EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA DEL SOCIALISMO GIJONÉS: SOBRE INFORMES Y DESTITUCIONES.

PSOE

El diario El Comercio de hoy día 27 de marzo de 2013 publica la noticia de que la concejala socialista doña Begoña Fernández pide a la alcaldesa la destitución “inmediata” del director del jefe de los servicios jurídicos municipales por haber elaborado un informe jurídico en el que sostiene, siempre según la meritada edil socialista, que recomienda que no se incluya en el orden del día la ordenanza de fachadas al entender que invade competencias de la Alcaldía y que su contenido no vincularía a la misma, asegurando igualmente la reputada jurista señora Fernández que el rigor jurídico del informe es “escasísimo” . Como no podía ser menos, no bastaba la mera solicitud de cese, sino que la concejala aprovechaba para imputar al autor del informe, no podía ser menos, “la total ausencia de talante democrático que comparte con la alcaldesa”.

En primer lugar, no sé qué tipo de conocimientos jurídicos tiene la señora Fernández para avalar o no el rigor jurídico de un informe. Cualquiera que se dedique al ejercicio de la abogacía sabe que todo en derecho es jurídicamente defendible, de hecho, es lo primero que a uno se le dice nada más entrar en la facultad de Derecho. En segundo lugar, el derecho siempre es una lucha entre una tesis y una antítesis, las cuales siempre son defendibles o argumentables jurídicamente, como la señora Fernández y sus asesores aúlicos debieran saber simplemente echando un vistazo al inteligente y erudito diálogo epistolar entre dos pesos pesados del derecho administrativo español (Tomás Ramón Fernández y Alejandro Nieto) publicado bajo el título El derecho y el revés. En tercer lugar, cuando a alguien se le encarga un informe jurídico pueden ocurrir dos cosas: que se le solicite para la defensa de una tesis particular (es decir, un cliente tiene una determinada pretensión para defender la cual solicita un informe jurídico) o de mera solicitud de asesoramiento jurídico (no hay una finalidad predeterminada que haya que defender, sino simplemente se exige un informe sobre la legalidad o las implicaciones jurídicas de un determinado tema); aunque no siempre es así, por regla general el primer caso se da en el sector privado y el segundo en el público. En cuarto y último lugar (y esta es una consideración exclusivamente personal) aunque no puedo hablar con un total conocimiento del asunto por carecer del informe que sí tiene la edil socialista, sí que puedo manifestar que no sólo conozco, sino que me honro en mantener una estrecha relación de amistad con el autor del informe, consolidada tras habernos batido en innumerables peleas jurídicas a lo largo de trece años de ejercicio profesional; ese continuo rifirrafe procesal inherente a los enfrentamientos estrictamente jurídicos que ambos protagonizamos permiten, dentro de los limitados y personales conocimientos que quien suscribe ostenta, manifestar que no sólo es un extraordinario y brillantísimo jurista, sino una persona que en varias ocasiones ha demostrado –y me consta personalmente- unos valores y una bonhomía que ya me gustaría ver más extendidos. Para empezar, no ha utilizado la asesoría jurídica para vendettas personales, como sí tuvo que sufrir él en sus propias carnes cuando hace poco más de un lustro se le privó de uno de los complementos retributivos basándose en la “falta de colaboración” con la asesoría jurídica, actuación tan abusiva, tan clamorosamente falsa y tan ausente de toda prueba (se llegó a decir incluso por los testigos propuestos a instancias del Ayuntamiento que ni en cantidad ni en calidad su rendimiento era inferior a los de sus compañeros) que incluso un juzgado tan complaciente con la Administración pública como es el gijonés anuló rebatiendo de forma rotunda tan falsas imputaciones y donde, por cierto, sólo la innata generosidad del magistrado-juez del contencioso gijonés para con los cargos públicos impidió que alguno de los deponentes a instancias del Ayuntamiento demandado saliese con alguna carga más de la que entró (y aclaro este particular porque quien suscribe asistió como público a la vista en cuestión).

