EL TSJ DE ANDALUCÍA AVALA EL COMPORTAMIENTO DE SÁNCHEZ GORDILLO.

Sánchez Gordillo

Pocas veces el titular de este blog ha sentido tanto estupor con la lectura de una resolución judicial como la que ha sentido viendo los Autos de veintidós de enero y cuatro de febrero de dos mil trece de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaran respectivamente el archivo de la causa especial y el sobreseimiento libre de Juan Manuel Sánchez Gordillo por los acontecimientos acaecidos la jornada de huelga del día veintinueve de marzo de dos mil doce. Quien suscribe está convencido de que si cualquier estudiante de derecho en un examen de la parte especial de derecho penal se hubiese atrevido a plasmar la tesis vertida en tales resoluciones judiciales hubiese tenido que esperar in aeternum para obtener un aprobado en la asignatura. Pero no es de extrañar en quienes tenemos por ciertas las tesis de Alejandro Nieto, es decir, que lo que el docente imparte en el aulario en horario matinal lo olvida en horario vespertino. Muy probablemente si el redactor de los Autos en cuestión acudiera a las clases de la facultad de derecho y expusiera al alumnado como caso práctico los hechos declarados probados en tal resolución, con abstracción de personas, hubiese llegado a una conclusión muy distinta.

Analicemos los hechos declarados probados en el Auto de cuatro de febrero de 2013 de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Granada) dictada en el seno de las Diligencias Previas 1/2012. Dicha causa se inicia a petición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estepa por hechos ocurridos en la jornada de huelga general del día 29 de marzo de 2012, debido a la condición de aforados de dos de los encausados, el inefable don Juan Manuel Sánchez Gordillo y don Antonio Pineda Cuadrado. Llama la atención que, a fecha de dictarse el auto, el Tribunal indique que estos últimos se han personado “si bien la Procuradora que lo ha hecho en su nombre no ha acreditado aún la representación que invocaba”, tolerancia que esta parte duda muy mucho hubiera mantenido el mismo órgano judicial con gente que no formara parte de la élite política. Pero, anécdotas aparte, centrémonos en los hechos. Llamo la atención sobre dos acontecimientos en particular:

I.- El affaire Mercadona. Dicho centro comercial se encontraba abierto (pese a que, como se indica en la resolución “ya había estado a primera hora de la mañana el piquete comandado por el Sr. Pineda Cuadrado”). Pues bien, cuando el señor Sánchez Gordillo insta a cerrar el establecimiento y el responsable no se compromete a ello, el inefable diputado autonómico dice literalmente lo siguiente: “Como vengamos y esté esto abierto, entramos dentro, esté la Guardia o no esté la Guardia. Podemos entrar por cualquier sitio. Y además, mañana hay huelga general, y pasado, y nosotros estamos organizados como sindicato. Es decir, si ustedes no hacéis [sic] caso, y ahora cerráis y dentro de media hora tenemos que venir otra vez, mañana, pasado y el otro podemos venir 500 y hacer lo que pensamos hacer. Y es que te tiramos todo lo que lo que [sic] hay ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente…Me has entendido, no?” . Dejando de lado el hecho de que amenaza con realizar una acción que iría en detrimento de los propios trabajadores del centro, lo cierto es que las manifestaciones del diputado autonómico son más propias de Frank Nitty “the enforcer” que de un miembro de una Asamblea Legislativa, puesto que ni en el Chicago de la prohibición los distribuidores que traficaban con licor bajo la prohibición llegaban a realizar amenazas de forma tan expresa.

II.- El ejercicio de amenazas expresas no termina ahí, sino que continúan en la finca de Agrosevilla donde intentan cerrar la empresa. Tras indicarle el gerente de la empresa que se encontraban desempeñando servicios mínimos, Sánchez Gordillo indica literalmente: “La próxima vez venimos con escaleras si hace falta, y entramos dentro y echamos a todo el que esté dentro, por las buenas o por las malas. Se lo he dicho así de claro. Hay un compromiso del gerente. Tengo su palabra. Si no se cumple, estad pendientes y si tuvimos que venir venimos a la hora que sea”.

Uno no puede sentir más que estupor cuando echa un vistazo a los razonamientos jurídicos del auto en cuestión. Como bien indica en sus obras Alejandro Nieto, en nuestro país no se motivan las sentencias y después se llega a la conclusión, sino justo al revés: primero se llega a la conclusión y después se viste jurídicamente el santo. Y esto es lo que parece haber ocurrido aquí, es decir, siendo obligado el sobreseimiento libre, había que argumentar como fuese para no llegar a la conclusión de la existencia de un ilícito penal. Veamos qué ha ocurrido:

1.- En el caso de Agrosevilla (junto con otras cinco actuaciones similares), para el instructor los hechos “carecen de relevancia penal por no exceder de los límites constitucionalmente garantizados”, indicando que “no es constitutivo de infracción penal afear la conducta de quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos al público sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física con la finalidad de provocar que los responsables de los mismos tomen la decisión de cerrar el establecimiento, a menos que, manifestad a por éstos la decisión de mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o mediante amenazas verosímiles”. Y entiende el juzgador que no existió en este caso más que la “presión ambiental típica” de un piquete de huelga. Ver para creer.

