HOLLINGSWORTH v. PERRY Y UNITED STATES v. PERRY: TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS Y MATRIMONIO HOMOSEXUAL.

Same Sex Marriage

El pasado mes de noviembre el Tribunal Constitucional español hacía pública su sentencia que avalaba la constitucionalidad de la Ley 13/2005 de 1 de julio, de reforma del Código Civil para otorgar validez a los matrimonios contraídos por personas del mismo sexo. Ya hemos dedicado un post a la sentencia, plúmbea donde las haya y cuya argumentación jurídica deja bastante que desear. Pues bien, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de América, tal asunto ha llegado también a la más alta instancia judicial, el Tribunal Supremo, que el pasado viernes día 8 de diciembre aceptó conocer dos asuntos relativos al matrimonio homosexual.

El primero de los asuntos es el caso Hollingsworth v. Perry, cuyo fondo del asunto conocemos porque al mismo ya le hemos dedicado un post. En California, a la vista de una sentencia del Tribunal Supremo del Estado en la cual consideraba contraria al texto constitucional estatal la prohibición de matrimonios homosexuales, el gobernador promovió una reforma constitucional (la conocida como “Proposition 8”) para llevar a la propia Constitución del estado que el único matrimonio válido era el celebrado entre personas del mismo sexo. Dicha proposición de reforma fue aprobada por el legislativo estatal  sometida a referéndum entre la población y, pese a que California es un estado tradicionalmente demócrata, sorprendentemente aunque por un escaso margen la reforma salió adelante, de tal manera que en la actualidad según la constitución del estado de California el único matrimonio válido es el celebrado entre personas de distinto sexo. Esa reforma constitucional fue impugnada al entender que la misma vulneraba lo dispuesto en la decimocuarta enmienda constitucional. Ese debate jurídico llega en estos momentos al Tribunal Supremo, quien ha acordado admitir a trámite el asunto planteando, como cuestión jurídica a debatir, si la equal protection clause (principio constitucional de igualdad) garantizada por la decimocuarta enmienda de la constitución federal veda al estado de California la posibilidad de “definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer” (el asunto plantea otra cuestión estrictamente procesal que no viene al caso). El segundo de los casos a conocer por el Tribunal es el United States v. Perry, que plantea abiertamente la constitucionalidad de la Defense of Marriage Act, norma legal que impone que la interpretación del término “matrimonio” en cualquier norma de carácter federal hace referencia única y exclusivamente a la unión entre un hombre y una mujer. Aparte de otras cuestiones procesales, el primero de los asuntos jurídicos a debatir radica en si la sección tercera de la ley vulnera la quinta enmienda si se aplica a matrimonios homosexuales legalmente celebrados conforme a la normativa estatal.

Una primera visión puede llevar al ciudadano lego en derecho a la perplejidad, toda vez que no deja de ser curioso el asunto jurídico que se plantea, y demuestra hasta qué punto el derecho puede retorcerse sinuosamente cuando se busca un fin preconcebido. En el primero de los casos (Hollingsworth v. Perry), se achaca a la Constitución del Estado (refrendada, además, por referéndum popular) la inconstitucionalidad por vulnerar preceptos de la Constitución federal; en otras palabras, que se pretende hacer valer la normativa federal sobre la estatal para avalar una solución concreta sobre la base de una argumentación opuesta a la que debería darse en el segundo de los casos (United States v. Perry), donde se pretende la inconstitucionalidad de una ley federal sobre la base de la existencia de leyes estatales contrarias. No deja de ser chocante que en el segundo de los casos es el propio ejecutivo estadounidense quien ha planteado el asunto ante el Tribunal Supremo.

Queda por ver cómo resuelve jurídicamente el asunto el Tribunal Supremo. Dada la actual división existente en dicho organismo será decisivo el voto del magistrado Anthony Kennedy, quien pese a su inequívoco conservadurismo y su catolicismo practicante siempre, en materia de derechos civiles, se ha aliado con sus colegas del ala liberal, especialmente en lo que se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de normas penales que tipificaban como delito las relaciones homosexuales. No cabe duda de que existe una larga distancia entre la penalización de las relaciones homosexuales y la declaración de validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, no obstante lo cual los antecedentes jurídicos de Kennedy no descartan que su voto clave pueda inclinar la balanza del lado liberal.

Una última reflexión. Pese a que el estilo florido y retórico de Kennedy (que en más de una ocasión ha sacado de quicio a alguno de sus colegas de estrado) contrasta con los razonamientos directos y claros de magistrados como el chief justice John Roberts o Stephen Breyer (por citar a dos magistrados cuyas filosofías jurídicas están en las antípodas), parece claro que el Tribunal Supremo estadounidense tiene el liston muy alto para superar la farragosa, cansina y jurídicamente endeble sentencia del Tribunal Constitucional español sobre la materia. Y ello por no hablar del plazo de resolución, que en el caso de la máxima instancia estadounidense se cuenta por meses, mientras que en el “legislador negativo” español se cuentan por años, lo cual no deja de ser chocante teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo norteamericano celebra vistas orales en todos los casos que conoce, vistas en las cuales cada uno de los letrados de las partes tiene un plazo de treinta minutos para exponer sus argumentaciones y responder a la batería de preguntas que les planteen los magistrados. ¿Se imagina el amable lector español cuánto se prolongaría el plazo de resolución por el Tribunal Constitucional si este tuviese que celebrar vistas orales por cada caso y otorgar media hora a cada uno de los abogados de las partes, con la presencia física de los doce magistrados?

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