ANULACIÓN JUDICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GIJÓN: REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA MATERIA.

Concejo de Gijón

El pasado viernes día uno de marzo de 2013 saltaban todas las alarmas en ciertos sectores del consistorio gijonés cuando se hacía público que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acababa de anular el Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Gijón de fecha 13 de mayo de 2011 por el que se aprobaba Plan General de Ordenación Urbana (popularmente conocido como “Plan Sanjurjo” debido a quien por entonces ostentaba la concejalía de urbanismo), acto que se había aprobado en la última sesión plenaria celebrada con anterioridad a los comicios municipales de ese mes de mayo de 2011 que supusieron un relevo en la alcaldía de la ciudad de Jovellanos. El texto íntegro de la Sentencia fue publicado como enlace en la página web del diario El Comercio, y los interesados pueden consultarla aquí. A la hora de analizar el asunto, conviene que desgranemos los aspectos técnico-jurídicos de los estrictamente políticos.

1.- ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS. Para ello, debe partirse necesariamente de la lectura de la Sentencia 179/2013 de 28 de febrero de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en autos de Procedimiento Ordinario 1496/2011, seguidos a instancias del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. Es una sentencia relativamente breve (siete páginas de las cuales tres las ocupan los encabezamientos y antecedentes de hecho y los dos primeros fundamentos jurídicos son en realidad el reflejo de las pretensiones de la demandante y del demandado, por lo que en realidad la fundamentación jurídica de la sentencia se reduce apenas a tres páginas). Sobre este particular, conviene hacer varias consideraciones:

A.- En primer lugar (esta es una crítica particular que hago a todas las Sentencias dictadas en el orden contencioso, no sólo a esta), es un continuo olvido de lo dispuesto en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985, que establece, al regular la estructura de la sentencia que “se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo”. Pues bien, el noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de las resoluciones judiciales contenciosas omiten el apartado “hechos probados” (bien es cierto que la ley establece “en su caso”) que, por ejemplo, es cotidiano encontrar en las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional social. Entiendo que no puede, como se hace de ordinario en el contencioso, incluir los antecedentes fácticos del caso en el primer fundamento jurídico, pues una cosa son los hechos y otra el derecho aplicable. Pero, consideraciones formales aparte, conviene entrar de lleno en el asunto.

B.- Entrando de lleno en el fondo del asunto, el Tribunal valora dos motivos impugnatorios de los cuatro en que se desglosaba la pretensión procesal de la actora (cuatro puntos que se constatan en el fundamento jurídico segundo de la sentencia).

Pues bien, respecto a las infracciones de índole formal, el Tribunal rechaza la primera de las objeciones de índole formal, es decir, la no contestación individualizada a determinadas alegaciones al documento de prioridades y la contestación de otras por simples formularios (“modelos”, como indica la sentencia); la Sala entiende que de la normativa “no se deduce que la Administración tenga que dar contestación individualizada a tales alegaciones sino meramente valorarlas y en base a todas ellas introducir modificaciones que estime oportunas para constituir la base del proceso de elaboración del futuro PGOU, de modo que el Ayuntamiento no está, como no podía ser de otro modo, vinculado por tales alegaciones ni estamos en esta fase previa en el verdadero proceso de elaboración del PGOU, del que se desprenda que se ha de contestar individualmente a cada interesado”. El Tribunal interpreta pues que el tenor literal del artículo 78.2 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de Asturias que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio (“En el caso de los Planes Generales de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento deberá abrir necesariamente el periodo de información a que se refiere el apartado anterior en el que se pondrán de manifiesto las prioridades de la futura ordenación. El resultado de dicho periodo, complementado, en su caso, con las modificaciones que el Ayuntamiento decida introducir a partir de las alegaciones presentadas, deberá constituir la base del proceso de elaboración del Plan”) no exige que se de contestación a las alegaciones; y, en efecto, de la lectura del precepto se desprende que la obligación de la Administración en este caso es pura y simplemente la apertura de información y la puesta de manifiesto de las prioridades, sin necesidad de contestar a las alegaciones que se presenten que, eso sí, podrán introducirse si el Ayuntamiento toma en consideración las mismas (el uso del término “en su caso”, es significativo).

