¿ANIVERSARIO O CRISIS CONSTITUCIONAL? ACIERTOS Y ERRORES DEL “CONSENSO”

Constitución

El pasado día 6 de diciembre de 2012 se conmemoraba el trigésimo cuarto aniversario de la ratificación del texto constitucional de 1978 mediante referéndum, siendo aprobado por una abrumadora mayoría del pueblo español. Se ha convertido así en la segunda Constitución más longeva de nuestra dilatada historia constitucional, únicamente superada por el benemérito texto canovista de 1876, cuya vigencia se prolongó hasta el 13 de septiembre de 1923, fecha en la que fue suspendida (que no derogada) por el general Miguel Primo de Rivera. No obstante, si en la primera década del siglo XX la Constitución de 1876, pese a sus indudables logros, comenzaba a dar síntomas de agotamiento, en 2012 el texto constitucional de 1978 muestra ya de forma clara unas gruesas fisuras que únicamente pueden solventarse mediante una seria operación de reforma constitucional que, pese a todo, la casta política actual, enrocada en su pléyade de privilegios, orilla deliberadamente. Es algo claro y evidente que toda norma jurídica es hija de su tiempo, y se elabora en unas circunstancias históricas, políticas y sociales muy concretas que rara vez tienen una gran prolongación en el tiempo, por lo que existe el claro riesgo que un texto constitucional puede quedar desfasado cuando esas circunstancias varían. Por ello, Thomas Jefferson abogaba por una revisión constitucional cada treinta años, sobre la base de que una generación no puede imponer sus convicciones a la que le sucede.

El proceso constituyente que tuvo lugar tras la salida del franquismo se articuló sobre la base de un amplio movimiento cívico-político tradicionalmente denominado “consenso”, en virtud del cual todas las fuerzas tanto políticas como sociales orillaron parte de sus reivindicaciones y pusieron su acento en las cuestiones que unían más que en las que separaban. Pero los políticos de la transición cometieron dos gravísimos errores: el primero, creer (me resisto a pensar que ingenuamente) que el consenso se prolongaría más allá del proceso constituyente; y, en segundo lugar, ejercieron su poder con grandes dosis de improvisación por lo que, en aras de dicho consenso, arrojaron u omitieron en la Constitución aspectos claves que quedaron, así, desconstitucionalizados. Así lo indica de forma magistral Santiago Muñoz Machado en su imprescindible libro El problema de la vertebración del Estado en España, cuando refiriéndose a este particular, indica “La primera de dichas consecuencias es que muchas de las reglas que figuran en la Constitución han sido establecidas en la sombra. No han sido objeto de debates parlamentarios, sino de arreglos alcanzados por los líderes de la operación constitucional, cuya motivación y, sobre todo, fundamentos teóricos, ideológicos o técnicos, no han trascendido, dejando un vacío que, con el tiempo, se ha hecho más denso y evidente. La segunda consecuencia es la más importante de las dos. Para establecer soluciones normativas en la Constitución que pudieran ser suscritas, en materia de organización del Estado, al mismo tiempo por centralistas y autonomistas, por federalistas y nacionalistas al unísono con los nostálgicos del jacobinismo, la única solución posible era que el Título VIII, dedicado a estas cuestiones, fuera lo menos explícito posible, regulara la importante materia a la que se dedicaba lo mínimo imprescindible. Hasta el extremo que la regulación en él contenida fuera incompleta, insuficiente para organizar el sistema de autonomías, necesitada de complementos en cuestiones institucionales esenciales.”. En efecto, de todos es sabido que gran parte del contenido constitucional lo sacaron adelante dos personas ayunas de conocimientos jurídicos (Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell) en reuniones de sobremesa en restaurantes, cuyas conclusiones fueron luego sometidas a votación saliendo adelante gracias a la disciplina de partido. Y, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, de aquellos polvos vienen estos lodos. Los débitos de esa ambigüedad conscientemente buscada en aras del “consenso” lo estamos pagando actualmente con la actual exacerbación de los elementos abiertamente separatistas. Si quienes en 1978 creyeron que la ambigüedad deliberada y la descentralización servirían para cauterizar las reivindicaciones autonomistas podrán contemplar lo estrepitoso de su fracaso. El autonomismo ha degenerado en separatismo, sin que los dos grandes partidos (uno por complejo histórico, otro por deliberados intereses electorales) se atrevan a coger el toro por los cuernos y a propugnar abierta y lealmente una reforma constitucional que aclare definitivamente el régimen organizativo, consolidando y reforzando las competencias estatales evitando duplicidades innecesarias e indeseables.

Una última reflexión. Estos días cayó en mis manos el libro Finales de enero, 1939 Barcelona cambia de piel, escrito en 1992 por Rafael Abellá y publicado en la entonces colección Espejo de España auspiciada por la editorial Planeta. En las páginas 24 a 26 transcribía unas declaraciones que en los últimos días de 1938, desde Francia, realizaba Juan Casanovas, que antaño ostentara el cargo de presidente del Parlamento catalán. Entre ellas, me llamaron la atención las siguientes: “El juego de los partidos y partidistas ha durado demasiado: es hora de enterrarlo. Hace tiempo que han muerto los partidos; hace tiempo que no responden a ninguna realidad viva, y que no obedecen a otra cosa que a la obstinación de aquellos que, en su nombre, se adjudican los cargos y monopolizan las representaciones. Sería ridículo, si no criminal, el pretender que después de la terrible crisis que ha sacudido hasta los cimientos nuestra vida intelectual y colectiva, subsistieran aún los partidos que no han sabido o no han podido evitarlo. No, por encima de las facciones degeneradas y de sus discusiones bizantinas, el único sentimiento que queda vivo y pujante es el sentimiento de la patria. Lo he dicho hace unos meses y me atraje la animadversión de sectores que, a fuerza de obedecer al extranjero, llegan a crearse una personalidad.” Aunque la patria a la que se refería Casanovas era la catalana y finalizaba sus declaraciones solicitando nada menos que un plebiscito, su crítica al juego partidista no disminuyó a lo largo de todo el discurso, con lo que lógicamente se atrajo el unánime reproche de todos ellos. Hoy en día, por vez primera los españoles contemplan a los políticos como un obstáculo y a la política como algo negativo. La casta política reacciona identificando la crítica a la partitocracia con la crítica a la democracia misma, ignorando que desde Aristóteles la forma pura de gobierno que es la democracia tiene su equivalente en la degeneración de la misma, que es la que el estagirita calificó como demagogia.

Es hora de olvidarse de intereses electoralistas, hacer gala de un sentido del estado y acometer seria, meditada y profundamente una revisión in extenso del texto constitucional. No cometamos los errores que, por ceguera voluntaria, los líderes de los partidos dinásticos cometieron en la segunda década del siglo XX cuando hicieron oídos sordos a la reforma constitucional solicitada para democratizar el sistema liberal.

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