Pero vamos al núcleo del asunto. En el fondo de lo que se trata es de una simple cuestión política con ciertas ramificaciones jurídicas: la oposición política gijonesa de izquierdas, consciente de los vaivenes, complejos –tanto de inferioridad como de Edipo-, frustraciones y debilidades del Partido Popular de Gijón y de la existencia de una alcaldía en manos de Foro Asturias, trata de aprobar una ordenanza que detraiga competencias que legalmente corresponden a la Alcaldía. Pues bien, el Pleno no es un órgano que se encuentre en un plano de superioridad jurídica sobre la Alcaldía ni viceversa. Debemos recordar que los entes locales no ostentan potestad legislativa, sino sólo ejecutiva al ser meras corporaciones locales; lo mismo ocurre con las corporaciones de derecho público, donde la relación existente entre sus órganos no se rige por el principio de jerarquía, sino por el de competencia (como me referiré más adelante en otro caso concreto que sí conozco de primera mano). Pero partamos de las siguientes consideraciones en derecho que sí pueden hacerse a la luz de los datos públicos que han salido a la luz en la prensa. Si una Ordenanza municipal, aún siendo aprobada en plenario, vulnera el régimen de competencias entre Alcalde y Pleno establecidos en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local incurre en un vicio de nulidad radical, pues nula es toda disposición general que vulnere los preceptos de una norma con rango legal. Esto es así por mor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992 (“También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”), que no ya un jurista dedicado a la abogacía, sino cualquier estudiante de derecho administrativo conoce perfectamente; es más, existe un precepto en la Ley 50/1997 que contiene ese mismo principio (en concreto, el artículo 23.2, que establece “Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de Ley, ni infringir normas con dicho rango”), si bien este último precepto al contenerse en una norma que regula el funcionamiento y organización del gobierno de la nación pudiera entenderse que no es aplicable a la Administración local (lo cual sería cierto del precepto, aunque no del principio que contiene, existente, como vimos, en una norma general aplicable a todas las Administraciones cual es la Ley 30/1992). Pero existe otro principio también aplicable, y es el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que actualmente se contiene en el artículo 52.2 de la Ley 30/1992 (que transcribe íntegramente el antiguo artículo 30 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado): “Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas”. Tales vicios constituyen un supuesto de nulidad radical, es decir, predicable del acto ab initium y no desde la mera declaración, como ocurre en las simples anulabilidades. El juego en este caso del PSOE es evidente: aprobarse la ordenanza para detraer competencias a órganos que dicha entidad no controla; de impugnarse judicialmente y ser anulada, la culpa será, como siempre, de la alcaldía, que no lo supo defender (Martínez Argüelles dixit) y no de los promotores de una actuación administrativa ilegal.

Queda, por último, la crítica que se hace al informe sobre la posibilidad de excluir por la Alcaldesa determinados asuntos del orden del día por entender que no son competencias del Pleno. Pues bien, en este sentido existe jurisprudencia local que avala dicha tesis. Y la cuento porque en esta ocasión sí que conozco en caso de primera mano. En el año 2009 más de cien letrados gijoneses presentaron por registro la solicitud de una convocatoria de la Junta General Extraordinaria con propuesta del orden del día, tal y como exigían los estatutos colegiales; dado que se superaba con creces el número mínimo de firmas y se cumplían los requisitos formales, la convocatoria era obligada, o así lo entendían los solicitantes a tenor de lo dispuesto en el artículo 80 de los estatutos del colegio (“Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la Corporación, podrá denegarse la celebración de Junta Extraordinaria”); pero el decano, demócrata de toda con el ardor que sólo puede provenir de un converso, rechazó la convocatoria al entender que se vulneraban competencias que no correspondían a la Asamblea General, sino a la Junta de Gobierno, avalando su tesis en la Junta General Ordinaria manifestando que la Junta de Gobierno no está subordinada al Pleno, sino que el sistema de relaciones entre ambas derivaba de la mera distribución competencial. Pues bien, la denegación fue objeto de recurso contencioso-administrativo donde se alegó expresamente que de sostenerse tal argumento se dejaría en manos de la Junta de Gobierno tanto la celebración de Juntas Extraordinarias como la elaboración del orden del día de las mismas, pues siempre podrían denegar su celebración o impedir determinados debates alegando simplemente que las mismas “eran competencias de la Junta de Gobierno y no de la Asamblea”. El Juzgado de lo Contencioso dio la razón a la Junta de Gobierno.