La cosa cambia cuando se entra en la segunda parte, la omisión de determinados informes (los de la zona del Muselín y la Parroquia de Vega). Entiende la Sala que con ello se vulnera lo dispuesto en el artículo 22.1.c del Decreto Legislativo 1/2004 (precepto que lleva significativamente el título “Reglas para la información pública”) y que impone que durante dicha información pública “podrá consultarse toda la documentación relacionada con el instrumento o expediente objeto de la misma, y podrán presentarse tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo”; subrayo la palabra “toda” porque la misma es decisiva, es decir, que no pueden “hurtarse” u “omitirse” determinados informes en la misma. Ese vicio se arrastra a la aprobación inicial del planeamiento, donde siguen sin exponerse dicha documentación pese a los requerimientos expresos de la demandante al respecto, aunque el Ayuntamiento “incoa consulta urbanística por las alegaciones de la parte actora, acerca, entre otras cosas, de la falta de exposición de los tan repetidos informes, los cuales, por cierto y pese a todo siguieron sin poder ser consultados por la parte recurrente”, algo que la propia sala considera no es de recibo. El párrafo vital de la sentencia es el que consta al final del fundamento jurídico cuarto, y que transcribimos por cuanto entiende vulnerados los artículos 22.1.c del Decreto Legislativo 1/2004 y concordante del Reglamento de desarrollo, que expresa y claramente vulnera con el derecho constitucional a la proscripción de indefensión: “Así las cosas, con esta actuación se ha producido indefensión a la parte recurrente con vulneración relevante de los principios de publicidad y participación ciudadana en la elaboración del Plan, contemplados en los artículos ya citados, determinante de la necesidad de retroacción del expediente administrativo al momento anterior a la información pública que se prevé en el artículo 78.2 del TROTUA por parte del Pleno del Ayuntamiento, para que por este último, antes de adoptar en su caso nuevamente esa decisión, se abra un periodo de información pública que subsane la falta de exposición al público de los informes a que nos venimos refiriendo, todo ello con la consiguiente declaración de nulidad ex art. 62.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de los acuerdos de aprobación provisional y definitiva siendo que, respecto de esta última, de cuanto se ha razonado en este motivo, se colige que la Administración no debió de adoptar la decisión, de aprobación definitiva. El anterior pronunciamiento, que se anticipa, deja sin objeto subsiguientes alegatos de la demanda, en los que ya no es procedente pronunciarse”, declaración que se traslada al fallo que expresa y claramente “declara que el expediente administrativo se ha de retrotraer al momento anterior al trámite de información pública previsto en el artículo 78.2 del Decreto Legislativo 1/2004”.

En definitiva, el razonamiento del Tribunal puede resumirse en lo siguiente: el Plan General es una disposición de carácter general; en las disposiciones de carácter general no cabe la anulabilidad sino la nulidad; las infracciones formales en el procedimiento de elaboración determinan la nulidad. En el presente caso se han producido vulneraciones formales, ergo, existe nulidad de pleno derecho. Cabría argumentar si los juzgados y tribunales deben limitarse simple y llanamente a decretar la nulidad o si también ostentan la potestad para ordenar la retroacción (cosa que, por ejemplo, el profesor García de Enterría cuestiona), pero eso es otro debate. Las líneas generales de la sentencia son claras: se constatan infracciones formales y por ello se declara la nulidad de pleno derecho, sin entrar por ello ni tan siquiera a abordar otros motivos de fondo que se exponían en la demanda como determinantes de la nulidad del Plan.

2.- ASPECTOS POLÍTICOS. Como puede comprobarse, estamos ante una bomba de relojería con dispositivo retardado de explosión que el anterior equipo de gobierno dejó. Por ello, es lógico que entrara el pánico (es el segundo Plan General de Ordenación gijonés anulado judicialmente) y por ello fuese nada más y nada menos que el flamante concejal socialista don Santiago Martínez Argüelles quien saliese inmediatamente a la palestra. Y sus argumentos no desmerecieron y estuvieron realmente a la altura de lo que se esperaba de tan inefable personaje. En efecto, en una comparecencia pública, el señor Martínez Argüelles (cuñado, no lo olvidemos, del entonces concejal responsable de urbanismo y por ende de la desastrosa tramitación procedimental causante de la nulidad), manifiesta entre otras cosas lo siguiente:

