ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: DE SERVICIO PÚBLICO A SERVICIO DE MERCADO

Cartera

Da auténtica lástima contemplar el lamentable estado en que se encuentra ese ente bicéfalo que constituye el Poder Judicial tanto en su vertiente de poder estatal como de servicio público de la Administración de Justicia. Y entristece aún más ver cómo los ejemplos (que haberlos hay) de jueces que constituyen ejemplo de entrega, estudio y dedicación se ven ninguneados o postergados por otros de nivel mucho más inferior pero con mejores agarraderas o contactos mejor situados. No en vano sigue siendo desgraciadamente muy acertada la frase que en la película El padrino III le decía don Altobello (Eli Wallach) a Vincent Mancini (Andy García): “El hombre más rico es el que tiene los amigos más poderosos”.

Vienen las anteriores reflexiones a raíz de la desesperanza que invadió al autor de estas líneas cuando releía en fechas navideñas el ensayo, tan certero como silenciado, de Alejandro Nieto que hace ya ocho años publicó en la editorial Trotta bajo el título “El desgobierno judicial”. En dicho trabajo se diseccionaba minuciosamente el estado del poder judicial en su doble vertiente (como poder estatal y como servicio público), mas dicho análisis se hacía desde una perspectiva un tanto peculiar y heterodoxa: apartándose de las grandilocuentes, pomposas e hipócritas manifestaciones vertidas en los textos constitucionales y legales, ciñéndose única y exclusivamente a la realidad y a la práctica cotidiana. Y nos encontramos que ni existe Poder Judicial ni gozamos de un buen servicio público de Administración de Justicia. Menester es para poder hablar con propiedad de la existencia de un Poder Judicial autónomo que los miembros que lo integran sean absolutamente independientes de los otros dos poderes, siendo la realidad tangible y evidente para cualquiera que tenga ojos y oídos que ello no es así. Se ha creado una institución (el Consejo General del Poder Judicial) cuyos miembros son elegidos directamente por el Congreso y el Senado que, a su vez, no hacen más que ratificar lo que las cúpulas de los partidos políticos han acordado, como quien estampa su huella dactilar en el documento nacional de identidad. Pero, lo que es más grave y nos acerca a países del tercer mundo, es el hecho de que no existe ya recato en manifestar no sólo que los candidatos no se eligen en función de méritos, sino que el criterio más valorado es el grado de docilidad política del ungido; no sólo eso, sino que incluso un político que ostentó la cartera de Justicia definió abiertamente y con toda crudeza al Consejo General del Poder Judicial como “un órgano político para gobernar a la judicatura y la magistratura”. No consta al autor de estas líneas no ya que algún miembro del Consejo, sino que ni tan siquiera juez alguno en España saliese al paso de dichas palabras reivindicando su independencia. Ello no hace más que ratificar las tesis que el humilde titular de este blog ha manifestado en incontables ocasiones, y es que la idea de independencia de los jueces y magistrados no ha tenido arraigo nunca en nuestro suelo, y triste es decirlo, por lo que uno puede ver no ha calado ni en la propia judicatura.

