BREVES REFLEXIONES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO NORTEAMERICANO.

Capitol

El derecho administrativo norteamericano difiere notablemente del español. Para empezar, su propio concepto es mucho más restrictivo. Si atendemos la definición que en su día ofreciera Bernard Schwartz en su clásico Administrative law nos encontraríamos con que el derecho administrativo es “aquella rama del derecho que controla los actos administrativos del estado”, y dentro del mismo existen tres partes diferenciadas: las potestades otorgadas a las agencias administrativas, los requisitos que la ley impone para el ejercicio de las mismas y los remedios frente a una acción administrativa ilícita. Ello supone, según dicho autor, que muchas de las materias que en el derecho continental se engloban dentro del derecho administrativo, en el ordenamiento norteamericano se sitúan extramuros del mismo; el propio Schwartz lo reconoce cuando indica que “El concepto europeo de derecho administrativo es más amplio que el norteamericano. Un manual francés abarca no sólo las potestades administrativas, su ejercicio y los remedios, sino también diversas materias como la organización administrativa, la función pública, la adquisición y gestión del patrimonio público, funciones públicas y contratos administrativos (divididos a su vez en contratos, cuasicontratos y responsabilidad patrimonial)”. Así pues, lo que en España y en Europa se considera derecho administrativo en Estados Unidos se consideran propias de la ciencia política y no del derecho. Por su parte, en el más reciente manual Administrative law and process, los profesores Pierce, Shapiro y Verkuil entienden que “El derecho administrativo es un intento de justificar las decisiones regulatorias situándolas en el contexto de la definición clásica o liberal de la democracia”.

Ahora bien, el peculiar sistema jurídico estadounidense difiere del español. Si aquí el Congreso de los Diputados elige al Presidente del Gobierno y éste dispone de absoluta discrecionalidad para, dentro de los límites legales, autoorganizar el aparato administrativo, en la otra orilla del Atlántico por el contrario, el Presidente de los Estados Unidos carece de esa libertad. Por carecer, hasta carece de potestad para establecer los Departamentos, que son creados por el legislativo. Es cierto que a diferencia de la legitimación presidencial española (legitimación indirecta, a través de la elección por los representantes) el Presidente de los Estados Unidos posee una legitimidad directa al ser elegido por los representantes designados por cada estado (que, hoy en día, son elegidos por sufragio universal, lo que otorga un plus de legitimidad democrática directa al Presidente), pero ello en modo alguno le faculta para organizar a su criterio el gabinete o a dirigir la acción administrativa con total libertad. Ese papel lo desempeñan las administrative agencies, o agencias administrativas. El proceso de creación y funcionamiento de las mismas es, aparentemente, sencillo: el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) aprueba un Enabling statute o ley de creación de las agencias, donde no sólo incorpora las mismas al mundo del derecho, sino que les atribuye unos determinados fines y competencias. En consecución de esos fines las agencias tienen la potestad de rulemaking y adjudication que, simplificando en extremo, podríamos identificar la primera con potestad reglamentaria y la segunda con la potestad de dictar actos administrativos. El personal de las agencias se nombra siguiendo los criterios del civil service, excepto el director de la misma, que normalmente es de designación presidencial aunque precise para ello el consentimiento de las cámaras legislativas, lo que no sólo le dota de una legitimidad muy amplia, sino, lo que es más importante, de una gran independencia, puesto que las causas de remoción del mismo son tasadas y excepcionales, de tal forma que el Presidente de los Estados Unidos no puede, por su propia voluntad unilateral, cesar a dicho cargo. En el ejercicio de sus funciones las agencias administrativas gozan de una enorme discrecionalidad técnica (es, en este sentido, paradigmática la sentencia Chevron v. Natural Resources Defense Council, que consagra la doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo, aunque esa discrecionalidad no se troca en inmunidad toda vez que es necesario que la interpretación que la agencia administrativa realice de su ley de creación sea racional y razonable) , pero a su vez el director de la agencia tiene una triple responsabilidad, inédita en nuestro ordenamiento: la responsabilidad que le pueden exigir las propias cámaras legislativas (bien a través de unas sesiones o hearings absolutamente puntillosos y exhaustivos, bien a través de normativa legal específica que puede desautorizar determinadas acciones de las agencias), la que tiene frente al ejecutivo (por la legitimación democrática directa que tiene el Presidente y que le faculta para supervisar, coordinar y orientar la acción de las agencias) y la judicial ante los tribunales de justicia por extralimitaciones respecto a sus fines o procedimientos. Es lógico, pues, que desde la Presidencia se luchase por imponer el criterio del jefe del ejecutivo sobre el personal de las agencias, de manera que más que un supervisor y coordinador el máximo mandatario estadounidense pudiese, en cierta manera, orientar o dirigir de alguna manera la acción de las agencias administrativas.

Pues bien, el profesor Mariano-Florentino Cuellar esboza en apenas nueve páginas de su artículo American Executive power in historical perspective la lucha de la presidencia estadounidense por robustecer sus prerrogativas a expensas de las agencias. Sin embargo, lo paradigmático del asunto es que ese intento de expansión de las prerrogativas presidenciales se suele asociar a la época de Ronald Reagan, cuando en realidad el primer mandatario que hizo de tal tarea un casus belli fue el demócrata Franklin Delano Roosevelt. Explica el profesor Cuellar cómo si bien Roosevelt, tras ser derrotado en el Congreso en su intento de reformar la máxima institución judicial (lo que se denominó Court packing plan) renunció a dicho proyecto, no renunció por el contrario a su deseo de reforzar las potestades ejecutivas del presidente en detrimento de las agencias. Ello puede ocasionar que en determinados supuestos los criterios del Presidente y del máximo responsable de la agencia en cuestión difieran y, por tanto, se produzca un conflicto abierto entre ambas autoridades. Por ello, son muy significativas y me han quedado grabadas de forma indeleble las siguientes reflexiones del profesor Cuellar, que no sólo son aplicables al mundo anglosajón, sino que deben ser extrapolables a ordenamientos como el nuestro: “The rule of law is very much in the hands of the people who are appointed to executive agencies—appointees whose judgments must sometimes thread the needle between assigning to the presidency its pivotal role in overseeing executive decisions and retaining enough individual responsibility to determine when it is time to say, “This is not what I signed up for; this is not what it means to be loyal to the Constitution; I am leaving this job.” It is in the choices of these appointees, and ultimately in the hands of the American people who visit the ballot box, where much of the stewardship of executive power remains”. Toda una lección a seguir.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s