A.- “El PSOE es responsable de la tramitación del plan hasta que lo aprueba el Pleno en mayo de 2011. Hasta ahí se hizo bien todo el procedimiento. De ahí en adelante la responsabilidad es de Foro”. Esto es de una falsedad y un cinismo atroz, amén de estar tales manifestaciones expresamente desautorizadas por la propia Sentencia. Los vicios que determinan la anulación del Plan tienen su causa directa en las omisiones que tuvieron lugar en la exposición pública del documento de prioridades, es decir, en pleno mandato socialista. Lo que el señor Martínez Argüelles debiera preguntarse es la razón por la cual desde Urbanismo no se consideró oportuno incluir esos documentos en el trámite de exposición pública. Como diría don José Mourinho, ¿Por qué? ¿Por qué no se facilitaron tales documentos pese a haberlo solicitado los interesados por escrito? ¿Por qué?

B.- A la falsedad dolosa añade la grosería innecesaria, al decir que no se realizó una “defensa adecuada” del Plan, manifestación que no sólo bordea peligrosamente los muros del derecho penal, sino que sobrepasa y con creces las más elementales normas del decoro y de la urbanidad (permítaseme el uso de esta palabra ya que el post trata de urbanismo). Conozco personalmente, por el cotidiano ejercicio de la abogacía en el orden contencioso, a todos y a cada uno de los miembros del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Gijón, y de forma especial a quien en este procedimiento concreto defendió los intereses municipales, persona con cuya amistad me honro. Todos ellos son no sólo grandísimos profesionales con un nivel jurídico muy superior a la media (incluyo en ella a los asesores jurídicos oficiosos del concejal autor del exabrupto) sino que la inmensa valía jurídica que los mismos poseen se agiganta aún más al estar acompañada con unas cualidades de humanidad, educación y exquisitez de trato incomparables a la vez que infrecuentes. La ofensa, por tanto, es de una miseria y bajeza tal que quien si esto suscribe fuese miembro del servicio jurídico se plantearía seriamente el ejercicio inmediato de acciones judiciales frente a este personaje por tales manifestaciones o, cuando menos, en el más generoso de los supuestos, exigiría la rectificación pública y expresa de tales aseveraciones.

Olvida además el señor Martínez Argüelles que un letrado, a la hora de defender los intereses de su cliente, por muy ilustrado y curtido que esté en el foro lo que no puede hacer es milagros, y dados los vicios de la tramitación procedimental del Plan General (imputables íntegramente al equipo de gobierno del cual el señor Martínez Argüelles era la estrella rutilante) ni trayendo de Boston al mismísimo Denny Crane el Ayuntamiento Gijonés hubiera podido lograr salvar el mismo de la anulación.

C.- Tras lo dramático, lo bufo. El señor Martínez Argüelles solicita del Ayuntamiento que presente una aclaración de sentencia, con lo cual me parece que desconoce lo que supone el instituto de aclaración de sentencias. Pues bien, refresquemos la memoria procesal a don Santiago. Disponen los párrafos primero y segundo el artículo 267  de la Ley Orgánica 6/1985 en su redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 19/2003 que “Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración”; dichos preceptos son reproducidos en su totalidad en el los dos primeros puntos del artículo 214 de la Ley 1/2000 en la redacción dada a los mismos por la Ley 13/2009. Pues bien, error material en la sentencia no existe, pero rogaría a cualquier lector de este post que, por favor, tras leer detenidamente la sentencia me indique si existe algún concepto oscuro, porque lo que es yo no he logrado encontrar ninguno.

A lo anterior se añaden unas declaraciones de la actual concejal de urbanismo ciertamente curiosas, pues manifestó textualmente que “recurriremos el fallo por responsabilidad política”, lo cual me deja cuando menos perplejo dado que una sentencia judicial puede ser objeto de recurso porque se estima que los razonamientos jurídicos en los que se basa el fallo no son conformes a derecho, pero entre los motivos de impugnación no se encuentra la “responsabilidad política”, que ha de dilucidarse en otros foros  y por otros cauces.

En fin, así se encuentra en estos momentos el patio gijonés, entre la grosería de unos y el temor de otros. Y el ciudadano, como siempre, en medio.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría

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