WEST COAST HOTEL v PARRISH: EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS NO ACTÚA BAJO COACCIÓN.

Hace ya setenta y cinco años, el 29 de marzo de 1937, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública su sentencia West Coast Hotel Co. v. Parrish (300 US 379 [1937]) que tuvo una importancia decisiva no sólo en el ámbito estrictamente jurídico, sino también en el ámbito institucional, pues con dicha resolución judicial se puso fin al goteo de sentencias que desautorizaban por inconstitucionales las políticas legislativas del New Deal impulsadas por el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, quien en su frustración había llegado a proponer una reforma legislativa que modificaba la estructura institucional del Tribunal Supremo, iniciativa que fracasó entre otras cosas porque sectores de su propio partido político (en una situación impensable en nuestro país) dieron la espalda a su líder y votaron en contra de la propuesta.

En efecto, la crisis económica que siguió al crac del año 1929 hizo que en las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 1932 obtuviera la victoria el candidato demócrata Franklin D. Roosevelt, quien se opuso a su rival, el presidente republicano Herbert Hoover. Sin embargo, la legislación impulsada por el presidente demócrata en su new deal y que tuvo su reflejo en numerosas legislaciones estatales fue en gran medida anulada por el Tribunal Supremo, quien en una serie de resoluciones judiciales expulsó del ordenamiento jurídico por inconstitucionales varias normas con rango de ley. Así, por ejemplo, en el caso Morehead v. New York ex rel. Tipaldo el Tribunal Supremo consideraba inconstitucional una ley neoyorkina que establecía un salario mínimo para los trabajadores. La reacción del presidente, reelegido en las presidenciales de 1936 y cuyo segundo mandato se inició el 20 de enero de 1937 consistió en remitir al legislativo en febrero de ese mismo año un proyecto, el denominado court-packing plan, que le permitiría nombrar un magistrado más cada vez que uno de los nueve jueces del Supremo alcanzasen la edad de setenta años (no es infrecuente que en los Estados Unidos los jueces del Tribunal Supremo permanezcan en activo hasta una edad harto avanzada: Oliver Wendell Holmes jr. y John Paul Stevens, por ejemplo, se retiraron casi nonagenarios) lo que, dada la vetustez de los integrantes del alto organismo judicial en la época facultaría a Roosevelt para hacer una pléyade de nombramientos cuyo objetivo final era la reorientación de la jurisprudencia dominante. No le hizo falta. En marzo de 1937 el Tribunal Supremo se apartaba en el caso West Coast Hotel de sus precedentes anteriores y avalaba la constitucionalidad de la legislación social que establecía un salario mínimo para el trabajador. La votación fue muy ajustada (5-4) y se debió al cambio de criterio de uno de los jueces, en concreto al de Owen Roberts. Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que ese cambio de criterio se debió a que con ello se deseaba abortar el plan de Roosevelt de reforma institucional del Tribunal Supremo, de tal manera que rindiéndose o plegándose a la acción presidencial se habría salvado la estabilidad del Tribunal, pero esa interpretación no parece avalada por los hechos. En efecto, un breve trabajo de G. Edward White publicado muy recientemente en el Yale Law Journal con el título West Coast Hotel´s place in American constitutional history se rebela contra esa tesis tradicional y argumenta que es posible acreditar documentalmente que tal interpretación no es
históricamente correcta: el cambio de criterio del Tribunal Supremo tuvo lugar con anterioridad al proyecto legislativo presidencial, y si se retrasó la publicación de la sentencia fue precisamente para evitar la vinculación entre ambos hechos: “La propuesta de reforma del Tribunal Supremo se presenta en febrero de 1937. Pero la documentación interna del Tribunal acredita que la conferencia de los jueces en el caso West Coast Hotel tuvo lugar el 19 de diciembre de 1936, y que el juez Roberts votó en dicha conferencia a favor de la constitucionalidad de la ley impugnada. Mas aún, aunque no todos los jueces estaban presentes en la reunión, se supo que el juez ausente, Harlan Fiske Stone, hubiese votado a favor de la constitucionalidad de la ley […] el chief justice Hughes demoró la publicación de la sentencia hasta finales de marzo, pues no deseaba dar la impresión de que el Tribunal reaccionaba así al plan de reforma […] El juez Roberts, por tanto, mudó su voto antes de que el plan se presentase, y el mismo se basó en razones jurídicas internas, con independencia de que las mismas fuesen coherentes o no”.

¿Y cuáles eran los antecedentes fácticos del caso West coast? Pues los mismos consistían en que Elsie Parrish, una empleada de la compañía West Coast Hotel, percibía sus retribuciones por debajo del salario mínimo establecido en la legislación estatal, de manera que interpuso una demanda de reclamación de cantidad por la diferencia económica entre el salario abonado y la cantidad estipulada legalmente como salario mínimo. Cuando el asunto llega al Tribunal Supremo, la cuestión jurídica a dilucidar se planteó de la siguiente manera: “Vulnera la legislación de salario mínimo la libertad contractual tal y como se ha elaborado bajo la quinta enmienda y aplicado bajo la decimocuarta enmienda?” La sentencia contó con los votos favorables del chief justice Charles Evans Hughes (que, además fue el ponente de la misma), y de los jueces Louis D Brandeis, Harlan Fiske Stone, Benjamin N. Cardozo y el meritado Owen J. Roberts; el magistrado George Sutherland formuló un voto particular discrepante que suscribieron sus colegar Willis Van Devanter, James C. McReynolds y Pierce Butler. La sentencia West Coast dejaba sin efecto la doctrina del caso Adkins v. Children´s Hospital (261 US 525 [1923]) resuelto el 9 de abril de 1923 y que por una abrumadora mayoría de ocho votos (los de los jueces Joseph McKenna, Oliver Wendel Holmes jr, Willis van Devanter, James C. McReynolds, Louis D. Brandeis, George Sutherland, Pierce Butler y Edward T Sanford)  frente a uno (curiosamente el por entonces chief justice William Howard Taft)  declaró inconstitucional una ley del Congreso que fijaba un salario mínimo para mujeres y niños contratados en el Distrito de Columbia. En esta ocasión el Tribunal debía responder en derecho a la siguiente cuestión “La ley impugnada entra en conflicto con la capacidad de empresarios y trabajadores para contratar, vulnerando con ello el debido proceso legal garantizado por la quinta enmienda”.

Una institución puede evolucionar de la misma manera que lo hace la propia sociedad en la que se inserta. De igual manera que una institución cuyos miembros se encuentran dotados de una estabilidad en el cargo les permite observar los hechos desde una relativa distancia y pronunciarse, por tanto, ajenos a la presión no siempre acertada de la opinión pública y sin tener sobre sus hombros la presión de una reelección. No obstante la lección de West Coast nos revela hasta qué punto la ira de Roosevelt por ver su legislación judicialmente derrotada le llevó a lo que ningún otro presidente (demócrata o republicano) se atrevió a hacer: mutar la estructura y composición del Tribunal Supremo por motivos exclusivamente partidistas.

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