Pero es que en cuanto a servicio público, la situación es todavía peor. Una justicia tardía, colapsada, de una calidad más que dudosa y en este caso por circunstancias no imputables a los propios jueces (sometidos a la presión de unos módulos estajanovistas establecidos por el órgano de gobierno que priman la cantidad sobre la calidad, y que propicia corruptelas tan poco honorables como evitar las más de las veces la acumulación de pleitos para evitar una única resolución). Pero es que en este sentido tanto el anterior como el actual ejecutivo han decidido actuar de una manera tan drástica como discutible: primar celeridad sobre garantías, rapidez sobre derechos, velocidad sobre defensa. Se elevan los umbrales de acceso a la doble instancia (calificada por el Tribunal Constitucional como derecho de configuración legal, salvo en el orden penal donde sí está constitucionalmente garantizada), se eliminan garantías y se establecen medidas disuasorias para que quien se vea tentado a acudir a la vía judicial para hacer valer sus derechos se lo piense dos veces (introducción de tasas judiciales), con lo cual los beneficiarios de esa situación son quienes tiran con pólvora ajena: personas oficialmente sin recursos (beneficiarios del derecho de justicia gratuita –que no implica necesariamente que carezca de recursos económicos, debido a los “peculiares” criterios de concesión-), Ministerio Fiscal y Administraciones Públicas (dando así carta blanca a estas últimas para que multipliquen sus abusos). Evidentemente el servicio público de Administración de Justicia se verá afectado al actuar sobre la demanda, mas con una consecuencia fundamental que fue ya adelantada por Alejandro Nieto en su magnífico ensayo: “Es evidente que con un sistema de tasas deliberadamente elevadas sería factible suprimir de inmediato la masificación litigiosa (salvo en lo penal) excluyendo a quienes no estuviesen en condiciones de pagarlas. Pero eso ya no sería un servicio público, sino un servicio de mercado”. Ahora bien, si convertimos un servicio público en servicio de mercado, es decir, satisfecho por los usuarios del mismo, hágase con todas las consecuencias: despréndase el Estado de todo vínculo con un servicio que pasa a tener una vinculación económica única y exclusiva con los usuarios. Esa y no otra es la intención última de los actuales gobernantes, mutar los servicios públicos esenciales en servicios de mercado pero con financiación semipública.

Ya puestos, y con evidente animus iocandi, me permitiría sugerir al actual titular del Ministerio de Justicia que podía tomar ejemplo del anterior sistema de financiación del ente público Radio Televisión Española: vía presupuestos y vía publicitaria; mensajes publicitarios que podrían ser tanto visuales (en pasillos, mesas y salas) como sonoros (el agente judicial que llame a las partes a entrar en Sala, o los propios jueces antes y después de las vistas).

Existen servicios públicos que jamás deben perder tal condición: educación, sanidad y justicia. Desgraciadamente, estamos en unos tiempos donde hasta esos tres servicios están a punto de caer.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

3 comentarios el “ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: DE SERVICIO PÚBLICO A SERVICIO DE MERCADO

  1. Estimado Raymond, brillante como siempre.

    A mí parecer todo el problema viene de ese ente bicéfalo de Poder Judicial y Adm de Justicia, y por lo tanto la doble vertiente de derecho fundamental y poder del estado y servicio público respectivamente.

    Y es que la Justicia no puede ser un verdadero poder del Estado mientras no tenga una independencia, pero además hacen falta otras cuestiones, entre ellas, una verdadera política judicial y una autonomía presupuestaria para la gestión de la Adm de Justicia y garantizar esa independencia.

    Dejando de lado, en palabras de Montero Aroca, el “pseudogobierno del PJ”, puesto que un CGPJ no puede velar por la independencia judicial mientras él mismo no sea independiente, quiero analizar la Justicia como poder y la Adm de Justicia como servicio público.

    Y es que se confunde, porque la Justicia NO es un servicio público, ni su acceso ni la tutela judicial. Que quede bien claro y así lo reconoce el TC. Las tasas judiciales han traído a colación a esos “pseudoliberales” de “que pague la Justicia quien la use”. Lo es la sanidad, lo es la educación, la dependencia, la limpieza, o las autopistas, u otras cuestiones… Esos servicios como bien sabemos no tienen por qué depender del Estado, (no son derechos fundamentales salvo la educación, pero se articula de forma mixta en centros públicos y privados), pero la Justicia y la fuerza sí, el ius puniendi sólo puede ser monopolio del Estado. No sólo como poder del estado, sino como función originaria que si no, nos llevaría al far west. La Justicia es la base del Estado, de una separación de poderes, y fundamental para el imperio de la ley y de un estado de Derecho. Además para la protección de los derechos fundamentales la Justicia ha de ser accesible, no a través de una Justicia sólo para quien pueda pagarla.

