KIRSTSAENG v JOHN WILEY & SONS: EJEMPLARES DE LIBROS LEGALES, REVENTAS E INFRACCIONES DE COPYRIGHT

El próximo lunes día 28 de octubre de 2012 tendrá lugar en la sede del Tribunal Supremo de los Estados Unidos la vista oral del caso Kirstsaeng v. John Wiley & Sons, un interesantísimo asunto que versa sobre propiedad intelectual y que demuestra hasta qué punto la interpretación legislativa conlleva un grado de indeterminación que posibilita a veces la adopción de varias interpretaciones.

Repasemos los antecedentes fácticos del caso, que tienen como sujeto activo del mismo a un estudiante norteamericano de procedencia tailandesa, Supap Kirstsaeng. El mismo acude a los Estados Unidos a realizar sus estudios, iniciando la licenciatura en matemáticas. No obstante, para sacarse un dinerillo extra, decide realizar una curiosa operación: solicita a su familia y amigos tailandeses que adquieran en dicho país ejemplares de libros de texto y que se los remitieran a su país, donde los vendería a través de ebay. No obstate, el avispado estudiante decidió previamente a realizar la operación consultar la legislación vigente, encontrándose con los preceptos de la Copyright Act que se integran actualmente en los parágrafos 17-106, 17-109 y 17-602 del United States Code. El primero contiene la regla general aplicable, en el sentido de indicar que “De conformidad con las previsiones del presente título, el titular del copyright ostenta el derecho exclusivo para autorizar cualquiera de las acciones siguientes: (3) distribuir públicamente ejemplares o grabaciones de los trabajos registrados mediante venta, cualquier otra transferencia de titularidad, alquiler o préstamo”; el segundo establecía una excepción a dicha regla general: “No obstante lo dispuesto en el apartado 106.3, el dueño de cualquier ejemplar o grabación legalmente realizada bajo este título, o cualquier persona autorizada por el titular, está facultada, sin necesidad de autorización del dueño del copyright, a vender o disponer de cualquier manera de dicho ejemplar o grabación”; la última de las previsiones legislativas establecia que “La importación en los Estados Unidos de ejemplares o grabaciones de trabajos adquiridos en el extranjero realizada sin autorización del titular del copyright, constituye una vulneración del derecho a la distribución exclusiva de copias o grabaciones”. Creyendo que su actuación se adecuaba a la normativa vigente, el ingenuo estudiante procedió a la venta por ebay de dichos libros de texto, entre los cuales se encontraban ocho libros impresos en Asia por la filial asiática de John Wiley & Sons. Éstos demandan a Kirtsaeng en el juzgado del distrito sur de Nueva York por vulneración de los derechos de copyright siendo condenado por el jurado a una restitución económica que multiplicaba por quince el beneficio obtenido mediante su operación. La sentencia fue apelada al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que, con una muy intensa división interna (cuatro frente a cuatro) optó por confirmar la sentencia de instancia. El Tribunal reconocía que “this is a particulary difficult question of statutory construction”, es decir, que se trata de un asunto particularmente difícil de interpretación legal; y ello es así porque el demandado sostenía que no se trataba de la venta de copias ilegales, sino de la venta de ejemplares legales y legalmente adquiridos. El Tribunal Supremo ha aceptado conocer el asunto y lo hace precisamente para resolver jurídicamente una cuestión que plantea en estos términos: “En qué medida la Sección 602(a)(1) de la Copyright Act (que prohíbe la importación de un producto sin la autorización del titular del copyright) y la Sección 109(a) de la misma ley (que autoriza al titular de una copia legalmente realizada bajo las previsiones de este título a vender o disponer libremente de dicha copia sin la autorización del titular) se aplican a copias realizadas y legalmente obtenidas en el extranjero y ulteriormente importadas a Estados Unidos?” Con total seguridad en el alto tribunal tendremos ocasión de observar cómo Antonin Scalia y Stephen Breyer, defensores de criterios diametralmente opuestos en cuanto a la interpretación de textos legislativos, aplican sus respectivas tesis en este caso concreto.

He de confesar que la lectura de este caso me ha hecho rememorar mis años de facultad, y en especial los de cierto catedrático de universidad (afortunadamente ya jubilado) de cuyo nombre sí me acuerdo perfectamente y cuya única preocupación era que los estudiantes comprasen “su” libro de texto (penosísimo ejemplar, por cierto, y todo un ejemplo de lo que una obra no debe ser) y “su” ejemplar de la legislación procesal vigente (una auténtica estafa al sentido común y una relación calidad-precio que no resistiría el menor análisis ni el más benevolente y generoso de los exámenes); el mismo catedrático, por cierto, que me había suspendido la asignatura sin haber leído mi examen, como demostró el hecho de que al acudir a la revisión (por entender que, si no para un sobresaliente, para un suspenso tampoco estaba) mi prueba de evaluación estaba de la misma forma que la había entregado: sin una anotación, corrección ni nada (por tener no tenía ni la nota puesta). Cuando se puso a leer la prueba delante de mio, me realizó una pregunta que me dejó literalmente con la boca abierta: “Pero si su examen está bien, ¿entonces para qué viene usted aquí?” Sobran comentarios.

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