EL INFORME DEL CHIEF JUSTICE SOBRE EL ESTADO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN EL AÑO 2012

Federal Court

Es realmente gratificante contemplar anualmente los End Year Report on the Federal Judiciary que anualmente elabora el Chief Justice of the United States. Si algo caracteriza a los mismos son tanto un apego constante a la realidad cotidiana como una envidiable y deseada concisión, notas ambas que son muy de agradecer, sobre todo si por vía de contraste se comparan con los farragosos informes patrios. Pues bien, este año, el informe anual elaborado por el chief justice ocupa quince páginas, de las cuales doce corresponden al informe propiamente dicho y tres a las estadísticas de la judicatura federal. Véase el milagro de la brevedad: se concentra toda la estadística en apenas tres páginas, escritas además en letra de gran formato y a doble espacio.

Este año John Roberts se permite iniciar el informe con un ejercicio de nostalgia histórica combinada con unas nada disimuladas dosis de orgullo patrio, al hacer referencia a los logros del barco USS Constitution en la guerra que hace justo dos siglos, en 1812, enfrentó nuevamente a las antiguas colonias británicas con la antaño madre patria, convertida ya a esas alturas en la indiscutible primera potencia naval de la época. Pese a la notoria desproporción de medios que favorecía claramente a los británicos, las hazañas del USS Constitucion elevaron notablemente la moral de los norteamericanos, pues evidentemente que un navío perteneciente a un país con apenas un cuarto de siglo de existencia (si contamos su nacimiento en 1787, fecha de promulgación del texto contitucional) lograse derrotar a dos buques de guerra de la nación dueña de la mayor y más moderna flota naval lógicamente supuso una inyección de adrenalina en el impulso bélico nada desdeñable.

No obstante, tras esa pequeña evocación histórico-literaria, entra el chief justice en la materia abordando el tema que ocupa y preocupa en estos momentos en los Estados Unidos, el abismo fiscal y la deuda pública. Bien es cierto que se trata de una materia en principio ajena a la judicatura y, por tanto, de responsabilidad exclusiva de los otros poderes del Estado, como muy bien indica el autor del informe, pero también reconoce que el poder judicial, aunque ajeno a la arena política, también puede aportar su granito de arena a la hora de arrimar el hombro (“The public properly looks to its elected officials to craft a solution. We in the Judiciary stand outside the political arena, but we can continue to do our part to address the financial challenges within our sphere”), algo a lo que ya contribuyó en su día hace ocho años el finado William Rehnquist cuando en su entonces condición de máximo responsable de la judicatura federal impulsó un severo (“aggresive” es el término utilizado en el informe) programa de control de gasto. Según el informe de este año, del total del presupuesto federal, fijado en 3,7 trillones de dólares, la judicatura federal percibe un total de 6,7 billones, cantidad que se distribuye entre el Tribunal Supremo, tribunales federales, Oficina Administrativa de los Tribunales estadounidenses y el Centro Judicial Federal. En opinión de John Roberts, con esa cantidad han de sufragarse toda una serie de costes, tanto personales como funcionales: “what the courts need to keep court facilities open, pay judges and staff, manage the criminal justice system (including pre-trial, defender, and probation services), process civil disputes ranging from complex patent cases to individual discrimination suits, and maintain a national bankruptcy court system”. No obstante, lo que llama la atención es que el chief justice, pese a reconocer lo insignificante del presupuesto de la judicatura federal en relación con otras dotaciones presupuestarias, no solicita un aumento, sino que aboga expresamente porque la rama de la que es el máximo responsable continúe en el camino de ahorrar costes y restringir gastos: “Even though the Judiciary consumes such a tiny portion of the federal budget, it must continue to do its part to search out cost savings in the face of the government’s budget deficit”, continuando así la senda iniciada por William Rehnquist en 2004. Desgrana a continuación el informe las áreas y materias en las que se ha procedido a controlar y reducir gastos, y su lectura produce una sana envidia en el lector español. “Our most significant cost containment success has been in controlling rent costs. In fiscal year 2005, GSA rental payments accounted for nearly 24 percent of the Judiciary’s Salaries and Expenses account. To reduce those costs, we first undertook an extensive audit of rent expenditures to identify and eliminate overcharges. We then adopted growth caps, which will result in space limitations for judicial personnel—including judges—and deferring new construction […] But we cannot stop there. We are attempting to identify usable space in courthouses for judiciary employees, such as probation and pretrial services officers, who are currently in space leased elsewhere. That leased space can then be relinquished to reduce recurring rent costs. In addition, we are continuing to examine other ways to better utilize space, such as consolidating libraries and taking advantage of digital library collections, to assist in reducing overall budgetary needs”. A continuación aborda el espinoso tema del coste de personal, que en el año 2005 suponía nada menos que el 62% del presupuesto judicial (es decir, que casi las dos terceras partes del presupuesto se iban en retribuciones) y del cual casi el 85% es para el personal de apoyo (léase, no para los jueces); observamos que todo el personal al servicio de la Administración de Justicia estadounidense lleva tres años con sus haberes congelados. Pero la judicatura federal continúa buscando medios para contener aun más el gasto e incluso reducirlo, ofreciendo incluso ejemplos prácticos de ello: “One promising avenue is the practice of sharing administrative services among court units within and across judicial districts and programs. For example, the district and bankruptcy courts within a single district may be able to develop mechanisms for sharing personnel and resources to achieve economies and eliminate redundancies. The Judicial Conference has directed individual courts to develop local plans for sharing administrative services”. Esa contención se realiza igualmente aprovechando los medios que ofrecen las nuevas tecnologías.

Pero, aún con ello, se desliza una frase que responde a un axioma claro y evidente que en España los dirigentes parecen haber orillado conscientemente: la reducción de costes puede llegar a afectar a la calidad del servicio (“Because the Judiciary has already pursued cost-containment so aggressively, it will become increasingly difficult to economize further without reducing the quality of judicial services”), lo cual terminaría afectando a la propia ciudadanía beneficiaria del servicio público (“A significant and prolonged shortfall in judicial funding would inevitably result in the delay or denial of justice for the people the courts serve”); todo ello obviando el hecho de que en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, es la propia judicatura quien administra los fondos que el presupuesto les asigna. No obstante, y pese a requerir a los órganos constitucionales competentes para que suplan las carencias nombrando, por ejemplo, a los jueces para cubrir las correspondientes vacantes (“to act diligently in nominating and confirming highly qualified candidates to fill those vacancies”), ratifica que la judicatura federal continuará prestando sus servicios con eficiencia, incluso en circunstancias dramáticas, ofreciendo como digno ejemplo a seguir el ofrecido por el juzgado federal del distrito sur de Nueva York al día siguiente del paso del huracán Sandy celebrando vistas en condiciones realmente difíciles, un modelo no sólo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo: “the United States District Court for the Southern District of New York conducted emergency hearings in lower Manhattan the day after the storm hit, working in a building without heat or hot water that was only sparsely lit by gas-fueled emergency generators”.

Con total seguridad es muy difícil condensar más información en menos líneas, sin perder con ello un ápice de rigor. En contraste con los voluminosos, ininteligibles y, en la mayoría de los casos, inútiles informes oficiales que consumen páginas y páginas sin contener más que paja o viruta jurídica, el End Year report on the Federal Judiciary nos ofrece, como tantas otras cosas, un ejemplo a seguir: sencillez, claridad y rigor. Algo que, en España, por desgracia hemos perdido hace mucho pero que mucho tiempo

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