CÓMO ORILLAR EL DERECHO ADMINISTRATIVO CUANDO ÉSTE SE CONVIERTE EN UN OBSTÁCULO.

Cuando se persigue un objetivo que la clase política considera deseable para la sociedad o para una parte de ella y precisa acelerar la maquinaria tendente a lograr tal fin, los imperativos jurídicos tanto de carácter procedimental como material pasan a constituirse un estorbo. Y, por ello, cuando el derecho constituye un estorbo lo más habitual en estos casos es que se salte la ley abiertamente a la torera. Cuando es la Administración la que toma la iniciativa de orillar las previsiones normativas, la respuesta del poder judicial, en los casos en que se produce, es rotunda, pero tardía, de manera que en gran parte de las ocasiones la sentencia queda por su propia naturaleza vacía de contenido. Quienes se hayan asomado por el excelente libro Balada de la justicia y la ley, del sin par Alejandro Nieto, podrán comprobarlo con el ejemplo en el que se detallan las múltiples irregularidades urbanísticas cometidas por cierto Ayuntamiento sito en la comunidad autónoma catalana para la construcción de una industria farmacéutica. La batalla feroz que dio el propietario de uno de los terrenos afectados, y que obtuvo sentencia favorable en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quedaba en la práctica ayuna de efectos prácticos toda vez que cuando la misma se publicó el complejo industrial no sólo estaba finalizado, sino inaugurado con la mismísima presencia del monarca español, a quien las autoridades catalanas, por cierto, no dudaron en utilizar en este caso con la nada disimulada intención de dar un aura de legitimidad a la chapuza urbanística que la entidad local había realizado.

Pues bien la Revista de Administración Pública, en el número 188 correspondiente a los meses de mayo-agosto de 2012, contiene en sus páginas 147 a 188 un interesantísimo e impagable artículo del profesor Rubén Martínez Gutierrez y que lleva el indicativo título de El sorprendente mundo del fútbol y el derecho. A propósito de algunas operaciones urbanístico-deportivas. La lectura del mismo lleva al lector a moverse entre la indignación y la hilaridad, entre el enojo y la carcajada, dada la imaginación que algunos entes públicos pueden llegar a alcanzar para evitar la estricta aplicación de la legalidad, pero uno puede igualmente comprobar cómo la solución a ese orillado de la normativa, si llega, llega tarde y cuando es prácticamente imposible llevar a la práctica un pronunciamiento favorable a los intereses de quien reaccionó frente al incumplimiento. El autor indica que “Quizá la importancia creciente del fútbol y las pasiones que genera como deporte rey en nuestro país hayan servido para promover algunas operaciones urbanísticas ciertamente favorecedoras para determinadas entidades deportivas y también para la Real Federación Española de Fútbol, que en los últimos tiempos están recibiendo el rechazo contundente de los tribunales de justicia”. Los tres casos concretos cuyos avatares relata de forma pormenorizada dicho trabajo son la construcción de la ciudad de fútbol de la selección española en Las Rozas, el divertidísimo affaire de la ciudad deportiva del Real Madrid (con una solicitud de reversión de bienes expropiados en 1954, pues los terrenos donde se ubica actualmente el estadio del club merengue fueron expropiados con carácter de urgencia por Decreto de 19 de febrero de 1954 que declaraba de urgencia la ejecución de “movimiento de tierras en el sector oeste del acceso en construcción de la carretera de Francia”) y el proyecto urbanístico de los terrenos del estadio Vicente Calderón. En el primero de los casos, produce auténtica desazón la siguiente reflexión del profesor Martínez Gutiérrez: “No obstante, y a pesar de la claridad del pronunciamiento judicial, este se producirá demasiado tarde, pues a fecha de 5 de octubre de 2004 [fecha de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid] la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ya se encontraba construida. El recurso contencioso-administrativo se planteó en 1999 y la primera STSJ de Madrid en relación con este asunto vería la luz cinco años después, a finales de 2004. El fallo judicial queda, en consecuencia, vacío de contenido a efectos prácticos”. Con lo que a uno le surgen inmediatamente las siguientes tres preguntas: ¿Solicitaron los demandantes a la hora de interponer el recurso o formalizar la demanda la solicitud de medidas cautelares? No podemos dar una afirmación concreta a esta pregunta, ante lo cual pasamos a la siguiente ¿De solicitarlo, lo concedieron los Tribunales? La respuesta a este segundo interrogante ha de ser forzosamente negativo, pues como se ve la ejecución de los actos administrativos objeto de recurso no fue suspendida. Lo que nos lleva a la tercera cuestión ¿Qué grado de responsabilidad pueden tener los integrantes del órgano judicial en la inejecución del fallo por no adoptar en su momento la adopción de las medidas cautelares? Lo cual me lleva a una pregunta-reflexión: las críticas que los magistrados hacían a la insuficiente regulación que de las medidas cautelares tenía la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 ¿eran justificadas o constituían un ejercicio de hipocresía sin límites? Es evidente que desde el 1999 (año en que se inicia el proceso judicial en el asunto Las Rozas) se encontraba ya vigente la nueva Ley 29/1998. Ergo, los problemas de la tutela cautelar no derivaban del texto legal, sino de quienes aplicaban el texto legal. Con todo lo anterior, las reflexiones finales que deja este trabajo no dejan de ser tan agridulces, como acertadísimas: “El interés que despierta el fútbol y la visión favorable de la sociedad en general hacia las operaciones que puedan beneficiarlo ocasionan perturbaciones en la normal aplicación del derecho administrativo […] la ciudadanía asume con normalidad las mismas e incluso se muestra partidaria de ellas. No obstante, sería deseable que la bendición social y ciudadana de las operaciones urbanístico-deportivas en general fuese acompañada de rigor por parte de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas, pues gran parte de la problemática suscitada en estos asuntos podría haberse solventado con mayor análisis jurídico y menor celeridad a la hora de culminar las operaciones”.

Y es que en los asuntos donde el placet social parece indiscutible, las autoridades españolas optan por mirar hacia otro lado si existen barreras jurídicas que impidan, dificulten o simplemente retrasen la ejecución del fin deseado. Ello no debiera ser así porque, como concluye Martínez González, “Tan importante es el respaldo social como el legal, no debiéndose legitimar ciertas operaciones por sus beneficios si en las mismas se vulnera, a veces deliberadamente, el derecho aplicable”. Por desgracia, aquí en nuestro país los poderes públicos parecen desear hacer honor al lema que, en la astracanada La venganza de don Mendo, el monarca castellano-leonés otorgó a uno de sus nobles para que lo colocase en su escudo de armas: “Y si hay barreras, las salto

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