EL AUTO DE SANTIAGO PEDRAZ: REFLEXIONES PERSONALES

En los últimos días se ha levantado una polvareda mediática a raíz del Auto de 4 de octubre de 2012 dictado por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Uno, don Santiago J. Pedraz Gómez dictado en seno de las Diligencias Previas 105/2012 y en virtud del cual decreta el archivo de las actuaciones incoadas por la presunta comisión de un delito contra las instituciones del Estado. La crítica, más que a la parte dispositiva o a los razonamientos del auto, se ha centrado en una frase que analizaremos más adelante.

Una vez leído el auto, de ocho páginas de extensión, me permito hacer las siguientes reflexiones en voz alta:

1.- Como dato inicial, comienza a ser preocupante el hecho de que el magistrado parece desconocer el tenor literal del artículo 248.2 de la Ley Orgánica 6/1985, que dispone “Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el juez, magistrado o magistrados que los dicten.” Y es que, en efecto, el auto contiene una confusa mezcla de hechos en la parte dedicada en los razonamientos jurídicos. Si uno observa la resolución judicial verá que tras indicar el lugar y fecha en que se dicta se inicia con un apartado “hechos”, que contiene un único párrafo: “Las presentes Diligencias Previas se incoaron en virtud de la comisión de un supuesto delito contra las Instituciones del Estado, habiéndose practicado las diligencias que se consideraron pertinentes”. Tras esta escueta parte expositiva el auto pasa a los “razonamientos jurídicos”, siendo así que los seis primeros son un resumen fáctico de los hechos (con alguna que otra valoración subjetiva del redactor), algo que viene avalado por el inicio del fundamento jurídico séptimo, que comienza con estas significativas palabras “Con los antecedentes anteriormente expuestos”. ¿Dónde está, pues, la separación de hechos y derecho? Digamos, en descargo del juez Pedraz, que este es un vicio de todas las resoluciones judiciales españolas de todos los órdenes judiciales excepto el laboral, donde las sentencias suelen contener un epígrafe titulado “hechos probados” que contienen un resumen fáctico de los antecedentes o presupuestos de hecho que los titulares de los juzgados y tribunales consideran acreditados. Sería de desear que los distintos juzgados y tribunales de los órdenes jurisdiccionales civil, penal y contencioso adecuasen sus resoluciones a las exigencias del artículo 248 de la Ley 6/1985.

2.- El juez hace un resumen fáctico bastante extenso, del cual yo destacaría lo siguiente:

a) La denuncia parte el día 14 de agosto de 2012 de la UDEF Central al juzgado de instrucción de guardia (el número 35), según la cual la convocatoria realizada por internet tenía por objeto “ocupar una de las Instituciones públicas más importantes del Estado […] que la convocatoria tiene carácter nacional incluso puede afirmarse que, ante el carácter global de Internet, alcanzaría el ámbito internacional…”. Dada la naturaleza del delito y la gravedad del hecho denunciado (el auto original tiene subrayado la expresión “dada la gravedad de lo expuesto por la UDEF”), el juzgado se inhibe en favor del Juzgado Central de Instrucción, quien con la conformidad del fiscal, inicia las diligencias de averiguación.

b) tras el rastreo de IP e identificación de titulares de cuentas bancarias, el juez por providencia de 20 de septiembre “en aras a garantizar el derecho de defensa” (subrayado en el original) decide tomar declaración a ocho de los identificados, señalando para dicha toma de declaración el día 4 de octubre. Ulteriormente se identifican más, pero se considera innecesaria su toma de declaración a la vista del acuerdo de Delegación de Gobierno, en virtud del cual (según la cita que ofrece el auto) el objeto de la manifestación del día 25 de septiembre de 2012 era “la verdadera intención de la convocatoria es permanecer de forma indefinidaen el Paseo del Prado, en las proximidades del Congreso de los Diputados”, con lo cual “la gravedad aventurada por la policía no era tal” (subrayado en el original). El juez se limita aquí a contrastar que es la propia Delegación de Gobierno la que desautoriza a la Policía.

c) Varios de los identificados y llamados a declarar se personan en la causa por medio de abogado y solicitan el archivo de la causa a la vista de que las manifestaciones del día 25 estaban autorizadas por la Delegada del Gobierno. El juez considera, de conformidad con el fiscal, que no ha lugar aún, sin perjuicio de lo que se acuerde una vez practicadas las declaraciones.