Un último apunte. El actual equipo dirigente del socialismo gijonés padece sin duda alguna lo que la actual alcaldesa, médico de profesión y de una reputación profesional y personal intachable (familiares de quien suscribe –nada sospechosos de ser hostiles al izquierdismo socialista, por cierto-  nunca han tenido empacho en sostener en público y en privado que Carmen Moriyón es una magnífica profesional y una persona de trato y modales no sólo respetuosos, sino exquisitos) ha calificado de “síndrome de abstinencia” del poder. En efecto, el ejercicio ininterrumpido de cargos locales desde 1979 hasta 2011 ha creado en el socialismo gijonés una sensación de que el consistorio “les” pertenece y que la victoria de un grupo o una alianza de grupos es poco menos que algo intolerable e incluso que debería estar proscrito. Vamos, que poco menos y harán suyas nuevamente las célebres palabras que Pablo Iglesias, lanzara al público en sede parlamentaria el año 1910: “Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones”, que un cuarto de siglo más tarde fueron recogidas de nuevo por Francisco Largo Caballero en la década de los treinta (“Los socialistas estarán en la legalidad mientras la legalidad les permita adquirir lo que necesitan; fuera de la legalidad cuando ella no les permita realizar sus aspiraciones”) precisamente cuando los socialistas fueron expulsados del poder por vía democrática. Si a ello unimos la peculiar psicología del actual líder socialista gijonés (a quien sin duda en mayo de 2011 debió ocurrirle lo mismo que a José María de Areilza la noche del 3 de julio de 1976, cuando estaba celebrando con sus íntimos su elevación a la presidencia), miel sobre hojuelas. Aunque más que juristas este equipo de oposición socialista necesitaría más bien otro tipo de ayuda profesional, lo cierto es que yo les recomendaría atentamente la lectura de dos libros del profesor Gustavo Bueno: el “Panfleto contra la democracia realmente existente” (a cuya presentación en el Ateneo Jovellanos tuve la oportunidad de asistir, y donde se encontraba entre los presentes una entonces concejal –luego consejera autonómica- socialista) y “El fundamentalismo democrático”, donde sostiene una tesis que a mi juicio es absolutamente cierta: quien se llena la boca con la palabra democracia y no deja de recordar ni exigir a cada instante más democracia es en realidad un peligro para la misma, al ser un fundamentalista democrático. El partido socialista tenía y tiene voces (por ejemplo, las de José Antonio Garmón o Luís Salvador) que dentro de la normal y lógica discrepancia ideológica son honestas, coherentes, asumibles y que suponen una bocanada de aire fresco; pero que un integrante del clan de los “Kennedy gijoneses”, que tanto daño han hecho a esta ciudad al arruinar las arcas públicas con acuerdos tan sospechosamente dañinos a las arcas municipales vengan a dar clases de moralidad y de democracia es algo tan ruin y vergonzoso que ni aún buceando en la degenerada Roma del emperador Domiciano se encuentran ejemplos de tanta vileza. Izquierda Unida ha sabido regenerarse, cuando menos a nivel local, situando al frente a Jorge Espina, una persona caracterizada por su juventud y por su coherencia personal, lo cual no me duelen prendas reconocer sin perjuicio del total alejamiento ideológico que mantengo con la formación que representa. Otros no han podido o no han querido practicar una renovación, sino una perpetuación de los viejos métodos tan propios de don Acisclo Arrambla Pael, el célebre personaje inmortalizado por Carlos Arniches en su sainete “Los caciques

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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