    Considerar el acceso a la Justicia o la tutela judicial efectiva como un servicio público más y sujeto a tasas, sería como decir que quienes tengan que cumplir una ley deban pagar una tasa, o que para denunciar en la Comisaría habría que también pagar.

    El TC (20, 79, 190/2012) deja bien claro en sus sentencias que la Justicia no es gratis, no es servicio público, y lo distingue a mi parecer un tanto torticeramente de la Adm de Justicia. Porque el problema de las tasas es que es un tributo cuyo hecho imponible se trata de un servicio que beneficia a un sujeto y se fija en función a dicho coste. Y como decía el acceso a la Justicia no puede considerarse un servicio o un beneficio, sino un derecho y una obligación estatal. Sí, la Justicia no tiene porqué ser gratuita (no lo es), y pueden establecerse mecanismos de asunción de costes, su constitucionalidad se basará en la remisión que establece la Constitución a la ley mientras no impida u obstaculice excesiva y desproporcionadamente la tutela judicial, pero a mí parecer las tasas van en contra de la consagración teórico-clásica de la separación de poderes y del poder judicial.

    Ninguna concepción del servicio público, ni las clásicas de la doctrina francesa ni las más actuales, ligadas al Derecho comunitario, han concebido nunca que pueda existir servicio público fuera del marco del ejecutivo. Y por lo tanto no puede encuadrarse en el Judicial.

    Está claro que la Administración de Justicia necesita de una organización, medios personales y materiales que provee el ejecutivo (estatal o autonómico), organización que puede y debe considerarse como servicio público, y es por ello esa división. Una división que si bien se hizo para reparto de competencias y costes Estado- CCAA, ahora se utiliza con otros fines espúreos.

    El problema en definitiva, a mi parecer es la falta de autonomía presupuestaria de un verdadero Poder Judicial.

  2. Y otro punto a resaltar del texto, “ello no hace más que ratificar las tesis que el humilde titular de este blog ha manifestado en incontables ocasiones, y es que la idea de independencia de los jueces y magistrados no ha tenido arraigo nunca en nuestro suelo, y triste es decirlo, por lo que uno puede ver no ha calado ni en la propia judicatura”.

    Completamente de acuerdo. España adolece muchos problemas: corrupción, despilfarro, clientelismo, incompetencia, intereses privados, dejadez… Lo que pasa que ver todo eso en Justicia es muy duro.Si la Justicia que debía ser el motor de regeneración de este país está así,¿cómo estará lo demás?¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? No le echo la culpa a los políticos, son insaciables. Debían haber sido los jueces y fiscales quienes les pararan los pies, poco a poco, a costa de¿Cómo una profesión como la de jueces y fiscales que tienen tanto de vocación ha permitido esto?Sé que antes las cosas eran distintas,pero¿tan diferente era?¿tanta gente indigna ha entrado, sin vocación o la ha perdido por el camino? ¿Cómo unos pocos han hecho todo el juego a cambio de sacar tajada y se ha consentido por todos los demás jueces y fiscales con un silencio cómplice? Los jueces y fiscales se dejaron la libertad de expresión en el camino a cambio de ciertos privilegios y poderes que ya no existen como tales. La mordaza y “sólo hablar por la sentencias” sólo ha conseguido que les roben la cartera sin que se den cuenta y cuando han querido darse cuenta era demasiado tarde. Tendrán que buscar la manera de luchar por recobrar tales, puesto que el poder político no los va a entregar fácilmente.

    A veces no dejo de preguntarme cómo se ha llegado hasta aquí y cómo tanta gente lo ha consentido, hasta llegar a lo que expresas, una Justicia tercermundista.

  3. Magnífico artículo. Triste es el panorama español, cuando una ciudadanía, no toda acepta las corrupciones, estamos perdidos, luego con el tiempo pagaran sus pecados, aunque en un principio nunca vieron que los pagarían. Todo llega, y sentir, se siente por las personas no complices de la corrupción que pagan el pato igualmente.

    cuando una justicia no funciona en un País…preocupante es.

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