d) El juez indica que la Policía le informa el día 27 de septiembre que el día 25 ha procedido a detener a 35 personas por lesiones, desordenes y varios delitos. El juez tiene por realizadas las manifestaciones y aclara que en ningún momento su juzgado no acordó aceptar o rechazar la competencia para el conocimiento de tales delitos, puesto que la policía únicamente le suministró esta información a los efectos de la tramitación de las diligencias, pero no para el enjuiciamiento de las personas detenidas el día 25.

e) El día 28 de septiembre la policía presenta al Juzgado Central copia (no original) del atestado describiendo los hechos acaecidos el día 25. Pero el juez señala que los hechos descritos son calificados por la propia policía como lesiones, desórdenes y otros delitos, mas no delito contra las instituciones del estado.

f) el Juez accede a los diarios de sesiones del Congreso y constata que en ningún momento las sesiones de dicha Cámara legislativa no se vieron en ningún momento interrumpidas o alteradas.

g) Las personas llamadas a declarar sostienen que su intención en modo alguno era ocupar físicamente el Congreso, sino manifestarse de forma pacífica.

 Hasta aquí el resumen fáctico que realiza el auto de los hechos acaecidos, realizado de forma bastante rigurosa. Con tales antecedentes el juez lo tenía bastante fácil: procedía el archivo de la causa al no ser los hechos constitutivos de delito contra las instituciones del estado, sin perjuicio de los posibles delitos en que hubiesen podido incurrir los detenidos el día 25 de septiembre, pero que por su naturaleza (lesiones, resistencia, desórdenes públicos) correspondería su instrucción al juzgado de guardia. La conclusión lógica era, pues, el archivo. No obstante, en las tres últimas páginas “desliza” varias consideraciones que entiendo son improcedentes, impropias e innecesarias para la resolución del caso:

1.- El juez dice que “De ninguna forma, la unidad policial puede “sustraer” unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial”. Frase que constituye una desautorización al Cuerpo de Policía que no sólo es parcialmente incierto (a raíz de los propios antecedentes fácticos expuestos por el juez) sino que no era en modo alguno necesaria para fundamentar el archivo.

2.- En las páginas 6-7 del auto se contiene la siguiente frase: “hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política” (el subrayado es cierto). Si el juez se hubiese limitado a finalizar la frase en la palabra “actualidad” no hubiera pasado nada, pero el juez incurre en el mismo defecto que imputa a la policía y pasa a tomar partido en una cuestión absolutamente extrajudicial al hablar de la “convenida decadencia de la clase política”. Pues bien, Pedraz debería saber que en todas y cada una de las encuestas de opinión la Administración de Justicia ha recibido sonoros y consecutivos varapalos siendo uno de los poderes del Estado peor valorados por los ciudadanos. ¿Sería justo si ahora valorásemos el auto de Pedraz aludiendo al hecho público y notorio del desprestigio de la Administración de Justicia a los ojos ciudadanos? Item más, si se pregunta a cualquier ciudadano del común si la justicia está o no politizada un altísimo porcentaje que superaría con mucho el setenta por ciento respondería afirmativamente. ¿Sería lícito calificar el auto de Pedraz como resolución politizada? Es evidente que no, pues tan reprobable sería esta calificación como el exceso del magistrado.

 Ahora bien, como han indicado expresamente el fiscal general del Estado don Eduardo Torres-Dulce y magistrados como don Agustín Azparren, es lógica la crítica jurídica al auto (que, por cierto, ambos comparten en cuanto a los razonamientos estrictamente jurídicos), pero no la descalificación personal al juez, como ha hecho cierto diputado popular, aunque ulteriormente haya pedido perdón por sus declaraciones. Son cientos de miles las resoluciones judiciales que son objeto de crítica jurídica (baste recordar, por ejemplo, los durísimos ataques jurídicos de Tomás Ramón Fernández a la lamentable Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, que destrozó literalmente el urbanismo español), crítica que no sólo es legítima, sino incluso en ocasiones necesaria siempre que se limite a aspectos estrictamente jurídicos. Ahora bien, no deja de ser paradójico que quienes ahora salen en defensa de Santiago Pedraz (a quien, insisto, se podrá criticar por su exceso obiter dicta, pero en modo alguno insultarle personalmente) son los mismos que insultaron hasta la saciedad a Marino Barbero o, más recientemente, a la juez Mercedes Alaya.

 En definitiva, que una situación político-económica similar a un polvorín el magistrado ha encendido la mecha con su innecesario exceso, y un político ha soplado aún más la mecha para acelerar el encendido. Muy, pero que muy lamentable.

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