LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN COMO POSIBLE INSPIRADORA DE REFORMAS PROCESALES.

Indicaba Alejandro Nieto en su magnífico libro El malestar de los jueces y el modelo judicial que las reformas procesales y orgánicas llevadas a cabo desde el Ministerio de Justicia, especialmente desde el año 2008, tienen por objeto explícito solventar el secular atasco que se cierne sobre las distintas jurisdicciones (siendo especialmente dramático en el caso de la contencioso-administrativa) mediante nuevas regulaciones que tienen por objeto primar celeridad sobre garantías, rapidez sobre derechos, agilidad sobre seguridad jurídica. En definitiva, que los poderes públicos pretenden romper definitivamente el nudo gordiano del colapso judicial descargando, como es habitual, el golpe sobre la parte más débil de la relación jurídica: el ciudadano. Formalmente se le cubre con un grueso y lujoso ropaje de garantías, derechos, oportunidades a la vez que de forma grandilocuente los sastres que elaboraron dicho atuendo se autoalaban entonando cantos elegíacos sobre el avance en el desarrollo de los derechos ciudadanos; mas en la práctica cotidiana (que es lo verdaderamente importante, y no las utópicas líneas que se transcriben –antaño en papel, ahora de forma virtual- en los distintos boletines oficiales) el único ropaje que posee al ciudadano para cubrir pudorosamente su desnudez jurídica es un diminuto taparrabos, humilde prenda a la que cada vez con mayor escarnio persiguen los distintos engranajes de la maquinaria de justicia. El profesor Nieto indica que las reformas judiciales que pretenden situar a la Administración de Justicia a la altura del siglo XXI contienen en algunos puntos regresiones al Antiguo Régimen y cita, como dato significativo que “Nada menos que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en el discurso de apertura de los tribunales de noviembre de 2009 ha llegado a decir (Según la versión de El País del día 30) que la solución de los problemas pasa por “un Ordenamiento jurídico que confíe en los jueces y que elimine tantos garantismos”. En definitiva, que como el mismo Alejandro Nieto indica en otra parte del libro “Todo parece indicar que estamos entrando en la era de la Justicia por ordenador y que vamos a ella con los ojos cerrados.”. Eficacia, eficacia, eficacia, ese es el lema y principio inspirador de las últimas reformas judiciales

Pues bien, creo que dado el panorama existente, desde el Ministerio de Justicia no tardarán en emular a los diputados gaditanos de 1812 y tratar de vender sus reformas no como algo novedoso, sino como una práctica tradicional hispana que lustros de corruptelas procesales han eliminado en los usos cotidianos. Volverán por ello, sus ojos a la experiencia histórica española en busca de soluciones y se encontrarán con la  norma que Carlos III aprobó mediante Real Cédula de 23 de junio de 1778, y que se integraría como Ley VIII Título VI Libro XI de la Novísima Recopilación. El título de la misma es significativo: Cese la práctica de motivar las sentencias y extenderlas en latín, y tiene por destinatarios a dos órganos distintos: las Audiencias de Mallorca y de Cataluña. En cuanto a la primera, la Audiencia de Mallorca, parece ser que cometía el gravísimo delito de motivar adecuadamente y en exceso sus sentencias, de ahí la reprimenda y la orden que la Real Cédula les imponía: “Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica, que observa la Audiencia de Mallorca, de motivar sus sentencias, dando lugar á cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resúmen del proceso, y las costas que á las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar sus sentencias, ateniéndose á las palabras decisorias, como se observa en el mi Consejo, y en la mayor parte de los Tribunales del reyno; y que a exemplo de lo que va prevenido á la Audiencia de Mallorca, los Tribunales ordinarios, inclusos los privilegiados, excusen motivar las sentencias, como hasta aquí, con los vistos y atentos, en que se refería el hecho de los autos, y los fundamentos alegados por las partes”. En definitiva, que no se motiven las sentencias y que por dichos órganos se limite a las mera resolución “como se observa en el mi Consejo”. Quizá el ejemplo actual a seguir sean los actos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ni desbordando imaginación y dosis de generosidad ilimitadas puede entenderse cumplen los mínimos requisitos de motivación. Pues bien, parece ser que ese es el camino a seguir: eficacia, rapidez….mas de las garantías judiciales del ciudadano nadie se acuerda.

La Real Cédula a la que nos hemos referido en el punto anterior tiene otro mandato cuyo destinatario es la Audiencia de Cataluña. Ésta no elaboraba sus sentencias en castellano, pero curiosamente tampoco utilizaba el catalán, teóricamente la lengua vernácula…..¡sino el latín!. De ahí la reacción normativa: “En la Audiencia de Cataluña quiero, cese el estilo de poner en latin las sentencias, y lo mismo en qualesquiera Tribunales seculares, donde se observe tal práctica, por la mayor dilación y confusión que esto trae, y los mayores daños que se causan; siendo impropio, que las sentencias se escriban en lengua extraña y que no es perceptible á las partes, en lugar que, escribiéndose en romance, con mas facilidad se explica el concepto y se hace familiar á los interesados; por cuya razón desde el Santo Rey D. Fernando III cesó en Castilla la práctica de actuar en latin, y en Aragon se fue desterrando el Lemosino desde Fernando el primero”.

Por cierto, que la Ley I Título XVI Libro XI de la Novísima Recopilación contiene una norma cuyos destinatarios son los jueces que no dicten sentencia en el plazo establecido, norma que data de la época del rey Enrique IV de Castilla, nada más y nada menos que de 1462 y cuyo tenor literal transcribimos por ser el mismo altamente significativo: “Desque fueren las razones cerradas en el pleito, para dar sentencia, interlocutoria ó definitiva, el Juez dé y pronuncie, á pedimento de parte, la sentencia interlocutoria hasta seis días, y la definitiva hasta veinte días; y si así no lo hiciere, peche las costas que se hicieren dobladas, hasta que dé y pronuncie sentencia; y demás que el Juez, que la dicha sentencia no diere á los términos suso dichos, incurra en la pena de cincuenta mil maravedís para nuestra Cámara, la tercia parte de la dicha pena para el acusador, ó para el nuestro Procurador Fiscal, si él prosiguiere dicha causa”. Es evidente que esta norma podría contribuir también al desatasco de las jurisdicciones, pero dudo mucho que se adopte hoy en día una norma tan rotunda y directa como la aprobada por un rey a quien la historia conoce con el sobrenombre de “el impotente” y que no se caracterizaba por ser un monarca que no ostentaba entre sus dotes ni las dosis de energía necesarias ni un adecuado poder de decisión, lo que hace aún más sorprendente un precepto como el anteriormente transcrito.

 

 

 

 

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