dog sniff decisions cited above, should control the holding in this case. Nothing in this Court’s well-settled precedents suggests that a dog sniff is an unreasonable search just because it occurs outside a “house”.

 En definitiva, que el núcleo de la cuestión no radica en la actuación en sí (ese “sniff test” o prueba olfativa) sino en el lugar donde el mismo se realiza, pues si nadie discute su ilicitud en el ámbito aeroportuario o circulatorio, sí se cuestiona en el exterior del domicilio. Veremos qué resuelve el alto tribunal estadounidense.

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