2.- En el caso de Mercadona, el instructor reconoce que el asunto le suscita “más dudas”,  y ello porque en este caso la actuación supone una “amenaza de la producción de daños con cierta significación económica que sí roza el límite de lo admisible en el contexto de un piquete de huelga, pues se pretende que el responsable cierre el establecimiento para evitar el padecimiento de un daño material y económico”. Con todo, el instructor hace un requiebro digno de elogio para establecer que tales hechos carecen de la entidad suficiente para ser considerados delitos, sino únicamente falta y, por tanto, competencia del juzgado de instrucción dado que el aforamiento autonómico única y exclusivamente comprende hechos susceptibles de ser tipificados como delitos. Y para ello se acoge al hecho de que el piquete no exhibiera armas ni objetos peligrosos y que estuviese presente una Unidad de la Guardia Civil y que el daño con el que se amenazaba fuese de “escasa incidencia para un establecimiento con un importante volumen de negocio

Podríamos decir, animus iocandi, que aplicando esta doctrina tan peculiar, cuando los sicarios de don Alfonso Capone recorrían las licorerías clandestinas de Chicago ofreciendo un licor a mayor precio porque el mismo incluía “protección” frente a “posibles daños” no estaban incurriendo en comportamiento ilícito alguno, puesto que podríamos sostener que no estaban yendo más allá de la típica exageración propia de todo comercial que ha de lograr unos objetivos. O que (utilizando un ejemplo cinematográfico) cuando don Vito Corleone manifestaba realizaría ofertas “que no podrán rechazar” tampoco estaríamos ante comportamientos delictivos, pues don Vito jamás portaba armas y sus manifestaciones eran las propias de cualquier empresario.

Bromas aparte, lo lamentable es que existiendo varios encausados, algunos de ellos estén privilegiados por la simple condición subjetiva de representantes autonómicos. El hecho de ostentar un cargo representativo jamás puede servir de escudo o blindaje frente a un enjuiciamiento penal. En Inglaterra, la cuna del parlamentarismo, no existe aforamiento penal, y en los Estados Unidos el Presidente puede verse sometido a un enjuiciamiento penal ante el más humilde juzgado federal. En España, el país de la picaresca por excelencia, los Lazarillos, Guzmanes y Pablos han accedido a cargos públicos, prevaliéndose de ellos para realizar de forma expresa comportamientos que repugnan a cualquier ciudadano con un mero sentido de la decencia y de la moral. Y además, enorgulleciéndose de ello. Con todo, no es eso lo más lamentable, sino que lo triste es la actuación del poder judicial que, en lugar de poner las cosas en su sitio, contribuye a echar leña al fuego, pues en la práctica lo que está haciendo es fomentar que tales hechos se repitan, pues la comisión de los mismos sale gratis.

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Un comentario el “EL TSJ DE ANDALUCÍA AVALA EL COMPORTAMIENTO DE SÁNCHEZ GORDILLO.

  1. Estimado Raymond,

    Dada la situación actual de la Justicia y las reivindicaciones de los Jueces y Fiscales y la próxima huelga, y debido a que la Justicia en la actualidad es considerada como último asidero y esperanza por los ciudadanos en una situación democrática decadente, al analizar el Auto del asunto Gordillo y Mercadona creo debe considerarse el sistema de nombramiento de los TSJ porque es el fundamento principal de los miedos que muchos teníamos y que se han ido cumpliendo con el tiempo.

    http://hayderecho.com/2012/10/07/los-imputados-aforados-una-explicacion-racional-del-apego-al-escano

    Como sabe, debemos de fijarnos en que el Presidente de la Sala de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia es el Presidente del TSJ, que es designado por el CGPJ, y que uno de los otros dos Vocales que la forman, o dos de entre cuatro, es designado entre una terna que le presenta la Asamblea legislativa de la Comunidad Autonóma correspondiente al CGPJ entre “juristas de reconocido prestigio”y a esto le añadimos la conocida politización del CGPJ.

    Como sabemos no debe ser fácil ni cómodo juzgar a quien te ha nombrado, y no sabemos cuáles son las condiciones o los pactos entre PSOE y IU en el Gobierno. Y esto es lo que ha pasado con el Sr. Pasquau Liaño, Magistrado Instructor. Es fundamental en la situación en la que estamos que la ciudadanía sepa los trasfondos de la Justicia.

    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-10466

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